Al menos 40 refugiados murieron en un incendio la noche del lunes en un centro de detención hacinado en la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez. El mortal incendio que dejó a 28 personas más hospitalizadas en condición grave comenzó durante una protesta de refugiados de América Central y del Sur, cuando descubrieron que serían deportados desde Ciudad Juárez debido a la política del Gobierno de Biden de prohibir que los inmigrantes soliciten asilo en la frontera de México y Estados Unidos.
Ante el temor de ser asesinados o perseguidos en sus países de origen, el desesperado grupo de inmigrantes comenzó un incendio en la sección de hombres del centro de detención. Esta cárcel para inmigrantes, la cual es operada por el Gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ubica directamente al lado de la frontera estadounidense. Los refugiados esperaban que el incendio generara consciencia sobre su situación. Pero se convirtió en un infierno, agravado por los colchones baratos e inflamables de la instalación y la falta de extintores para apagar el fuego.
Los muertos y heridos incluyen a 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 12 salvadoreños y 12 venezolanos, así como un colombiano y un ecuatoriano. Los cadáveres fueron arrastrados indolentemente al parqueo, donde sus familiares lloraban y exigían respuestas.
Un aspecto simbólico y cruel es que se permitió que estos migrantes, que viajaron miles de kilómetros en busca de seguridad, fueran incinerados a la vista de la frontera estadounidense. Un video confirma que las víctimas fueron encerradas en una celda y que los guardias se rehusaron a abrir la puerta.
Otros videos muestras a los guardias huyendo de la instalación mientras las llamas saltan alrededor de los detenidos, quienes se encontraban encerrados tras las barras y gritaban para que los dejaran salir. Un sobreviviente escuchó a un guardia decir, “Quien lo comenzó que se queme”.
López Obrador publicó una declaración superficial describiendo el siniestro como una “desgracia terrible” y culpó a los migrantes por sus propias muertes. Pero lo ocurrido en Ciudad Juárez fue un crimen que se debió a las políticas del Gobierno estadounidense y el mexicano. El principal culpable es el Gobierno de Biden, mientras el Gobierno de AMLO ejecutó el crimen y actuó como cómplice.
Se prohibió la entrada de los migrantes fallecidos en virtud del título 42, una disposición legal ambigua sobre salud pública en EE.UU. que fue empleada por Trump y Biden para prohibir la inmigración en la frontera con México, alegando falsamente que los inmigrantes propagan COVID-19. Ante la expiración del título 42 en mayo, Biden anunció una nueva política el mes pasado para reemplazarlo. Según la nueva prohibición, los inmigrantes en la frontera sur no pueden ingresar en EE.UU. para solicitar asilo, a pesar de que está consagrado en el derecho internacional, bajo el pretexto de que deberían solicitar asilo en México.
El Gobierno mexicano ha asistido de forma crítica al Gobierno de Biden para violar los derechos de los trabajadores y campesinos latinoamericanos que huyen de la violencia y la pobreza causadas por un siglo de explotación imperialista.
AMLO ha desplegado el ejército mexicano como auxiliar de la patrulla fronteriza estadounidense, arrestando y frecuentemente agrediendo brutalmente a los inmigrantes centroamericanos y sudamericanos que cruzan el país en camino a EE.UU. Prevalecía un ambiente tenso y de hacinamiento en el centro de detención en Ciudad Juárez porque la policía había llevado a cabo detenciones masivas de los inmigrantes en las calles de la ciudad el lunes, después de que los devolvieran en la frontera.
El Gobierno de AMLO ha sido aclamado por los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés) y la pseudoizquierda, que lo han tildado de “progresista” o incluso “revolucionario”. En realidad, su Gobierno no es menos servil a sus patrones estadounidenses que sus predecesores bajo el PRI y el PAN.
Actualmente, el Gobierno de Biden está preparando ataques aún más despiadados contra los inmigrantes. A inicios de marzo, el New York Times reportó que, “El Gobierno de Biden está considerando reanudar la práctica de detener a las familias migrantes que crucen la frontera ilegalmente”.
La cúpula del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha estado discutiendo en secreto las opciones para detener a padres e hijos, a pesar de los fallos judiciales que lo prohíben. Incluso el New York Times admitió que “la decisión sería un giro dramático para el presidente Biden, quien llegó al poder prometiendo adoptar un enfoque más compasivo en la frontera después de las políticas bruscas de su predecesor, el expresidente Donald J. Trump”.
Algunas horas después del incendio, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, rindió testimonio ante una audiencia del Comité Judicial del Senado que consistió en una diatriba bipartidista de tres horas contra los inmigrantes. Mayorkas no se refirió al incendio en su declaración inicial y describió la inmigración como parte de “un entorno de mayor riesgo”, indicando que las fronteras de EE.UU. deben ser militarizadas para proteger contra “la mayor inestabilidad económica y política” en todo el mundo y para “repeler una agresión de la República Popular China”.
Durante la audiencia, los senadores demócratas aplaudieron que Mayorkas ha reducido la llegada de migrantes y los republicanos exigieron medidas incluso más violentas y antidemocráticas para bloquear prácticamente toda la inmigración al país. Más temprano este mes, el presidente republicano de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, dijo que fue un “error” que Trump no bombardeó México para eliminar los cárteles de droga durante su mandato. Y tanto los demócratas como los republicanos han encomiado a “nuestros socios en México” por asistir en las deportaciones masivas.
Solo es posible comprender la ofensiva bipartidista despiadada contra los derechos de los migrantes dentro del contexto de la guerra del imperialismo estadounidense contra Rusia y sus planes de guerra contra China. Durante la audiencia del Comité Judicial, los senadores de ambos partidos dijeron que era necesario aumentar las restricciones fronterizas, expandir la vigilancia masiva de la población y expulsar a los extranjeros no deseados con tal de desafiar a Rusia y China y que el Estado asuma un control completo al interior de la “patria” estadounidense.
Por encima de todo, esto requiere la supresión de la lucha de clases en Estados Unidos, así como en toda América Latina, que históricamente ha servido como la fuente principal de recursos naturales y mano de obra barata para el imperialismo estadounidense. Hoy en día, la supresión de la inmigración es una parte integral del mantenimiento del orden en todo el hemisferio, y la frontera es vista como la “primera línea” de los esfuerzos del imperialismo estadounidense para dominar toda América Latina.
Como dijo el exsecretario del DHS John Kelly en 2017, “la defensa de la patria no comienza en la 'primera línea' de nuestra frontera suroeste, sino que se extiende hacia todo el hemisferio, para mantener las amenazas lejos de las costas de nuestra nación”. Es muy significativo que Mayorkas se refiriera a la inestabilidad económica como uno de los principales motivos de la actual represión fronteriza.
Por lo tanto, la defensa de los derechos de los inmigrantes debe estar arraigada en una lucha por movilizar a la clase obrera internacional contra el imperialismo estadounidense, la creciente guerra de EE.UU. y la OTAN contra Rusia y sus planes de guerra contra China.
En la historia estadounidense, las guerras mundiales estuvieron acompañadas de los ataques más despiadados contra los trabajadores inmigrantes, y estos ataques siempre se han basado en el deseo de suprimir el sentimiento antibélico de la clase obrera estadounidense.
Durante y después de la Primera Guerra Mundial, se aprobaron leyes que facilitaban la deportación de inmigrantes apenas semanas después de la Ley de Espionaje, que ilegalizaba el discurso antibelicista y llevó a la cárcel al líder socialista Eugene V. Debs. Estas leyes dieron al fiscal general A. Mitchell Palmer las herramientas legales para deportar a miles de inmigrantes socialistas en las redadas Palmer de 1919-20, y la Ley de Espionaje ha seguido sirviendo de base para la persecución de denunciantes como Chelsea Manning y Julian Assange.
En el período previo a la Segunda Guerra Mundial, el Congreso aprobó la Ley Smith, que creó un “registro de extranjeros” utilizado para el internamiento de ciudadanos estadounidenses de origen japonés, al tiempo que ilegalizaba el discurso contra la guerra, lo que llevó al encarcelamiento de 18 trotskistas en 1944. Desde el inicio de la “guerra contra el terrorismo”, la supresión de la libertad de expresión y la construcción de un Estado de vigilancia masiva han estado inextricablemente vinculadas a los ataques contra los inmigrantes, como demuestra la fundación en 2002 del propio Departamento de Seguridad Nacional. En todos los casos, ambos partidos han preparado sus ataques contra los derechos de toda la clase trabajadora fomentando un clima de nacionalismo extremo y patrioterismo dirigido contra los inmigrantes.
Hoy en día, la clase trabajadora de Estados Unidos está unida por millones de hilos a sus hermanos y hermanas de clase de México y toda América Latina, tanto por lazos familiares como por el propio proceso de producción y la revolucionaria transformación de la tecnología de las comunicaciones.
La división del mundo en Estados nación es incompatible con los intereses objetivos de la clase obrera de América y todo el mundo. Este hecho básico también aplica para toda Europa, donde miles de migrantes mueren en el Mediterráneo, intentando escapar de la violencia y la opresión en África y Oriente Próximo.
La justicia para las víctimas del terrible incendio de Ciudad Juárez, así como para los miles y miles que esperan en condiciones similares el derecho de asilo, no llegará a través de la élite política capitalista de Estados Unidos ni México. Requiere la construcción de un movimiento socialista de masas en la clase obrera contra la guerra imperialista y en defensa de todos los derechos democráticos.
(Publicado originalmente en inglés el 28 de marzo de 2023)