La Decimocuarta Enmienda fue el producto de un cambio revolucionario democrático que buscó colocar la Constitución sobre una base genuinamente igualitaria.
El miércoles por la noche, la administración Trump anunció una orden ejecutiva destinada a transformar las universidades estadounidenses en un brazo de vigilancia y control del aparato militar, de inteligencia y de control de inmigración.
Ya se han publicado los primeros decretos ejecutivos de Donald Trump relacionados con la inmigración. Con unos cuantos garabatos en un papel y sin la intervención del Congreso, Trump ha llevado a cabo una transformación sustancial del panorama jurídico de Estados Unidos, ha destripado los derechos básicos de una parte importante de la población y ha trastocado la vida de millones de personas.
El presidente no tiene la facultad de emitir órdenes ejecutivas que infrinjan las normas constitucionales como la garantía a la ciudadanía por nacimiento consagrada en la Decimocuarta Enmienda, pero eso no detuvo a Trump.
La abolición de la ciudadanía por derecho de nacimiento marcaría un nuevo paso cualitativo en una contrarrevolución legal y socavaría fundamentalmente un principio democrático conquistado en la Revolución estadounidense y la Guerra Civil.
En una serie de entrevistas recientes, Tom Homan, el “zar de la frontera” nombrado por Donald Trump, ha puesto en el foco de la atención pública los planes abominables de deportaciones masivas del Gobierno entrante. A pesar de la respuesta silenciosa del Partido Demócrata y sus aliados en los medios de comunicación corporativos, las declaraciones de Homan dejan en claro que el Gobierno está planeando un crimen social de proporciones históricos.
La propuesta de Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva desde el “primer día” de su segundo término significaría el rechazo formal de los principios democráticos en los que se basan las Enmiendas XIII, XIV, y XV: la ciudadanía y los derechos democráticos derivados de ella son otorgables a todas las personas nacidas en Estados Unidos y que ningún poder del Gobierno puede removerlos.
La amenaza de Donald Trump de forzar la aprobación de su lista de nominados al gabinete de extrema derecha como "nombramientos de receso" sin votos de confirmación del Senado marca un paso significativo en la ruptura de jure de las formas constitucionales de gobierno.
Tras haber sembrado su “gran mentira”, Trump, su red de abogados y aliados en el Congreso y en las asambleas legislativas estatales están preparando atrasar y obstaculizar la certificación de votos a nivel local, estatal y federal. El plan se basa en la violencia.
Ante el temor de que el movimiento emergente afecte las ganancias de la patronal o socave su capacidad de librar guerras imperialistas, el Partido Demócrata es incapaz de hacer un llamado auténtico a las “aspiraciones de los trabajadores” que mencionó Obama.
La campaña de terrorismo político instigada por Donald Trump y el Partido Republicano contra miles de trabajadores haitianos en Springfield, Ohio, marca un punto de inflexión en la crisis del sistema político estadounidense.
El espectáculo degradante del debate entre Donald Trump y Kamala Harris el martes sostuvo un espejo enfrente de un sistema político en extraordinaria crisis. Entre los delirios del fascista Trump y perogrulladas tontas de la belicista Harris, el debate presentó el rostro viciado del capitalismo estadounidense.
De todos los actos teatrales en el programa de 200 años de engaño político del Partido Demócrata, quizás el más trillado es el truco que el partido realiza en tiempos de elecciones para pintar a sus candidatos como progresistas, incluso cuando se mueven cada vez más hacia la derecha.
•Eric London
Reseña de libro: El demonio del malestar, de Erik Larson
Publicamos el informe al Octavo Congreso del Partido Socialista por la Igualdad (EE.UU.) presentado por Eric London. El congreso se celebró del 4 al 9 de agosto de 2024.
No es necesario idealizar las convenciones partidarias estadounidenses del pasado para reconocer que la Convención Nacional Republicana de este año fue un espectáculo sin precedentes de reacción y atraso.
En un fallo que equivale a la versión estadounidense de la Ley Habilitante de 1933 que otorgó a Hitler poderes dictatoriales, la Corte Suprema anunció que el presidente estadounidense debe tener inmunidad ante la justicia para poder emprender “acciones audaces y sin vacilaciones”.
La decisión del tribunal caracteriza los esfuerzos pseudolegales de la administración de Biden para esquivar las denuncias de supresión de votantes como “pedantes” e “inherentemente ilógicas y textualmente carentes de apoyo.”
En un demoledor informe de situación publicado ayer, el supervisor designado por el tribunal reveló que está llevando a cabo una investigación sobre la corrupción continua y sistémica en la UAW, que implica directamente al presidente del sindicato, Shawn Fain.
El lunes 3 de junio, el Gobierno ucraniano prohibió la página World Socialist Web Site en todo el país, emitiendo una orden que obliga a todos los proveedores de servicios de internet a bloquear el acceso al WSWS de manera indefinida.