La intervención directa de la Casa Blanca para bloquear una huelga de más de 100.000 ferroviarios y el intento de imponer un acuerdo proempresarial con el apoyo de los sindicatos plantean cuestiones políticas de vital importancia para los trabajadores ferroviarios y toda la clase obrera.

En una entrevista el domingo en “60 minutes”, el presidente estadounidense Joe Biden subrayó la determinación de la élite política en bloquear una huelga. Hablando sobre el posible impacto de una huelga ferroviaria nacional, Biden dijo, “Si, de hecho, hubieran hecho una huelga, las cadenas de suministro del país se hubieran paralizado completamente. Habríamos tenido una verdadera crisis económica”. El secretario de Trabajo, Marty Walsh, hizo eco de esto en términos más apocalípticos a Politico a fines de la semana pasada, cuando dijo, “Es como, válgame Cristo: la magnitud de lo que hubiera pasado… Nunca lo entenderemos, gracias a Dios”.

¿Por qué una huelga ferroviaria nacional infunde tal temor en Biden y toda la élite política? El impacto económico de una huelga (que miden según el impacto sobre las ganancias y el precio de sus acciones, no la escasez de bienes) habría sido importante e inmediato, demostrando el inmenso poder social de los trabajadores ferroviarios. Sin embargo, a la clase gobernante le aterra aún más que puede convertirse en una confrontación general con la clase obrera estadounidense en su conjunto. Desde la Gran Huelga Ferroviaria de 1877, el primer gran movimiento huelguístico de la historia de Estados Unidos, los trabajadores ferroviarios siempre han desempeñado un papel central y vital en el desarrollo de la lucha de clases.

La clase dominante sabe que ha creado un polvorín al sacrificar más de un millón de vidas durante la pandemia del COVID-19 en nombre de las ganancias y al hacer retroceder las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores al siglo diecinueve. Están decididos a evitar, o al menos a retrasar, un estallido social masivo el mayor tiempo posible.

En el transcurso de la semana pasada, todo el aparato estatal demostró su hostilidad hacia los ferroviarios. Antes del acuerdo anunciado por la Casa Blanca, los republicanos propusieron una legislación que habría aplicado, por decreto del Congreso, las recomendaciones de la propia Junta Presidencial de Emergencia (PEB, por sus siglas en inglés) de Biden, universalmente odiada por los trabajadores ferroviarios.

Los demócratas optaron por una vía diferente. Biden recurrió a los servicios de los sindicatos ferroviarios para bloquear la huelga, negociando un acuerdo el pasado jueves por la mañana. En realidad, se trata de una orden judicial en todo menos en el nombre, ordenada por la Casa Blanca pero aplicada a través del mecanismo de la burocracia sindical. De hecho, los dirigentes sindicales admitieron posteriormente que no existía ningún contrato definitivo. Los únicos compromisos firmes que se hicieron fueron los de los sindicatos de no hacer huelga.

El senador de Vermont, Bernie Sanders, que votó con amplias mayorías bipartidistas para prohibir la última huelga ferroviaria en 1991, desempeñó un papel fundamental. El miércoles por la noche, Sanders bloqueó el proyecto de ley patrocinado por los republicanos en el Senado, allanando el camino para el acuerdo anunciado por Biden. Pero la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, admitió a la mañana siguiente que los demócratas de la Cámara de Representantes tenían un proyecto de ley listo para el momento en que estallara una huelga.

A pesar del ambiente de guerra civil que reina en Washington, ambos partidos están unidos en su oposición a la clase trabajadora.

El acuerdo anunciado por la Casa Blanca y los sindicatos el jueves no satisface ninguna de las demandas de los trabajadores ferroviarios. Es la culminación de meses de intensa intervención gubernamental en virtud de las disposiciones de la antiobrera Ley Laboral Ferroviaria, que incluye el nombramiento de la PEB, que es la base del acuerdo de Biden con los sindicatos.

Desde el principio, los sindicatos han desempeñado un papel protagonista en este proceso. Solicitaron que se formara la PEB y se iniciara un periodo de enfriamiento de 60 días, después de los cuales los trabajadores votaron en un 99 por ciento a favor de hacer huelga. Cuando los trabajadores respondieron con indignación a las recomendaciones de la PEB, que favoreció las empresas en todos los puntos, los sindicatos intentaron sabotear la unidad de los trabajadores firmando acuerdos separados, separando otros oficios de los jefes de tren y maquinistas.

El Gobierno de Biden está llevando a cabo una política corporativista, basada en una alianza del aparato sindical y sus funcionarios bien pagados con el Gobierno y las grandes empresas, en contra de los trabajadores. Los sindicatos de todas las industrias se han dedicado por décadas a realizar traiciones a favor de las empresas, mientras que sus propios activos y los salarios de los altos funcionarios se han disparado. La política de Biden desde que llegó al cargo ha sido la de reprimir a una clase trabajadora cada vez más inquieta expandiendo los medios existentes.

El propósito de esta alianza corporativista es doble. En primer lugar, la Casa Blanca espera utilizar a los sindicatos para imponer la disciplina laboral a los trabajadores en Estados Unidos para poder hacer la guerra en el extranjero. El contexto en el que se planteó la cuestión de la huelga ferroviaria en la entrevista de “60 Minutes” fue significativo. Surgió en medio de un debate sobre el impacto económico de la guerra por delegación de EE.UU. contra Rusia en Ucrania, en particular sobre el precio del petróleo y el gas.

En segundo lugar, Biden está utilizando a los sindicatos para contener el crecimiento de los salarios mediante la aplicación de contratos muy por debajo de la tasa de inflación. De hecho, las cifras han demostrado que los salarios han aumentado durante el último año a un ritmo mucho menor para los trabajadores sindicalizados que para los no sindicalizados. También intentan socavar el “empuje salarial” subiendo los tipos de interés, lo que provocará un aumento del desempleo. Solo unos días después de que se anunciaron los acuerdos entreguistas con las empresas ferroviarias, se espera que la Reserva Federal anuncie otra subida del tipo de interés de tres cuartos de punto porcentual.

El problema para Biden y la clase dirigente, sin embargo, es que tanto ellos como los sindicatos son despreciados y están desacreditados entre los trabajadores. Puede que Biden declare una “victoria” al evitar una huelga, pero, al igual que su declaración de que la pandemia ha “terminado”, esto resultará ser prematuro. Los trabajadores tendrán la última palabra.

La Casa Blanca esperaba que el anuncio de un acuerdo sembrara confusión y desmoralización entre los trabajadores. En realidad, solo los han enfurecido y ha demostrado la necesidad de organizar una rebelión de las bases contra el aparato sindical y todo el entramado corporativista.

A lo largo de la batalla, los trabajadores han intentado organizarse y luchar independientemente de la burocracia sindical. Esto encontró una poderosa expresión en una reunión a la que asistieron 500 ferroviarios la semana pasada, auspiciada por el Comité de Bases de los Trabajadores Ferroviarios, que aprobó una resolución en la que se declaraba que los sindicatos y Washington no tenían derecho a hacer cumplir un contrato que no satisfacía sus demandas.

Desde el anuncio del acuerdo, el trabajo de ese Comité se ha ampliado considerablemente. Ha emitido una nueva y poderosa declaración en la que llama a los trabajadores a organizarse para hacer cumplir la resolución de la reunión la semana pasada y anular el acuerdo.

El movimiento en marcha entre los trabajadores ferroviarios forma parte de un movimiento mucho más amplio que lucha por que las bases tengan el control en Estados Unidos y en todo el mundo. Este jueves, Will Lehman, un trabajador de la industria automotriz que se postula para presidente del sindicato United Auto Workers con una plataforma de bases para abolir la burocracia, participará en un debate de candidatos en el que se enfrentará al actual presidente del UAW y un estrecho aliado de Biden, Ray Curry.

De esta experiencia se desprenden dos conclusiones básicas.

En primer lugar, el papel de los sindicatos en la imposición de las demandas de las empresas y el sabotaje de la lucha de los trabajadores demuestra la necesidad urgente de expandir una red de comités de base que establezca el poder de los trabajadores en cada lugar de trabajo, les permita contrarrestar las acciones del aparato sindical, y unificar sus luchas con los trabajadores en todo EE.UU. y todo el mundo.

En segundo lugar, la participación de la Casa Blanca y de toda la élite política en el intento de imponer un contrato entreguista expone el carácter de clase del propio Estado. No es un organismo neutral, sino un instrumento de la clase dominante.

La lucha de los trabajadores ferroviarios para defender sus intereses requiere, por tanto, una lucha política contra los demócratas y los republicanos, los dos partidos de la clase dominante. Ambos partidos defienden el sistema capitalista, que se basa en la explotación de la gran mayoría de la población, la clase trabajadora, para satisfacer los intereses de lucro de la oligarquía empresarial y financiera

Un poderoso resurgir de la lucha de clases, entre los trabajadores ferroviarios y todos los sectores de la clase obrera, en los EE.UU. e internacionalmente, debe conectarse con la construcción de una dirección revolucionaria y socialista en la clase obrera.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de septiembre de 2022.)