El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró la semana pasada a su policía y ejército por arrestar a “50.000 terroristas” en los primeros cuatro meses desde su declaración de un “estado de excepción”, que suspendió los derechos democráticos.

Decenas de miles de personas de clase trabajadora, principalmente jóvenes, están siendo detenidas arbitrariamente, procesadas en audiencias masivas de hasta 500 acusados a la vez y obligadas a dormir en el suelo de celdas abarrotadas en plena pandemia y con poca comida. Docenas de detenidos han sido presuntamente golpeados a muerte.

En los barrios, parques, paradas de buses, áreas comerciales y playas, las patrullas de soldados y policías fuertemente armados constantemente acosan a los trabajadores, creando un clima en el que cualquiera podría ser detenido en cualquier momento y por cualquier razón. Plagadas de escuadrones de la muerte, estas fuerzas represivas asesinan a más de 200 ciudadanos cada año —el equivalente a 10.200 personas en EE.UU.— y dejan a tres muertos por cada herido en el enfrentamiento promedio.

Tal estado de terror autoritario ha borrado las finas capas de pintura “democrática” que puso el imperialismo estadounidense sobre el Estado salvadoreño cuando finalizaron la dictadura de medio siglo en 1979 y la guerra civil en 1992. Esta fachada fue colocada con la complicidad de los líderes nacionalistas pequeñoburgueses y estalinistas del movimiento guerrillero FLMN, que se convirtió en el partido oficialista burgués que dio prominencia a Bukele y su camarilla, incluyendo muchos exoficiales militares que estuvieron a cargo de masacrar a combatientes del FLMN, trabajadores y campesinos.

Afirmando que están librando una “guerra contra las pandillas”, Bukele y su gabinete amenazaron con imponer cadenas perpetuas e incluso privar a los reos de comida. Durante el estado de excepción, la cifra oficial de detenidos acusados de pertenecer a las maras aumentó de 16.000 a 66.000, mientras las organizaciones de derechos humanos afirman que hay más de 76.000 presos en el país: aproximadamente el 1,2 por ciento de la población salvadoreña.

El estado de excepción fue declarado y aprobado por el Congreso, que controla el partido de Bukele con una mayoría absoluta. Esto sucedió inmediatamente después de que 87 personas fueran asesinadas entre el 25 y 27 de marzo y muchos de sus cuerpos fueran dejados en la calle. Tras meses con muchos días sin ningún asesinato, la ola de asesinatos pareció sospechosamente orquestada para justificar un paquete listo de medidas autocráticas y una ofensiva militar-policial contra la juventud de clase trabajadora.

El Congreso modificó el Código Penal para incluir penas de hasta 45 años de cárcel para supuestos miembros de las maras y de 10 a 15 años para medios que “reproduzcan y transmitan mensajes originados o presuntamente originados por pandillas que pudieran generar zozobra y pánico en la población”. El término “presuntamente” significa que todo vale.

Mientras la inflación hace crecer la pobreza, se impone austeridad para financiar pagos de la deuda pública que se duplicaron en la última década y el COVID-19 sigue enfermando y matando a escala masiva, el estado de excepción no puede ser visto como nada más que una ofensiva de represión preventiva en el contexto de un resurgimiento global de las luchas de las masas obreras, como lo ha demostrado más claramente Sri Lanka.

La popularidad de Bukele, que se basa en gran medida en una disminución de las estadísticas de crimen, se vuelve cada vez más frágil en la medida en que su Gobierno se inclina ante las élites financieras nacionales e internacionales por medio del pago programado de $1,4 mil millones en intereses este año. Esto es más de tres veces más que el presupuesto para los hospitales públicos en medio de una pandemia.

Cualquier ilusión de que al Gobierno de Bukele le importa la seguridad del pueblo salvadoreño debería desvanecer ante las casi 27,000 personas que han muerto por la pandemia de COVID-19, más de siete veces más que la cifra oficial de fallecidos, según un estudio reciente.

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) declaró: “No todas las personas que han sido detenidas son miembros de pandillas, hay gente inocente que ha sido capturada”. Reportó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos había recibido hasta junio, 231 denuncias de la negativa a dar la ubicación de un detenido. “Son potenciales casos de desaparición forzada de corta duración”, explicó la OUDH.

Además, la organización Cristosal, ha documentado el asesinato de al menos 63 personas capturadas, con muchas que presentan evidencia de golpes.

Cientos de familiares de los detenidos y sus simpatizantes se han manifestado en San Salvador para exigir el fin a los arrestos arbitrarios y que liberen a los inocentes. Los familiares insisten en que “no les han dado la oportunidad de demostrar su inocencia”. Muchos tienen hijos que perdieron su principal fuente de protección y sustento.

Cristina de Guevara le dijo a Efe, ““Está desgarrando los corazones de tantas madres, de familias que estamos sufriendo. En mi caso ha sido mi esposo, un hombre trabajador y responsable”.

En un caso, Rosa Mejía, una señora de 70 años, fue arrestada con base en acusaciones de que vendía drogas. Dos semanas después, un juez la dejó libre, pero ocho minutos después, la policía la encañonó a ella y a su familia y la volvió a arrestar, ignorando las órdenes del juez. Suplicó que “mejor la mataran” que volver a prisión porque no le estaban dando comida ni sus medicinas prescritas. Rosa sigue presa.

El Gobierno de Biden ha dejado claro que sus críticas moderadas a San Salvador llamándola una “democracia en declive” y las acusaciones de corrupción solo pretenden coaccionar a Bukele para que detenga su acercamiento a China y no tienen nada que ver con sus medidas autoritarias. En noviembre, la principal diplomática estadounidense en El Salvador por mucho tiempo, Jean Manes, dimitió declarando: “¿Por qué iba a quedarme aquí si no tenemos un socio en este momento?”.

Pero además de que el ejército estadounidense sigue sus operaciones en El Salvador, Washington ha incitado explícitamente una “guerra contra las pandillas” aún más brutal. El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones contra varios funcionarios salvadoreños en diciembre, alegando que, a través de “negociaciones encubiertas”, el “Gobierno de Bukele proporcionó incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para conseguir que los incidentes de violencia de las pandillas y el número de homicidios confirmados se mantuvieran bajos”.

El Gobierno de Bukele respondió con la misma lógica, y Washington recibió el mensaje. El ministro de Defensa de Bukele, René Francis Merino Monroy, quien se formó en Fort Benning y en la Escuela de Guerra de la Marina de Estados Unidos y combatió junto a las tropas estadounidenses en Irak, ha sido el encargado principal de esta “guerra”. Como una muestra bastante velada pero clara de apoyo al avanzado estado de excepción, el Pentágono envió en junio una delegación de la Guardia Nacional de New Hampshire para reafirmar su alianza estatal directamente con Merino y para reunirse con el Grupo Militar y el Equipo de País de EE.UU. en El Salvador.

El Ejército salvadoreño utilizó una exhibición de respuesta a disturbios civiles de su brigada especial de seguridad, mostrándoles sus preparativos para proteger el gobierno capitalista. En un informe del Comando Sur, el general de división David Mikolaities declaró: “El Salvador es un socio estratégico clave en América Latina. Fue realmente importante restablecer la relación. ... No puedo esperar a ver cómo se desarrollan los próximos 20 años”. Otro comandante estadounidense dijo: “Fue bueno ver cómo las diferentes partes del Gobierno colaboran para apoyar a un país socio”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de agosto de 2022)