El presidente salvadoreño Nayib Bukele llevó a cabo una ocupación militar de la Asamblea Legislativa el domingo para exigir a punta de pistola que los legisladores permitan que su Gobierno negocie un préstamo de $109 millones para comprar helicópteros, un buque, equipo de monitoreo y otros gastos militares.

Tras siete meses de su primer término, Bukele está desechando los trapos “democráticos” de un régimen oligárquico y semicolonial cuyas instituciones políticas fueron establecidas por una junta militar patrocinada por EE. UU.

La delgadez de la “democracia” burguesa en El Salvador fue expuesta por los soldados fuertemente armados que se enfilaron detrás de las bancas legislativas mientras el presidente se sentaba frente al podio para darles a los legisladores “una semana” para aprobar las negociaciones. Varios policías antidisturbios se colocaron en las salidas.

Bukele luego se pronunció desde una tarima afuera, donde unos 5.000 simpatizantes estaban reunidos. Muchos exigieron vapulear a los diputados. Incitando un ambiente fascistizante y acompañado aún por soldados, Bukele proclamó: “Yo le pregunté a Dios y Dios me dijo ‘paciencia, paciencia, paciencia’”.

A pesar de que apeló a sus partidarios a esperar a las elecciones de 2021 para rendir cuentas, declaró que “si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón” para que los soldados saquen a los legisladores. “Esa sangre está en las manos de ellos, sinvergüenzas. Además, ese préstamo está ahí desde el año pasado. Ya estuviéramos aplicando los fondos para nuestros policías y soldados”.

Bukele había convocado unilateralmente una sesión extraordinaria para el domingo pasado, tuiteando la semana pasada: “Si los legisladores no asisten, estarían rompiendo el orden constitucional y el pueblo tendrá la facultad de aplicar el artículo 87 de la Constitución”, el cual se refiere al derecho a la “insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional”.

La mayoría de los legisladores no se presentaron y muchos reportaron acoso por parte de las fuerzas estatales. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dijo que el ejército “asedió” los hogares de al menos 12 de sus diputados, mientras que varios diputados de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) de extrema derecha indicaron a reporteros que los policías y soldados golpearon sus puertas para entregar una “orden verbal” de que se presentaran a la sesión.

El FMLN y ARENA controlan una mayoría en el Congreso y se oponen a la solicitud de préstamo de Bukele con base en cálculos políticos inmediatos. Representando a distintas facciones de la clase gobernante salvadoreña, ambos partidos han respaldado fervientemente reforzar las fuerzas estatales. Por ejemplo, el FMLN y ARENA siguen colaborando en un proyecto de ley para darle una amnistía a los criminales de la guerra civil (1980-1992), lo que daría paso a nuevos crímenes estatales.

La respuesta de la Casa Blanca y el ejército salvadoreño, que opera en comunicación diaria con el Pentágono, sugiere que el ardid del domingo fue llevado a cabo con la aprobación del Gobierno de Trump.

El sábado en la tarde, el ministro de Defensa, René Merino, cercano a la Embajada de EE. UU. y entrenado por la Universidad de Guerra Naval de EE. UU., publicó la siguiente declaración: “Reiteramos a los buenos ciudadanos que honraremos el juramento de obedecer al presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos, aún a costa de nuestras vidas”.

El embajador estadounidense Ronald Johnson tuiteó un llamado a “todas las partes del estado y todos los salvadoreños a trabajar y a todos los salvadoreños a trabajar y dialogar en búsqueda de consensos y mantener la calma”. No obstante, el titular de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien avanza la política estadounidense en la región, tuiteó la noche del sábado: “Mantuve una conversación telefónica con Canciller de El Salvador [Alexandra Hill]. Expresó respeto del Gobierno de su país por Constitución e institucionalidad y reafirmó compromiso de Gobierno del Presidente Nayib Bukele con políticas de seguridad que han arrojado positivos resultados”.

El Gobierno del Bukele es un régimen títere de EE. UU., con un presidente que proclama repetidamente que EE. UU. es su “aliado más importante”. El préstamo solicitado procura financiar la tercera etapa del “Plan de Control Territorial”, ostensiblemente dirigido a reducir la violencia y el crimen en estrecha colaboración con Washington. En medio de escasa información sobre el plan, Bukele le dijo a la prensa el año pasado: “Son siete etapas, la última es una etapa de emergencia. No se pueden dar a conocer todas las etapas, no se pueden dar los detalles uno por uno porque es un proceso de seguridad”.

A pesar de que no se ha anunciado un cronograma, los eventos del domingo son una señal de urgencia. En una entrevista el lunes con El País, Bukele dijo, “El Salvador es de los pocos países de América Latina en los que no hay gente protestando en las calles, porque hay tranquilidad social pero no tranquilidad criminal y la población está pidiendo que se actúe”. Añadió: “En El Salvador se dan todas las condiciones para el estallido social, pero si no sucede es porque yo pedí al pueblo que tuviera calma”.

Cuando fue presionado sobre los eventos del domingo, respondió: “Si yo fuera un dictador o alguien que no respeta la democracia, ahora hubiera tomado el control de todo”.

Estas declaraciones constituyen un reconocimiento de que su Gobierno, a instancias del capital estadounidense y sus socios salvadoreños, está preparando una dictadura total en anticipación a un levantamiento inminente. La muestra de fuerza del domingo fue una advertencia coercitiva a las distintas facciones de la élite gobernante salvadoreña para que prioricen estos preparativos.

La violencia de las maras es una importante fuente de malestar entre los trabajadores y jóvenes empobrecidos del país que no pueden costear guardias privados. Pero, lejos de buscar proteger las vidas de los trabajadores, el plan de Bukele se prepara para aplastar violentamente la oposición a la pobreza y desigualdad que dan origen a las maras.

El uso de la Constitución de 1983 es significativo. Puntos separados le permiten al ejecutivo declarar un “régimen de excepción” y suspender las garantías constitucionales, mientras que los artículos citados por Bukele permiten “insurrecciones” para restaurarlas. Efectivamente, ofrece argumentos a la clase gobernante para reimponer una dictadura ante varios escenarios.

La Constitución fue creada por una junta militar respaldada por EE. UU., que estableció una Asamblea Constituyente encabezada por Roberto D’Aubuisson, el fundador de ARENA y un líder de escuadrones de la muerte entrenado en la Escuela de las Américas de EE. UU. Mientras la cúpula militar seguía gobernando de facto y mataba a más de 30.000 personas en la siguiente década, la fachada de un Gobierno “civil” fue utilizada por el imperialismo estadounidense como cubierta para seguir su colaboración. Después de los acuerdos de paz de 1992 con las guerrillas del FMLN, este velo “democrático” también facilitó la implementación de brutales privatizaciones y austeridad social dictadas por el FMI, incluso bajo dos Gobiernos de FMLN.

En todo el mundo, la clase gobernante está respondiendo al aumento del malestar social contra la austeridad, la desigualdad y la guerra invocando las formas de gobierno fascistas y autoritarias del siglo veinte. Enfrentándose a la amenaza de una represión militar mortal como la empleada contra las protestas mencionadas por Bukele en Chile, Ecuador, Bolivia y Honduras, los trabadores y jóvenes de El Salvador necesitan movilizarse independientemente de todas las facciones de la burguesía nacional, como parte de un movimiento político internacional contra la explotación capitalista.

(Publicado originalmente en inglés el 11 de febrero de 2020)