El allanamiento realizado por el FBI el 8 de agosto en la propiedad Mar-a-Lago de Donald Trump ha llevado la crisis del sistema político estadounidense a una etapa sin precedentes. Es la acción política más significativa de Trump desde que se volvió una figura política nacional en 2015.

Diez semanas antes de una elección nacional de mitad de término en la que los candidatos pro-Trump predominan en la campaña republicana, el Departamento de Justicia decidió que los intereses de la estrategia global general del Gobierno de Biden —centrado en la escalada del enfrentamiento de EE.UU. con Rusia y China— exigen que se tomen acciones contra Trump a un nivel mucho mayor que su tímida e indecisa respuesta a su intento el 6 de enero de 2021 de anular los resultados de la elección presidencial.

Los documentos que Trump se llevó a Mar-a-Lago incluyen parte de la información más importante con la que cuenta el aparato militar y de inteligencia de EE.UU. La burguesía estadounidense ha elaborado varios procedimientos complejos para guardar secretos de Estado y los hace valer sin piedad.

El Washington Post reportó el jueves que los documentos incluyen “materiales nucleares”, es decir, información sobre armas nucleares de EE.UU., sus aliados o algún adversario o blanco. Esta información es tan sensible que se encuentra clasificada en virtud de leyes especiales y ni siquiera un presidente la puede desclasificar sin varios requisitos rigurosos.

El sábado, el Post reportó que, cuando Trump devolvió un conjunto inicial de 15 cajas de documentos al Archivo Nacional en enero, los oficiales “descubrieron que parte del material devuelto era claramente clasificado, incluyendo inteligencia de señales sumamente sensible, es decir, comunicaciones electrónicas interceptadas como correos electrónicos y llamadas de líderes extranjeros”.

El desglose del material incautado por el FBI en Mar-a-Lago, publicado por un tribunal de Florida el viernes, también incluye un folder llamado “Información sobre el presidente de Francia”. Los secretos de Emmanuel Macron obtenidos por medio de vigilancia electrónica o informantes de alto nivel en el Gobierno francés, podrían abarcar desde su vida personal y actividades financieras hasta comunicaciones secretas con Vladímir Putin y operaciones francesas encubiertas en África septentrional y central.

La orden que autorizó la redada del FBI, que se hizo pública el viernes, fue autorizada personalmente por el fiscal general Merrick Garland, un estadista con décadas de experiencia en el manejo de los asuntos delicados de la clase dirigente. Supervisó los procesos contra Timothy McVeigh, Ted Kaczynski y la exalcaldesa de Washington D.C., Marion Barry. De 1997 a 2021, Garland fue juez del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington, el tribunal de apelaciones federal más importante, ya que atiende la mayoría de los casos relacionados con la seguridad nacional. Se convirtió en el juez principal del tribunal en 2013.

La orden de Garland declaraba que los fiscales federales tenían causa probable para creer que Trump pudo haber incurrido en una conducta que violaba la Ley de Espionaje. Desde su aprobación en 1917, año de la Revolución rusa y de la entrada del imperialismo estadounidense en la Primera Guerra Mundial, la clase dirigente estadounidense ha invocado esta ley en asuntos de excepcional importancia para la defensa del Estado. Se utilizó en el encarcelamiento del socialista Eugene V. Debs por su oposición a la Primera Guerra Mundial. Se utilizó para ejecutar a Julius y Ethel Rosenberg en 1953. También se ha invocado contra Daniel Ellsberg, Chelsea Manning y Edward Snowden, que sacaron a la luz los crímenes de guerra de Estados Unidos, y más recientemente para exigir la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Que se invoque contra el antiguo “comandante en jefe” del aparato de inteligencia militar estadounidense no es un asunto menor. Es un reconocimiento de que Trump ha seguido operando un Estado dentro de un Estado bajo el mantra l'état, c'est moi (“El Estado, soy yo”). Como declaró Trump en la Convención Nacional Republicana de 2016, “sólo yo puedo arreglarlo”.

Trump no es víctima de una conspiración antidemocrática. El presidente cumple su mandato como funcionario del Estado, y no posee ningún derecho a hacer uso de los secretos del Estado ni de los registros de sus crímenes para su propio beneficio personal. No hace falta mucha imaginación para entender por qué Trump ha guardado esta información: para utilizarla en pos de su conspiración política fascista en curso, mediante el chantaje y otros medios.

A diferencia de la investigación del 6 de enero, en este caso no hay cuestiones que impliquen derechos democráticos importantes. Hay una clara diferencia en la agresividad con la que el Departamento de Justicia y el Gobierno de Biden han procedido en este asunto en comparación con su enfoque vacilante y ambivalente en la investigación y la exposición del primer intento en la historia de los EE. UU. para derrocar al Gobierno y establecer una dictadura. Al perseguir a Trump por secretos de Estado, los demócratas dejarán sin respuesta y encubiertas todas las cuestiones planteadas el 6 de enero.

Sin embargo, estos acontecimientos exponen cuáles son las verdaderas prioridades de la clase dominante. El Estado no puede tolerar que Trump interrumpa su esfuerzo bélico. Los demócratas dirigen su llamado al aparato militar y represivo del Estado, como lo han hecho desde la elección de Trump. La estrategia de Biden siempre ha sido apelar a los mandos militares y “salvar” a sus “colegas” del Partido Republicano mediante una alianza basada en el militarismo imperialista y el “bipartidismo.”

El Partido Demócrata espera que el Partido Republicano responda a la publicación de la orden de cateo de Mar-a-Lago y a las revelaciones sobre los secretos de Estado alejándose de Trump. Las afirmaciones de la secretaria de Prensa de Biden, quien declaró que el presidente no sabía nada de los allanamientos antes de que se produjeron, solo pueden significar que, entre bastidores, Biden está inmerso en intensas negociaciones con los republicanos, no para conseguir un acuerdo en oposición al fascismo, sino para proteger las operaciones globales del imperialismo estadounidense.

Los republicanos de alto rango han repudiado los ataques al FBI por parte de figuras fascistas como los diputados Paul Gosar y Marjorie Taylor Greene, quienes han instado a tomar medidas para “desfinanciar” e incluso “destruir” la agencia. Hablando en los programas dominicales de entrevistas televisivas, los principales funcionarios republicanos atenuaron sus ataques a la redada en Mar-a-Lago, defendieron al FBI y sugirieron que necesitaban más información de Garland sobre las cuestiones de seguridad nacional implicadas.

Trump ha respondido señalando que está dispuesto a hablar, una señal de que está nervioso por una confrontación sobre estos temas. En una entrevista con Fox News el lunes, Trump lanzó una amenaza a medias: “El país está en una posición muy peligrosa. Hay un tremendo enfado, como nunca he visto antes, por todas las imposturas, y este nuevo año de imposturas y cacaerías de brujas, y ahora esto. Si hay algo que podamos hacer para ayudar, yo, y mi gente, estaríamos ciertamente dispuestos a hacerlo”.

El Departamento de Justicia y varios poderosos sectores del poder judicial están presionando con investigaciones y procesos contra Trump y su círculo más cercano. La redada en Mar-a-Lago tuvo lugar el 8 de agosto. El 10 de agosto, el expresidente fue llevado ante un gran jurado de Manhattan donde recurrió a la Quinta Enmienda 440 veces durante una declaración para la investigación del estado de Nueva York sobre las finanzas de la Organización Trump. El 11 y 12 de agosto llegó la rueda de prensa de Garland y la publicación de la orden de cateo.

El 15 de agosto, un juez federal de Georgia dictaminó que el senador Lindsey Graham, un acérrimo partidario de Trump, debe testificar ante un gran jurado local que investiga los esfuerzos de Trump para presionar a los funcionarios del estado para anular los resultados de las elecciones de 2020. Ese mismo día, los abogados que representan al asesor de Trump, Rudy Giuliani, anunciaron que deberá comparecer en persona ante un gran jurado de Georgia.

El Gobierno de Biden y el Partido Demócrata han hecho todo lo posible para evitar que se establezca una conexión entre la redada y los acontecimientos del 6 de enero de 2021. Los demócratas han tratado desesperadamente de manejar la lucha de facciones con Trump entre bambalinas, fuera de la vista de la población estadounidense, para minimizar el riesgo de tocar cualquier tema que desencadene el descontento popular. Los demócratas siempre han enfocado su oposición a Trump en cuestiones de política exterior imperialista, como lo demuestra su juicio político de Trump en 2019 por detener temporalmente la ayuda militar estadounidense a Ucrania.

El Gobierno de Biden cuenta hoy con muy poco apoyo público. Se enfrenta a una derrota electoral en noviembre que podría poner a los partidarios de Trump a cargo de la Cámara de Representantes, o incluso de todo el Congreso. Su guerra en Ucrania está estancada, y sus campañas contra Rusia y China no han suscitado ningún apoyo masivo significativo. Y lo que es más importante, se enfrenta a un descontento cada vez mayor en la clase trabajadora estadounidense e internacional por el recorte de los niveles de vida a causa de la inflación y el horrible y creciente número de muertos de la pandemia del COVID-19. Su objetivo principal es forjar la unidad de la clase dominante para proseguir la guerra y aplastar la oposición desde abajo, sin sorpresas del imprevisible Trump.

Sacar a Trump de la escena política no detendría el fortalecimiento de las tendencias de extrema derecha dentro del sistema bipartidista capitalista, que no es el producto de un hombre sino de un sistema político podrido y basado en niveles masivos de desigualdad y guerras interminables. No hace falta solo ajustar cuentas políticas con Trump, sino con todo el sistema capitalista que lo produjo. Esto solo es posible a través de la intervención masiva de la clase obrera.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de agosto de 2022)