El viernes, de un plumazo, seis jueces que nunca fueron elegidos por votación pusieron fin al derecho al aborto, alterando dramáticamente el panorama legal y social del país. Por primera vez en la historia estadounidense, la Corte Suprema eliminó un derecho constitucional fundamental, ampliamente reconocido y apoyado por la contundente mayoría de la población del país.
El fallo aprobado por seis jueces (tres votaron en contra) en el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization entró en vigor inmediatamente. El aborto ya es ilegal o lo será inminentemente en al menos 21 estados con una población combinada de 135 millones de personas. Para la gran mayoría de las mujeres de clase trabajadora, no es una opción viajar a estados principalmente litorales donde el aborto sigue siendo legal.
Esta es la nueva realidad: muchas mujeres morirán en procedimientos clandestinos e inseguros. Los doctores que realicen abortos o prescriban medicinas para finalizar embarazos serán enviados a prisión. Usualmente no hay excepción a la prohibición del aborto para niñas o mujeres embarazadas a través de violaciones o incesto.
El fallo es el primer disparo de un ataque sin precedente histórico por parte de la clase gobernante contra todos los derechos democráticos. La opinión coincidente de Clarence Thomas anuncia que el tribunal comenzará a rexaminar todos los casos anteriores en los que la Corte Suprema protegió el derecho al debido proceso fundamental de la población. “En los casos futuros”, Thomas señaló, “debemos reconsiderar todos los precedentes del debido proceso fundamental en este tribunal, incluyendo los casos Griswold, Lawrence y Obergefell”. Respectivamente, estas decisiones protegieron el derecho a métodos contraceptivos, anularon leyes que criminalizaban la sodomía y legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo.
A pesar de que estas decisiones son las primeras en la lista, la opinión coincidente de Thomas deja en claro que solo es el principio. “Después de anular estas decisiones evidentemente erróneas, queda por ver cuáles otras disposiciones constitucionales garantizan la miríada de derechos generados por nuestros casos sobre el debido proceso fundamental”, escribió.
Tales casos incluyen Brown vs. Board of Education (prohibiendo la segregación racial de las escuelas), Gideon vs. Wainwright (estableciendo el derecho a un abogado gratuito en una causa penal), Loving vs. Virginia (prohibiendo las leyes contra el matrimonio interracial), West Coast Hotel Co. vs. Parish (defendiendo el salario mínimo y las restricciones sobre el trabajo infantil), y muchos más. El día anterior a su decisión sobre el caso Dobbs, la corte emitió una decisión separada que reduce drásticamente las protecciones contra el abuso policial de los derechos de los arrestados.
La decisión no es legítima en materia jurídica. Forma parte de una conspiración política de extrema derecha. Es el más reciente de una larga serie de fallos reaccionarios que legitiman la vigilancia estatal, la violencia policial, las deportaciones masivas y el dominio del empresariado sobre el sistema electoral. Fue emitido por una corte que no representa una rama democrática del Gobierno, sino que sirve como ariete del clericalismo medieval y la intolerancia.
La corte está dominada por ideólogos fascistizantes. Tres de los jueces que votaron junto a la mayoría en el caso Dobbs (Gorsuch, Kavanaugh y Coney Barrett) fueron nombrados por Donald Trump, el dictador en potencia que conspiró con dos de los jueces (Alito y Thomas) para orquestar un intento de golpe de Estado el 6 de enero de 2021, anular los resultados de la elección de 2020 y establecer una dictadura.
El caso Dobbs representa la continuación judicial del golpe de Estado de Trump. La ultraderecha lo está celebrando fervientemente en todo el país, considerándolo un testamento de su poder y suerte.
Trump publicó la declaración religiosa de que “Dios tomó la decisión”. En Texas, el fiscal general Ken Paxton, quien apoya a Trump, declaró el 24 de junio un día festivo y cerró las oficinas estatales “en honor a los casi 70 millones de bebés no nacidos y asesinados en el útero desde 1973”, el año del caso Roe vs. Wade.
El Partido Republicano insistirá en luchar por abolir el aborto incluso en los estados donde sigue siendo legal. La congresista fascista y cómplice del 6 de enero Marjorie Taylor Greene declaró, “Estamos un paso más cerca de poner fin al genocidio masivo del aborto en Estados Unidos”, advirtiendo que “no se le ha puesto fin completamente”. El exvicepresidente Mike Pence afirmó, “No podemos descansar y no debemos detenernos hasta que se restaure la naturaleza sagrada de la vida en el seno del derecho estadounidense, en todos los estados del territorio”.
La respuesta del Partido Demócrata confirma de forma inequívoca que la defensa de incluso los derechos democráticos más básicos es imposible a través de la política bipartidista del capitalismo.
En una conferencia de prensa el viernes, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, leyó un poema y dijo solemnemente: “Esperamos que la Corte Suprema abra los ojos”. Los diputados demócratas se reunieron en los escalones del edificio del Capitolio y cantaron “God Bless America” [“Dios bendiga a Estados Unidos”] mientras los manifestantes gritaban en el fondo. El presidente Joe Biden pronunció con dificultades un somero discurso de 11 minutos en el que calificó la decisión de “lamentable” e instó al “Congreso a restablecer las protecciones del caso Roe v. Wade como ley federal”, algo que todo el mundo sabe que nunca ocurrirá.
Biden no anunció que el Partido Demócrata utilizaría los últimos meses al frente de la Cámara de Representantes y del Senado para anular las maniobras obstruccionistas, nombrar más jueces a la Corte Suprema o iniciar un proceso de destitución contra Clarence Thomas por su papel en el golpe de Trump. En cambio, Biden se absolvió de cualquier responsabilidad, declarando que “ninguna acción del presidente” puede proteger el aborto. Después de admitir que el Partido Demócrata no hará nada para proteger legalmente el aborto a nivel federal, instó entonces a la gente a votar por los demócratas en las próximas elecciones de mitad de período.
Biden también dio voz a la principal preocupación del Partido Demócrata de que la oposición masiva a la decisión pueda producir un estallido social y advirtió a los manifestantes a no “intimidar” a la extrema derecha. “Que todas las protestas sean pacíficas. Nada de intimidación. La violencia nunca es aceptable. Las amenazas y la intimidación no son una forma de expresarse”. Mientras Biden hablaba, una falange de la Policía del Capitolio se desplegó para responder a una protesta que había estallado frente al edificio de la Corte Suprema. En marcado contraste con el 6 de enero de 2021, la policía llevaba todo el equipo antidisturbios y había francotiradores desplegados en el tejado del tribunal.
El día anterior a la sentencia de la Corte Suprema, mientras se llevaba a cabo el quinto día de las audiencias que han demostrado que el Partido Republicano estuvo totalmente involucrado en la trama golpista de Trump el 6 de enero, Biden se refirió al Partido Republicano durante una conferencia de prensa como “mis amigos republicanos”. En las mismas declaraciones, Biden culpó al presidente ruso Vladímir Putin del aumento de los precios de la gasolina y defendió el envío masivo de armas de Ucrania como necesario para extender la “democracia” y combatir “las prácticas asesinas de Putin”.
Biden y los demócratas se apoyan en sus “amigos republicanos” para librar su guerra neocolonial contra Rusia, que tiene como objetivo someter Europa del este y toda Eurasia al dominio irrestricto de las corporaciones estadounidenses, corriendo el riesgo de una guerra nuclear. Pero este bipartidismo legitima a la extrema derecha, revitaliza un Partido Republicano cada vez más fascista, y allana el camino para que la Corte Suprema se ensañe con los derechos democráticos.
La decisión del caso Dobbs tiene el carácter de una “sentencia de guerra civil”, similar a la decisión de la Corte Suprema de 1857 en el caso Sanford v. Dred Scott, que aceleró el estallido de la guerra civil estadounidense de 1861-65 al dictaminar que los esclavos del sur seguían siendo propiedad privada cuando eran llevados a los estados libres del norte, y que ningún individuo de ascendencia africana tenía derechos porque no era ciudadano.
Ahora, Biden interpreta el papel del entonces presidente demócrata James Buchanan, quien tomó posesión dos días antes de que se dictara la sentencia del caso Dred Scott y cuya administración se definió por sus esfuerzos para conciliar con sus “amigos” esclavistas según la inútil y reaccionaria creencia de que buscar acomodarse con la derecha preservaría la unión.
El caso Dred Scott conmocionó a la población del norte y contribuyó a que se tomara conciencia de que la democracia era incompatible con la “institución peculiar” de la esclavitud, que permitía a una pequeña élite de esclavistas dominar las leyes de todo el país. El conflicto sobre la esclavitud llegó a considerarse “irreprimible”, y la cuestión se resolvió mediante la guerra revolucionaria por la emancipación.
Hoy en día, millones de personas están llegando a conclusiones similares sobre el capitalismo, en el que un puñado de oligarcas reaccionarios dominan el sistema político, intentan establecer dictaduras, libran guerras con consecuencias potencialmente catastróficas, permiten la muerte de millones de personas a través de la propagación evitable de enfermedades como el SARS-CoV-2, destruyen el medio ambiente para obtener ganancias y supervisan la expansión de niveles masivos de desigualdad social y pobreza.
La decisión del caso Dobbs demuestra que la defensa de los derechos democráticos básicos depende hoy por completo del desarrollo de un movimiento de masas de la clase trabajadora independiente del podrido sistema bipartidista. Dicho movimiento se está gestando en Estados Unidos y a nivel internacional, espoleado por el aumento del coste de la vida que está llevando a millones de personas a niveles de penuria económica más profundos.
Para defender la democracia y detener la guerra imperialista, este movimiento debe tener como objetivo la abolición del sistema capitalista. Esto significa la toma y redistribución de la riqueza de la aristocracia financiera y la transformación socialista del sistema económico mundial para satisfacer las necesidades de la clase obrera internacional.
(Publicado originalmente en inglés el 24 de junio de 2022)