El borrador del fallo de la Corte Suprema en el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health, no solo elimina el derecho al aborto. Es un intento de transformar radicalmente la superestructura legal privando a la población de las protecciones democráticas establecidas en la Revolución estadounidense y la Guerra Civil.

La opinión anularía el histórico fallo de 1973 en el caso Roe vs. Wade de la forma más reaccionaria imaginable. Crea una nueva prueba por medio de la cual (1) los derechos constitucionales que contaban con un claro precedente legal se pueden eliminar sin advertencia y (2) los derechos que no están enunciados en la Constitución se consideran inválidos si no eran reconocidos ampliamente en 1791, cuando EE.UU. era el hogar de tres millones de personas que utilizaban caballos para transportarse y candelas para alumbrar.

En el fallo del caso Dobbs, la mayoría republicana da la señal a sus colegas ultraderechistas, implorándolos a realizar más desafíos legales contra todo un conjunto de derechos esenciales. Sugiere que la nueva prueba legal podría aplicarse para “todos los derechos fundamentales no mencionados en la Constitución” y llama a poner en cuestión todos los “derechos no enunciados”, refiriéndose a ellos como “derechos putativos”, es decir, derechos que quizás se creía que existían pero que en realidad no existen.

El fallo critica la decisión de la Corte Suprema en 2015 que legaliza el matrimonio homosexual. Rechaza el derecho constitucional a la privacidad, alegando que este derecho “tampoco es mencionado” en el texto de la Constitución, sentando las bases para una intrusión masiva del Estado en las vidas privadas. Después de todo, la homosexualidad no era aceptada en la sociedad en 1791, ni el matrimonio interracial.

La derecha está explorando los periodos más oscuros de la historia estadounidenses como inspiración para su estrategia política en la actualidad. De la mano del espectro de allanamientos de “escuadrones morales” de la policía en bares gais y hogares privados, los republicanos están planeando reintroducir la segregación, pero esta vez victimizando a los inmigrantes.

El día después de que se filtrara el fallo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que prohibirá que los hijos de inmigrantes indocumentados asistan a las escuelas públicas, reviviendo la promesa del gobernador George Wallace de “pararse en la puerta de la escuela”. La ley impondría multas o cargos criminales si se descubrieran niños inmigrantes dentro d ellos recintos escolares (o quizás por utilizar los bebederos para “Solo ciudadanos”).

Abbott dio que los estados deberían implementar sus propias restricciones a la inmigración y librar batallas legales para anular el fallo de 2012 de la Corte Suprema que prohíbe que Arizona declare que los inmigrantes indocumentados no cuentan con derechos constitucionales y pueden ser encarcelados solo por estar indocumentados.

Las organizaciones policiales también están preparándose para argumentar que no existe ningún derecho constitucional a recibir la advertencia Miranda u otras protecciones para personas arrestadas o acusadas penalmente. Esto abre paso a olas aún más brutales de violencia policial. La Asociación Constitucional de Alguaciles y Oficiales de la Paz (CSPOA, por sus siglas en inglés), de tendencia fascista, declaró en un pódcast el jueves que la decisión es “una gran herramienta en nuestro arsenal” y está “agitando las cosas de una forma que nos puede ayudar a largo plazo”. Después de todo, dado que no existía la policía cuando se ratificó la Constitución, las protecciones democráticas necesarias contra el abuso policial no pudieron haber estado basadas en las tradiciones de la época.

El fallo de la Corte Suprema no salió de la nada. Es una muestra más de la desintegración de la democracia burguesa en Estados Unidos y el impulso incontrolable para imponer formas cada vez más extremas de reacción política. Entender el origen de este fallo es entender cómo combatirlo.

Por décadas, la clase dominante ha cultivado y promovido a capas oscurantistas y fascistizantes como bastiones contra la clase obrera. En condiciones de constante guerra y contrarrevolución social, dirigidas por ambos partidos, estas figuras se han convertido en la fuerza dominante en la política burguesa y dentro del aparato represivo del Estado.

El último medio siglo se ha caracterizado por el parasitismo financiero, el militarismo, los incesantes ataques a los derechos democráticos, el fin de las restricciones a la financiación de las campañas y los implacables esfuerzos por impedir que las masas tengan voz y voto en la política gubernamental. Las 50 familias más ricas de Estados Unidos poseen ahora 1,2 billones de dólares en activos. El principio oligárquico se manifiesta en todo el sistema bipartidista y bicameral, caracterizado por estructuras antidemocráticas y no representativas de arriba a abajo.

Como escribió el profesor de la Universidad de Oxford Joe Foweraker en su reciente obra Oligarquía en las Américas, “los altos rendimientos del capital y las superrentas derivadas del poder del mercado y los monopolios han creado una nueva oligarquía financiera y un cambio en el mando privado de la política pública, dejando a la oligarquía en gran medida sin la responsabilidad de rendir cuentas ante el gobierno democrático ” (subrayado nuestro). La oligarquía, escribe Foweraker, “está tan separada de la sociedad de la que extrae su riqueza que puede actuar con total independencia de ella”.

El carácter de toda la élite política y de los medios de comunicación corporativos se deriva de este hecho. Pero a pesar de ello, la clase dominante estadounidense se declara campeona de la democracia en la lucha contra Rusia. Cada día ofrece una nueva confirmación de que esto es una mentira.

Esto incluye las recientes revelaciones de que Donald Trump propuso lanzar ataques con misiles contra México y ordenó a los militares a disparar balas reales a los que protestaban por el asesinato policial de George Floyd, que el líder fascista de la milicia Oath Keepers, Stewart Rhodes, estuvo en contacto con el equipo de Trump para preparar el uso de “violencia letal” el 6 de enero, y que Joe Biden le dijo en confianza a un congresista demócrata en los días previos a las elecciones de 2020 que si no ganaba, “no estoy seguro de que vayamos a tener un país”.

A pesar de ello, los principales conspiradores de la trama del 6 de enero siguen libres para planificar sus próximos pasos, incluyendo a Trump y a cada uno de sus conspiradores en el Congreso. El Partido Demócrata sigue insistiendo en el “bipartidismo” incluso con esos “colegas republicanos”.

Los demócratas no harán nada para revertir el ataque al derecho al aborto. Cuando se trata de lanzar misiles a Ucrania, el Partido Demócrata está dispuesto a correr cualquier riesgo, incluso llevar al mundo al borde de una guerra nuclear. Pero cuando se trata de defender los derechos democráticos básicos, siempre hay un Joe Manchin o un senador a quien culpar de su propia dejadez.

En realidad, la trayectoria política de los demócratas es totalmente coincidente con la transformación de los republicanos en un partido de abierto autoritarismo. Los demócratas abandonaron las reformas sociales hace décadas y se transformaron en un vehículo para la clase media-alta, la cual está obsesionada con la raza y el género. Los demócratas ven a esta capa como una base de apoyo necesaria para librar las guerras imperialistas. La política de identidades no representa una oposición a la degeneración derechista de los republicanos; es simplemente otra expresión de la podredumbre en el seno de todo el sistema bipartidista.

El carácter extremadamente antidemocrático del fallo de Dobbs es una señal de que los derechos democráticos básicos solo pueden garantizarse mediante la revolución social. Como escribió Lenin en su obra El imperialismo y la escisión del socialismo de 1916: “La diferencia entre la burguesía democrática-republicana y la burguesía imperialista reaccionaria-monárquica se borra precisamente porque ambas se pudren vivas”.

Incluso las reformas democráticas más moderadas solo pueden aplicarse mediante la lucha social de masas. Cambiar las normas básicas de financiación de las campañas, acabar con los nombramientos vitalicios de los jueces, abordar la existencia de un Senado en el que Wyoming y California tienen dos votos cada uno, y la falta de representación proporcional, no basta nada menos que la revolución para todo esto.

La clase obrera es la única fuerza social capaz de dirigirla. Pero para lograrlo, sus energías no deben ser socavadas por patéticos llamamientos a reformar el sistema bipartidista. Por el contrario, deben dirigirse a una lucha revolucionaria contra todo el sistema capitalista.

(Publicado originalmente en inglés el 6 de mayo de 2022)