En un grave ataque a los derechos democráticos en Brasil, el Ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó el 1 de junio el bloqueo de todas las redes sociales del Partido da Causa Operária (PCO).

El partido fue incluido en la denominada “investigación de las noticias falsas” debido, en las palabras del juez, a “fuertes indicios de que la infraestructura partidaria del PCO, un partido político que recibe fondos públicos, ha sido utilizada indebida y repetidamente con el objeto de posibilitar y potenciar la propagación de declaraciones delictivas, a través de los perfiles oficiales propios del partido, publicados en su sitio web”.

En su decisión, Moraes cita como ejemplos de “práctica delictiva” demandas publicadas por el PCO, tales como “la disolución total del tribunal y la elección de jueces con mandato revocable”, así como extractos de los análisis del partido como “El STF es un tribunal creado para defender a la burguesía y sus intereses”.

Los extractos citados en la orden de Moraes están tomados precisamente de las críticas del PCO a la 'investigación de noticias falsas' en la que ahora se ha incluido. En una de las últimas publicaciones antes de la orden de censura, el partido criticó versiones de prensa de que el Tribunal Electoral Superior (TES) se disponía a inhabilitar candidatos en las elecciones generales de octubre en base a lo que califica como la difusión de “noticias falsas”.

El PCO señaló en un tuit: “Alexandre de Moraes: los candidatos que ‘difundan noticias falsas’ serán descalificados. En pos de una dictadura, el skinhead de túnica hace trizas el derecho a la libertad de expresión y prepara un nuevo golpe en las elecciones. ¡La supresión de derechos siempre se volverá contra los trabajadores! ¡Disolución del STF!”

Los pasajes citados por Moraes dejan claro que su “lucha contra las noticias falsas” no es más que un pretexto para ilegalizar cualquier forma de cuestionamiento de las instituciones del Estado capitalista brasileño, en particular cualquier referencia al hecho de que el objetivo declarado del Tribunal de “defender la democracia ” no corresponde a su función real en la sociedad burguesa, que es esencialmente la validación de un sistema que niega los derechos más fundamentales de la clase trabajadora.

Este ataque del STF representa una escalada en una larga ofensiva de la clase dominante contra los derechos democráticos en Brasil. En respuesta a la creciente desigualdad social y la intensificación de la lucha de clases a nivel internacional, que coloca las luchas revolucionarias de la clase trabajadora en la agenda, la burguesía brasileña se está preparando para la represión dictatorial de la oposición social, comenzando con la supresión de la libertad de expresión en Internet.

La decisión de Moraes equipara ilegítimamente la propagación de demandas políticas del PCO a las maquinaciones sistemáticas de Bolsonaro y sus seguidores fascistas para dar un golpe de Estado y establecer una dictadura presidencial en Brasil.

Entre los objetivos de la investigación se encuentra el diputado legislativo y expolicía militar de Río de Janeiro, Daniel Silveira. Silveira fue arrestado por orden del Tribunal luego de abogar por la implementación de una legislación análoga al “Acto Institucional número 5 (AI-5)”, el acto más brutal de la dictadura militar de 1964-1985, el cual anuló los partidos políticos, cerró el Congreso, suspendió el habeas corpus, e invalidó la autoridad de la Corte para frenar la violencia del régimen.

Las declaraciones de Silveira se produjeron en medio de una amplia campaña liderada por Bolsonaro para incitar a la violencia de los grupos de extrema derecha contra el Tribunal y los opositores políticos del presidente. Al mismo tiempo, Bolsonaro y sus seguidores alentaban disturbios policiales contra las medidas para combatir la pandemia, y el presidente coordinaba desde el Palacio del Planalto declaraciones de destacados militares que intimidaban a los poderes Legislativo y Judicial.

Al equiparar la organización de acciones violentas destinadas a preparar un golpe de Estado con el discurso político de oposición al montaje político burgués, la investigación realizada por Moraes revela que su objetivo no es defender la democracia brasileña. Más bien, su objetivo, incluso cuando ataca a los conspiradores fascistas vinculados a Bolsonaro, es preservar la estabilidad política del régimen capitalista llegando al punto de descartar sus rasgos democráticos más mínimos.

La decisión de Moraes trata al PCO con una severidad que no aplica a los propios bolsonaristas. Esto es indicativo de un giro dramático hacia la derecha por parte de todo el establishment político. El ímpetu clave para la ofensiva de censura de Moraes es el apoyo masivo brindado a la investigación de la corte y otras iniciativas autoritarias para combatir las 'noticias falsas' por parte de la autoproclamada oposición a Bolsonaro, liderado por el Partido de los Trabajadores (PT).

En 2018, el PT apoyó el intento de anular la elección de Bolsonaro bajo el argumento de que supuestamente había sido producto de la difusión masiva de “noticias falsas” a través de las redes sociales y la aplicación de mensajería WhatsApp. La histeria desatada por el PT fue tal que su principal aliado de la pseudoizquierda, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), incluso pidió al STF la suspensión total de WhatsApp en todo Brasil el fin de semana de la segunda vuelta de las elecciones, para detener la circulación de “noticias falsas”.

Las acciones del PT y sus aliados reflejan directamente la oposición reaccionaria del Partido Demócrata estadounidense al presidente Donald Trump, con quién Bolsonaro se ha identificado políticamente. Los demócratas montaron una campaña de neomacartismo, buscando purgar la prensa y las universidades de la “interferencia rusa”—como llamaban a cualquier crítica del papel geopolítico de Washington y la marcada desigualdad social de Estados Unidos— culpándola de las “divisiones” en la sociedad estadounidense y la elección de Trump. La preocupación fundamental de los demócratas era encubrir las raíces profundas de la elección de Trump en la decadencia de la democracia y el capitalismo burgués estadounidense, con el objetivo de bloquear un movimiento de oposición de la clase trabajadora al sistema capitalista en su conjunto.

Luego de cuatro victorias electorales que demostraron su incapacidad para resolver los problemas fundamentales de la clase obrera, el principal responsable del resurgimiento de la extrema derecha en Brasil es el PT. Expresó toda su cobardía política al emular a los demócratas y colocar la narrativa de las 'noticias falsas' por encima de cualquier explicación política de su propia bancarrota. El ascenso de Bolsonaro desde las profundidades del ala fascista del ejército brasileño a la presidencia, después de pasar casi una década en la coalición gobernante liderada por el PT, fue una prueba definitiva del fraude de las propuestas del PT para reformar lentamente el capitalismo brasileño en un estado de bienestar e incluso en un “socialismo democrático”. Al igual que en los EE. UU., la adopción histérica de la narrativa de las “noticias falsas” tenía como objetivo mantener la estabilidad capitalista y suprimir la conclusión ineludible de que décadas de mentiras sobre la reforma solo dieron tiempo para el resurgimiento de la extrema derecha.

La apertura de la llamada “investigación de noticias falsas”, apenas cuatro meses después del inicio del gobierno de Bolsonaro, representó la adopción de tal estrategia por amplias capas de la élite gobernante preocupada por el efecto desestabilizador de la ofensiva fascistoide del presidente. La investigación fue abierta como una investigación clasificada por el presidente del Tribunal Supremo en aquel momento, el ministro Dias Toffoli. Se basó en una interpretación de que el reglamento interno del Tribunal permitía la apertura de investigaciones sin que otros órganos presentaran cargos formales cuando el delito perseguido involucraba al propio Tribunal. En este caso, la corte fue blanco de calumnias de la extrema derecha, que alentó la violencia contra los ministros con el apoyo más o menos abierto de Bolsonaro.

También con base en esas normas, Toffoli entregó el protagonismo de la investigación, sin la rotación habitual, a Moraes, el más derechista de los miinistros del STF. Moraes fue nombrado apenas un año después de haber estado al frente de las fuerzas del orden en el estado de São Paulo, incluida su asesina Policía Militar. También dirigió el Ministerio de Justicia durante una intervención sin precedentes en el estado de Río de Janeiro que colocó al gobierno civil bajo el control de un “interventor” militar.

De manera cobarde y oportunista, la oposición encabezada por el PT hizo la vista gorda ante el hecho de que, una vez establecida la investigación, el STF se arrogaba el derecho de decir lo que era verdadero o “falso” en cualquier publicación sujeta a la denuncia ley brasileña. Una corriente de peticiones para someter a Bolsonaro y sus seguidores a la investigación fue la reacción instintiva y obsesiva del PT y la oposición en conjunto. Al mismo tiempo, en el Congreso, las solicitudes de juicio político apuntaban a la “estimulación de las divisiones nacionales” de Bolsonaro. En otras palabras, a cada avance de la campaña fascistoide de Bolsonaro, la oposición no respondía con una defensa de la democracia, sino con un movimiento reaccionario por el fortalecimiento del Estado.

Esto ha incluido el impulso de amplias medidas de censura, como cerrar el funcionamiento de las aplicaciones de mensajería y las empresas de tecnología que no supervisan lo suficiente a sus usuarios y suprimen el contenido que el STF determina que es 'falso'. La utilidad de la investigación para los fines políticos del propio Bolsonaro, por su fragilidad jurídica, su oportunismo político y su carácter autoritario, no ha sido desaprovechada por el propio presidente: tanto su procurador general como su fiscal general han votado a favor de la investigación cuando se les solicitó para intentar contenerla.

Acciones basadas en la investigación, como la detención de Daniel Silveira y del presidente del PTB, Roberto Jefferson, fueron ensalzadas incansablemente por el PT y la oposición como actos de gran valentía y defensa de la democracia, incluso cuando el Tribunal Electoral Supremo y el Congreso se inclinaban cada vez más ante la narrativa de Bolsonaro de que habría fraude en las urnas y votaban masivamente por su enmienda de 'boleta impresa', que al final falló, o pidiendo a los militares que presenten 'críticas' al sistema de votación para 'neutralizar' la alianza de las Fuerzas Armadas con Bolsonaro.

El ataque al PCO, sin precedentes desde la caída de la dictadura militar en 1985, expone a todos los que alentaron y aplaudieron las acciones del STF contra Bolsonaro, llamándolos grandes “diques” contra el fascismo, como corresponsables de la campaña autoritaria en Brasil.

Mientras declaramos nuestra oposición irrestricta al ataque autoritario de Moraes y defendemos el derecho a la libertad de expresión del PCO, el Grupo Socialista por la Igualdad (Brasil) mantiene su oposición política fundamental al PCO. Compartiendo sus orígenes con el Partido Obrero argentino (Partido de los Trabajadores, PO) y las políticas oportunistas de los renegados lambertistas de la Cuarta Internacional en América Latina, el PCO se consolidó como una tendencia ultranacionalista de la pseudoizquierda brasileña. La respuesta del partido al desarrollo de la crisis capitalista mundial ha sido un giro cada vez más profundo hacia el nacionalismo burgués reaccionario y la promoción de una alianza nefasta con la extrema derecha fascistoide.

La reacción del PCO al ataque de Moraes fue reafirmar esta política de alianza “rojo-marrón”, buscando el apoyo de los elementos más abiertamente fascistas de la base política de Bolsonaro, así como dentro de los medios de comunicación de extrema derecha. Una de las primeras respuestas del partido a su censura fue montar una entrevista de su presidente, Rui Costa Pimenta, con los seguidores brasileños del teórico fascista ruso Alexander Dugin, ensalzado por el PCO como “un canal nacionalista atento a las libertades de expresión, opinión y prensa.”

La orientación política del PCO hacia la extrema derecha coincide con la trayectoria de diferentes elementos vinculados al radicalismo pequeñoburgués en todo el mundo. Al igual que el periodista estadounidense radicado en Brasil, Glenn Greenwald, el PCO fue un apologista abierto del intento de golpe fascista de Donald Trump el 6 de enero de 2021, que sirve como modelo para los planes no disimulados de Bolsonaro para un golpe electoral. Pimenta caracterizó la invasión al Capitolio como un “movimiento de protesta que busca ocupar un edificio público” y declaró que “fascismo es lo que le hicieron a Trump”.

Basándose en los mismos argumentos reaccionarios de los diversos libertarios pequeñoburgueses que se han vuelto hacia las fuerzas fascistas, el PCO busca equiparar la defensa de los derechos de los trabajadores a la libertad de expresión y organización con la defensa de la libertad de los fascistas para organizarse e imponer efectivamente un golpe de Estado.

Los marxistas sostienen que el fortalecimiento del Estado burgués bajo el pretexto de luchar contra el fascismo finalmente se volverá contra la clase obrera, y que solo un movimiento político independiente de la clase obrera por el socialismo es capaz de confrontar efectivamente el impulso autoritario de la burguesía. El PCO, en oposición directa a estos principios, sostiene que los derechos democráticos se pueden defender a través de una alianza con la extrema derecha fascista contra el establishment burgués.

Esta mezcla del partido con fuerzas abiertamente fascistas es bastante consciente. En una entrevista con Folha de S. Paulo el 18 de febrero, Pimenta declaró, cuando se le preguntó sobre el uso de material del partido por parte de la derecha: “Creo que es natural, es un punto de intersección que existe. Así como hay sectores de derecha que son nacionalistas. También mantenemos eso; somos antiimperialistas. En algunos casos se podría actuar en alianza con esos sectores”.

Como el propio PCO confiesa a través de su presidente, la base de esa política oportunista es el nacionalismo adoptado en común con “sectores de derecha”. Este es el mismo eje político reaccionario que motiva la orientación sistemática del PCO hacia el PT y su adulación a Lula. Detrás de la retórica radical del partido, sus objetivos políticos no van más allá de la defensa del capitalismo brasileño.

La respuesta del PCO a la guerra subsidiaria de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania también obedece a la misma ley de sumisión a los intereses del estado burgués brasileño. Mientras sectores crecientes de la pseudoizquierda en América Latina e internacionalmente se alinean sin reservas con la propaganda de guerra de la OTAN y las fuerzas fascistas ucranianas que sirven como soldados de primera línea, el PCO vio una oportunidad única para promover el apoyo absoluto a la operación militar reaccionaria de Putin y el chovinismo ruso de extrema derecha.

Para el PCO, la supuesta capacidad de la burguesía rusa para hacer valer sus intereses nacionales frente a la creciente intervención del imperialismo estadounidense y europeo representa también la viabilidad del desarrollo independiente del capitalismo brasileño. Estas esperanzas, ya sea en relación con Rusia o Brasil, son tan falsas como reaccionarias.

Enfrentar la creciente desigualdad social, la amenaza de la dictadura y la deriva hacia una nueva guerra mundial, es decir, la preservación y el desarrollo de la humanidad, se reduce a la capacidad de la clase trabajadora para organizarse como una fuerza mundial y establecer el socialismo internacionalmente.

Esta perspectiva política es defendida exclusivamente por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) y su sección brasileña en formación, el Grupo Socialista por la Igualdad.

(Publicado originalmente en inglés el 17 de junio de 2022)