El reporte publicado el miércoles por la Comisión de Investigación (CPI) del Senado brasileño sobre la respuesta del presidente Jair Bolsonaro a la pandemia de COVID-19 ha expuesto la política criminal que se ha cobrado la vida de cientos de miles de brasileños.

Con una cifra oficial de muertes de más de 600.000, Brasil tan solo es superado por EE.UU. en decesos por COVID-19. Tiene la tercera cifra mayor de contagios, de más de 20 millones, siguiendo a EE.UU. e India. El reporte del CPI demuestra que tal tragedia no era inevitable, sino que fue la consecuencia completamente previsible de una estrategia homicida.

En su investigación de seis meses, el CPI escuchó a 61 testigos a lo largo de 66 audiencias. El reporte consta de más de 1.100 páginas y detalla cómo el Gobierno de Bolsonaro persiguió una estrategia consciente de propagar el virus en la población, ostensiblemente en nombre de lograr una “inmunidad colectiva” imposible a través del contagio masivo.

Esta estrategia fue avanzada a través de diversas medidas, incluidas: una minimización incansable de los peligros presentados por el virus, descrito por Bolsonaro al principio como una “gripecita”; un ataque a las medidas mínimas de salud pública, desde el distanciamiento social al uso de mascarillas; la promoción oficial de remedios falsos que causaron cientos de muertes directas a manos de hospitales y doctores alineados con el Gobierno; el intento de desacreditar las vacunas y sabotear los esfuerzos de las autoridades locales y estatales para adquirirlas; la negativa a asistir a los Gobiernos locales como en el caso emblemático de Manaos; y, finalmente, la negligencia deliberada ante el gasto asignado por el Congreso para el control de enfermedades. En los márgenes de esta campaña barbárica, los oficiales gubernamentales también hallaron tiempo para hacerse de vacunas con precios excesivos y obtener sobornos.

Además de Bolsonaro, otras 65 personas y dos empresas han sido acusadas por un total de 24 delitos. Bolsonaro está acusado de nueve de ellos, que incluyen los llamados “crímenes comunes”, delitos imputables y crímenes de lesa humanidad. La primera categoría implica:

• Una epidemia que resultó en muertes, trabajando a favor de la propagación del virus
• Violación de las directrices sanitarias, por ignorar o atacar las medidas decretadas por otros poderes públicos, como el Ministerio de Salud y los Gobiernos locales
• Charlatanería, por promover falsas curas como la hidroxicloroquina
• Incitación a cometer delitos, al llamar implacablemente a sus seguidores a seguir su camino en los delitos mencionados
• Falsificación de documentos, al ser el autor y firmar como miembro del Tribunal de Presupuestos independiente (TCU) un informe falso en el que se afirmaba que las autoridades locales estaban “sobredimensionando” las muertes
• Mala gestión y omisión, por bloquear o retrasar los gastos ordenados por el Congreso.

Se nombran como delitos impugnables las violaciones de los derechos constitucionales, individuales y sociales a la salud y al bienestar económico.

Por último, los delitos de lesa humanidad que figuran son:

• Exterminio, por el homicidio masivo de brasileños
• Persecución de un grupo o colectivo, por negar necesidades específicas de poblaciones vulnerables, como los indígenas brasileños
• Conducta inhumana, por provocar grandes sufrimientos o afectar gravemente la salud física o mental

Varios miembros del gabinete, entre ellos los antiguos y actuales ministros de Salud, también son nombrados como responsables de los mismos delitos. El informe también acusa a los hijos de Bolsonaro, Eduardo, Flávio y Carlos —un diputado, un senador y un concejal— de coordinar un llamado “gabinete paralelo” que instruía al Ministerio de Salud en secreto para promover remedios falsos y campañas antivacunas. Además, varios médicos y empresarios están acusados de realizar experimentos bárbaros con pacientes que fueron tratados con curas de curanderos sin su conocimiento.

El informe del IPC es una condena no solo para el presidente fascistizante de Brasil, sino para los jefes de Estado y las clases dirigentes de todo el mundo.

Boris Johnson en Reino Unido, Narendra Modi en India, Donald Trump en Estados Unidos y otras innumerables autoridades nacionales y locales deberían enfrentarse a cargos similares de homicidio en masa y crímenes de lesa humanidad, seguido por sentencias culpables.

Estos cargos ciertamente también se aplicarían al sucesor de Trump en la Casa Blanca, Joe Biden, que preside niveles más altos de muertes por COVID-19 que Trump, incluso tras la administración de cientos de millones de vacunas y el acaparamiento de cientos de millones más por parte del Gobierno estadounidense. Del mismo modo, los oponentes nominales de Bolsonaro en los Gobiernos locales de Brasil, alcaldes y gobernadores del Partido de los Trabajadores, han llevado a cabo políticas igualmente homicidas.

Sería prácticamente imposible nombrar un Gobierno burgués importante que no haya cometido algunos o todos estos crímenes desde el inicio de la pandemia. Esto es aún más cierto aún si se toma en cuenta que el conocimiento científico sobre la necesidad y los medios de contener y erradicar el virus siempre estuvo ampliamente disponible.

Así lo demuestra el éxito local y limitado de las medidas adoptadas y ahora abandonadas por los Gobiernos de Australia y Nueva Zelanda, que fueron capaces de mantener sus territorios en gran medida libres del virus durante largos períodos, antes de ceder a la presión de otros países imperialistas para que abandonaran la estrategia de eliminación como parte de una ofensiva más amplia del imperialismo estadounidense contra China. Las propias autoridades chinas han tenido un gran éxito, siguiendo el asesoramiento científico, en la erradicación de los brotes importados, no sin enfrentarse a enormes presiones económicas internas y externas que no tienen medios para resolver.

La criminalidad de los gobernantes capitalistas de todo el mundo ha quedado aún más crudamente expuesta en su actitud frente a la aparición de la variante delta, más transmisible y mortal, que ha desafiado la estrategia predominante de mitigar la propagación del virus solo con vacunas, en condiciones en las que la mayoría de la población mundial aún no ha recibido ni una sola dosis.

La propagación desenfrenada del virus por todo el planeta no solo es una amenaza para la humanidad en la actualidad, sino que también crea las condiciones para la aparición de cepas aún más virulentas del virus, que amenazan los avances logrados mediante las vacunas y los tratamientos.

Esto se ha demostrado con claridad en tres de los países donde promovieron la “inmunidad colectiva” con mayor consistencia. La propagación masiva del virus en el Reino Unido, Brasil e India dio lugar a las variantes alfa, gamma y delta, que tomarían turnos como la cepa dominante en el planeta. Antes de ser bautizada como “gamma”, la variante brasileña recibió el nombre de la ciudad de Manaos, epicentro de la estrategia de inmunidad colectiva de Bolsonaro, y donde un reciente estudio pudo vincular su aparición precisamente a un aumento masivo de la movilidad y el contagio provocado por la reapertura de las escuelas.

Como afirman los autores del estudio, la variante gamma, que causó dos tercios de las muertes por COVID-19 en Brasil, fue un producto directo de las políticas de salud pública impulsadas por Bolsonaro y avaladas por la clase dirigente brasileña en su conjunto.

La publicación del reporte preliminar de la CPI no significa que Bolsonaro vaya a rendir cuentas por sus atroces actos, que fueron calificados acertadamente como crímenes de lesa humanidad. La gravedad de las acusaciones contrasta con las medidas reales que están tomando las fuerzas políticas que las formulan.

Se espera que el informe obtenga la aprobación total de la CPI la próxima semana, lo que iniciará un camino laberíntico hacia cualquier rendición de cuentas. El informe no tiene fuerza legal y debe ser remitido a otras autoridades, a saber, el fiscal general, en el caso de los “delitos comunes”, como la provocación de una epidemia; el presidente de la Cámara de Diputados, en el caso de los delitos imputables; y el Tribunal Penal Internacional de La Haya, en el caso de los crímenes contra la humanidad.

Tanto el fiscal general como el presidente de la Cámara de Diputados están firmemente alineados con Bolsonaro y no se espera que presenten cargos en su contra, aunque podrían presentar cargos contra algunos funcionarios de menor rango con el fin de calmar la indignación popular.

Algunos miembros del gabinete, como el ministro de Defensa, el general Walter Braga Netto, han sido imputados sin siquiera haber rendido testimonio, ya que los senadores temían que el Ejército reaccionara con un golpe de Estado si era citado a declarar. Una certeza es que el informe no impedirá que miembros de alto rango del mando militar involucrados en las políticas homicidas de Bolsonaro sigan permanezcan libres.

Presentar cargos contra Bolsonaro en La Haya, el más grave de los pasos anunciados por la CPI, es un fraude patente. El promotor del informe, el senador Renan Calheiros, declaró que acudir a La Haya era necesario debido a la “inacción” de la justicia brasileña. Pero los responsables de esta inacción, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, y el fiscal general Augusto Aras, fueron confirmados con el apoyo de todos los partidos implicados en la elaboración del informe, incluido el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) de Calheiros. Dado que no siguen las órdenes de una dictadura bajo Bolsonaro, sino intereses comunes de clase y políticos, es seguro que La Haya no atenderá el caso.

Lo cierto es que ni un solo miembro partidario del Congreso de Brasil podría alegar inocencia respecto a los delitos imputados a Bolsonaro.

Ninguno de los responsables de los millones de muertes por COVID en todo el mundo ha rendido cuentas por una política consciente que sabían que llevaría a muertes masivas. En los pocos lugares donde se han llevado a cabo “investigaciones”, como el Reino Unido, los informes resultantes son completos fraudes, alegando que las políticas de “inmunidad colectiva” fueron errores honestos que siguieron el asesoramiento científico.

Fundamentalmente, incluso las fuerzas políticas que intentaron estrategias de “mitigación” contra el COVID-19 y se abstuvieron de los aspectos más psicopáticos de la respuesta de Bolsonaro, subordinaron sus políticas al imperativo del sistema capitalista de ganancias para asegurar el flujo de dinero a las bolsas de valores, y aceptaron que la inmunidad colectiva era necesaria, incluso al precio de más de 4 millones de muertes oficiales a nivel mundial hasta ahora, un número que es ciertamente una gran subestimación.

Al hacerlo, han fortalecido a las fuerzas de ultraderecha más viciosas, personificadas por las figuras fascistizantes de Trump y Bolsonaro. Ambos siguen unidos en el avance de los preparativos de una dictadura, un proceso impulsado por la incompatibilidad de las formas democráticas de gobierno con el obsceno crecimiento de la desigualdad social en medio de semejante catástrofe para miles de millones de trabajadores. La cobardía del PCI de Brasil frente a figuras militares como el general Braga Netto personifica la actitud de los ostensibles opositores burgueses a la extrema derecha en todo el mundo.

Solo la clase obrera internacional puede hacer que los responsables de la masacre del COVID-19 rindan cuentas. Debe llevar a cabo esta tarea vital como parte de la lucha para poner fin a la pandemia y derrotar los intentos de hacer que el pueblo trabajador pague por sus catastróficas consecuencias mediante ataques a los puestos de trabajo, salarios y condiciones sociales. Solo la clase trabajadora tiene un interés objetivo y la capacidad de llevar a cabo las políticas científicamente fundamentadas y necesarias para eliminar el coronavirus.

Para avanzar en esta lucha, el WSWS y la Alianza Internacional Obrera de los Comités de Base (AIO-CB) están coorganizando el seminario web del 24 de octubre “ C ómo acabar con la pandemia”. Instamos a todos nuestros simpatizantes y lectores a que asistan al seminario web y emprendan esta lucha.

(Publicado originalmente en inglés el 21 de octubre de 2021)