A cinco meses de las elecciones presidenciales de Brasil, se está desarrollando ante los ojos del público una abierta conspiración contra el proceso democrático. El actual presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, está avanzando de manera sistémica en su campaña por un golpe electoral en caso de que sea derrotado en las urnas, con la colaboración cada vez más directa de los altos mandos militares.

Esta campaña, basada en las persistentes afirmaciones de Bolsonaro de que las próximas elecciones serán amañadas, ahora se centra en la demanda de que las Fuerzas Armadas realicen un conteo de votos paralelo.

La participación de militares en la Comisión de Transparencia Electoral (CTE), convocada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), se ha convertido en una plataforma para una conspiración antidemocrática. Según Bolsonaro, una de las sugerencias del general Heber Portella, designado por el Ministerio de Defensa para integrar la Comisión, es que en “el mismo ducto de alimentación de las computadoras de la sala secreta, debería haber una extensión un poco hacia la derecha para que tengamos al lado también una computadora de las Fuerzas Armadas para contar los votos en Brasil”.

Esta declaración fue dada por el presidente en el llamado “Acto Cívico por la Libertad de Expresión” con parlamentarios aliados el 27 de abril. Bajo la consigna de “libertad de expresión”, la manifestación saludó al diputado fascista Daniel Silveira (Partido Laborista Brasileño, PTB), quién una semana antes había sido condenado a ocho años y nueve meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal (STF) por agitar a las fuerzas armadas para un golpe de Estado y exigir el cierre de los poderes legislativo y judicial. Los crímenes de Silveira fueron indultados por el presidente Bolsonaro, en un acto sin precedentes del actual régimen político.

El discurso de Bolsonaro en el “Acto Cívico” animó las convocatorias de manifestaciones golpistas del 1 de mayo. Con el claro objetivo de eclipsar la fiesta de la solidaridad obrera internacional con manifestaciones callejeras de carácter fascista, por segundo año consecutivo, los partidarios de extrema derecha de Bolsonaro realizaron protestas en esta fecha exigiendo el establecimiento de una dictadura presidencial. Bolsonaro visitó personalmente una manifestación realizada en Brasilia y apareció por video en una en São Paulo.

La acusación de Bolsonaro sobre las exigencias de los militares en la Comisión de Transparencia fue precedida por un episodio con graves repercusiones en el establishment político y militar que involucró al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, quien hasta febrero presidió el Tribunal Superior Electoral.

En un discurso durante el seminario web “Brasil Summit Europe”, organizado por la Escuela Alemana Hertie el 24 de abril, Barroso advirtió sobre la creciente incursión de los militares en la política brasileña y dijo que las fuerzas armadas “están siendo orientadas a atacar el proceso [electoral] y tratar de desacreditarlo”. Recordó episodios recientes, como la destitución sin precedentes del ministro de Defensa y del comando militar uniformado y el desfile de tanques organizado durante la votación en el Congreso sobre la enmienda de las “boletas impresas” de Bolsonaro.

En respuesta, el ministro de Defensa, general Paulo Sergio Nogueira de Oliveira, emitió una nota oficial intimidatoria que califica el discurso de Barroso como una “grave ofensa” contra las instituciones militares. La nota decía que las Fuerzas Armadas “presentaron propuestas colaborativas, plausibles y factibles” a la CTE “para mejorar la seguridad y transparencia del sistema electoral”.

El diario Estado de São Paulo informó que las fuerzas armadas enviaron 88 consultas al TSE en los últimos ocho meses sobre “presuntos riesgos y debilidades... en el proceso electoral”. Según el diario, “la mayoría de las preguntas reproducen el discurso electoral del presidente Jair Bolsonaro, quien ha puesto en duda la seguridad de las urnas electrónicas y ha mantenido bajo sospecha la propia actuación de la Corte”.

Agravando esta crítica situación, Oliveira envió, el 5 de mayo, un oficio al TSE exigiendo la divulgación pública de las sugerencias realizadas por los militares a la Comisión, “dado el amplio interés público en el tema en cuestión”. El actual presidente del TSE, Edson Fachin, aceptó de manera sumisa el pedido del ministro de Defensa.

Bolsonaro, a su vez, respondió incrementando sus amenazas de golpe. En una transmisión en vivo, también el 5 de mayo, afirmó que las “Fuerzas Armadas no jugarán el papel de meramente sancionar el proceso electoral, participando como espectadores”, y que su Partido Liberal (PL) realizará una auditoría privada de las elecciones.

La crisis política que enfrenta Brasil hoy en día es sin duda la más grave desde 1964, el año del golpe militar respaldado por la CIA que derrocó al presidente electo, João Goulart. La burguesía brasileña y sus representantes, aunque conscientes de ello, son absolutamente incapaces de detener la rápida descomposición de la democracia en el país.

Estado de São Paulo publicó un editorial el sábado pasado suplicando al establishment burgués: “Es necesario reaccionar ante los crímenes de Bolsonaro”. El periódico declaró que “lo que Jair Bolsonaro ha hecho [de manera evidente y continuada] es incitar a la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea a sentirse autorizados a actuar al margen de sus atribuciones constitucionales”, y que esto no es “un peligro abstracto o lejano”, como lo demuestran las demandas del Ministro de Defensa al TSE.

Estado elogió el compromiso del Poder Judicial y del Congreso para frenar las tramas golpistas, citando como ejemplo el “rechazo prudente” a la enmienda del “voto impreso” de Bolsonaro. Pero el hecho notable fue, en realidad, que la propuesta fue respaldada por una mayoría del Congreso y no pudo ser aprobada sólo porque una enmienda constitucional requiere el 60 por ciento de los votos parlamentarios.

En respuesta a la misma acción y en preparación para un golpe electoral, el TSE, presidido por Barroso, convocó a la Comisión Extraordinaria de Transparencia Electoral con la participación de militares, e incluso invitó al exministro de Defensa de Bolsonaro, el general Fernando Azevedo e Silva, a asumir el cargo de director general del tribunal. La ocupación del sistema electoral por militares no fue caracterizada en los medios corporativos como una capitulación inaceptable a las presiones antidemocráticas, sino como una maniobra brillante de Barroso para neutralizar la movilización política de las fuerzas armadas de Bolsonaro. Un artículo de Eliane Catanhêde en Estado, por ejemplo, afirmó que “Nombrar a un general para el TSE reduce los ataques a las elecciones y las amenazas de un golpe al estilo Trump”, calificando la decisión de “golpe maestro”.

Hace apenas un año, durante la crisis abierta por la destitución del mando militar, la prensa se jactaba de que el nombramiento del general Oliveira al mando del Ejército representaba una derrota para la campaña de Bolsonaro de politizar las fuerzas armadas. En un comentario típico, el profesor de la Fundación Getulio Vargas, Rafael Alcadipani, dijo a Reuters que supuestamente Oliveira era “incluso más estricto que Pujol [su antecesor] con respecto a la separación entre las Fuerzas Armadas y la política y demuestra que el presidente no tendrá un títere a su disposición en el ejército”. Se refiere al mismo hombre que hoy, ascendido a ministro de Defensa, lidera los ataques al régimen democrático de la mano de Bolsonaro.

Cada medida tomada por la clase dominante para, en teoría, contener las maniobras golpistas de Bolsonaro ha tenido el efecto de profundizar las contradicciones del podrido régimen político burgués y abrir nuevas vías para el avance hacia la dictadura.

Con el apoyo del Partido de los Trabajadores (PT) y sus satélites de pseudo-izquierda, la burguesía liberal ha entonado el mantra de que el “compromiso constitucional” de las fuerzas armadas es el mayor contrapeso a las “fantasías autoritarias” del presidente fascista. Esas ilusiones se han hecho añicos por completo.

Más que un producto de los desvaríos reaccionarios de Bolsonaro, la descomposición de la democracia en Brasil surge directamente de la crisis objetiva del sistema capitalista mundial. Las amenazas dictatoriales en Brasil y en todo el mundo están impulsadas por las mismas condiciones que dieron lugar a la política de asesinato social implementada por la clase dominante para responder a la pandemia de COVID-19, la explosión de la desigualdad social global y la campaña de las potencias imperialistas a una guerra mundial nuclear.

“La tensión excesivamente alta de la lucha internacional y de la lucha de clases resulta en el cortocircuito de la dictadura, apagando uno tras otro los fusibles de la democracia”, escribió León Trotsky en 1929. Continuó: “El proceso comenzó en la periferia de Europa, en los países más atrasados, los eslabones más débiles de la cadena capitalista. Pero avanza a paso firme. Lo que se llama la crisis del parlamentarismo es la expresión política de la crisis de todo el sistema de la sociedad burguesa. La democracia se sostiene o cae con el capitalismo. Al defender una democracia que se ha sobrevivido a sí misma, la socialdemocracia conduce el desarrollo social al callejón sin salida del fascismo”.

Un proceso análogo está ocurriendo hoy. Esta vez, Estados Unidos, el corazón del imperialismo mundial, es el foco del cortocircuito global del gobierno democrático. Al golpe orquestado por Donald Trump el 6 de enero de 2021 le sigue una devastadora ola de ataques a los derechos democráticos bajo la administración demócrata de Biden, que prepara una dictadura en el interior y una guerra despiadada en el exterior.

El golpe electoral de Trump sirve como modelo abierto para Bolsonaro en Brasil. Pero también hay inmensas similitudes en la actitud de los partidos burgueses brasileños, especialmente el PT, frente a la respuesta pusilánime del Partido Demócrata, que estaba más preocupado por el riesgo de una explosión social que por la amenaza del fascismo. Biden encomendó a los militares la tarea de impedir el golpe anunciado abiertamente por Trump y llamó a colaborar con sus “colegas republicanos” para gobernar.

El expresidente brasileño Lula, del PT, mientras lidia con las amenazas de golpe a través de un diálogo a puertas cerradas con los militares, se postula contra Bolsonaro bajo el lema de “unir a los divergentes” para salvar la democracia. Esto significa un compromiso para hacer el gobierno más derechista en la historia del PT. Como dijo Trotsky, este camino solo puede conducir al callejón sin salida del fascismo.

El ejército ya ha anunciado que se está preparando para un “ escenario del Capitolio ” al estilo estadounidense en las próximas elecciones brasileñas. Su actitud hacia un golpe —ya sea que apoyen a Bolsonaro como dictador, se enfrenten a él o tomen el poder ellos mismos en nombre de preservar la estabilidad política— sigue siendo una pregunta abierta.

Una respuesta consistente a las amenazas dictatoriales solo puede provenir de la movilización política independiente de la clase obrera. En todo el mundo, las condiciones explosivas de la crisis capitalista mundial están llevando a los trabajadores a huelgas y protestas masivas. La unificación de este poderoso movimiento bajo la bandera de la revolución socialista mundial es la base necesaria para combatir la guerra, la desigualdad social y la pandemia en Brasil y en todo el mundo. Esa es la perspectiva por la que luchan el Grupo Socialista por la Igualdad en Brasil (GSI) y el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI).

(Publicado originalmente en inglés el 11 de mayo de 2022)