El asesinato de un hombre a manos de la policía el 25 de mayo en Brasil causó conmoción y enfureció a millones de personas en todo el mundo, y el video del brutal asalto se volvió viral en las redes sociales.

Las grabaciones del video muestran a Genivaldo de Jesus Santos, de 38 años, siendo detenido en la ciudad de Umbaúba, en el estado de Sergipe, por la Policía Federal de Carreteras (PRF, siglas en portugués) por andar en motocicleta sin casco. Se puede ver al hombre, diagnosticado con esquizofrenia, cooperando con tres policías, quienes se acercan agresivamente a Santos, lo maltratan con insultos mientras portan rifles de asalto. El sobrino de Santos, uno de los testigos del ataque, dijo que los oficiales tomaron el medicamento que Santos guardaba en su bolsillo.

Los videos muestran la respuesta violenta de los oficiales, rodeando, empujando, derribando y apuntando con sus armas a Santos en lo que, según testigos, duró media hora. Luego, los oficiales deciden disparar una bomba de gas lacrimógeno dentro de la maletera del auto de la policía con Santos adentro, a quien se puede ver moviendo las piernas por la escotilla trasera hasta que se desmaya. En el informe policial, los oficiales dijeron que Santos tuvo una “enfermedad repentina” en el camino a la estación de policía y fue llevado al hospital municipal, donde fue declarado muerto.

La sádica tortura pública y asesinato de Santos provocó la ira de los vecinos de la ciudad, quienes bloquearon la carretera donde fue asesinado, quemaron llantas y portaban pancartas denunciando su muerte y pidiendo justicia. En los periódicos y las redes sociales, muchos compararon la muerte por asfixia de Santos con la cámara de gas de los nazis.

El ataque en Umbaúba ocurrió exactamente dos años después del asesinato policial de George Floyd en los EE. UU. y es una expresión particularmente brutal de la respuesta de la clase capitalista brasileña a la intensificación de la crisis social en Brasil e internacionalmente.

En los últimos dos años, la respuesta indiferente y criminal del gobierno de Bolsonaro a la pandemia de COVID-19 ha permitido que el virus se propague entre la población, provocando más de 660.000 muertes y dejando a millones más con las secuelas del COVID a largo plazo.

Este período de sufrimiento y muerte para millones ha significado prosperidad financiera para un minúsculo estrato. Los milmillonarios brasileños aumentaron su riqueza en un 30 % durante la pandemia, mientras que el 90 % de la población se empobreció. El 1 por ciento más rico de Brasil poseía casi la mitad de la riqueza nacional en 2021, un aumento de 0,5 puntos porcentuales desde 2019.

Santos vivió y fue brutalmente asesinado en Sergipe, el quinto estado más pobre de Brasil según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), con el 46,8 por ciento de la población del estado enfrentando serios problemas relacionados con la falta de alimentos. Luís Moura, coordinador regional del instituto de estudios sociales financiado por el sindicato DIEESE, indicó que la población considerada pobre pasó de 42 por ciento en 2019 a 46 por ciento en 2021. Esta situación se repite en todo el país, con un aumento de la pobreza de 25 al 29 por ciento en el mismo período.

Un estudio de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) mostró que mientras el 30 por ciento de los hogares brasileños no tenían dinero para comprar alimentos al menos una vez en los 12 meses anteriores en 2019, ese número aumentó al 36 por ciento en 2021. Entre el 20 por ciento más pobre, la inseguridad alimentaria saltó de un ya asombroso 53 por ciento a 75 por ciento en el mismo período.

Hoy, la enorme pobreza y la desigualdad social en Brasil, que se ha intensificado aún más con un aumento dramático en los precios de los alimentos y los combustibles, están elevando las tensiones sociales.

Según datos de encuestas por el Centro de Estudios de la Violencia de la Universidad de São Paulo y el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2017 murieron 5.200 personas como resultado de la violencia policial en Brasil. En 2020, el número de muertos aumentó a 6.400 y el año pasado fue 6.100.

En tales condiciones, el asesinato de Genivaldo de Jesús Santos fue recibido por el mando de la PRF con fría indiferencia. Una “nota técnica” de la PRF culpó al propio Santos de su muerte y encubrió la actuación de los agentes. La nota decía que “se resistió activamente a un acercamiento del equipo de la PRF. Debido a su agresividad, para contenerlo se utilizaron técnicas de inmovilización e instrumentos de menor potencial ofensivo”.

No es casualidad que la sádica violencia desatada contra Santos se produjera apenas un día después de que el presidente fascistoide Jair Bolsonaro elogiara una de las operaciones más letales ya realizadas por la asesina Policía Militar (PM) en la favela Vila Cruzeiro de la ciudad de Río de Janeiro. La operación resultó en la muerte de 25 personas, incluida una muerta por balas perdidas y cuatro personas aún hospitalizadas. La policía se responsabilizó de solo diez muertes, mientras que los residentes locales se vieron obligados a llevar los cuerpos de sus familiares y vecinos al hospital.

El operativo, realizado en la mañana del 24 de mayo, contó con la participación de la PRF y el infame Batallón de Operaciones Especiales (BOPE). Tras convertirse en noticia, Bolsonaro expresó: “Felicitaciones a los guerreros del BOPE y de la Policía Militar de Río de Janeiro que neutralizaron en un enfrentamiento a por lo menos 20 delincuentes vinculados al narcotráfico, luego de ser atacados a balazos durante un operativo contra líderes de facciones criminales”.

La PM describió la operación como una emboscada a un convoy de la banda de narcotraficantes Comando Vermelho, que salía de la favela Vila Cruzeiro. Según el relato oficial, el operativo se vio comprometido cuando un grupo de policías vestidos de civil en uno de los accesos a la comunidad fue interceptado por narcotraficantes, lo que provocó que la policía reaccionara ingresando a la favela y matándolos. Sin embargo, los hechos apuntan menos a una emboscada y más a una provocación para justificar el asalto dentro de la favela que resultó en la masacre.

El comandante de la Policía Militar del estado de Río de Janeiro (RJ), Uirá do Nascimento Ferreira, declaró al día siguiente del operativo que había sido planeado meses antes y afirmó con crueldad que “no tenía el objetivo de cumplir órdenes de captura”.

Cómo la operación, que oficialmente tenía como objetivo a los delincuentes atrapados en el acto que salían de Vila Cruzeiro, terminó con un asalto violento dentro de la favela no se ha explicado excepto por la insostenible narrativa policial. La presencia de 11 carros blindados de la policía en posiciones que hasta el momento no han sido divulgadas y el movimiento de decenas de agentes vestidos de civil por la favela tiene todos los indicios de un operativo planeado para provocar una respuesta de los narcotraficantes. El presunto ataque inicial contra los oficiales fue respondido con más de cien agentes ingresando a la comunidad.

Casi una semana después del brutal asesinato de Santos a plena vista, Bolsonaro finalmente respondió al episodio lamentando no su muerte, sino la de los agentes de la PRF en otro caso la misma semana. Bolsonaro concluyó que los medios “siempre tienen un lado, el lado de los criminales”.

En la misma semana de estos dos horribles incidentes, el gobierno de Bolsonaro también publicó un informe sobre abusos a los derechos humanos con una ausencia flagrante de la sección sobre “seguridad pública”, es decir, abuso por parte de la policía.

Las declaraciones de Bolsonaro son una señal para los partidarios fascistoides del presidente en el aparato estatal, incluidas las fuerzas policiales y militares, de que lanzar la brutal represión contra la clase trabajadora en medio del recrudecimiento de las huelgas y protestas en Brasil no tendrá repercusiones para los agentes involucrados.

Hasta ahora, las únicas repercusiones para los tres policías participantes del acto en Umbaúba han sido menores. Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolpho Lima Nascimento y William de Barros Noia fueron relevados y se inició un proceso de acción disciplinaria. La cruel respuesta del comando de la PRF, culpando a Santos por resistir la agresión de los oficiales, expresa el aliento de Bolsonaro a estos sectores fascistoides.

El cultivo de tales fuerzas es una expresión del miedo de la clase dominante frente a la intensa crisis social. El martes por la mañana, un día después de las declaraciones de Bolsonaro defendiendo a la policía en el caso Santos, el jefe de gabinete de Bolsonaro, el ministro Ciro Nogueira, firmó la destitución del director ejecutivo y del director de inteligencia de la PRF, solo para anunciar el mismo día que iban a ser promovidos a puestos más altos en la US.

El apoyo del gobierno de Bolsonaro a estas fuerzas también es una respuesta a las tensiones que se están acumulando en la región. En Chile, en donde Bolsonaro consideró que las grandes manifestaciones contra las políticas del expresidente Sebastián Piñera en 2019 eran una gran amenaza interna, el actual presidente Gabriel Boric está cayendo en picado en los índices de aprobación tan solo unos meses después de su elección. El país experimentó una huelga de trabajadores de refinería a principios de mayo, mientras que en Argentina, una huelga simultánea de camioneros sin plazo para acabar apenas se evitó después de su tercer día.

En Brasil, los trabajadores de la Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) en Volta Redonda, en el estado de Río de Janeiro, se declararon en huelga a fines de marzo y crearon una comisión elegida por las bases para negociar independientemente del sindicato. Después de una campaña de aislamiento y represión con la ayuda de los sindicatos, la empresa se sintió envalentonada y envió a la policía para evitar las asambleas de trabajadores esta semana. El día del asesinato de Santos, el ministro de comunicación de Bolsonaro, Fábio Faria, reveló el temor de la clase dominante a una huelga en un sector crítico de la economía. Faria dijo: “¿Es R$ 15 mil millones de una ganancia de R$ 44 mil millones [de Petrobras] demasiado para subsidiar la gasolina diésel de los camioneros para evitar una huelga? He escuchado al mercado decir que no lo es”.

Mientras tanto, los tres países enfrentan nuevos brotes de casos de COVID-19, con los UCIs al límite de su capacidad e informes de brotes en las escuelas.

En esta situación explosiva, a menos de cinco meses de las elecciones de octubre, Bolsonaro ve en las fuerzas policiales una tropa de choque contra cualquier oposición política, mientras se prepara para responder al escenario de una derrota con un golpe de Estado, con la cada vez más directa colaboración de los militares.

El aliento sin restricciones de Bolsonaro a las fuerzas policiales inmediatamente después de que cometen actos de extrema violencia solo es posible en medio de un giro hacia la derecha de todas las fuerzas en el establecimiento político. El recrudecimiento de la pobreza y la desigualdad social en Brasil y en toda América Latina, al mismo tiempo que un minúsculo estrato se ha enriquecido a un ritmo sin precedentes, están siendo respondidos con el fomento de las fuerzas represivas del Estado por parte de todo el espectro político, incluida la oposición nominal a Bolsonaro encabezada por el Partido de los Trabajadores (PT).

En una expresión del enorme nerviosismo en todo el establecimiento político tras los recientes episodios de violencia policial, la respuesta del PT se limitó a la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, a tuitear que el asesinato de Santos y la masacre en RJ son ejemplos de que es necesario “revisar la mando y formación de policías”.

Después de permanecer en completo silencio sobre la masacre durante una semana, el expresidente del PT y el favorito para las elecciones de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva, se negó a hacer un llamado para poner fin a la ola de asesinatos policiales. En cambio, expresó de manera conformista y vacía: “Si el Estado estuviera presente en estas áreas, la policía sería solo un componente para mantener la tranquilidad. … el estado solo aparece cuando es para matar a alguien, a través de la policía”.

De hecho, el aparato de represión que se lanza contra la clase obrera en las carreteras y barrios marginales se fortaleció durante los gobiernos del PT. El ejemplo más destacado es la Ley de Drogas aprobada en 2006, que según la Dirección Nacional de Prisiones resultó en el aumento de detenidos por delitos relacionados con las drogas del 9 por ciento en 2005 al 28 por ciento en 2014, mientras que la población carcelaria se duplicó con creces en la mismo período, de 361.400 a 607.700.

La orden del día en la llamada “izquierda” es proporcionar una cobertura política a las fuerzas fascistas que está cultivando Bolsonaro. Marcelo Freixo, el principal aliado de Lula en la carrera por la gubernatura del estado de Río de Janeiro por el Partido Socialista Brasileño (PSB), respondió a la masacre en Vila Cruzeiro publicando una serie de tuits para aclarar que no llamó a la disolución del BOPE y el CORE, las fuerzas especiales notoriamente violentas de la policía militar y civil del estado, respectivamente.

El mismo razonamiento se aplica a los medios de comunicación. Presentan la respuesta del poder judicial brasileño, exigiendo explicaciones de la policía sobre la operación en RJ, como una señal de que habrá repercusiones significativas por los asesinatos en Vila Cruzeiro. Sin embargo, fue el propio Supremo Tribunal Federal que ratificó la ampliación de competencias de la PRF a “operaciones de investigación e inteligencia” en 2020, permitiéndole participar en el asesinato de Santos y la masacre de Vila Cruzeiro.

El principal objetivo de la oposición es, en realidad, desviar la oposición social y desarmar a la clase trabajadora, mientras que Bolsonaro pretende crear un movimiento fascista dentro de las fuerzas de seguridad.

Sólo un movimiento masivo de la clase trabajadora, independiente y en oposición a todas las fuerzas que sostienen el capitalismo brasileño, puede detener la espiral de violencia policial y los ataques a los derechos democráticos, y poner fin a la miseria y el sufrimiento masivo causado por la pandemia y la crisis económica internacional. Para ello, es necesario construir la dirección de la clase obrera en el Comité Internacional de la Cuarta Internacional en Brasil y en toda América Latina.

(Publicado originalmente en inglés el 3 de junio de 2022)