Desde hace una semana, 11.000 médicos y trabajadores sanitarios de Madrid, la capital de España y su región con más densidad de población, han estado en huelga para defender los niveles de personal y servicios, así como para demandar mejores salarios y condiciones en el sector.

En todo el mundo, están estallando huelgas contra las condiciones creadas después de más de dos años de pandemia por COVID-19, así como por décadas de privatizaciones y subordinación de la atención médica a las ganancias empresariales. En Los Ángeles, miles de trabajadores de la salud han estado en huelga en el Centro Médico Cedars-Sinai en defensa de condiciones de trabajo seguras, mejor dotación de personal y mayores salarios. En todo Estados Unidos, decenas de miles de enfermeras se han movilizado para defender a la enfermera RaDonda Vaught tras ser encarcelada por un error médico en 2017.

En Alemania, la huelga del personal de enfermería de los hospitales universitarios de Renania del Norte-Westfalia se ha extendido a los hospitales universitarios de Aquisgrán, Bonn, Düsseldorf, Essen, Colonia y Münster. En Turquía, 20.000 médicos se declararon en huelga nacional la semana pasada, exigiendo mejores salarios y beneficios.

Durante la pandemia de COVID-19, las enfermeras y otro personal sanitario en todo el mundo han trabajado sin el equipo de protección personal adecuado y en condiciones terribles. La política de 'ganancias antes que vidas' de la clase dominante implementada conjuntamente por gobiernos y sindicatos condujo a un exceso constante de trabajo para cuidar a un flujo interminable de pacientes mortalmente enfermos, sin que se alcance a vislumbrar el final de la pandemia.

Esta política criminal con respecto al COVID-19 ha provocado cerca de 20 millones de muertes en todo el mundo. Muchos trabajadores sanitarios han contraído COVID-19 y han fallecido. Muchos más han soportado el trauma psicológico y emocional de presenciar la muerte a gran escala.

La huelga de Madrid fue provocada por la decisión del derechista Partido Popular (PP), que ostenta el gobierno autonómico de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso, de convocar inesperadamente nuevos exámenes de oposición para plazas fijas de especialista, lo que le permite despedir a varios miles de trabajadores sanitarios. Muchos han trabajado durante años o décadas en el cuidado de la salud, demostrando ampliamente sus calificaciones para los puestos que actualmente desempeñan con contratos temporales. La medida de Ayuso no tiene precedentes y dejaría a miles de empleados médicos experimentados sin trabajo.

El mes pasado, Ayuso se negó a renovar los contratos de más de 6.000 trabajadores sanitarios que habían sido contratados como personal sanitario de refuerzo durante la pandemia.

El gobierno autonómico del PP en Madrid ha abusado durante décadas de los contratos de trabajo temporal para los hospitales públicos, utilizando las reformas laborales que a nivel nacional han aprobado los sucesivos gobiernos del Partido Socialista (PSOE), PP y ahora el de coalición PSOE-Podemos con el apoyo de los principales sindicatos españoles, la socialdemócrata Unión General de Trabajadores (UGT) y la estalinista Comisiones Obreras (CCOO).

Entre los 12.000 médicos de los hospitales públicos bajo el control del Gobierno autonómico, el 55 por ciento lleva años con contratos temporales, incluido el 82 por ciento de los médicos de las UCI. Más de 6.000 médicos de la Comunidad de Madrid no tienen un contrato de largo plazo y llevan años encadenando contratos temporales. En algunas especialidades, los exámenes de la administración pública requeridos para obtener una mayor seguridad laboral no se han convocado durante veinte años.

El año pasado, tras años de protestas y huelgas, el gobierno PSOE-Podemos aprobó la Ley Nacional 20/2021 de Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público. Su objetivo era reducir la temporalidad en sus contratos de 800.000 empleados públicos que estaban en riesgo de perder su trabajo después de 10, 20 o 30 años de encadenar contratos temporales. La nueva ley, sin embargo, permitió que cada región eligiera cómo quería proceder. Los puestos de trabajo, las condiciones laborales mínimas, los niveles de dotación de personal y el desarrollo profesional nunca estuvieron garantizados.

Días antes de que se aprobara la ley, el Gobierno autonómico del PP convocó exámenes de empleo público para 4.726 puestos. Esta es una medida reaccionaria. Los solicitantes tendrán que responder a preguntas con múltiples opciones, basadas en la memorización de conocimientos médicos generales. Los médicos exigen que el Gobierno autonómico del PP suspenda los exámenes tradicionales de la función pública y los sustituya por un concurso de méritos.

La huelga indefinida ha sido convocada por la Plataforma Médicos y FEA No Fijos de Madrid-MUD, SomosUrgencias, SomosUNO y el sindicato de médicos Amyts. Los sindicatos CCOO, UGT, CSIT y Satse suspendieron la huelga después de que el Ministerio de Sanidad madrileño llegara a un acuerdo con ellos para hacer permanentes a 1.600 profesionales sanitarios a través de un examen basado en méritos. Amyts considera que esto es 'insuficiente', ya que ' no cubre a los miles de facultativos temporales'.

El gobierno regional del PP ha reaccionado intentando aplastar la huelga con requisitos de servicio mínimos draconianos. En las consultas externas, el 50 por ciento de los trabajadores están obligados a ir a trabajar; en las unidades de atención de urgencia, esto se eleva al cien por cien. Dichas unidades incluyen diálisis, emergencia, reanimación, cuidados críticos, hospitalización, quirófanos, anatomía patológica, hospital de día oncológico y SIDA, farmacia, diagnóstico por imágenes, laboratorios, extracción y trasplante de órganos, radioterapia, hemodinámica e ingreso y archivo.

De manera efectivo, el derecho a huelga de los médicos ha sido prohibido de facto. Los sindicatos, incluido el más pequeño Amyts que ha continuado el llamamiento a la huelga, se han negado a dar la batalla contra los servicios mínimos y a expandir esa lucha a otros empleados públicos que enfrentan luchas similares, como en la educación.

No obstante, los huelguistas han organizado grandes concentraciones y mítines frente a varios hospitales de la ciudad de Madrid. El pasado martes, cientos de médicos se reunieron frente a la Asamblea de Madrid gritando “Nosotros, que os cuidamos, estamos maltratados” y “Dignidad profesional, fijeza ya”.

En el Hospital Doce de Octubre de Madrid, un nutrido grupo de unos 200 médicos, con trajes verdes y batas blancas, ocupaban toda la amplia escalera de entrada y las puertas del hospital. Allí, gritaron contra la inestabilidad laboral, megáfono en mano, detrás de una gran pancarta que decía 'Dignidad Profesional'. Estas protestas se han repetido frente a cada uno de los principales hospitales de la región en las últimas semanas.

Otra huelga indefinida en Ciudad Real de trabajadores de 'ayuda a domicilio' que asisten a personas con discapacidad o necesidades sanitarias complejas que viven en casa se reanudó la semana pasada, después de que fuera suspendida por CCOO y UGT la semana anterior 'como muestra de buena fe'. Los trabajadores están luchando contra los bajos salarios y el abuso generalizado por parte de los empresarios contratos precarios a tiempo parcial. Al igual que en Madrid, se impusieron requisitos de servicio mínimo del 50 al 100 por ciento del personal durante la huelga.

Este intento de sabotaje sindical debe ser tomado como una advertencia por parte del personal sanitario y de capas más amplias de trabajadores en España y otros países. Está surgiendo un poderoso movimiento internacional de trabajadores de la salud. Luchar por sus reivindicaciones requiere, sin embargo, romper con las burocracias sindicales y oponerse a partidos reaccionarios pseudoizquierdistas como Podemos, que en el gobierno ha seguido una política de aceptación de la infección masiva por COVID-19.

Los sindicatos españoles han aislado y permitido que las fuerzas policiales ataquen violentamente las masivas huelgas de los trabajadores del metal en Cádiz y de los camioneros en toda España. Políticamente afiliados a los dos partidos gobernantes, están implicados en todas las políticas que han hecho intolerables de manera innecesaria las vidas de los trabajadores sanitarios durante la pandemia de COVID-19.

La tarea fundamental es construir comités de base de trabajadores sanitarios en hospitales de toda España y el mundo, independientes de los sindicatos, para arrancar la lucha de las manos de los burócratas sindicales. Esta es la única manera de dar la batalla por una dotación de personal segura, aumentos salariales, servicios de salud mental, una inyección masiva de fondos en la atención médica y el fin de la subordinación de dicha atención al beneficio privado.

(Publicado originalmente en inglés el 15 de mayo de 2022)