Los casos de COVID-19 están aumentando una vez más en España solo semanas después de que el gobierno del Partido Socialista (PSOE) y Podemos pusiera fin al uso obligatorio de la mascarilla en espacios interiores. España ha registrado más de 12 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, más de una cuarta parte de su población, y por encima de las 100.000 muertes.

Si bien los datos están sesgados por informes irregulares, los casos claramente han tenido una tendencia al alza desde mediados de abril. Para el viernes pasado, se reportaron de media para un intervalo de 7 días algo más de 16.500 nuevas infecciones diarias, mientras que el 15 de abril en comparación la cifra era de 4.961 al día. Los ingresos hospitalarios también están aumentando, pasando de 3.881 hospitalizaciones en la semana que terminó el 16 de abril a 5.371 en la semana hasta el 27 de abril, la última semana para la que hay cifras disponibles.

En la última quincena, alrededor de 1.000 personas han muerto de COVID-19. Más de 550 personas murieron a causa del virus en la semana que terminó el 1 de mayo, con un promedio de alrededor de 80 muertes por día. La siguiente semana, casi 490 personas perdieron la vida. Muchos medios de comunicación hablan ahora de una inminente 'séptima ola' de la pandemia en España.

La tasa de incidencia también está aumentando, aunque el reporte de datos se ha reducido hasta tal punto que ahora mismo está muy cerca de carecer de sentido. A partir del 29 de marzo, las tasas de incidencia a los 7 y 14 días solo se han informado para el grupo de edad de más de 60 años, como parte de la 'Estrategia de Vigilancia y Control del COVID-19' de la Comisión de Salud Pública (CSP). Para este grupo de edad, la tasa de incidencia a los 14 días casi se duplicó de 435,42 por cada 100.000 personas el 12 de abril a 813,22 el 10 de mayo.

Según el CSP, su nuevo marco de actuación es aquel que 'vigile y dirija las actuaciones a personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad y monitorice los casos de COVID19 graves y en ámbitos y personas vulnerables'. En realidad, esta estrategia significa minimizar la gravedad de la pandemia, encubrir las cifras de infección y negarse a tomar medidas para combatir la propagación del virus, ya sea en entornos vulnerables o de otro tipo.

A lo largo de la pandemia, el Gobierno del PSOE-Podemos se ha negado a seguir una política científicamente guiada para eliminar el virus, priorizando en su lugar los beneficios de los bancos y las grandes empresas. La política criminal del gobierno ha tenido consecuencias devastadoras para la vida y la salud de la población española. Ahora, incluso las medidas de salud pública anti-COVID más básicas están siendo finalizadas.

A partir del 20 de abril, el Gobierno del PSOE-Podemos levantó la obligatoriedad del uso de la mascarilla que había estado en vigor durante casi dos años. Ya no será necesario cubrirse la cara en ningún espacio exterior o interior, con las excepciones limitadas del transporte público y los entornos de atención social y de salud. El impacto de esta política reaccionaria ya se está sintiendo en el importante aumento de contagios.

La mascarilla obligatoria fue una de las últimas medidas de política sanitaria que se mantuvieron después de que el Gobierno del PSOE-Podemos eliminara prácticamente todas las demás restricciones relacionadas con la pandemia a finales de marzo. Se puso fin al requisito de aislarse en caso de infección por COVID-19, excepto en entornos vulnerables como residencias de ancianos. Al mismo tiempo, el acceso a pruebas PCR precisas fue drásticamente limitado, ahora solo está disponible con receta médica.

El fin de las medidas contra el COVID-19 no tiene un apoyo amplio entre la población española. Según una encuesta de 40dB realizada para el diario El País, casi la mitad (48,5 por ciento) de las personas se sienten 'solo un poco o nada seguras' cuando consideran seguir con su vida cotidiana sin protegerse con mascarilla. La misma encuesta también mostró que el 54 por ciento de la población considera que el fin del mandato obligatorio de la mascarilla ha llegado demasiado pronto, en comparación con solo el 28,2 por ciento que cree que ahora es el momento adecuado y el 10,2 por ciento que siente que está llegando demasiado tarde.

La mayoría de los encuestados también dijeron que continuarían utilizando mascarilla incluso en lugares donde ya no es obligatorio. El setenta por ciento de los encuestados dijo que era 'muy' o 'bastante' probable que continuaran empleando mascarilla en las tiendas, y el 69 por ciento dio las mismas respuestas para cines, teatros y conciertos. El sesenta y dos por ciento opinó que todavía usaría la mascarilla en los centros deportivos, y el 61 por ciento en su lugar de trabajo.

El final de las restricciones se produce a medida que las nuevas variantes continúan extendiéndose por toda España y a nivel mundial. La cepa XE, una 'recombinante' de las subvariantes BA.1 y BA.2 de ómicron, que se descubrió por primera vez en el Reino Unido en enero, está comenzando ahora a transmitirse por España, con alrededor del 2 por ciento de los casos secuenciados correspondientes a esta cepa.

A mediados de abril, la Organización Mundial de la Salud declaró que XE puede ser hasta un 10 por ciento más transmisible que la ya muy infecciosa variante Ómicron.

España también ha detectado casos de la subvertiente BA.5 de ómicron, que se cree que es inmune resistente. 'los primeros estudios 'in vitro' indican que la infección previa por BA.1 podría ofrecer un grado de protección menor frente a BA.4 y BA.5 que el observado frente a BA.2', informó el Ministerio de Sanidad de España.

La propagación de variantes nuevas y más contagiosas no solo conducirá a un aumento de las hospitalizaciones y muertes, sino también a incapacitar en el largo plazo a grandes franjas de población que hayan sobrevivido a la infección con el virus.

A finales de abril, la Confederación Independiente de Sindicatos y Funcionarios Públicos (CSIF) informó que aproximadamente 22.000 trabajadores de la salud han sufrido síntomas de COVID persistente, que pueden incluir dolores de cabeza, fatiga, mareos, dolor muscular, problemas con la concentración y dificultad para respirar.

Entre el 10 y el 15 por ciento de todas las personas infectadas con el coronavirus continúan sufriendo síntomas semanas o meses después de haber sido infectadas con el virus. Y según las cifras del gobierno del 10 de marzo, se han registrado 217.987 casos confirmados de COVID entre los trabajadores de la salud, lo que lleva a la estimación del CSIF de 22.000.

De los 1,000 profesionales de la salud consultados por el CSIF, más de la mitad (56.7 por ciento) también dijeron que no recibieron apoyo o asistencia después de regresar al trabajo tras su recuperación. Cuarenta y nueve por ciento de los encuestados también declararon que su infección con COVID-19 no había sido clasificada como un accidente de trabajo ni como una enfermedad profesional.

Según estimaciones del Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM), que ha trabajado con el Ministerio de Ciencia e Innovación de España en la pandemia de coronavirus, más de un millón de personas en todo el país pueden tener o aún pueden estar sufriendo de COVID persistente.

El impacto a largo plazo de COVID durante años, o incluso décadas, aún no se conoce, pero un estudio reciente de la Universidad de Cambridge y el Imperial College de Londres mostró que los casos graves de COVID podrían causar un deterioro cognitivo equivalente al envejecimiento de 20 años.

La respuesta a la pandemia no puede dejarse en manos de representantes del Estado capitalista como Podemos y el PSOE, que han demostrado su total hostilidad a una política guiada de forma científica para poner fin a la pandemia. Sólo un movimiento independiente de la clase obrera internacional, con una oposición irreconciliable a los partidos del gobierno burgués, puede detener esta política asesina de infección masiva y salvar vidas.

(Publicado originalmente en inglés el 11 de mayo de 2022)