El viernes, Politico publicó el texto completo del borrador de una orden ejecutiva redactada por los abogados de Donald Trump para desplegar el ejército y la Guardia Nacional en todo el país para confiscar millones de las papeletas emitidas por los votantes en las elecciones generales de 2020.

Un análisis del borrador lo deja claro: esta era la carta de una dictadura presidencial. Habría declarado un estado de emergencia, suspendido la Constitución y sometido al país a un gobierno militar.

El borrador de la orden con el título “Hallazgos presidenciales para preservar, recolectar y analizar información de seguridad nacional sobre las elecciones general de 2020” se basa en la gran mentira de que las elecciones de 2020 fueron robadas por Joe Biden y “adversarios extranjeros” y que millones de papeletas fueron emitidas fraudulentamente por Biden, con la ayuda de fabricantes de aparatos de votación como Dominion Voting Systems.

Citando “pruebas de injerencia internacional y extranjera en las elecciones del 3 de noviembre de 2020”, el borrador habría ordenado a los militares que se desplegaran por todo el país para “inmediatamente... confiscar, recolectar, retener y analizar todas las máquinas, equipos, información almacenada electrónicamente y registros materiales” relacionados con las elecciones. Esto habría requerido la suspensión del posse comitatus, el principio democrático de que los militares no pueden llevar a cabo actividades policiales a nivel nacional. Los militares habrían sido entonces utilizados para aplastar las protestas sociales y detener a los opositores.

Anticipándose a la posibilidad de que los gobernadores demócratas ordenaran a la Guardia Nacional estatal a que protegieran las urnas, la orden habría otorgado al secretario de Defensa en funciones, Christopher Miller, el poder de federalizar la Guardia Nacional “por nombre o por unidad”, lenguaje que indicaba que Trump planeaba tomar el control de la Guardia Nacional en los estados con gobernadores demócratas, o federalizar las unidades leales a él en esos estados.

El proyecto de orden habría ordenado entonces al leal y ultraderechista director de Inteligencia Nacional de Trump, John Ratcliff, que evaluara si las elecciones fueron robadas, en un plazo de siete días a partir de la emisión de la orden, una evaluación predestinada a llegar a la conclusión deseada por Trump.

Este hallazgo se presentaría entonces como la conclusión de “la comunidad de inteligencia”, momento en el que la orden habría establecido un abogado especial para “supervisar esta operación e instituir todos los procedimientos penales y civiles, según corresponda, sobre la base de las pruebas recopiladas, y proporcionar todos los recursos necesarios” para reprimir a los opositores de Trump. Este sería el mecanismo extrajudicial que Trump habría utilizado para procesar, encarcelar o ejecutar a los legisladores y opositores políticos demócratas acusados de sedición y traición. Dado que el plan giraba en torno a una denuncia de injerencia electoral extranjera, la supresión de la oposición interna probablemente se habría combinado con aventuras militares extranjeras.

Como autoridad legal para tales medidas extraordinarias, el borrador cita otras órdenes ejecutivas y estatutos que otorgan al presidente y a las agencias de inteligencia poderes dictatoriales bajo un estado de emergencia.

Cita la Orden Ejecutiva 12333, una orden de la época de Reagan que otorga al poder ejecutivo un poder casi ilimitado para espiar a la población. La Orden Ejecutiva 12333 se utilizó como base para la vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, todas las siglas en inglés) que desenmascaró Edward Snowden. La orden de Trump también cita el Memo Presidencial de Seguridad Nacional 13, un memorando clasificado (cuyo contenido exacto no se conoce) que otorga al ejército el poder de emprender operaciones de ciberguerra sin aprobación previa, y el Memo Presidencial de Seguridad Nacional 21, que es tan secreto que su existencia “no ha sido informada públicamente”, escribió Politico. Estos memorandos indican que Trump planeaba ordenar al Pentágono que suspendiera o censurara el Internet y/o las cadenas de televisión.

Para la autoridad estatutaria, el proyecto de orden cita la Ley de Emergencias Nacionales (NEA) y la Ley de Poderes Económicos por Emergencia Internacional (IEEPA). La NEA permite al presidente declarar un estado de emergencia nacional y asumir una autoridad ejecutiva sin controles. Esta ley sirvió de autoridad pseudolegal para los planes de la Administración de Reagan de aplicar Rex84, que habría suspendido la Constitución y permitido la detención indefinida de “subversivos”. La IEEPA otorga al presidente el poder de declarar emergencias nacionales en respuesta a una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional” y de incautar bienes y confiscar la propiedad de individuos y organizaciones que el presidente declare que están involucrados en esa amenaza.

La publicación de este borrador de la orden esclarece la estrategia de Trump entre el 3 de noviembre de 2020 y el 6 de enero de 2021. El borrador de la orden lleva la fecha del 16 de diciembre. Dos días antes, el 14 de diciembre, los electores se reunieron en las capitales de los estados y formalizaron las listas de electoras que irían a Washington D.C. para el recuento formal del voto del Colegio Electoral el 6 de enero.

CNN informó la semana pasada que Rudy Giuliani estaba liderando los esfuerzos en siete estados disputados para movilizar a los legisladores estatales republicanos para que aprobaran las listas de electores pro-Trump para enviarlas a Washington el 6 de enero. “Giuliani y sus aliados coordinaron las tuercas y tornillos del proceso a nivel estatal”, informó CNN, citando una fuente que dijo que “hubo múltiples llamadas de planificación entre los funcionarios de la campaña de Trump y los operativos estatales del Partido Republicano”. Trump “alineó a los partidarios para llenar las vacantes de los electores, reservó salas de reuniones en las asambleas legislativas de los estados para que los falsos electores se reunieran el 14 de diciembre de 2020, e hizo circular borradores de certificados falsos que finalmente fueron enviados a los Archivos Nacionales”.

Cuando las asambleas legislativas de los estados en cuestión no eligieron listas alternativas el 14 de diciembre, la campaña de Trump recurrió a sus siguientes opciones. El borrador de la orden ejecutiva sobre la incautación de papeletas fue la versión más extrema. Si no se ordenó en su momento, fue porque los golpistas no estaban seguros de su apoyo dentro del ejército.

Con la orden ejecutiva de confiscación de papeletas en el bolsillo, Trump y sus asesores planeaban interrumpir la certificación del Colegio Electoral en Washington el 6 de enero. Su plan contenía tres posibles vías de éxito.

En primer lugar, el vicepresidente Mike Pence podría decidir rechazar las listas legítimas en los estados que ganó Biden. En segundo lugar, el Tribunal Supremo podría intervenir para posponer la certificación. Para ello, el 5 de enero la abogada de Trump, Sidney Powell, presentó una solicitud al juez Samuel Alito pidiéndole que emitiera una orden judicial que detuviera el proceso el 6 de enero por un tecnicismo legal. En tercer lugar, una combinación de legisladores republicanos y manifestantes podría retrasar la certificación del Colegio Electoral más allá del 6 de enero. En los tres escenarios, se crearía un retraso, arrojando la elección a la Cámara de Representantes, dando un voto por delegación estatal, dando la mayoría a los republicanos.

El 6 de enero, los tres escenarios estaban en juego. El primer escenario fracasó cuando Pence se negó a apoyar el complot de Trump y anunció que certificaría las listas legales. El segundo escenario no era en absoluto una posibilidad remota y solo habría requerido el apoyo de un juez, el reaccionario Alito, nombrado por Bush.

A lo largo de los días 5 y 6 de enero, Alito se negó a rechazar la petición de Powell de retrasar la certificación. La propia Powell reconoció más tarde que el retraso de Alito obligó a Pelosi a volver a convocar la sesión conjunta en la noche del 6 de enero. No se trató de un movimiento meramente simbólico, como se informó en los medios de comunicación. “Ella recibió el aviso cuando hicimos nuestra presentación”, dijo Powell. “Tuvo que acelerar la reconvocatoria del Congreso para que la votación se llevara a cabo antes de que el juez Alito pudiera emitir una orden judicial”. No fue hasta la mañana del 7 de enero, después de que el golpe de Estado claramente había fracasado, cuando Alito denegó formalmente la petición de Powell.

El tercer escenario, dado el retraso legislativo y la revuelta violenta, fue el que se llevó a cabo a la vista de todos y estuvo a punto de triunfar. La turba, encabezada por equipos de asalto armados de los fascistas Oath Keepers, estaba preparada para secuestrar a los demócratas y posponer la certificación por la fuerza. Este plan fracasó únicamente debido a deficiencias operativas. Pence y los congresistas demócratas escaparon apenas con segundos o minutos de sobra. El Partido Demócrata no tomó ninguna medida para oponerse a un intento de establecer una dictadura por miedo a que alertara a la población del peligro de una dictadura y eso desencadenara un levantamiento social masivo en todo el país.

El 6 de enero puso de manifiesto la podredumbre en el núcleo del sistema político estadounidense. La democracia no puede sobrevivir en una sociedad tan desgarrada por la desigualdad, donde los recursos del país son acaparados por una pequeña aristocracia financiera que controla el sistema político y los dos partidos de derecha. Treinta años de guerra permanente han envenenado el clima político hasta tal punto que la basura fascista como Trump y sus asesores podrían ocupar el poder del Estado. Si bien su complot fracasó el 6 de enero, los principales conspiradores permanecen libres para tramar sus próximas maniobras. La defensa urgente de la democracia frente a la amenaza de la dictadura requiere la movilización revolucionaria de la clase obrera internacional contra la fuente del fascismo: el sistema capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de enero de 2022)