El Alto Tribunal británico ha proporcionado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, una vía de recurso ante el Tribunal Supremo de Reino Unido en su caso de extradición contra el gobierno de Estados Unidos.

Assange pretende anular la orden de extradición dictada por el Alto Tribunal el pasado mes de diciembre, en contra de la decisión anterior del Tribunal de Magistrados inferior de que hacerlo sería 'opresivo' por motivos de salud.

El Alto Tribunal aceptó un recurso de Estados Unidos contra la sentencia del Tribunal de Magistrados, a pesar de aceptar las pruebas de la intensa enfermedad física y psicológica de Assange. Tampoco discutió la probabilidad de que las condiciones a las que sería sometido en EE.UU., tal y como se discutió a lo largo de todo el proceso judicial anterior, probablemente provocarían su muerte por suicidio.

La sentencia de diciembre se basó de forma abrumadora en supuestas garantías de Estados Unidos, emitidas meses después de que hubieran transcurrido los plazos, de que las condiciones de Assange en una prisión estadounidense no serían tan malas como se había aceptado anteriormente.

Con numerosas advertencias y lagunas, las garantías de EE.UU. afirmaban que Assange no estaría recluido bajo Medidas Administrativas Especiales (SAM), un régimen de aislamiento total, al que a veces se somete a los condenados por delitos de terrorismo, junto con los capos de la droga y los grandes asesinos en serie, en una prisión federal.

El Alto Tribunal consideró que el Tribunal de Magistrados debería haber solicitado dichas garantías antes de dictar su sentencia.

En respuesta a la solicitud de Assange de autorización para apelar esta decisión, los jueces certificaron ayer un único punto de derecho de importancia pública, el requisito para que un asunto se vea en el Tribunal Supremo. Esta era: '¿En qué circunstancias puede un tribunal de apelación recibir garantías de un Estado solicitante que no estaban ante el tribunal de primera instancia en los procedimientos de extradición [en este caso, el tribunal de magistrados]'.

Los abogados de Assange habían argumentado que 'surgen profundas cuestiones de justicia natural cuando las garantías son introducidas por el Estado solicitante por primera vez en la etapa del Alto Tribunal... Estas cuestiones nunca han sido abordadas por el Tribunal Supremo'.

Como explican sus abogados en una nota explicativa, 'desde hace mucho tiempo existe un enfoque general de los tribunales que exige que todas las cuestiones pertinentes se planteen ante el juez de distrito designado para examinar el caso en el Tribunal de Magistrados', pero esto se ha visto socavado por el tratamiento de las garantías como 'cuestiones' y no como 'pruebas', lo que permite que se introduzcan en una fase posterior del procedimiento.

'El argumento de la defensa es que, a pesar de ser tan exigentes con el escrutinio probatorio como las pruebas ya oídas, y a pesar de que el contenido de las garantías es aplicable a la declaración de los testigos ya oídos pero que no van a ser oídos de nuevo, a las garantías se les ha otorgado una posición procesal diferente'.

Las garantías en cuestión, aceptadas de 'buena fe' por el Alto Tribunal, son dadas por un Estado con un historial de décadas de mentiras y trucos sucios, cuyo historial en el caso Assange fue expuesto un mes antes de la sentencia del Alto Tribunal como planes para secuestrar y asesinar al heroico periodista.

Basándose en las declaraciones de 30 exfuncionarios estadounidenses, Yahoo! News reveló que la administración Trump y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) habían discutido el secuestro o el asesinato de Assange cuando era un refugiado político en la embajada de Ecuador en Londres en 2017. La acusación de Estados Unidos fue concebida en un primer momento como una cobertura pseudolegal para una posible entrega de la CIA.

El carácter de esa acusación, como un invento de espías y criminales, había quedado demostrado en junio de 2021. Sigurdur 'Siggi' Thordarson, cuyo testimonio sigue siendo una parte crucial de la acusación, admitió que todas sus acusaciones de fondo contra Assange eran mentiras ofrecidas a cambio de inmunidad frente a la acusación de Estados Unidos. El testigo estrella de EE.UU. se enfrenta al parecer a un proceso judicial en Islandia por cargos de fraude, tras haber sido condenado por delitos de pederastia y malversación de fondos antes de su última colaboración con el gobierno estadounidense.

Aunque la amenaza de una extradición inminente se ha suspendido, Assange se encuentra en una situación delicada. Lo que comenzó como un caso sobre los derechos más fundamentales de los periodistas para exponer los crímenes de guerra y la tortura, ha sido reducido por el poder judicial británico a la única cuestión de cómo las 'garantías' de la seguridad de Assange deben ser dadas por un Estado criminal a otro.

El Tribunal de Magistrados ratificó los ataques arrolladores de EE.UU. a los derechos democráticos contenidos en el intento de un Estado de perseguir a un periodista por publicar información veraz sobre sus actividades ilícitas. Esto obligó a Assange a defender el recurso de Estados Unidos alegando la amenaza que suponía para su salud mental la extradición y el encarcelamiento en Estados Unidos. La aceptación de la apelación de EE.UU. por parte del Alto Tribunal significa que la defensa de Assange se limita ahora a la cuestión de cuándo deberían haberse proporcionado las garantías.

Siguiendo la línea de los tribunales del Reino Unido de destrozar los derechos democráticos a lo largo de este caso, el Alto Tribunal rechazó de plano el punto de la apelación de que las garantías no tienen valor porque Estados Unidos afirma el derecho a retirarlas si Assange viola, o se alega que ha violado, ciertas condiciones.

Los abogados de Assange argumentaron que se prohíbe el 'trato opresivo', 'independientemente de que el Estado solicitante justifique su imposición por referencia a la conducta'. El Alto Tribunal respondió que no consideraba que estos argumentos 'plantearan puntos certificables' para la consideración del Tribunal Supremo.

Técnicamente, ahora depende del Tribunal Supremo el aceptar escuchar el caso de Assange; sería muy inusual, aunque no imposible, que se negara a considerar una cuestión certificada por el Alto Tribunal.

Si la apelación de Assange no tiene éxito y su caso es enviado a la ministra del Interior, Priti Patel, para que selle su extradición, entonces sus abogados pueden tratar de apelar la decisión original del Tribunal de Magistrados sobre las cuestiones de fondo del caso: la libertad de prensa, la ley de espionaje y la prohibición de extradición por delitos políticos. Pero la autorización para hacerlo no está asegurada y significaría años más de encarcelamiento mientras la nueva apelación se abre paso en los tribunales.

Sea cual sea el resultado, los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña están utilizando de hecho la 'guerra de leyes' para garantizar la detención de Assange, aunque no haya sido condenado por ningún delito.

Permanece en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, apodada la Bahía de Guantánamo del Reino Unido. Con el gobierno británico permitiendo la propagación masiva de ómicron, en la última etapa de su política homicida de 'inmunidad colectiva' (de rebaño), la prisión se ha visto afectada por brotes de COVID. Assange, debido a su frágil salud, corre un intenso riesgo de sucumbir al virus. Los repetidos cierres de la prisión intensifican su aislamiento.

Como dijo la prometida de Assange, Stella Moris, a la salida del tribunal: 'Mientras no se abandone este caso, mientras no se libere a Julian, Julian sigue sufriendo. Lleva casi tres años en la prisión de Belmarsh, y sufre profundamente día tras día, semana tras semana, año tras año'.

El editor de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, añadió: 'Es un castigo por el proceso, una grave violación de los derechos humanos. La tortura continúa en la prisión de Belmarsh. Lleva allí más de 1.000 días'.

La solicitud de extradición de Estados Unidos debería haber sido desestimada hace tiempo por tratarse de un infame montaje, con los propios responsables sometidos a juicio. La apelación de Assange debería ser estimada y su libertad concedida inmediatamente.

Pero las experiencias de la última década, y especialmente los últimos tres años de detención de Assange por el Estado británico, demuestran que no se puede confiar en el poder judicial. Cuanto más se ha desenmascarado el caso de EE.UU. como una operación criminal, perpetrada por un Estado sin ley, más ha presentado la justicia británica la solicitud de extradición como un procedimiento 'solemne' que implica el máximo proceso.

La libertad de Assange y el fin de su persecución dependen de un movimiento político de la clase trabajadora. Todos los gobiernos, partidos oficiales y medios de comunicación corporativos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia están implicados en los ataques a sus derechos legales y democráticos. Estos gobiernos están en guerra con su población, personificada por sus políticas pandémicas de 'beneficio antes que vida'. Incluso mientras se persigue a Assange por exponer los crímenes de guerra del pasado, se amenaza de nuevo con una guerra, contra Rusia y China, que tendría consecuencias mucho más devastadoras que las de Afganistán e Irak. Es la creciente oposición social y política entre los trabajadores que estas políticas están provocando lo que los defensores de Assange y de los derechos democráticos deben movilizar.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de enero de 2022)