Cientos de miles de educadores y alumnos están de baja por COVID-19 en España a una semana de la vuelta a los colegios tras las vacaciones de Navidad. El gobierno del Partido Socialista (PSOE)-Podemos ha obligado a los niños y a los profesores a asistir a la escuela en persona, a pesar de que se han disparado los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones.

En la última semana, una media de más de 132.000 personas se han infectado con COVID-19 cada día en España, tres veces y media más que las cifras de infección media más altas registradas en cualquier otro momento de la pandemia. Sólo en los últimos siete días, casi un millón de personas han dado positivo. La tasa de incidencia se ha disparado hasta superar el 3% en todo el país.

Sin embargo, estas cifras de casos apenas arañan la superficie, ya que las inadecuadas instalaciones de pruebas de España son incapaces de satisfacer la demanda. En toda España, el 40% de las pruebas de coronavirus están dando un resultado positivo, más de ocho veces por encima de la tasa recomendada por la Organización Mundial de la Salud del 5%, lo que indica que las pruebas son adecuadas para detectar todos los casos. En algunas regiones, la tasa de positividad de las pruebas se sitúa entre el 50% y el 70%.

Casi 19.000 personas están actualmente hospitalizadas con COVID-19, la mayor cantidad desde principios de febrero de 2021. Casi una cuarta parte de las camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI) están ocupadas por pacientes con coronavirus, es decir, 2.251 personas. Estas tasas no se veían desde mayo del año pasado.

La decisión del gobierno del PSOE-Podemos de obligar a los colegios a reabrir mientras la pandemia se extiende por toda España es criminal y reaccionaria. La élite gobernante española ya ni siquiera pretende luchar contra la propagación del contagio y, en cambio, pide abiertamente que el COVID-19 se trate como la gripe y se permita su propagación sin trabas entre la población.

En declaraciones a la Cadena Ser el lunes 10 de enero, el presidente del PSOE, Pedro Sánchez, pidió que se permita que el virus se convierta en endémico. Es un 'debate necesario', afirmó Sánchez. Los científicos han dado al mundo la 'respuesta para protegernos', declaró, y añadió que hay que empezar a 'evaluar la evolución del COVID hacia una enfermedad endémica'.

En la misma entrevista, Sánchez ha confirmado que su Gobierno está trabajando en un nuevo sistema de vigilancia del COVID-19 que tratará los datos del coronavirus del mismo modo que los de la gripe. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, también ha hablado de ello con sus homólogos de toda Europa.

El contagio masivo deliberado de alumnos y profesores, que volvieron a las aulas el 10 de enero, forma parte de la política del gobierno PSOE-Podemos de convertir el virus en endémico. Prácticamente no se ha puesto en marcha ninguna medida ni siquiera para mitigar la transmisión del virus, salvo vagas instrucciones para que los niños y educadores lleven mascarillas y se laven las manos regularmente, y que las aulas estén bien ventiladas. Los alumnos y los profesores ya no deben estar en cuarentena si han estado en contacto con un caso positivo, a menos que al menos cinco miembros de su clase estén infectados.

A pesar de la reducción de los requisitos de cuarentena, al final de la primera semana de regreso a la escuela, el 14 de enero, más de 102.000 alumnos y 19.335 profesores estaban fuera de la escuela, enfermos o aislados. Esto supone el 1,6% y el 3,2% del total de alumnos y educadores, respectivamente.

Sin embargo, estos datos son parciales, ya que dejan fuera tres de las 17 provincias españolas, entre ellas la Comunidad de Madrid, donde se encuentra la capital y la ciudad más poblada de España. Otra región, Castilla-La Mancha, sólo comunicó las estadísticas de absentismo de los profesores, no de los alumnos.

En las 12 regiones en las que se ha notificado continuamente el coronavirus, el número de ausencias de los educadores se ha duplicado desde la última fecha en que se comunicaron las cifras antes de las vacaciones de Navidad, y se ha multiplicado por más de siete desde principios de diciembre.

Según las estimaciones de los sindicatos y de los propios centros educativos, incluso estas cifras están muy subestimadas. Informan de que entre el 6 y el 8 por ciento del personal educativo no ha podido asistir al trabajo debido al COVID-19, mientras que las ausencias de los alumnos se sitúan entre el 10 y el 15 por ciento. Las ausencias del personal han alcanzado el 25 por ciento en algunas zonas, según Toni González, presidente de la Federación de Asociaciones de Directores de Colegios Publicos (FEDADI).

El contagio masivo de alumnos y la interrupción de la educación causada por las ausencias de los profesores desmienten las afirmaciones de que la reapertura de las escuelas para el aprendizaje presencial tenga algo que ver con el bienestar de los niños. En realidad, los niños y los jóvenes han sido reagrupados en las escuelas para que sus padres puedan seguir trabajando en fábricas, oficinas y otros lugares de trabajo inseguros.

Los sindicatos no han hecho nada para oponerse a la política derechista del gobierno, haciendo sólo débiles llamamientos retóricos para que se tomen más medidas sanitarias en las escuelas. No han hecho ningún llamamiento para que se cierren las escuelas hasta que sean seguras.

'Vamos a ver qué pasa', declaró Maribel Loranca, responsable de educación de la Unión General de Trabajadores (UGT), afín al PSOE, 'porque creo que si la situación sigue así, las administraciones educativas y sanitarias van a tener que tomar medidas si quieren garantizar, como vienen diciendo, la educación presencial'.

Mientras tanto, los partidos de pseudoizquierda, como la Corriente Revolucionaria de Trabajadores (CRT) morenista, promueven las ilusiones en los sindicatos, combinando el apoyo a la reapertura de las escuelas con vagos llamamientos a que los sindicatos emitan un 'plan de movilización' para exigir más medidas de seguridad en los centros educativos.

En un artículo de su publicación en línea Izquierda Diario, el 13 de enero, los morenistas hicieron críticas limitadas a la sobrepoblación escolar, afirmando que la principal medida de mitigación del coronavirus que se necesita en las escuelas es la contratación de más maestros para reducir el tamaño de las clases. Después de denunciar retóricamente a los gobiernos regionales por culpar de los altos contagios a los profesores que no siguen las directrices sanitarias, el artículo afirma,

Pero en lugar de aumentar el presupuesto educativo para reducir las ratios [de alumnos por profesor], contratar más personal, disponer de suficiente material de protección y reforzar la oferta sanitaria con más personal y medios, [las autoridades regionales] no dicen nada.

El artículo concluye señalando la huelga de profesores en Francia, y haciendo un llamamiento a los sindicatos en España para que organicen acciones que garanticen la permanencia de los centros educativos con medidas de seguridad. 'Esta es la primera medida que deben tomar los sindicatos de la enseñanza', declara el artículo.

'Muchos de ellos han criticado la falta de medidas de seguridad, pero tienen que pasar de las palabras a los hechos', continúa, 'convocando asambleas en los centros [educativos] y reclamando un plan de movilización, la vuelta a las aulas seguras y otras medidas compensatorias para las familias necesitadas, como permisos retribuidos para cuidar a los niños en cuarentena'.

En otro artículo titulado 'Seis medidas urgentes para una vuelta a las aulas segura', los morenistas continúan con este argumento. Después de detallar una lista de medidas insuficientes para supuestamente hacer que las escuelas sean seguras, incluyendo sus habituales peticiones de más personal y financiación, hacen vagas críticas a los sindicatos por 'ni siquiera dignarse a iniciar una campaña de lucha en el sector educativo.'

Su solución, sin embargo, es pedir a los trabajadores que presionen a las burocracias sindicales para que emprendan dicha lucha. 'Por eso llamamos a los trabajadores del sector de la enseñanza a organizar su respuesta', afirman, 'reuniendo a todo el comité educativo bajo un programa obrero en defensa de la educación pública y por las medidas necesarias para garantizar su calidad y seguridad, obligando a los sindicatos a cumplir su papel: defender a la clase trabajadora'.

Los sindicatos no tienen intención de convocar huelgas, ya sea para cerrar la enseñanza presencial o simplemente para proporcionar más equipos de protección. Los educadores y los trabajadores en general en España y a nivel internacional deben tomar el asunto en sus propias manos, formando comités de base, independientes de los sindicatos y de los partidos del dominio burgués, para implementar una estrategia científica para acabar con la pandemia y salvar vidas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de enero de 2022)