El jueves, el Sozialistische Gleichheitspartei (Partido Socialista por la Igualdad, SGP) impugnó ante un tribunal alemán la decisión del servicio secreto alemán (Verfassungsschutz) de clasificar al SGP como una organización “extremista de izquierda”.

El tribunal emitió una sentencia basada explícitamente en la afirmación de que el llamamiento del SGP “por una sociedad igualitaria, democrática y socialista” viola la Constitución alemana. El tribunal declaró además que la oposición del partido al Estado existente y la crítica al sistema capitalista eran también inconstitucionales y justificaban su designación como organización extremista y su estricta vigilancia. El tribunal denunció como anticonstitucional el análisis de clase marxista de la sociedad, así como la oposición a la propiedad capitalista de los medios de producción.

La trascendental decisión sienta las bases para declarar inconstitucional la venta, distribución y lectura de literatura marxista y socialista. En el documento presentado por la Verfassungsschutz, la policía secreta alemana citó como prueba del “extremismo” del SGP su distribución de literatura marxista, incluidos los escritos de David North, presidente del Consejo Editorial Internacional del World Socialist Web Site.

Christoph Vandreier, vicepresidente del SGP, hizo la siguiente declaración antes de la audiencia. Vandreier advirtió que las clases dirigentes, no solo en Alemania sino en todo el mundo, están recurriendo a medidas dictatoriales ante el ascenso de luchas de la clase obrera y la creciente popularidad del socialismo.

El fallo del tribunal confirmó la advertencia de Vandreier. El tribunal respaldó plenamente el argumento antidemocrático del Ministerio del Interior. Desestimó la demanda del SGP y condenó al partido a pagar los costos judiciales.

El SGP apelará esta decisión y movilizará la oposición al peligro de la extrema derecha y a los ataques al socialismo. Esta importante declaración debe ser leída con atención y difundida ampliamente.

Señor juez, me gustaría explicar brevemente por qué hemos presentado esta denuncia y por qué creemos que es de la máxima importancia. Setenta y seis años después del fin de la dictadura nazi, el Ministerio Federal del Interior intenta declarar anticonstitucionales las ideas socialistas y las posiciones de izquierda.

El Sozialistische Gleichheitspartei (Partido Socialista por la Igualdad), fiel a la tradición del marxismo revolucionario, lucha por ganar a la mayoría de la población a la causa de la transformación socialista de la sociedad. Defendemos los derechos democráticos básicos y abogamos por hacerlos plenamente efectivos mediante la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la democratización de la economía.

Son precisamente los excesos del capitalismo, la enorme desigualdad social, el creciente militarismo y las brutales políticas de “ganancias antes que vidas” en la pandemia lo que está fortaleciendo a las fuerzas autoritarias y de extrema derecha en todo el mundo.

El intento de golpe de Estado de Donald Trump el 6 de enero, los preparativos golpistas de Jair Bolsonaro en Brasil y la conspiración de derecha del ejército español muestran que las clases dominantes en todas partes están recurriendo a métodos autoritarios para imponer estas políticas frente a la creciente oposición.

Este proceso está muy avanzado aquí en Alemania, el país responsable de los mayores crímenes de la historia de la humanidad. La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se ha integrado plenamente en el aparato estatal. Su programa que promueve las deportaciones masivas de refugiados, la infección masiva deliberada de la población y el equipamiento de armas del aparato estatal ha sido puesto en práctica en gran medida por todos los partidos.

Las redes terroristas de extrema derecha están activas en la policía, los servicios de inteligencia y el ejército, almacenando armas, compilando listas de enemigos y trabajando para masacrar a miles de oponentes políticos en el “Día X”. Los atentados terroristas de Halle y Hanau y el asesinato de Walter Lübcke son advertencias muy graves.

En esta situación, la Oficina de Protección de la Constitución (Verfassungsschutz, servicio secreto) actúa contra quienes luchan contra el peligro de la derecha y defienden los derechos democráticos básicos. El Gobierno federal justifica la vigilancia por parte del servicio secreto y la difamación de nuestro partido declarando sumariamente que las posiciones de izquierda y socialistas son anticonstitucionales.

Entre las ideas que van a ser proscritas se encuentran, como se puede ver en el escrito del Ministerio Federal del Interior, “la defensa de una sociedad igualitaria, democrática y socialista”, las referencias positivas a Marx y Engels, la crítica al militarismo y al nacionalismo, y el rechazo a la Unión Europea. Sobre esta base, las librerías podrían ser criminalizadas, junto con los investigadores críticos de las ciencias sociales o los trabajadores en huelga.

Sin embargo, nada de esto viola el orden democrático básico. Por el contrario, los derechos democráticos básicos en este país fueron conquistados casi exclusivamente por las luchas del movimiento obrero revolucionario, que siguió estos principios. Fue la socialdemocracia marxista la que se opuso al sufragio prusiano de tres clases, y solo el levantamiento revolucionario de obreros y soldados en 1918 consiguió finalmente elecciones libres e igualitarias en Alemania.

Cuando todos los partidos burgueses apoyaron el nombramiento de Hitler como canciller del Reich y su habilitación como dictador porque esperaban que aplastara al movimiento obrero organizado, solo el Partido Socialdemócrata (SPD) y el Partido Comunista (KPD) se opusieron. Y fue León Trotsky quien abogó con vehemencia por un frente unido de ambos partidos obreros para detener el fascismo.

Más bien, es el Ministerio Federal del Interior el que atenta contra los derechos democráticos básicos y argumenta totalmente en el espíritu del Estado autoritario, que siempre ha reprimido a los socialistas.

Dicho ministerio reconoce que el SGP defiende sus posiciones exclusivamente por medios legales y democráticos y no llama a la violencia. Justifica la vigilancia de los servicios secretos sobre nuestro partido y su difamación como “extremista de izquierda” exclusivamente en las ideas socialistas que proponemos.

Este tipo de Gesinnungsjustiz (enjuiciamiento por ideas o creencias) ya fue aplicado en el Juicio de Comunistas de Colonia de 1852, en el que los acusados fueron condenados únicamente por sus convicciones políticas y no por delitos realmente cometidos. Los dos líderes obreros socialistas, August Bebel y Wilhelm Liebknecht, también fueron condenados a dos años de prisión en una fortaleza poco después de la fundación del Reich alemán en marzo de 1872 por sus actividades periodísticas contra el militarismo alemán.

Los nazis llevaron al extremo esta tradición legal de Gesinnungsjustiz como parte de su terrorismo de Estado contra los comunistas. Para poder eliminar, encarcelar y matar a todos los opositores políticos, la responsabilidad penal se fue separando cada vez más de las acciones concretas. Ya en la década de 1930, el recién creado Tribunal Popular interpretó el artículo 83 sobre la preparación de la alta traición de tal manera que los comunistas podían ser castigados con la pena de muerte totalmente sobre la base de sus convicciones.

La afirmación del Ministerio Federal del Interior de que un análisis de clase marxista es contrario a la dignidad humana también fue tomado de la tradición de estos regímenes autoritarios. Según esta postura, no son la pobreza infantil, la falta de vivienda o las muertes masivas en la pandemia de coronavirus lo que infringe la “dignidad humana”, sino la oposición a la desigualdad social. Cualquiera que no crea que los antagonismos de clase están disminuyendo bajo el capitalismo es un enemigo de la Constitución, proclaman.

Estos son precisamente los argumentos que Bismarck utilizó para justificar sus leyes antisocialistas, dirigidas contra cualquier organización en la que “las aspiraciones socialdemócratas, socialistas o comunistas dirigidas al derrocamiento del Estado o del orden social existente salgan a la luz de forma que pongan en peligro la paz pública, especialmente la armonía de las clases de la población”.

Esta armonía de clases impuesta por el Estado conformaba también el núcleo de la Volksgemeinschaft (comunidad del pueblo) de los nazis. En el momento de la quema de libros en mayo de 1933, una de las “consignas de fuego” rezaba: “¡Contra la lucha de clases y el materialismo, a favor de la Volksgemeinschaft y la actitud idealista ante la vida! Entrego a las llamas los escritos de Marx y Kautsky”.

El Ministerio Federal del Interior pone de manifiesto la lógica reaccionaria de sus argumentos cuando declara que una revolución socialista “no puede ser una expresión de la voluntad del pueblo, porque a lo sumo, una parte del pueblo hace valer sus ideas, mientras que los derechos constitucionales de la otra parte del pueblo son suprimidos”. Esto sucede “independientemente de que se utilice la violencia en el curso de la revolución socialista”.

Aquí, el derecho a la propiedad privada de los medios de producción por parte de una pequeña élite se declara como un derecho superfundamental al que la mayoría debe someterse. Los dictadores como Hitler, Franco y Pinochet sacaron las últimas conclusiones de esta línea de argumentación: si la mayoría se inclina por las ideas socialistas, incluso los métodos más brutales de represión están justificados para defender el capitalismo.

Lo cerca que está el Ministerio Federal del Interior de estas concepciones se revela también en el reproche a nuestro partido de que apoyamos el programa fundacional de la Cuarta Internacional de 1938, que llama a armar al proletariado en la lucha contra el fascismo.

Perdónenme, pero el levantamiento armado de la clase obrera habría sido, en efecto, la única forma de impedir los mayores crímenes de la historia de la humanidad, la guerra de exterminio alemana en el este y el Holocausto.

Nadie lo vio tan claramente como León Trotsky. Como ningún otro, advirtió de las consecuencias de la toma del poder por los nazis. Previó la destrucción de las organizaciones obreras, así como la Segunda Guerra Mundial e incluso el exterminio físico de los judíos europeos. En numerosos artículos y escritos, Trotsky abogó por un frente único del Partido Socialdemócrata y del Partido Comunista para detener el fascismo.

Por ello, los trotskistas fueron brutalmente perseguidos por la Gestapo. En 1937, un tribunal de Danzig condenó a diez trotskistas a largas penas de prisión. Entre las víctimas trotskistas de los nazis se encuentra Abraham Léon, autor de un estudio marxista Sobre la cuestión judía, que realizó un trabajo socialista ilegal en la Bélgica y Francia ocupadas y fue asesinado en las cámaras de gas de Auschwitz. El hecho de que el movimiento trotskista vuelva a ser perseguido subraya el peligroso giro a la derecha de la política oficial.

Por último, lo que resulta especialmente deshonesto es el intento del Ministerio del Interior de revivir la sentencia de prohibición del KPD y utilizarla contra el SGP. Esto es así no solo porque la sentencia original fue impulsada por las antiguas élites nazis y se produjo de forma inconstitucional, sino también porque se dirigió contra el KPD estalinista. El Ministerio Federal del Interior incluso equipara explícitamente el estalinismo y el trotskismo cuando describe el trotskismo como una modificación del “marxismo-leninismo”, es decir, del estalinismo.

En realidad, Trotsky y la Oposición de Izquierda defendieron los principios marxistas encarnados en la Revolución de Octubre contra la contrarrevolución estalinista. Desde el principio, estos principios incluían la democracia en la Unión Soviética y una orientación hacia la revolución socialista internacional.

El abismo insalvable entre la tiranía estalinista y los auténticos principios socialistas se puso de manifiesto en las Grandes Purgas de los años 30, durante las cuales cientos de miles de comunistas fueron asesinados bajo la acusación de trotskismo. En la República Democrática Alemana (Alemania Oriental), los trotskistas como Oskar Hippe, que lucharon contra los estalinistas por la democracia y el socialismo, fueron condenados a largas penas de prisión.

Ahora, el Gobierno federal declara que los trotskistas, las primeras víctimas a manos de la represión estalinista, son responsables de ella misma y de sus justificaciones pseudomarxistas. ¡El Ministerio del Interior basa gran parte de sus argumentos en la caricatura estalinista del marxismo y piensa seriamente que puede utilizarla para argumentar contra la auténtica voz del marxismo!

El escrito del Ministerio Federal del Interior es una expresión de los mismos sentimientos de derecha radical que el exjefe de la Oficina Federal de Protección de la Constitución, Hans Georg Maassen, propugna a diario. Maassen es el responsable de la inclusión del SGP en el informe del Verfassungsschutz de 2017 que es objeto del litigio. En noviembre de 2018, Maassen se vio obligado a retirarse tras negar que hubiera habido disturbios de la derecha radical en Chemnitz y después de despotricar sobre “las fuerzas de la izquierda radical dentro del SPD”. Desde entonces, apenas pasa un día sin que salgan nuevas peroratas radicales de derecha del exjefe de la agencia de inteligencia.

La propia Verfassungsschutz está estrechamente vinculada a las redes terroristas de extrema derecha, a las que financia y controla en parte a través de informantes. Mientras que los líderes de estas redes están en su mayoría en libertad y sus estructuras intactas, el servicio secreto está actuando contra los grupos de izquierda y socialistas.

Señor juez, alto tribunal, si ustedes fallan a favor de esta agencia y a favor de este argumento antidemocrático, tendrá consecuencias de gran alcance. Setenta y seis años después del fin del régimen nazi, las ideas socialistas volverían a ser declaradas inconstitucionales. Sentaría las bases para la vigilancia por parte de los servicios de inteligencia y la ilegalización de las librerías que venden literatura marxista, de los investigadores críticos y de los trabajadores en huelga. Sería un paso hacia un Estado policial.

Esta es también la razón por la que una petición que publicamos en defensa del SGP en la conocida plataforma Change.org ha recibido 5.240 firmas de países de habla alemana en poco tiempo, además de cientos de firmas de otros países.

“El SGP es el único partido que nos ha apoyado a nosotros, los trabajadores aeroportuarios, en nuestra lucha contra el grupo WISAG”, declaró Cemaleddin Benli, un trabajador de tierra del aeropuerto que fue despedido por WISAG y organizó meses de protestas junto con sus compañeros. “Un ataque al SGP es un ataque a todos los trabajadores que luchan contra la explotación, los despidos, el robo de salarios y la pandemia de coronavirus”.

Claudia, miembro de los Comités de Acción por una Educación Segura, escribió: “Es absolutamente impensable que un partido que se compromete con la seguridad y la protección de nuestros niños contra un contagio sea controlado por la Oficina de Protección de la Constitución. El SGP es el único partido que se ha puesto al lado de los padres, los niños y los profesores y ha luchado con las #familiasdelasombra para que no se pierdan en la pandemia!”.

Les presentamos las 5.457 firmas y los innumerables comentarios de trabajadores, jóvenes e intelectuales que le dan la mayor importancia a este caso y protestan de la manera más enérgica contra la argumentación antidemocrática del Ministerio Federal del Interior.

(Publicado originalmente en inglés el 18 de noviembre de 2021)