El Gobierno del Partido Socialista (PSOE)-Podemos ha indultado a nueve nacionalistas catalanes que cumplían condenas de una década de cárcel por su papel en el referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017. Los decretos eliminan el resto de las penas de prisión, que se basaban en condenas fraudulentas por cargos de sedición y malversación de fondos públicos. Sin embargo, mantienen la inhabilitación de los presos para ejercer cargos públicos durante una década.

Ayer fueron puestos en libertad.

Los indultos del PSOE-Podemos no suponen un reconocimiento de que los nacionalistas catalanes fueron encarcelados debido a una campaña de extrema derecha que utilizó cargos inventados y un juicio amañado. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro que defiende las sentencias reaccionarias del Tribunal Supremo y se niega a detener el procesamiento de 3.000 activistas catalanistas. Se trata más bien de una decisión pragmática dictada por la necesidad de colmar rápidamente a las empresas y los bancos españoles con miles de millones de fondos de rescate de la Unión Europea (UE), al tiempo que se intenta aplacar la creciente ira de la clase trabajadora por la pandemia y las medidas de austeridad de la UE.

Los indultos han recibido la plena bendición de poderosos sectores de la burguesía española y europea. Llegan después del discurso de Sánchez del pasado viernes titulado "Reencuentro: Un proyecto de futuro, para toda España" en el Gran Teatre del Liceu. Ante empresarios catalanes, Sánchez anunció los indultos y los calificó como "un rotundo mensaje de la voluntad de convivencia".

Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que representa a la gran empresa española, dijo a RTVE que "si llevan a normalizar las cosas, bienvenidos sean". Dos días después, dijo en otra entrevista: "Me gustaría que las empresas vuelvan a Cataluña, y se necesita". Se calcula que 7.500 empresas han abandonado Cataluña desde el referéndum independentista de 2017.

Javier Faus, presidente del Círculo de Economía, la asociación de grandes empresas de Cataluña, fundada durante la década de 1950 por empresarios catalanes pro-franquistas, dijo: "Consideramos que la estabilidad política tiene un valor económico en sí misma. Política y economía no están desligadas… Necesitamos tranquilidad, sosiego y ponernos a trabajar en las cosas."

Incluso la Iglesia católica, bastión del régimen fascista franquista de 1936-1978 y todavía uno de los mayores terratenientes de España, publicó un comunicado defendiendo los indultos. Decía que "hay que proponer el diálogo siempre como vía efectiva que da respuesta a la esperanza de resolver las divisiones".

Los mayores sindicatos de España, los estalinistas Comisiones Obreras (CCOO) y la socialdemócrata Unión General del Trabajo (UGT), que están negociando los recortes salariales y los despidos, y asesorando al gobierno en materia de austeridad, publicaron una declaración conjunta en la que saludaban los indultos como una "condición necesaria —aunque con toda seguridad no condición suficiente— para superar episodios pasados".

Fuera de España, las principales facciones de la burguesía europea apoyaron los indultos. El Consejo de Europa, organismo de derechos humanos con sede en Estrasburgo, sede del parlamento de la UE, aprobó una resolución defendiendo los indultos. También exigió la retirada de las solicitudes de extradición españolas para los nacionalistas catalanes exiliados que se enfrentan a cargos en España.

El Financial Times de Londres publicó un editorial, "Los indultos catalanes ofrecen una posibilidad de reconciliación", calificando los indultos de "un intento encomiable de abrir un camino a la reconciliación y a la coexistencia dentro de Cataluña".

Los trabajadores y los jóvenes deben estar advertidos. El WSWS siempre se ha opuesto al encarcelamiento de los nacionalistas catalanes y ha pedido su liberación, pero las grandes empresas españolas, la Iglesia católica y la burguesía europea no están tratando de defender la democracia. De hecho, hace apenas tres meses, el PSOE se afanaba en solicitar la extradición de los legisladores nacionalistas catalanes acusados de sedición que se sientan en el Parlamento Europeo. La pregunta que plantean los indultos es: ¿qué ha cambiado?

Los indultos forman parte de las negociaciones a puerta cerrada entre las facciones de la clase dirigente en Madrid, encabezadas por el Gobierno del PSOE-Podemos, y en Barcelona, lideradas por los nacionalistas catalanes, sobre el desembolso de miles de millones de euros de los fondos de rescate de la UE.

En los próximos años, España deberá recibir €140.000 millones del fondo de recuperación de la UE, que asciende a €750.000 millones. Los mecanismos de rescate fueron aprobados por los 27 países de la UE el mes pasado. En España se aprobaron a principios de año, en enero, gracias al apoyo parlamentario del partido fascista Vox. Sánchez ha saludado los rescates de la UE como los "más ambiciosos y trascendentales de la historia reciente de España".

Destacados sectores de la burguesía europea y española pretenden rebajar la campaña nacionalista y anticatalana que lanzó Madrid tras el referéndum independentista de 2017, para conseguir un acuerdo sobre el desembolso y el gasto de estos fondos. Las regiones españolas tendrán un papel destacado. Deben gestionar alrededor del 54% del rescate asignado por Madrid para 2021, unos €18.700 millones. Cataluña será la segunda región más beneficiada de la lista.

Los rescates fueron una parte importante de la llamada telefónica entre Sánchez y el presidente regional catalán Pere Aragonès a principios de este mes. Se reunirán el próximo martes; el rescate volverá a estar en la agenda.

La burguesía catalana espera ser una de las principales beneficiarias. El gobierno catalán ya ha seleccionado 27 proyectos para el fondo, valorados en €41.000 millones de euros. Grandes transnacionales, como ICL, Celsa, Aigües de Barcelona, Telefónica o Cellnez, se verán beneficiadas. El mayor presupuesto se destina a un proyecto de "recuperación del carbono", en el que participan grandes empresas como Suez, La Farga, Nedgia Naturgy, Holaluz, Factor Energia y Serradora Boix.

Sin embargo, el rescate está sellado con sangre, en medio de la catastrófica pérdida de vidas por la pandemia. Alegando que no había dinero para aplicar una política científica de lucha contra el virus, incluso para poner fin a los trabajos no esenciales y subvencionar a las pequeñas empresas, la UE canalizó en cambio €750.000 millones a los superricos. También hubo un plan de "flexibilización cuantitativa" del Banco Central Europeo de €1,25 billones y un presupuesto de la UE de siete años de duración de €1 billón.

Hasta ahora, ha costado la vida a más de 1,1 millones de personas en toda Europa. Ahora, mientras se esperan muertes masivas por la propagación de la variante Delta, las clases dominantes exigen que nada impida su orgía de enriquecimiento personal.

El acuerdo también implica que los nacionalistas catalanes apoyen al Gobierno en minoría del PSOE-Podemos para aplicar draconianos recortes sociales dictados por la UE. Estos incluyen una nueva reforma laboral y medidas de "flexibilización" de la mano de obra, aumento de la edad de jubilación, recorte de pensiones y aumento de impuestos.

Las promesas de unidad, concordia y convivencia hechas por los políticos y empresarios españoles y catalanes, resultarán totalmente vacías, y más pronto que tarde. La unión de las facciones gobernantes de España no producirá la estabilidad económica que predicen. Por el contrario, irá acompañada de crecientes ataques a la clase trabajadora en medio de un recrudecimiento internacional de la lucha de clases.

En los últimos meses se han producido una serie de importantes huelgas de trabajadores en todo Estados Unidos, incluida la huelga de Volvo. También se han llevado a cabo importantes luchas por parte de los educadores, los trabajadores de la salud y los trabajadores de Amazon en todo Estados Unidos y Europa. En España, no ha pasado una semana sin una huelga importante desde principios de 2021. Esto incluye a los trabajadores de los autobuses, el metro y el tranvía; a los trabajadores de la sanidad que se oponen a los despidos y recortes; a los trabajadores de Airbus que luchan contra el cierre de plantas; a los trabajadores de la banca que se oponen a 18.000 despidos en el sector bancario.

El acuerdo de los indultos reivindica el análisis realizado por el WSWS sobre el carácter reaccionario tanto del nacionalismo catalán, que se promovió como alternativa al "Madrid autoritario y antidemocrático", como de las fuerzas de pseudoizquierda como Podemos. Mientras que los nacionalistas catalanes son avalados por la CEOE y la Iglesia católica, Podemos supervisa las políticas reaccionarias en el gobierno.

El acuerdo de indulto muestra que la lucha contra el giro de las clases dominantes hacia la dictadura, la austeridad y el fascismo requiere una ruptura con el PSOE, la "izquierda populista" de Podemos y los nacionalistas catalanes proausteridad, y una lucha por construir un movimiento socialista en la clase obrera internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de junio de 2021)