A principios de diciembre, mientras COVID-19 asolaba España, Fernando Simón, un alto funcionario de salud del gobierno del Partido Socialista (PSOE)-Podemos, escribió a la revista médica The L ancet defendiendo el manejo políticamente criminal de la pandemia por parte de su gobierno.

Entre los firmantes se encontraban Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), su diputada María José Sierra Moros, y otros 11 firmantes del CCAES.

En la carta se lamenta que "un inicio más temprano de la segunda oleada epidémica de COVID-19 en España, en comparación con otros países europeos, ha suscitado críticas abiertas a la respuesta de las administraciones sanitarias públicas". Busca disipar estas críticas, refiriéndose a la mayor "capacidad de respuesta" que España supuestamente desarrolló después de la primera ola de la pandemia.

La apología de Simón se produjo cuando los casos de coronavirus volvieron a aumentar, después de un mes en el que las tasas de pruebas positivas habían disminuido. Después de alcanzar un pico de aproximadamente 25.000 infecciones diarias a principios de noviembre, los casos positivos cayeron a alrededor de 7.000 por día a principios de diciembre, antes de volver a subir bruscamente en las últimas dos semanas, ya que las restricciones limitadas se abandonaron en gran medida en el período previo a la Navidad.

España es ahora el noveno país más afectado del mundo por las cifras de infección oficialmente registradas, y el décimo por el total de muertes, con 1,8 millones de casos positivos y 48.926 muertes. En todo el mundo, España ocupa el octavo lugar en cuanto a muertes per cápita, con 104,71 muertes por cada 100.000 personas, según la Universidad John Hopkins, es decir, aproximadamente una muerte por cada mil habitantes de España.

Alarmada por la creciente radicalización política producida por la pandemia, la carta de Simón es un intento abyecto de encubrir la responsabilidad del gobierno en las decenas de miles de muertes. La carta afirma deshonestamente que "España incrementó enormemente su capacidad de respuesta tras la primera oleada de este virus".

"Todas las estrategias y protocolos se integraron en un plan de respuesta temprana actualizado", continúa, "... incluyendo disposiciones para aumentar la vigilancia epidemiológica, los procedimientos de prueba-rastreo-aislamiento, las reservas estratégicas y la capacidad de atención sanitaria, entre otros, que se adoptó en julio".

La referencia autocomplaciente de Simón a las medidas introducidas tras la primera oleada de la pandemia evita el contagio que asoló a España en los primeros meses de 2020 y la consiguiente y terrible pérdida de vidas. Los hospitales se vieron desbordados por la embestida del virus, ya que los ancianos fueron abandonados a su suerte en las casas de acogida y los depósitos de cadáveres se desbordaron con las víctimas del COVID-19.

Según las propias cifras del gobierno, aproximadamente 29.000 personas murieron a causa del virus sólo en los primeros cinco meses de 2020. Estas cifras sólo incluyen a aquellos que murieron después de dar positivo en las pruebas del virus. Con las pruebas sistemáticas de coronavirus en gran parte no disponibles al comienzo de la pandemia, son una subestimación significativa y deliberada de la verdadera escala de la catástrofe.

De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), 45.684 personas murieron por sospecha o confirmación de COVID-19 sólo en la primera ola de la pandemia, la mayoría entre marzo y mayo de este año.

Los datos del INE también revelaron que se produjeron otras 4.218 muertes durante este período en el que el coronavirus no fue la causa principal, pero sin embargo contribuyó a la muerte como una comorbilidad. Entre ellos se incluyen personas que habían sufrido condiciones como el cáncer y que finalmente murieron por complicaciones relacionadas con el coronavirus.

En conjunto, estas cifras indican que alrededor de 50.000 muertes pueden estar relacionadas con COVID-19 sólo en los primeros cinco meses de 2020. Esto hace que el virus sea la principal causa de muerte en España en este período. Los datos del INE muestran que mató a tantas personas en España como todos los tipos de cáncer combinados, causó el doble de muertes que las enfermedades respiratorias y aproximadamente siete veces el número de muertes que las causadas por eventos externos como asesinatos, accidentes de tráfico, suicidios y muertes accidentales.

En cuanto a la sugerencia de que la respuesta de España desde la primera oleada ha sido ejemplar, este año el país sufrió el otoño más mortífero en más de cuatro décadas. En los meses de septiembre, octubre y noviembre, España registró más de 110.000 muertes por cualquier causa, la mayor cantidad de muertes en este período desde que se iniciaron registros consistentes en 1975, con el fin del régimen de Franco. España nunca ha registrado más de 100.000 muertes en este período en los 45 años desde la transición a la democracia.

De hecho, según las cifras del Sistema Estatal de Vigilancia de la Mortalidad, de los 30 días con mayor mortalidad total desde 1975, 28 de ellos han sido durante la pandemia de coronavirus. Las cifras del INE también muestran que a lo largo del año se han producido más de 75.000 "muertes en exceso" en España, en comparación con la media anual de muertes registradas en el período 2016-19.

Esto es el producto directo de la negativa del gobierno a promulgar ninguna medida seria para contener la segunda ola de la pandemia. A principios de noviembre, en una conferencia de prensa para el Ministerio de Sanidad, Simón dejó clara esta política criminal: "Ahora mismo lo que tenemos en España no es confinamiento [en casa] y probablemente no llegue a ser necesario".

Continuó: "Si se hace un confinamiento real, completo y todas las personas no salen de su domicilio absolutamente para nada, con alrededor de 15 días tendríamos esto controlado, podría ser un mes. Pero eso es imposible. Hay gente que tiene que ir a trabajar, a comprar, que tiene necesidad de salir... El confinamiento total es imposible".

La carta de diciembre de Simón también elogiaba la "[i]nformación amplia y transparente para el seguimiento diario de la epidemia" puesta a disposición por el gobierno español, que se basa "en la exhaustiva información de casos individuales recibida diariamente a nivel nacional".

Como las reportadas por sus homólogos en toda Europa, las cifras del gobierno español han estado lejos de ser "exhaustivas" y "transparentes". De hecho, las estadísticas oficiales subestiman el total de muertes por un margen de decenas de miles. El gobierno informa de un total de 29.000 muertos en la primera oleada de la pandemia, frente a los aproximadamente 50.000 muertos estimados por el INE. Mientras que el INE estima un exceso de muertes en más de 75.000 en 2020, el gobierno del PSOE-Podemos reconoció un total de muertes de COVID-19 de aproximadamente 50.000.

Los gobiernos regionales también ocultaron la magnitud de la catástrofe. En octubre se informó de que el gobierno regional de Madrid estaba manipulando las cifras diarias. Omitió miles de casos en su recuento diario, antes de modificar retroactivamente las cifras de infección hasta quince días después, sin notificar al público.

Asimismo, en octubre, profesionales de los centros de investigación catalanes y del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica de Alemania, escribieron a The L ancet criticando al gobierno español por no proporcionar datos detallados sobre la pandemia, desglosados por edad, sexo y área. "En España", decía la carta, "los datos de COVID-19 que se publican actualmente a nivel nacional y regional son insuficientes para comprender la dinámica de COVID-19 y para tomar medidas".

Más tarde en su carta de diciembre, Simón admite: "Sin embargo, persisten las debilidades en el sistema, con una crónica falta de inversión en atención primaria de salud, salud pública, digitalización, investigación e innovación, procedimientos burocráticos, y con poca disponibilidad de profesionales capacitados". Simón evita mencionar que estas "debilidades" son el resultado de las políticas de austeridad llevadas a cabo durante décadas por los gobiernos de todo el espectro político, dejando a España lamentablemente mal preparada para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

Concluyendo su carta, Simón intenta trasladar la culpa del enorme número de muertes en España a la clase obrera, afirmando que el fracaso del gobierno para frenar la pandemia se debe en realidad a la "fatiga pandémica" de la población.

"La politización y el desafortunado clima de confrontación que impregna los diferentes sectores", escribe, "dificulta la comunicación efectiva de la crisis y es probable que perjudique los esfuerzos de respuesta". Es decir, no se tolerará la ira generalizada y legítima de la clase obrera ante una política asesina de "inmunidad colectiva". Sobre esta base, a principios de este año, el gobierno del PSOE-Podemos envió a la policía antidisturbios para atacar a los trabajadores del acero en huelga por el derecho a la vivienda.

La carta a la revista La La ncet es un intento de dejar al gobierno del PSOE-Podemos en la estacada por una política criminal que ha seguido.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de diciembre de 2020)