Policías antidisturbios fuertemente armados atacaron un campamento de tiendas de campaña en la Plaza de la República de París el lunes por la noche y llevaron a cabo un ataque fascista que conmocionó a millones de trabajadores y jóvenes en todo el mundo.

La policía golpeó salvajemente a refugiados indefensos en sus tiendas y los persiguió por las calles de París, disparándoles gases lacrimógenos. Cuando aparecieron funcionarios electos para hablar con los refugiados que habían huido al ayuntamiento, fueron arrinconados por un cordón policial. Además, incluso cuando el Gobierno acaba de adoptar una ley autoritaria de "seguridad global" que incluye la prohibición de filmar a la policía en público, bajo pena de un año de prisión y una multa de 45.000 euros, la policía agredió a los periodistas que cubrían su operación, y fueron filmados arrojando al suelo y vapuleando al periodista Rémy Buisine.

A medida que aumentaba la ira pública y estallaban las protestas en la Plaza de la República, varios periódicos y políticos redescubrieron repentinamente sus objeciones a la brutalidad policial. El New York Times criticó la "deriva hacia la represión" en Francia. La alcaldesa del Partido Socialista (PS) de París, Anne Hidalgo, escribió al Ministerio del Interior acerca del "uso de una fuerza desproporcionada y brutal", antes de añadir: "Lamentablemente, este episodio inaceptable no carece de precedentes".

El partido Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon criticó la violencia contra "las personas que solo reclaman sus derechos humanos".

El Gobierno del presidente Emmanuel Macron se sintió ahora obligado a criticar su propia operación, incluso tratando de sacar provecho de la crisis. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha prometido una investigación, alegando que está "conmocionado", y el primer ministro Jean Castex ha prometido someter la prohibición de filmar a la policía a una impugnación ante el Consejo Constitucional una vez que se apruebe la ley de "seguridad global".

Estas son falsas promesas que tienen como objetivo adormecer a los trabajadores y a los jóvenes. El brutal ataque estatal contra los refugiados no es un caso aislado en que "la policía actuó demasiado agresiva" debido a unos pocos malos policías alentados por una ley mal redactada. En medio de un colapso económico mundial impulsado por la pandemia de COVID-19, está surgiendo un conflicto irreprimible a nivel internacional entre la clase obrera y la aristocracia financiera, cuyos sectores poderosos apoyan la construcción de Estados policiales fascistas. Las alternativas de la revolución socialista o la barbarie capitalista se plantean con crudeza.

Incluso si la prohibición a grabar a la policía fuere revocada, esto no detendría la evolución ultraderechista de la Administración de Macron. También está aprobando leyes para que las ocupaciones estudiantiles de las universidades sean castigadas con tres años de prisión y una multa de 45.000 euros, y reviviendo el drástico recorte de las pensiones que prometió abandonar durante la pandemia. Su ley de "seguridad global" desplegaría drones contra las protestas y establecería una coordinación conjunta de emergencia de las operaciones de la policía nacional, municipal y paramilitar y de los organismos de seguridad privada.

Con 450.000 hombres armados que se desplegarán contra la población, escribió Le Monde, Francia tiene un policía "por cada 150 habitantes (comparado a 1 por 280 en 2018)", lo que la convierte en "líder de la seguridad de la Unión Europea".

Dada la masiva expansión del Estado policial, las observaciones del exjefe del Estado Mayor y general retirado neofascista Pierre de Villiers, a la revista de extrema derecha Current Values merecen ser examinadas.

El año pasado, después de que el Gobierno de Macron autorizara al ejército a abrir fuego contra los "chalecos amarillos" que protestaban contra la desigualdad social, de Villiers pidió más "firmeza" contra los trabajadores. Incluso después de que la policía antidisturbios arrestara a más de 10.000 personas y herido a 4.400 en las protestas, exigió una mayor represión de las huelgas ferroviarias y educativas: "Ha aparecido un abismo entre los que dirigen y los que obedecen. Este abismo es profundo. Los 'chalecos amarillos' ya eran una primera señal de esto... Debemos restablecer el orden; las cosas no pueden continuar así".

La semana pasada, de Villiers dijo a Current Values que la crisis es tan profunda que es inevitable que se produzcan "transformaciones profundas... Hoy en día no solo existe la crisis de seguridad sino la pandemia, todo ello en medio de una crisis económica, social y política y nuestros líderes ya no disfrutan de una confianza más amplia".

Dado que "estos resentimientos reprimidos pueden explotar todos al mismo tiempo... no solo en Francia sino en el mundo entero", dijo de Villiers, "debemos pensar lo impensable".

Cuando le preguntaron qué significaba esto, de Villiers casi abiertamente apoyó una dictadura neofascista: "El imperio de la ley es obviamente algo bueno, pero a veces también hay que pensar estratégicamente".

La pandemia de COVID-19 es un evento desencadenante en la historia mundial. Ya antes de la pandemia, la élite gobernante ya se había visto profundamente estremecida por un estallido internacional de lucha de clases contra niveles insostenibles de desigualdad social. Ahora, a medida que aumentan las muertes y colapsa la economía, la miseria social está aumentando a un ritmo que no se veía desde la Gran Depresión y la era fascista de los años treinta, cuando la aristocracia financiera aplicó una política fascista y basada en consideraciones de clase para defender sus privilegios contra la clase trabajadora, y que recurrió a un conflicto militar contra sus rivales durante una década que terminó en una guerra mundial.

Mientras incautan trillones de euros y dólares de fondos públicos para rescates bancarios, las elites gobernantes del mundo están ordenándoles a los trabajadores y a los jóvenes a que vuelvan al trabajo y a las aulas en medio de la pandemia. Después de los €2 billones de rescates de la UE, los más ricos de Francia ya recuperaron sus pérdidas del colapso inicial durante la pandemia: el patrimonio de Bernard Arnault y su familia ha vuelto a los $142 mil millones, el de Françoise Bettencourt a los $72 mil millones y el de François Pinault a los $46 mil millones, según Forbes .

Sin embargo, se les dice a los trabajadores que no hay dinero para la atención médica, puestos de trabajo, ni para financiar un cierre más prolongado que detenga la propagación del virus, dando pleno apoyo a los trabajadores y los pequeños empresarios. Los sindicatos de Francia, Alemania y otros lugares de Europa, apoyaron públicamente los rescates de la UE y, más allá, respaldaron la campaña de regreso a las escuelas. Como resultado, se produjeron las asombrosas cifras de 265.891 muertes por COVID-19 en los Estados Unidos y 365.639 en Europa, cantidades que aumentarán de forma explosiva en los próximos meses de invierno.

Tales niveles de desigualdad son incompatibles con las formas democráticas de gobierno, que se están desintegrando. Tras intentar desplegar ilegalmente el ejército contra las protestas nacionales por el asesinato policial de George Floyd, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha negado a reconocer su derrota en las elecciones de 2020, ha reorganizado de manera ominosa la dirección del Pentágono y ha apoyado a las milicias de extrema derecha que intentaron asesinar a altos funcionarios, incluida la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. El Partido Demócrata ha evitado conscientemente alertar al público al respecto, y mucho menos hacer cualquier intento de movilizar la oposición popular a la amenaza de un golpe de Estado.

En Francia y en toda Europa se están construyendo Estados policiales de extrema derecha. Por su parte, los partidos pseudoizquierdistas como el LFI de Mélenchon no son una alternativa a la política fascistizante de Villiers, que Macron está implementando con el apoyo de la UE. Macron ha liderado el giro a la extrema derecha, aclamando al dictador y colaborador nazi Philippe Pétain como un "gran soldado", cuando ordenaba a la policía antidisturbios atacar a los "chalecos amarillos". La propia facción parlamentaria de Mélenchon apoyó el estado de emergencia del PS en 2015-2017, durante el cual se preparó la maquinaria policial y se desplegó por primera vez contra las protestas sociales contra la draconiana ley laboral del PS.

Estos acontecimientos confirman el análisis del Parti de l'égalité socialiste (PES, Partido Socialista por la Igualdad), la sección francesa del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI), en las elecciones presidenciales de 2017. Llamó a un boicot activo y a una movilización de la clase obrera contra una segunda vuelta entre Macron y la candidata neofascista Marine Le Pen.

El PES advirtió que el Gobierno de Macron no era una alternativa genuina al régimen de extrema derecha que presidiría una presidenta neofascista como Le Pen. Se opuso al papel reaccionario de grupos pseudoizquierdistas como LFI, que se negaron a advertir contra la propia agenda política fascistizante de Macron. Esto ha demostrado ser correcto.

El camino a seguir contra la pandemia y la amenaza de la dictadura es la movilización de la clase obrera internacionalmente bajo un programa socialista. La lucha por una huelga general internacional dirigida por comités de seguridad independientes en escuelas y lugares de trabajo para detener la campaña de regreso al trabajo y los contagios también implica una lucha contra la extrema derecha y la violencia policial. Las élites gobernantes que se han vuelto culpables de crímenes y complots reaccionarios contra la población deben ser expropiadas por la clase obrera, confiscando su propiedad y utilizándola para satisfacer las necesidades sociales.

(Publicado originalmente en inglés el 27 de noviembre de 2020)