El presidente Donald Trump se está rehusando a aceptar su derrota electoral y está persiguiendo activamente un golpe de Estado para revocar los resultados de las elecciones de 2020 y establecer una dictadura personalista.

La situación no podría ser más clara: Trump está haciendo lo que dijo que haría antes de las elecciones. Está negando la legitimidad de una elección que Biden ganó de manera decisiva, buscando crear un cuento falso de que la elección fue “robada” y conspirando para desechar los votos de millones.

El Partido Republicano, que está asumiendo cada vez más un carácter de una organización fascistizante y criminal, se sumó a la conspiración. Los dirigentes republicanos a nivel federal y estatal han respaldado las mentiras de Trump y se han rehusado a reconocer la victoria de Biden. En un discurso en el Senado, el líder de la mayoría Mitch McConnell declaró que “está 100 por cierto en su derecho considerar acusaciones sobre irregularidades y sopesar sus opciones legales”.

En Georgia, los senadores republicanos han llamado al titular electoral estatal, un republicano, a renunciar por “fallos” en el conteo de votos en dicho estado. El senador republicano Lindsey Graham, presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, ha urgido a Trump a no conceder, declarando que, si los republicanos no desafían el resultado electoral, “no será elegido ningún otro presidente republicano”.

La postura del Gobierno fue resumida brevemente el martes por su matón secretario de Estado, Mike Pompeo, quien declaró abiertamente que Trump permanecerá en el poder por otro término. Cuando le preguntaron en una rueda de prensa en el Departamento de Estado si podría dar garantías de una “transición fluida” hacia un Gobierno de Biden, Pompeo respondió que habrá una “transición fluida hacia un segunda Administración de Trump”.

El Gobierno de Trump también ordenó a los altos funcionarios de varias agencias que no cooperaran con el equipo de transición de Biden. El lunes, la directora nombrada por Trump a la Administración de Servicios Generales (GSA), que gestiona la logística e infraestructura del Gobierno federal, dijo que no procedería como dispone la ley a prestar la asistencia necesaria para garantizar un traspaso de poder.

El mismo día, el fiscal general William Barr envió una circular a todos a todos los fiscales federales autorizándolos a iniciar investigaciones sobre fraude electoral “si pudiera impactar el resultado de una elección federal”, efectivamente alineando el Departamento de Justicia detrás de las acusaciones falsas de Trump de que le robaron la elección.

Trump y sus aliados republicanos en el Congreso y los Gobiernos estatales están avanzando una estrategia definida para revocar la elección. Están buscando socavar la legitimidad de los comicios con mentiras sobre manipulación de votos, que podrían ser utilizadas como pretexto para que las asambleas legislativas controladas por los republicanos en estados como Michigan, Wisconsin y Pennsylvania repudien el voto popular y elijan a electores pro-Trump.

En CNN el martes por la mañana, Larry Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia, dejó en claro que este peligro es muy real, indicando, “Las asambleas legislativas hacen lo que quieren”.

Esto estará acompañado por desafíos legales contra el resultado en Pennsylvania y otros estados. Una supresión tan descarada del voto sin duda terminaría en la Corte Suprema, una tercera parte de la cual fue nombrada por el presidente en turno. Los conspiradores de Trump se apoyarán en a decisión de 200 en el caso Bush v. Gore, cuando el juez de la Corte Suprema, Antonin Scalia, argumentó que la Constitución no le concede al pueblo estadounidense el derecho a elegir al presidente ni incluso a los electores presidenciales.

Las maniobras pseudolegales de Trump cuentan con el respaldo de la incitación de violencia por parte de fuerzas ultraderechistas y fascistizantes, apoyadas por sectores de la policía y el aparato estatal. Hay manifestaciones planeadas este fin de semana en Washington DC para movilizar a los simpatizantes de Trump bajo la consigna “Detengan el robo”.

El lunes, Trump despidió al secretario de Defensa, Mark Esper, quien había criticado previamente los planes de Trump de desplegar tropas contra manifestantes pacíficos. El nuevo jefe “en funciones” del Pentágono será Christopher Miller, un operador por 30 años de las Fuerzas Especiales y un coronel jubilado. Trump ha intentado generar apoyo entre los 70.000 efectivos de las Fuerzas Especiales, incluso a través de indultos por crímenes de guerra, a fin de transformar esta fuerza cuasi independiente en su propio ejército personal. La principal calificación de Miller es su apoyo al presidente y su deseo de desplegar a los militares contra manifestantes pacíficos.

A diferencia de la forma implacable en la que está procediendo Trump, el Partido Demócrata está actuando con su usual combinación de cobardía y fata de seriedad. El martes, Biden restó importancia a las acciones de Trump llamándolas una “vergüenza”. Biden añadió: “El hecho de que no estén dispuestos a reconocer que ganamos a este punto no tiene muchas consecuencias para nuestros planes”.

En otras palabras, para Biden y los demócratas, el hecho de que Trump y los republicanos están activamente involucrados en una conspiración para rechazar los resultados de la elección no tiene ninguna importancia. Adicionó que quisiera hablar con McConnell pronto, incluso para discutir nombramientos al gabinete de una futura Administración de Biden.

La rueda de prensa de Biden siguió a su discurso de victoria el sábado por la noche, en el que llamó a la “unidad” con los republicanos y no mencionó el hecho de que Trump se ha rehusado a aceptar los resultados de la elección.

Los demócratas están tratando las acciones de Trump como si fueran un mero berrinche personal y no una amenaza mortalmente seria para derrocar lo que queda de gobierno democrático en EE.UU. Lejos de alertar al público, advirtiéndole a Trump de las consecuencias de su continuo desafío del resultado electoral o movilizando a la población para que esté alerta, los demócratas insisten en declarar que no ocurre nada serio.

La oposición del Partido Socialista por la Igualdad a las acciones de Trump no implica ningún apoyo a las políticas de un Gobierno entrante de Biden, si llegara al poder. No obstante, la clase obrera no puede ser indiferente a los esfuerzos para derrocar un Gobierno electo a través de una conspiración ultraderechista y neofascista. Nos oponemos al golpismo de Trump por la misma razón que nos opusimos a las conspiraciones fascistizantes que buscaban secuestrar y asesinar a la gobernadora Gretchen Whitmer de Michigan. De hecho, el PSI toma estos complots con mucha más seriedad que el propio Partido Demócrata, el cual los ha encubierto.

La defensa de los derechos democráticos no se le puede confiar al Partido Demócrata, que en el análisis final defiende los intereses de la misma oligarquía. Los demócratas, un partido de Wall Street y el ejército, temen un estallido de protestas populares y la resistencia desde abajo más que nada. En las postrimerías de la elección, los demócratas no han dirigido sus ataques contra Trump y la ultraderecha, sino contra la izquierda, librando una cruzada para eliminar cualquier referencia al “socialismo” en su partido.

Las conspiraciones de Trump son el resultado de un proceso prolongado, cuyas implicaciones letales se volvieron claras el 1 de junio, cuando Trump envió a fuerzas federales fuertemente armadas a atacar a manifestantes pacíficos fuera de la Casa Blanca, mientras prometía invocar la Ley de Insurrecciones y desplegar tropas en las calles de todo el país.

Al mismo tiempo, el World Socialist Web Site declaró:

La historia de EE.UU. ha alcanzado un punto de inflexión. Los esfuerzos de Trump de establecer una dictadura personal a partir de un régimen militar son producto de una crisis prolongada de la democracia estadounidense, bajo el impacto de la desigualdad social extrema y las guerras interminables.

La derrota del intento de golpe de Estado de Trump depende de la intervención de la clase obrera, la cual necesita liderar la defensa de los derechos democráticos.

Las estructuras democráticas en Estados Unidos están colapsando bajo el peso de la irresoluble crisis económica y política del capitalismo estadounidense y mundial, caracterizada ante todo por niveles impactantes de desigualdad social y exacerbada por la pandemia global de COVID-19 y la política homicida de “inmunidad colectiva” de las clases gobernantes.

La situación está plagada de peligros. Trump y sus simpatizantes tienen 69 días hasta el Día de la Inauguración para realizar provocaciones, emprender agresiones militares y fabricar un pretexto para declarar ley marcial y suspender los derechos constitucionales y democráticos.

Subordinar la lucha contra esta amenaza a Biden y los demócratas, ni hablar de los jueces de la Corte Suprema, solo puede resultar en una catástrofe.

Si Trump lograr anular la elección, provocará un estallido masivo en cada ciudad del país en condiciones en las que el Estado y sus fuerzas represivas carecen de cualquier tinte de legitimidad. Biden no solo derrotó a Trump en términos del voto popular y del Colegio Electoral, los estados y las áreas en las que ganó son las regiones económicas e industriales más poderosas de Estados Unidos, con una clase obrera enormemente poderosa.

La única respuesta viable a la conspiración concebida en la Casa Blanca es la demanda de destituir inmediatamente a Trump, Pence y sus coconspiradores.

Esta demanda solo puede llevarse a cabo por medio de la intervención independiente de la clase obrera y la lucha por organizar una huelga política nacional. Este movimiento no puede quedarse corto de romper el poder de la oligarquía financiero-corporativa y reestructurar la vida económica sobre una base socialista. La lucha de los trabajadores en EE.UU. contra la amenaza de la dictadura se encontrará con el apoyo masivo e indispensable de los trabajadores de todo el mundo.

(Publicado originalmente en inglés el 11 de noviembre de 2020)