La semana pasada, el Tribunal Supremo de España confirmó la prohibición de ejercer cargos públicos durante 18 meses y la multa de 30.000 euros impuesta al presidente regional catalán de derechas, Quim Torra, después de que el Tribunal Superior de Cataluña lo condenara por cargos de desobediencia el pasado mes de diciembre.

La decisión fue ampliamente anticipada. Según el fallo de 133 páginas, Torra desobedeció a la Junta Electoral Central (JEC) de una manera “intratable y obstinada”, al colocar una pancarta en un edificio del Gobierno catalán que decía “Liberen a los presos políticos”. Luego se negó a retirarla después de que la JEC se lo pidiera.

Por segunda vez en tres años, un primer ministro catalán electo ha sido destituido por motivos falsos de acuerdo con los esfuerzos concertados de la élite política española, los tribunales y la policía. En octubre de 2017, el Gobierno del derechista Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy había destituido a Carles Puigdemont y a todo el Gobierno catalán, con el apoyo del Partido Socialista (PSOE) y de Podemos. Utilizó el artículo 155 de la Constitución, alegando que Puigdemont había violado la ley al celebrar un referéndum sobre la independencia catalana.

Independientemente de quién ostente el poder en Madrid –ya sea el PP o, como ahora, el PSOE y el “populista de izquierda” Podemos—, la clase dirigente sigue la misma agenda. Utiliza la cuestión nacional catalana para desplazar la política más hacia la derecha, construir un Estado policial y promover las fuerzas de extrema derecha. En esto, hay que decir que la bancarrota y el papel reaccionario del nacionalismo catalán solo facilita la campaña de Madrid.

El Tribunal Supremo desestimó un recurso del abogado de Torra, basado en el argumento de que una persona solo puede ser privada de un cargo público y de la participación política después de cometer un delito grave. También dictaminó que es un “tribunal imparcial”, incluso cuando muchos de los jueces del Tribunal Supremo a cargo del caso participaron en juicio de los líderes del referéndum catalán.

En aquel juicio, sentenció a nueve líderes políticos catalanes a entre nueve y trece años de prisión bajo cargos de sedición y malversación de fondos públicos. La bandera de Torra de “liberar a los presos políticos” trataba de apelar a la ira generalizada en Cataluña por las políticas dictatoriales del Gobierno central español, respaldadas por la Unión Europea (UE).

Los principales artífices de esta represión han sido el PSOE y Podemos. El PSOE, sus ministros y el presidente Pedro Sánchez han apoyado la decisión del Tribunal Supremo, exigiéndole a Torra la convocatoria de nuevas elecciones regionales. Describieron su destitución como “la apertura de un nuevo período para Cataluña”.

Podemos prácticamente ha guardado silencio, excepto el presidente de Podemos en el Congreso de Diputados, Jaume Asens, quien absolvió a Podemos alegando que esto era parte de una operación de la derecha. Tildó la decisión de “absurda” y manifestó que el “injusto” fallo no es más que “una sentencia injusta más” de un poder judicial “secuestrado por la derecha”.

Sin embargo, la posición de Podemos fue expuesta en el Parlamento regional vasco cuando los partidos nacionalistas vascos PNV y Bildu intentaron hacer que los “populistas de izquierda” apoyaran una declaración conjunta en defensa de Torra. El documento pedía al Estado español que “dejara de criminalizar las legítimas reivindicaciones políticas y respetara el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades básicas”. Sin embargo, Podemos se negó a firmar.

De hecho, Podemos participó en la campaña anticatalana desde el principio. Apoyó la farsa judicial contra los líderes independentistas catalanes y luego pidió al pueblo español que aceptara las largas penas de prisión por organizar protestas pacíficas. Apoyaron la brutal represión policial de las protestas masivas contra el juicio espectáculo del año pasado, que dejó cientos de heridos.

El año pasado, el líder de Podemos y actual vicepresidente español Pablo Iglesias prometió su “plena lealtad” al PSOE en todas las cuestiones de Estado, incluida la represión estatal en Cataluña. Una vez que los líderes catalanes recibieron sus draconianas sentencias, y mientras las calles de las principales ciudades de Cataluña se llenaban con decenas de miles de manifestantes, Iglesias dijo: “Todos deben cumplir la ley y aceptar el veredicto”.

Torra señaló al papel del Gobierno del PSOE-Podemos tras su destitución, preguntando: “¿Dónde están los aires de democracia y justicia que se suponían en un Gobierno de izquierdas” que se dice “el más progresista de la historia?”.

El Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) es inequívocamente hostil al nacionalismo catalán y al Gobierno regional catalán. Esta institución se insertó en el sistema político español durante la transición a la democracia parlamentaria tras la muerte del dictador general fascista Francisco Franco en 1975. Fue parte del sórdido acuerdo entre los franquistas y los estalinistas, los socialdemócratas y los nacionalistas catalanes para bloquear una revolución socialista de la clase obrera.

La agenda procapitalista, burguesa-secesionista de los nacionalistas catalanes tiene por objeto dividir a los trabajadores de toda España a lo largo de líneas nacionales. Su apoyo a la OTAN, la Unión Europea y la aplicación de la austeridad subraya su hostilidad a la clase obrera. De hecho, Torra, como periodista de derechas antes de convertirse en presidente regional, escribió artículos en defensa de los escuadrones de la muerte de los nacionalistas catalanes que mataron a trabajadores militantes en la década de 1930.

Sin embargo, es necesario oponerse al derrocamiento de figuras elegidas como Torra. Esta descarada violación de los principios democráticos forma parte de una campaña anticatalana más amplia que apuntala a un aparato policial dirigido sobre todo contra la clase obrera. Se trata de la manifestación en España de un impulso de los Gobiernos capitalistas a nivel internacional hacia regímenes de Estado policial ante el recrudecimiento de la lucha de clases, y que solo se ha intensificado tras el brote de la pandemia.

Los nacionalistas catalanes no pueden ni quieren oponerse a esta represión, ya que temen más a la clase obrera que a un Estado policial en Madrid.

Los propios JxCat y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido del nuevo presidente provisional, Pere Aragonès, han aceptado de facto el fallo contra Torra. Convocarán elecciones para febrero de 2021. Torra también intentará apelar a la UE, que ya dio el visto bueno a la campaña anticatalana de Madrid.

Estallaron protestas la semana pasada, reuniendo a unas 1.000 personas en Barcelona, lejos de los cientos de miles de los últimos años. Se quemaron algunos contenedores y se lanzaron cabezas de cerdo a la policía.

Los nacionalistas catalanes decidieron no convocar protestas masivas. La Candidatura d’Unitat Popular (CUP), de pseudoizquierda, ha sido clave para esta desmovilización. Un legislador de la CUP en el Congreso apeló a un nuevo “acuerdo estratégico” con los principales partidos burgueses catalanes, ofreciéndoles un “acuerdo nacional y político” para construir una nueva unidad de fuerzas secesionistas para “obligar al Estado a aceptar una resolución democrática”.

De hecho, temen cualquier cosa que pueda hacer estallar la ira social fuera de su control, como el así como el propio Podemos, que recientemente canceló las manifestaciones que había convocado en medio de las crecientes protestas contra la política de inmunidad colectiva/de rebaño del Gobierno regional derechista de Madrid.

La propia CUP sigue una línea completamente desmoralizada. Un exlegislador de la CUP, Benet Salellas, dijo a El Confidencial que es difícil “evaluar la situación en este contexto” de COVID-19, “pero creo que estamos ante un cambio de ciclo debido a la percepción de que las movilizaciones tienen muy poco impacto en el Estado”.

(Publicado originalmente en inglés el 5 de octubre de 2020)