El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español y de Podemos, mal llamado "progresista", se está preparando para reprimir masivamente a medida que va sacando al país del confinamiento e impone la impopular política del regreso al trabajo en medio de la pandemia de COVID-19. Esto fue revelado en un documento confidencial de 22 páginas, "Orden Papa Delta 21/20: Acción de la Guardia Civil en el Marco del Plan de Transición hacia una Nueva Normalidad", firmado por el teniente general Fernando Santafé y filtrado a El Periódico el martes pasado. Santafé es el jefe del Comando de Operaciones de la Guardia Civil, la policía paramilitar española.

El documento fue redactado para reorganizar las medidas de seguridad durante el levantamiento gradual de las medidas de confinamiento. Podemos y el PSOE son plenamente conscientes de que estas políticas provocarán nuevos estallidos de COVID-19, poniendo en riesgo innecesariamente a millones de personas para seguir extrayendo ganancias de la clase trabajadora. El documento advierte de una "alta probabilidad" de un descontento social creciente en los próximos meses, y advierte también de "acciones de sabotaje contra infraestructura crítica de edificios con vínculos con partidos políticos".

El objetivo de la represión es la clase trabajadora. El documento declara que el descontento social vendría desde las áreas "económicamente más desfavorecidas" y los millones de "personas afectadas por un ERTE [despido temporal] o despedidas" y "sectores de la producción o los servicios que pudieran considerarse perjudicados por las restricciones y limitaciones en curso". Admite que "las restricciones económicas causadas por el estado de alarma han afectado seriamente la economía española, que puede resultar en una crisis económica que afecte a los ciudadanos más desfavorecidos, que podrían no ver satisfechas sus necesidades".

La situación económica es devastadora. Las colas en almacenes de comida han estado creciendo desde que empezó la pandemia. El desempleo subió un 7,9 por ciento en abril, alcanzando a 3,8 millones de trabajadores. La verdadera imagen, sin embargo, está escondida por los ERTEs que apoyan los sindicatos, que permiten a los empleadores dejar de pagar los salarios a los trabajadores temporalmente despedidos, quienes en cambio reciben prestaciones de desempleo por parte del Estado que equivalen a un recorte salarial del 30 por ciento. El rescate estatal de facto de compañías actualmente afecta a 3,5 millones de trabajadores. Cientos de miles, si no millones, probablemente perderán el trabajo cuando se eliminen gradualmente los ERTEs a finales de junio.

Fusionando como de costumbre los miedos tradicionales de la burguesía española a la oposición de la clase trabajadora y al independentismo regional, el documento también se refiere a "actos políticamente motivados o separatistas con el objetivo de alterar la paz", refiriéndose a los independentistas catalanes y vascos.

Aterrado por la oposición de la clase trabajadora, el Gobierno del PSOE y Podemos está haciendo preparativos febrilmente. El documento dice que la Guardia Civil incrementará "la monitorización de las redes sociales para la identificación preventiva de posibles iniciativas o movimientos que generen o puedan generar conflicto o alarma social", todo en nombre de la lucha contra "episodios de desinformación [noticias falsas]". Es decir, el Gobierno del PSOE y Podemos está llevando a cabo una censura masiva en internet.

Esto confirma la declaración de una conferencia informativa en abril, desestimada inicialmente como un lapsus, por parte del general José Manuel Santiago de la Guardia Civil, llamando "a evitar el estrés social creado por los bulos, y minimizar el entorno [en línea] que se opone al manejo de la crisis por parte del Gobierno".

Esta monitorización tiene como objetivo brindar al Gobierno del PSOE y Podemos información en tiempo real sobre la "aceptación general de las medidas restrictivas de cada fase" del desconfinamiento e "identificar posibles áreas, localidades o grupos sociales que sea más probable que violen esas reglas".

El documento es una advertencia a la clase trabajadora y la juventud. Como en los años '30, la clase gobernante capitalista de todos los países está fortaleciendo febrilmente su aparato policial estatal y militar en medio de una pandemia, mientras aviva el nacionalismo extremo en preparación de una represión masiva a nivel doméstico y en el extranjero. Movimientos fascistas, que todavía carecen de una genuina base de masas, se apoyan en el patrocinio de sectores de los partidos existentes y la promoción de los medios de comunicación.

La Guardia Civil, que apoyó masivamente el golpe fascista dirigido en 1936 por Francisco Franco y que desencadenó la Guerra Civil Española, ha sido la principal fuerza de la burguesía española para la represión de la clase trabajadora durante el siglo XX. Que el partido "populista de izquierdas" Podemos esté dispuesto a enviarla contra la clase trabajadora subraya el profundo abismo de clases que separa de los trabajadores a este partido de la clase media pudiente.

A nivel internacional, partidos "populistas de izquierdas" están todos dispuestos a desempeñar un papel reaccionario semejante. Mélenchon le está ofreciendo sus servicios a la clase gobernante francesa para "garantizar la cohesión social" y sofocar la oposición de los trabajadores, al tiempo que acepta las muertes en masa causadas por el final del confinamiento. En Alemania, el partido La Izquierda ha entrado en una alianza con el Gobierno derechista de la Gran Coalición contra los trabajadores, votando unánimemente a favor del rescate por miles de millones de euros por parte del Gobierno alemán a los bancos y los grandes negocios. Están aterrados por la creciente radicalización de los trabajadores y la juventud.

Esto subraya el cinismo y la hipocresía de los profesores y activistas "populistas" antimarxistas de Podemos, como su secretario general, el vicepresidente Pablo Iglesias.

Durante décadas la clase gobernante los fue construyendo como una "izquierda", mientras negaban la lucha de clases y se oponían a políticas obreras basados en llamamientos al "populismo". Sin embargo, esta misma negativa era una defensa de sus privilegios y posiciones de clase. Ahora en el poder, reconocen claramente la existencia de la lucha de clases, y están desesperados por aplastarla como una amenaza a su Gobierno.

Desde el estado de alarma, el Gobierno del PSOE y Podemos ha enviado a la policía española a reprimir las huelgas de los acereros y protestas por parte de los repartidores de Glovo y UberEats. Hace solo unas pocas semanas el Tribunal Constitucional de España ilegalizaba las protestas del Primero de Mayo, argumentando que la salud pública debía prevalecer sobre el derecho a protestar. Con un cinismo insuperable, este fallo se produjo mientras el Gobierno estaba levantando prematuramente las medidas de confinamiento, poniendo a millones de personas en peligro de contraer el COVID-19.

Las altamente publicitadas manifestaciones derechistas de unos pocos cientos de personas en el acomodado barrio madrileño de Salamanca no se han enfrentado a la misma represión. Han estado protestando todos los días desde el lunes, sin autorización policial como requiere la ley y violando el estado de alarma. La policía no solo se negó a dispersarlos y a multarlos, sino que se hizo a un lado, permitiéndoles continuar. Mientras tanto, en el barrio obrero de Vallecas en la misma ciudad se han dado cuatro veces más multas por violar las disposiciones del confinamiento que el promedio madrileño.

La pandemia está exponiendo a todo el establishment político. Todos han acudido a la misma política, defendiendo los intereses del capital financiero a costa de la vida de los trabajadores. El dirigente del derechista Partido Popular, Pablo Casado, declaró que "en la eventualidad de nuevos brotes, no podemos volver a las medidas excepcionales, debemos vivir con el virus". De manera similar, una asociación de los grandes negocios de Valladolid lamentaba la decisión de tener un desconfinamiento gradual para salvar a las personas mayores, que son, dijeron, un "grupo no productivo desde el punto de vista económico".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, respaldada por Podemos, dijo: "Queremos el desconfinamiento cuanto antes, pero queremos hacerlo bien, no queremos esperar demasiado".

Hace cinco años, analizando el apoyo de Podemos a la política de austeridad de su aliado griego, el Gobierno de Syriza, el WSWS advertía: "Mirando a la población desde el Palacio de la Moncloa a través de varias líneas de policías antidisturbios, un presidente del Gobierno Iglesias estaría tan aterrado por los trabajadores como Tsipras o el actual presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy". Definía a Podemos "como guardianes del orden. La conclusión que ellos sacaron de la disolución de la URSS en 1991 por parte de los estalinistas y la restauración del capitalismo en Europa del este ... es que el capitalismo es la única alternativa. Están condicionados política e ideológicamente para hacer de herramientas sobornadas del capital financiero".

Esta advertencia ha quedado exhaustivamente justificada.

(Publicado originalmente en inglés el 18 de mayo de 2020)