Ayer, en el quinto día de protestas y disturbios después de la sentencia draconiana que impuso a nueve políticos nacionalistas catalanes condenas que van de los nueve a los 13 años de cárcel, cientos de miles de manifestantes marcharon por Barcelona y una huelga general paralizó Cataluña. Amplios sectores de la juventud y trabajadores se movilizaron para protestar contra el Estado policial que está surgiendo en España y de manera más general en Europa.

Durante la mañana, cinco columnas de miles de manifestantes, organizadas por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural bajo la consigna “Marcha de la libertad”, bloquearon las autovías que llevan a Barcelona. Las columnas partieron de Vic, Berga, Tàrrega, Girona y Tarragona y convergieron en Barcelona durante la tarde, donde otras decenas de miles de personas estaba congregadas. Los manifestantes llevaban una pancarta gigante donde ponía, en inglés: “Free Catalan Prisoners Now”.

En la autopista AP7 en La Jonquera, cerca de la ciudad de Gerona, los manifestantes cortaron el trafico en las dos rutas que conectan España con Francia. Los manifestantes también bloquearon por lo menos 20 rutas principales mientras marchaban hacia Barcelona para una congregación masiva con trabajadores en huelga y estudiantes.

La principal protesta en el centro de Barcelona empezó a las cinco de la tarde e implicó a más de medio millón de manifestantes, según la policía. Bajo las banderas de los sindicatos independentistas Intersindical-CSC e Intersindical Alternativa, y el lema “Por los derechos y libertades, huelga general”, cientos de miles marcharon gritando por la libertad de los presos políticos, la independencia y contra el fascismo. Muchos llevaban banderas independentistas. Más de 50.000 personas se manifestaron en las otras grandes ciudades catalanas de Lleida y Gerona.

Las manifestaciones, sin embargo, no estaban motivadas en primer lugar por el sentimiento independentista. Hay una comprensión creciente entre amplias capas de la población española de que la clase gobernante se está desplazando rápidamente hacia formas autoritarias de gobierno.

La decisión draconiana de encarcelar a políticos por convocar manifestaciones pacíficas, años después del final del régimen fascista del general Francisco Franco, se está topando cada vez más con la militancia y la resistencia de los trabajadores y los jóvenes. La sentencia del lunes es un veredicto infame e ilegítimo, que crea el precedente de ilegalizar como “sedición” cualquier forma de protesta contra el Estado. La sentencia la hizo un tribunal que está desacreditado por sus recientes declaraciones de apoyo al dictador fascista Francisco Franco.

En los días recientes, decenas de miles de manifestantes, especialmente jóvenes, han estado implicados en confrontaciones con la policía. Como lo muestran ahora numerosos vídeos, muchos están coreando e insultando a la policía en castellano, no en catalán.

La protesta masiva en Barcelona coincidió con una huelga general en la región. La huelga paralizó la ciudad. Las líneas del metro, los trenes regionales y el tren de alta velocidad AVE fueron afectados, a pesar de que el gobierno regional catalán impuso unos reaccionarios servicios mínimos de entre el 25 y el 50 por ciento de los niveles normales de trabajo.

En el sector educativo, más del 50 por ciento de los docentes y el 90 por ciento del personal universitario observaron la huelga. También cerraron pequeños comercios —el 72 por ciento, según datos iniciales. Un tercio de los funcionarios públicos fue a la huelga. El puerto de Barcelona también se vio afectado, ya que los trabajadores portuarios pararon contra la reforma laboral y en defensa de los derechos democráticos.

El Departamento de Trabajo regional declaró que el consumo de electricidad cayó un 10,11 por ciento en comparación con el día anterior —un nivel semejante al de movilizaciones anteriores como la huelga contra la reforma laboral de 2010 y el paro del 3 de octubre de 2017 tras el referéndum sobre la independencia de Cataluña.

El fabricante de automóviles SEAT, parte de Volkswagen AG, que produce 3.500 coches por día, paró la producción en su planta de Martorell, cerca de Barcelona, del jueves por la tarde hasta el sábado, por la preocupación de que las marchas pudieran alterar el tráfico. Iberia canceló 12 vuelos el viernes entre Barcelona y Madrid a causa de la huelga, mientras Vueling dejó en tierra 36 de sus vuelos previstos.

En algunos casos, empresas grandes promocionaron la huelga. La cadena de supermercados y gasolineras Bon Preu anunció el cierre de todos sus establecimientos pero dijo que les pagaría a sus empleados.

Aunque los sindicatos independentistas y el gobierno regional catalán dijeron que la huelga fue un “éxito”, importantes sectores de la clase trabajadora —especialmente capas significativas de los trabajadores industriales— no participaron. Para los sectores hablantes de castellano de la clase trabajadora en Cataluña, la consigna de la creación de una minirepública capitalista catalana, impulsada por fuerzas que defienden a la Unión Europea y a la OTAN con muchos antecedentes de imponer austeridad social a los trabajadores, es vista con hostilidad.

Es más, el sindicato estalinista Comisiones Obreras (CCOO) y el socialdemócrata Unión General del Trabajo (UGT) boicotearon el evento y se han negado a convocar ninguna huelga o acción de solidaridad.

El gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su aliado, el partido estalinista-pablista Podemos, están desesperados por bloquear un movimiento más amplio en la clase trabajadora contra el gobierno en funciones represor y antidemocrático del PSOE de Pedro Sánchez. Podemos está apoyando a este gobierno. El lunes, el dirigente de Podemos Pablo Iglesias llamó a la gente a “respetar la ley y aceptar el veredicto”. De manera complaciente concluyó: “Es hora de que nos arremanguemos y trabajemos por reconstruir los puentes entre una sociedad catalana dividida y … la sociedad española”.

El miércoles, Iglesias se reunió con Sánchez para dejar claro que no se opondría a ninguna intensificación de la actividad policial en Cataluña e incluso aplaudió la coordinación de la fuerza policial de Cataluña y las fuerzas policiales españolas durante la represión.

Ayer, Iglesias denunció a los jóvenes de Cataluña que se enfrentaban a la policía, llamando a la violencia un “desastre” que estaba “haciéndole mucho daño” a las posibilidades de resolver pacíficamente el conflicto.

En los días pasados más de 100 manifestantes han sido arrestados, y los choques entre la policía y los manifestantes han dejado heridas a más de 350 personas. El Estado se ha aprovechado de los violentos enfrentamientos como pretexto para intensificar las medidas de Estado policial. Hasta ahora 10 manifestantes han sido enviados a prisión sin fianza. En cuatro casos, el juez argumentó que los acusados estaban intentando “impedir la ejecución de la sentencia definitiva del Tribunal Supremo”.

Ayer, el gobierno también activó fuerzas especiales de la paramilitar Guardia Civil, el Grupo de Reserva y Seguridad, que creó el gobierno del PSOE en 2006. Este grupo, cuya misión declarada es “la restauración del orden público en grandes manifestaciones de masas”, desempeñó un papel infame cuando aplastó la huelga de los mineros de 2012 y durante el referéndum catalán de 2017.

La Audiencia Nacional, descendiente del Tribunal de Orden Público creado por Franco para castigar “crímenes políticos”, también ordenó a la Guardia Civil que cerrara los sitios web y las cuentas en redes sociales de Tsunami Democràtic, la organización que coordinó las protestas. El grupo estuvo tras los intentos del lunes de ocupar el aeropuerto de Barcelona. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ordenó que se investigara esta plataforma para buscar pruebas de terrorismo.

Las fuerzas fascistas cultivadas por la atmósfera derechista instigada por la clase gobernante también están interviniendo por primera vez. El jueves por la noche, matones fascistas atacaron a manifestantes mientras corrían hacia la avenida Diagonal, donde la gente se había concentrado. Algunos de ellos iban envueltos en banderas fascistas españolas, estaban armados con bates de béisbol y gritaban “¡Franco, Franco!”. Un joven de 23 años fue seriamente golpeado.

Hablando desde Bruselas después de una sesión del Consejo de Europa, el presidente en funciones Pedro Sánchez advirtió de que “El Estado de derecho no puede ceder al impulso de la exaltación” y amenazó a los responsables de “serios actos de violencia” diciendo que serán tratados “más temprano que tarde”.

Los partidos derechistas le están exigiendo a Sánchez que destituya al gobierno regional catalán invocando el Artículo 155 de la constitución. En octubre de 2017, el derechista Partido Popular (PP), con el apoyo del PSOE, invocó este artículo, usó su poder para suspender al gobierno regional catalán elegido democráticamente e impuso elecciones bajo la presencia de miles de policías enviados por Madrid.

El líder del PP Pablo Casado exigió que Sánchez actuara con “urgencia” en Cataluña contra los disturbios y comparó la situación con las operaciones de la guerrilla urbana de la “kale borroka” en el País Vasco en los '80 y los '90. Las acciones más comunes en esa época incluían ataques a las sedes de partidos políticos, quemas de coches, ataques a viviendas, y destruir cajeros automáticos, oficinas bancarias, transporte público y disturbios utilizando cócteles molotov.

Madrid tiene largos antecedentes de represión brutal utilizando leyes reaccionarias antiterroristas contra los independentistas vascos. Casado exigió efectivamente el uso de las mismas leyes antiterroristas contra los manifestantes catalanes.

El líder de Ciudadanos Albert Rivera también instó a Sánchez a invocar el Artículo 155 para suspender al gobierno regional electo y enviar más policías. Declaró que las protestas y la huelga eran un “sabotaje general a la vida diaria de los españoles”.

(Publicado originalmente en inglés el 19 de octubre de 2019)