El 24 de septiembre, el Tribunal Supremo español dictaminó que la exhumación de Francisco Franco por parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del monumento del “Valle de los caídos” es legal. Falló contra la familia de Franco, que había desafiado la medida, y permitió que los restos de Franco sean retirados en las semanas previas a las elecciones nacionales del 11 de noviembre.

Si desde su muerte en 1975 Franco ha permanecido en su mausoleo financiado por el Estado, construido por el trabajo forzado de presos izquierdistas, esto se debe sobre todo al papel reaccionario del PSOE y los precursores estalinistas y pablistas de Podemos. En medio de huelgas de masas y luchas revolucionarias en España y en Europa en los '60 y los '70, ellos defendieron el Estado capitalista y bloquearon la lucha de la clase trabajadora por el poder. Después concedieron la amnistía por los crímenes fascistas. Hasta el día de hoy bloquean la persecución de los torturadores fascistas que perseguían a los opositores izquierdistas al régimen de Franco en los '60 y los '70.

Sin embargo, esta sentencia ha llevado a una autocomplacencia sin fin en la élite gobernante. En la ONU, el presidente del gobierno Pedro Sánchez dijo: “Hemos cerrado simbólicamente el círculo democrático, dado que el Tribunal Supremo de España acaba de autorizar la exhumación del dictador Franco del mausoleo público en el que fue enterrado con honores de Estado. Hoy por lo tanto cerramos un capítulo oscuro de nuestra historia”. El diario español El País, favorable al PSOE, dijo en un editorial que la sentencia “ abre la posibilidad de terminar por fin una anomalía incomprensible en una democracia”.

El secretario general de Podemos Pablo Iglesias dijo que la sentencia era un “paso muy importante” en rectificar una “vergüenza” mantenida desde la transición al régimen parlamentario en 1978. Llamándola “una conquista que les debemos a los familiares de las víctimas de la dictadura”, Iglesias añadió, “Continuaremos luchando por la memoria, la verdad y la justicia”.

A pesar del odio legítimo que millones de trabajadores en España y en el mundo sienten por Franco, el dictador fascista y asesino en masa, la sentencia de su exhumación es un fraude político peligroso. Las mismas fuerzas que están exhumando a Franco están al mismo tiempo trabajando incansablemente por legitimar al franquismo y regresar a formas de gobierno autoritarias.

Aterrada por la ira social que se profundiza y la desafección política tras décadas de austeridad de la Unión Europea (UE) y de guerras imperialistas de la OTAN, de Afganistán a Libia, la clase gobernante española se ha estado moviendo rápidamente a lo largo de los dos últimos años para rehabilitar a Franco y el régimen de Estado policial. Una represión policial brutal se cebó en el referéndum sobre la independencia de Cataluña del primero de octubre de 2017. Desde entonces, los partidos gobernantes de Madrid han venido presionando por cambios de largo alcance en la vida política española por rehabilitar al fascismo y el autoritarismo.

Alentaron protestas en las cuales se cantaron himnos franquistas, promocionadas por el partido franquista Vox y organizaron juicios espectáculos contra los presos políticos nacionalistas catalanes. El problema catalán se volvió el principal vehículo para desplazar la política española hacia la derecha y rehabilitar al fascismo. Aunque las encuestas han mostrado repetidamente que un porcentaje abrumador de la población rechaza la confrontación entre Madrid y Barcelona, todo el establishment político, desde el ultraderechista Vox hasta el pseudoizquierdista Podemos, apoya las medidas autoritarias para aplastar a los nacionalistas catalanes.

El carácter universal de la promoción de figuras históricas fascistas en medio del impulso hacia regímenes militaristas y autoritarios en Europa subraya la importancia de estos acontecimientos. En Francia, el presidente Emmanuel Macron ha hecho declaraciones ensalzando al dirigente del régimen de Vichy, Philippe Pétain, al tiempo que reprimía a las protestas de los “chalecos amarillos”. En Alemania, un esfuerzo renovado está en marcha, dirigido por el profesor de la Universidad Humboldt Jörg Baberowski, para lavarles la cara a los crímenes del régimen nazi. Partidos ultraderechistas gobiernan desde hace un tiempo en Italia, Hungría, Polonia, Austria y otros países.

Los últimos 25 años han demostrado de manera contundente que el fascismo, lejos de ser una anomalía del siglo XX, es una tendencia inherente al capitalismo —arraigada en el intento de la burguesía de suprimir la lucha de clases y la oposición a la austeridad y a la guerra.

La campaña hipócrita en el establishment político para exhumar a Franco se desarrolló paralelamente a estas medidas para promocionar las tradiciones fascistas en España. En 2017, el congreso aprobó una moción impulsada por el PSOE que ordenaba al gobierno del derechista Partido Popular (PP) a exhumar los restos de Franco. El PP, el descendiente del franquista Movimiento Nacional, decidió no bloquear la moción, permitiendo que el PSOE jugara su carta “antifascista”.

En junio de 2018, el líder del PSOE Pedro Sánchez tomó posesión de su cargo en el gobierno con el apoyo de Podemos y el de los nacionalistas catalanes y vascos, bajo condiciones de creciente oposición social al gobierno del PP. Un mes después, el PSOE aprobó enmiendas legales a la Ley de Memoria Histórica para exhumar los restos de Franco para ser vueltos a enterrar en otra parte.

En ese momento el WSWS advertía: “Un gobierno del PSOE respaldado por Podemos demostrará ser un enemigo implacable de la clase trabajadora, por más que adopte medidas simbólicas ‘antifranquistas’. Tras su insistencia sosa en que la lucha contra el fascismo es democrática, en vez de ser una lucha socialista por el poder dirigida por la clase trabajadora, hay décadas de ataques estalinistas y pablistas contrarrevolucionarios contra el trotskismo”.

Esto pronto demostró ser correcto. El gobierno del PSOE respaldado por Podemos persiguió políticas derechistas: adoptar presupuestos de austeridad para 2018 y 2019, canalizar miles de millones de euros al ejército, y apoyando el juicio farsa de los nacionalistas catalanes. Al mismo tiempo, dejó intactas las leyes laborales antiobreras promulgadas por el anterior gobierno y la ley del PP de seguridad pública, apodada “ley mordaza”. Esta limita la libertad de expresión, prohibe reuniones de masas e impone multas por protestar y por hacer comentarios en las redes sociales.

Tampoco la llegada al poder del PSOE, respaldado por Podemos, detuvo para nada la campaña de la clase gobernante española por promocionar a Franco. En esto, el mismo Tribunal Supremo que acaba de autorizar la exhumación de Franco jugó un papel central.

En junio, el tribunal lanzó un aplazamiento de la exhumación, apoyando el golpe fascista de Franco y declarándolo jefe de Estado desde 1936 —inmediatamente después de su golpe, que inició la Guerra Civil española. Este fallo, que provocó objeciones asombradas de historiadores, era una señal del apoyo al régimen fascista que existe en los escalafones más altos del Estado español. El PSOE y Podemos aceptaron tácitamente este fallo reaccionario.

El mismo tribunal también está preparándose para imponer sentencias “ejemplares” y “duras” a los 12 dirigentes nacionalistas catalanes por su papel en el fallido referéndum sobre la independencia de octubre de 2017. Los dirigentes se enfrentan a acusaciones inventadas que van desde malversación de fondos públicos hasta rebelión, lo que podría acarrearles hasta 25 años de cárcel.

El fallo más reciente del Tribunal Supremo sobre la exhumación tiene por objetivo adormecer a cuanta gente pueda, para distanciar algo al PSOE del fascismo y, sobre todo, oscurecer a la clase trabajadora las muy peligrosas implicaciones del impulso de toda la élite gobernante por promover el fascismo.

En las semanas pasadas, el PSOE ha lanzado su campaña electoral más derechista en la historia moderna con la consigna “ahora España”. Ha superado a partidos derechistas como Ciudadanos y el PP en chovinismo anticatalán, amenazando con suspender el gobierno regional catalán e invocar la Ley de Seguridad Nacional, mientras lanza operaciones “antiterroristas” contra activistas nacionalistas catalanes y despliega a miles de policías en la región.

En esta campaña, Sánchez está usando la exhumación de Franco para dárselas de demócrata, aunque al mismo tiempo está construyendo un Estado policial. En un mitin que reunió a miles de miembros del PSOE a las afueras de Barcelona, Sánchez amenazó a los separatistas con el Artículo 155 de la constitución que permite la disolución de gobiernos regionales, y dijo “los independentistas dicen que España es una dictadura. Eso es mentira. No tenemos presos políticos en España, es más, vamos a exhumar los restos del dictador Franco y terminar con el mausoleo del Valle de los Caídos”.

Sería un error fatal que los trabajadores de España y del mundo se dejaran adormecer por medidas vacías de propaganda como la exhumación de Franco. La clase trabajadora se enfrenta a una lucha política contra la reimposición de regímenes autoritarios en diferentes partes de Europa. Esta tarea recae sobre la clase trabajadora europea y mundial, luchar contra las maniobras del PSOE y Podemos basándose en el programa socialista revolucionario planteado por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Publicado originalmente en inglés el 11 de octubre de 2019)