Los grandes bancos españoles Santander y Caixabank, los fabricantes de automóviles Nissan y Ford y otras multinacionales han anunciado despidos de miles de trabajadores. Estos son parte de un ataque global al empleo y las condiciones de trabajo.

Los procedimientos de despido patrocinados por el Estado, o Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), les permite a las compañías colaborar con los sindicatos para regular las horas de trabajo, cerrar por períodos breves y llevar a cabo despidos colectivos. Fueron creados en 1994 para mantener la “paz social” incorporando a los sindicatos aún más estrechamente al aparato estatal al tiempo que se ofrecía trabajos bien pagados a la burocracia —durante el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felipe González.

La semana pasada, el Banco Santander anunció que estaba preparando despedir a 3.700 trabajadores, cerca del 12 por ciento de su fuerza laboral y cerrar 1.150 sucursales (el 26 por ciento de su red).

El Santander es el banco más grande de España y el quinto más grande de Europa, con activos valorados en €1,4 billones ($1,6 billones). A principios de este año, el Santander reportó un aumento del 18 por ciento en ingresos netos para 2018 a costa de un fuerte crecimiento en los Estados Unidos, Brasil y Japón. El banco reportó unos ingresos netos de €7,81 miles de millones el año pasado, comparado con los €6,62 miles de millones en 2017.

El anuncio del Santander vino tras los despidos masivos negociados entre el tercer mayor prestamista de España, el Caixabank, y los sindicatos. A principios de mayo, Caixabank anunció que había sellado un trato con los sindicatos CCOO, SECB, UGT, FEC, SIB y CIC para despedir a 2.023 trabajadores. Se espera más pérdida de empleo después de que Caixabank absorba a Unicaja y a Liberbank.

En un comunicado, el banco dijo que el coste de despedir trabajadores sería de €890 millones, pero a cambio ahorraría hasta €190 millones por año. El mismo día, el valor de las acciones de Caixabank subió un 1,25 por ciento.

Tanto el Santander como Caixabank alegan razones “organizativas y productivas” para los despidos en sus ERE, a pesar de que el Santander ha publicado ganancias de €1,8 mil millones durante el primer trimestre de este año y Caixabank de €533 millones. Al tiempo que se recortan miles de empleos, el Santander ha repartido €4,7 mil millones en dividendos y Caixabank mil millones.

Desde la crisis económica global de 2008, 45 cajas han sido absorbidas por otros bancos o se vieron obligadas a fusionarse. Más de 85.000 trabajadores han perdido sus empleos y casi 17.000 oficinas bancarias han cerrado.

También otras multinacionales han anunciado despidos.

El fabricante japonés de automóviles Nissan anunció a principios de mes que había llegado a un acuerdo para un ERE con los sindicatos para recortar 600 empleos en su planta de Barcelona, casi el 20 por ciento de la plantilla de la fábrica —una condición que exigía la compañía a cambio de una inversión de €70 millones.

Vodafone anunció a principios de este año que iba a despedir 1.200 trabajadores, el 25 por ciento de su plantilla y la cadena de supermercados Dia recortará 2.100 empleos tras anunciar que perdió €352 millones en 2018. La compañía finlandesa Nokia ha anunciado que está planificando 162 despidos, lo que representa el 17 por ciento de su personal de 915 personas. El gigante químico alemán Bayer AG está planeando eliminar 67 puestos de trabajo en España, uno de 10, como parte de su recorte anunciado de 12.000 empleos a nivel mundial. En Alemania, está eliminando 4.500 empleos.

El domingo, Ford anunció que activaría su ERE en su planta valenciana de Almussafes, donde se da empleo a unos 7.000 trabajadores. Todavía no se sabe cuántos trabajadores perderán sus empleos, dado que los sindicatos y la empresa están implicados en negociacones tras bastidores. La compañía automotriz ya ha dicho que recortará 5.000 empleos en Alemania, cerrará tres plantas en Rusia, otra en Francia y también recortará empleos en el Reino Unido. Los proveedores del fabricante de automóviles también están anunciando sus ERE. Según Las Provincias, “fuentes de la industria abastecedora señalan que el verano va a ser una época clave para la aplicación de los ajustes en la plantilla, que puede ser de más de 20.000 empleos”.

Estos son solo los ejemplos más recientes de un proceso de reestructuración que ha estado abarcando a grandes compañías y a la industria manufacturera en los últimos años, a medida que las empresas han estado intentando descargar el coste de la crisis económica sobre los trabajadores sustituyendo a trabajadores de más edad y relativamente mejor pagados con contratos más seguros, con empleados más jóvenes en condiciones de trabajo “precarias”.

El número de trabajadores que perderán su trabajo como resultado de los ERE ha empezado a subir de nuevo después de una caída desde un récord de 483.313 en 2012. En 2017, el número de trabajadores despedidos había bajado a 57.497 pero subió en 2018 a 72.896.

Si las empresas pueden implementar los ERE ello se debe sobre todo a la colaboración con los sindicatos. Los sindicatos incluso se benefician de cada ERE, al recibir financiación directa por “asesoramiento legal”, que puede ser de hasta el 10 por ciento de la indemnización por despido. Esto es además de los grandes subsidios que los sindicatos reciben del Estado central, de la comunidad autónoma y de las administraciones municipales.

El aumento de los ERE apunta a una crisis económica que se avecina. Como el profesor de económicas Gay de Liébana le dijo a La Vanguardia, las empresas “se ven venir una tormenta, y por eso hacen los ajustes ahora”.

El montón de pérdidas recientes de empleo es prueba adicional de que la explotación incrementada de la clase trabajadora está en el corazón del sistema capitalista, tanto en “malos” como en “buenos” tiempos. El “milagro” económico español —se espera que el crecimiento sea de más del 2 por ciento en 2019, superando a la mayoría de los otros países europeos— se debió, en gran medida, a tres reformas laborales en la década pasada que han tenido un impacto devastador en la clase trabajadora. Las últimas estadísticas muestran que el coste laboral unitario en España permanece un 4 por ciento más bajo de lo que estaba a principios de 2008.

La pobreza y la desigualdad están descontroladas. El coeficiente Gini de España —una medida de la desigualdad de ingresos de un país— está entre las más altas de Europa. Más de un cuarto de la población permanece en riesgo de pobreza o de exclusión social y el desempleo sigue alto, con un desempleo total de alrededor del 14,5 por ciento y un desempleo juvenil de cerca del 40 por ciento.

El gobierno en funciones del PSOE, que ganó recientemente las elecciones aunque sin mayoría, se espera que forme una coalición con el partido derechista Ciudadanos o el pseudoizquierdista Podemos, o que intente formar un gobierno en minoría.

Cualquiera que sea el desenlace, la austeridad, el militarismo y los ataques a los derechos democráticos se intensificarán. Esto queda claro con la declaración que hizo Manuel de la Rocha, destacado asesor económico del presidente en funciones del PSOE, Pedro Sánchez, quien declaró, “Quiero enviar un mensaje firme y tranquilizador a los inversores y a los mercados: Las políticas económicas continuarán. … La consolidación fiscal, la estabilidad macroeconómica y la reducción de las desigualdades y políticas muy proeuropeas serán las prioridades del próximo gobierno”.

La referencia a la “reducción de las desigualdades” es un fraude. El PSOE ya ha enviado cartas a la Comisión Europea prometiendo una nueva reforma laboral, recortes en las pensiones y más austeridad. Sin embargo, el comentario al pasar de de la Rocha sobre reducir las desigualdades cumple una función política —servir de pretexto para un acuerdo sucio con Podemos.

El dirigente de este partido, Pablo Iglesias, ha estado haciendo llamamientos constantes a hacer un gobierno del PSOE y Podemos, diciendo que Podemos no impondrá “líneas rojas ni ultimátums” en las negociaciones. A principios de esta semana, insistía en que no le pedirá “la luna” a Sánchez, sino un “gobierno de coalición que garantice los derechos sociales tal como dice la Constitución española”.

(Publicado originalmente en inglés el 22 de mayo de 2019)