Un tribunal belga ha puesto en libertad provisional al rapero Valtònyc – nombre artístico de Josep Miquel Beltrán – en espera de su decisión sobre una orden de detención europea emitida por España. El rapero huyó de España en mayo para evitar ingresar en prisión por una sentencia de tres años y medio por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y emitir amenazas en canciones publicadas en YouTube y otras plataformas de Internet.

La letra ofensiva de Valtònyc incluía: "Déjelos tan asustados como un oficial de policía en el País Vasco"; "El rey tiene una cita en la plaza del pueblo, con una soga en el cuello"; y "Queremos la muerte de estos cerdos", refiriéndose a políticos corruptos y la monarquía.

Valtònyc ha defendido sus canciones diciendo: "Llamarme terrorista es una tontería... Mis canciones no hacen daño a nadie, no he matado a nadie. Rapeo sobre cosas que suceden, pero no soy un participante”. Invocó la libertad de expresión en su defensa, describiendo la naturaleza misma de las letras de rap como “extremas, provocativas, alegóricas y simbólicas".

Valtònyc tiene apoyo entre la juventud española. En abril, un grupo de rap español grabó un video en defensa del rapero y la libertad de expresión y contra la dinastía de los Borbones bajo el título: "Los Borbones son unos ladrones".

La incesante persecución de Valtònyc es una prueba más del creciente asalto a la libertad de expresión y los derechos democráticos en España y en toda Europa.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, declaró: “Enviar a raperos a la cárcel por la letra de sus canciones y prohibir la sátira social demuestra hasta qué punto se han reducido en España los límites de la expresión aceptable online”.

"Las personas no deberían enfrentar un enjuiciamiento penal simplemente por decir, tuitear o cantar algo que podría ser desagradable o impactante. La ley amplia y vagamente redactada en España está dando como resultado el silenciamiento de la libertad de expresión y el aplastamiento de la expresión artística”.

“España es un ejemplo emblemático de una inquietante tendencia en la que Estados de toda Europa limitan la libertad de expresión so pretexto de la seguridad nacional y arrebatan derechos so capa de defenderlos”.

Tras la sentencia de Valtònyc y antes de que se instalara en el gobierno el pasado junio, el Partido Socialista (PSOE) junto con el partido pseudoizquierdista Podemos lo usaron para atacar al Partido Popular (PP). El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ahora presidente del Gobierno, pidió "libertad en la expresión artística" y tuiteó: "“El mal gusto no puede estar castigado con cárcel. Que un rapero entre en prisión es muy mal síntoma sobre el estado de nuestra democracia".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, declaró que se estaba produciendo una clara "regresión en lo que respecta a las libertades civiles" y agregó: "Parece que el derecho penal se aplica para perseguir a al disidente y los corruptos se van de rositas".

Sin embargo, desde que llegó al poder con la ayuda de Podemos, el PSOE ha permanecido en completo silencio. También lo ha hecho la Fiscalía General, que fue utilizada por el anterior gobierno del PP para intervenir en todo tipo de operaciones derechistas, más recientemente en el proceso independentista en Cataluña que disparó las denuncias penales contra los independentistas en los tribunales.

En cambio, tanto Podemos como el PSOE han dirigido su atención a la "reforma" de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como la Ley Mordaza, que se ha usado en contra de Valtònyc. La ley, aprobada por el PP en 2015 bajo el pretexto de "luchar contra el terrorismo", limita la libertad de expresión, prohíbe las concentraciones masivas e impone multas por protestar y hacer comentarios en las redes sociales.

Desde que se aprobó hace tres años, ha habido una gran cantidad de enjuiciamientos. Se han impuesto alrededor de 48,000 multas únicamente sobre la base del artículo 37.4: "faltas de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Donde una vez pidió la abolición de la Ley Mordaza, ahora Podemos aboga por presionar al PSOE a "eliminar los aspectos más negativos". Podemos podría haber condicionado su apoyo al gobierno minoritario del PSOE en la derogación de la Ley Mordaza, pero en vez de eso declaró que apoyaría la moción de censura del PSOE sin "precondiciones".

Valtònyc también fue declarado culpable de difamar a la monarquía según los artículos 490 y 491 del Código Penal que trata de "Injurias contra la Corona", que incluye a toda la familia real, pasada y presente, y puede dar lugar a condenas de hasta dos años. Unas 29 personas han sido acusadas entre 2007 y 2016.

Fue el PSOE el que volvió a insertar los artículos en el Código Penal en 1995 y se ha resistido a todos los intentos de enmendarlos o eliminarlos. En marzo pasado, se opuso a los intentos del partido independentista catalán ERC de revocarlos en el parlamento español declarando que "van más allá de la libertad de expresión y entran en el campo del respeto institucional".

El PSOE también apoyó el artículo penal de "enaltecimiento del terrorismo", que fue introducida en el Código Penal por el gobierno del PP en 2000 y reforzada en 2015. Se aprobó bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo del grupo armado pequeño burgués ETA. Sin embargo, si entre 2004 y 2011 cuando ETA aún cometía atentados hubo 33 sentencias por este delito, en los siete años siguientes hubo 121, casi cuatro veces más.

El caso más notorio bajo "enaltecimiento del terrorismo" fue contra dos titiriteros por una actuación en Madrid denunciando la Ley Mordaza. César Strawberry, vocalista del grupo Def Con Dos, fue sentenciado a un año de prisión el año pasado por tuitear chistes sobre ETA y darle al rey "una bomba de pastel" para su cumpleaños.

El año pasado, Cassandra Vera, una estudiante de 22 años, también recibió una sentencia de cárcel suspendida de un año por "humillar" a las víctimas del terrorismo haciendo chistes en Twitter sobre el asesinato del general Luis Carrero Blanco, el hombre de confianza del dictador y asesino Francisco Franco. Refiriéndose a su asesinato hace más de 40 años por una bomba de ETA, que hizo explotar su automóvil a una altura de 20 metros, Vera bromeó: "ETA no solo tenía una política sobre automóviles oficiales, también tenían un programa espacial". La sentencia resultó en la pérdida de su beca universitaria y la descalificó del empleo en el sector público durante siete años.

Desde el comienzo del año, han habido más censuras y ataques a la libertad de expresión:

· En enero, el Tribunal Supremo condenó a un hombre a una multa de 900 euros por insultos a la monarquía.

· En febrero, la feria de arte contemporáneo Arco en Madrid eliminó la pieza del artista Santiago Sierra, "Prisioneros políticos en la España contemporánea", que incluía fotografías de líderes independentistas catalanes encarcelados, alegando que estaba dañando la "visibilidad" del otro arte expuesto.

· En marzo, el rapero Pablo Rivadulla, conocido como Pablo Hásel, fue sentenciado a dos años de cárcel por apología del terrorismo, difamar al Estado español e insultar a la monarquía. "Ha surgido una generación de raperos con letras combativas", declaró Hásel, y agregó: "[El estado] tiene miedo porque estas letras llegan a muchos jóvenes, y no quieren que esas personas se involucren en la lucha por los derechos que nos están siendo negados”.

· También en marzo, el actor Willy Toledo apareció en un tribunal porque había defendido a tres mujeres acusadas de blasfemia después de que desfilaron en la ciudad sureña de Sevilla con una vagina gigante, simulando una procesión religiosa.

· La semana pasada, el alcalde de La Línea de la Concepción ordenó la eliminación de una fotografía en una exposición de la fotógrafa Marta Castellano, en la que se ve a una mujer vestida de sacerdote casarse con dos hombres, diciendo que "podría ofender a los católicos".

En numerosos artículos el WSWS ha advertido que la clase dominante española está organizando el apartado del Estado para utilizarlo, no en "una guerra contra el terror", sino para la represión interna en condiciones de desigualdad creciente.

Hemos explicado cómo la Ley Mordaza representa una nueva etapa en el desarrollo de amplios poderes de la policía para reprimir la oposición masiva que está creciendo a través de las redes sociales, y fuera del control de los principales partidos y la burocracia sindical.

Podemos está jugando un papel vital en el desarrollo de este marco represor. El partido es el arquitecto principal y el principal apoyo del nuevo gobierno, cometido imponer la austeridad, el militarismo y los ataques contra los derechos democráticos.

(Publicado originalmente en inglés el 26 de julio de 2018)