El aspecto más llamativo de la respuesta de los sobrevivientes del incendio de la torre Grenfell de los locales es el entendimiento casi universal de que se trató de un crimen perpetrado por la élite gobernante contra la clase obrera.

En los días y semanas después el desastre, trabajadores y jóvenes de todas las nacionalidades, colores de piel y religiones se han unido para ayudar a las víctimas y proporcionarles alimentos, ropa, refugio y otras formas de asistencia ante la inacción, crueldad e indiferencia del gobierno.

La semana pasada, la policía y el ayuntamiento local convocaron una reunión pública en la Iglesia de St. Clements como otro intento para disuadir las demandas de los residentes de que se detenga a los responsables. Afuera de la reunión, uno de los que vivían en el bloque residencial resumió el enojo que sienten: “No hay ninguna conexión entre la clase alta y la clase obrera y esa brecha es más y más grande, y en Kensington y Chelsea es la más grande que podrás ver”.

Esta perspectiva de clase es un anatema contra la noción de la política de identidad, cuyos adeptos han buscado caracterizar todas las problemáticas de la sociedad británica como cuestiones de raza, religión, género y sexualidad. La forma en que deliberan para ocultar las cuestiones esenciales de clase y sembrar divisiones dentro de la clase obrera a fin de promover sus propias carreras se ha visto claramente en el caso de la torre Grenfell.

La primera ministra Theresa May se vio obligada a realizar una investigación pública frente a la generalizada ira de la población por la pérdida masiva de vidas. Sin embargo, su propósito es permitirle al gobierno conservador —honrando la infame tradición de la élite gobernante británica— hacer un montaje que asegure que los responsables evadan la justicia. La investigación la encabeza el exjuez del Tribunal Superior, Sir Martin Moore-Bick, dejó claro que no se pretende llevar a cabo una investigación seria cuando declaró: “Me han pedido completar esta investigación con base en que se limitaría bastante a los problemas alrededor del inicio del incendio y su rápida expansión, con el fin de hacer recomendaciones sobre cómo prevenir que sucedan cosas de este tipo en el futuro”.

La investigación oficial de May y sus limitados términos de referencia han sido ampliamente denunciados por los supervivientes y residentes del complejo de viviendas sociales Lancaster West.

El historial de Moore-Bick de aprobar judicialmente políticas de limpieza social demuestra que él forma parte de los mismos grupos de poder cuyos ataques contra los inquilinos de las viviendas sociales resultaron en este incendio que cobró numerosas vidas. Sin embargo, según el grupo paraguas BME [Negro Minoría Étnica] Lawyers4Grenfell (Abogados por Grenfell BME, acrónimo para personas negras y otras minorías étnicas), que incluye a la Asociación de Abogados Musulmanes, la Sociedad de Abogados Negros, Operation Black Vote, NHS BME Network, la Sociedad de Abogados Asiáticos, entre otros grupos, el problema central de la investigación de May es el color de piel de Moore-Bick.

La organización le ha pedido a May que lo cambie por alguien cuyo origen representa a la “diversa” población local. A través de un comunicado de prensa de BMELawyers4Grenfell del 3 de julio, Peter Herbert, presidente de la Sociedad de Abogados Negros, declaró, “Este gobierno es muy consciente de que la comunidad de Grenfell ha perdido confianza en el modelo blanco, masculino y de clase media pero insiste en imponerlo nombrando a un director con poco o ningún conocimiento personal ni profesional en la diversidad cultural, religiosa y étnica representada por la comunidad de Grenfell”.

BMELawyers4Grenfell fue instrumental en la organización de la reunión del 29 de julio sobre la torre Grenfell que fue convocada por la secretaria del Interior de la oposición, la laborista Diane Abbott. La reunión fue dirigida por Abbott y David Lammy, dos de los más prominentes diputados laboristas negros, junto a la legisladora local laborista, Emma Coad Dent, cuyo distrito electoral incluye la torre Grenfell, y el secretario de Justicia de la oposición, Richard Burgon.

Ciento cincuenta sobrevivientes asistieron a la reunión. BMELawyers4Grenfell informó que “los sobrevivientes, residentes, familiares y simpatizantes denunciaron el abyecto fracaso del gobierno y las autoridades locales para dar respuestas, su constante desinformación en cuanto a la asistencia y el realojo prometidos para los residentes y discutieron una lista de peticiones que permanecen sin cumplir”.

Su enfoque en la raza y la religión, les permitió a Abbott y Lammy ocultar el papel político corrompido del Partido Laborista en establecer las condiciones sociales atroces que llevaron a Grenfell, a raíz de su promoción de las medidas de austeridad y privatizaciones. También, pudieron ayudarle al líder del partido, Jeremy Corbyn, en sus esfuerzos para prestarle credibilidad al montaje de investigación de May.

En primer lugar, las recomendaciones de la reunión se convirtieron en la base para que Corbyn le enviara una carta a May sobre cómo maquillar la investigación para prestarle credibilidad. En segundo lugar, el comunicado de prensa indicó que la mejor manera de hacer esto es incorporar a varios defensores de los grupos BME al proceso.

El comunicado cita a Ranjit Sond, presidente de la Sociedad de Abogados Asiáticos, quien insistió, “Se tiene que tomar nota de que la investigación sobre Stephen Lawrence y el Informe de Scarman sólo lograron ganarse la confianza de la comunidad local mediante la realización de una consulta detallada, sentados, como lo hicieron, con un diverso panel de asesores que les ayudó a desarrollar esta confianza con las víctimas y los sobrevivientes. El nombramiento de un diverso panel de expertos que comprenda, no sólo las cuestiones técnicas circundantes, sino las necesidades de la comunidad local es esencial para el éxito de la investigación ” [énfasis añadido].

Para subrayar su mensaje de que una mezcla racial más diversa en todo el procedimiento les ayudaría a venderle la investigación oficial a la escéptica y hostil población, Lammy le dijo a Sky News que Moore-Bick, “es un hombre blanco de clase media-alta... Es una lástima que no se pudiera encontrar una mujer para que condujera la investigación o, de hecho, alguien de una minoría étnica para que lo hicieron estando en el año 2017”.

El único objetivo de esta retórica es ocultar el hecho de que la investigación, sea cual fuere el género u origen étnico del juez principal, será inequívocamente un encubrimiento político.

A pocas horas del incendio y con sólo una fracción de los muertos identificados, ya se estaba intentando hacer del racismo el tema central de la tragedia. El 15 de junio, el día después del incendio, Skylar Baker-Jordan, editor-colaborador de la revista Gay UK Magazine, escribió un artículo para la edición británica del Huffington Post, un periódico creado por Arianna Huffington, cuya riqueza estimada es de $35 millones.

“La mayoría de los que perecieron, o que perdieron todo en las llamas, eran personas negras y de minorías étnicas”, escribió Baker-Jordan, antes de tener que reconocer que, “eran todos pobres (la naturaleza de vivir en un barrio de vivienda social)”.

Refiriéndose a las políticas de limpieza social en Londres, señaló que “los pobres (que son, a menudo pero no siempre, BME) son echados de viviendas de calidad en pro de regenerar la ciudad para inquilinos y compradores ricos y predominantemente blancos”.

Después de indicar que hay “muchísima gente blanca pobre también”, continuó, “pero los estudios han demostrado que mientras que el 20 por ciento de la gente blanca tiene bajos ingresos, este número es mayor para las minorías étnicas”.

Baker-Jordan insistió: “En el caso de la torre Grenfell, no podemos ignorar la presencia de tantos pobres BME”. Esto supuestamente confirma que “el gobierno local y el Parlamento se preocupan más por los ricos blancos que por los pobres negros y morenos”, etcétera.

El propósito de todo esto es encubrir la división fundamental de clases.

En Londres, alrededor de la mitad de todas las viviendas, muchas de ellas apartamentos de lujo y casas de estilo señorial, son propiedad de inversionistas extranjeros. Gran parte de ellos ni siquiera viven ahí. Al ayuntamiento de Chelsea y Kensington no le podría importar menos el color de piel de sus residentes súper ricos, o si los pobres son blancos, negros o asiáticos.

El comentario de Baker-Jordan fue citado el 6 de julio por Kevin Gulliver, paladín de la política de identidad, en el diario británico Guardian. Su artículo, “La crisis de la vivienda en Gran Bretaña es racista, tenemos que hablar de ello”, indica que el 36 por ciento de las personas consideradas por la ley como sin hogar en Inglaterra entre el 2016y el 2017 “son de origen BME”.

A pesar de que esta sea una mayor proporción que la presencia de minorías étnicas en la población general, el hecho más fundamental que se desprende de esta estadística es que 64 por ciento de las personas que no tienen techo —casi dos tercios de la población— no son BME y que la falta de una vivienda es una realidad que golpea a la clase obrera y pobres de cualquier origen étnico.

Gulliver continúa, “Lo sorprendente es lo poco que ha sido registrada esta desproporcionalidad racial en la falta de viviendas en la estela del incendio de la torre Grenfell, donde la mayoría de los residentes eran de origen BME”.

Luego se refiere favorablemente a la proliferación de asociaciones de viviendas controladas por la comunidad BME desde 1986, las cuales “siguen desempeñando un papel pequeño pero crucial en ofrecer soluciones alternativas de vivienda para las comunidades BME”.

Sin embargo, afirma, “a pesar de estos avances, las diferencias raciales siguen siendo una característica determinante en el sistema de viviendas de la nación”.

Estos intentos de retratar la crisis habitacional como el producto del racismo son reaccionarios y divisivos. La falta de viviendas sociales decentes y asequibles para la clase obrera no es el resultado del color de piel de las personas, sino del dominio de los recursos de la sociedad en manos de la clase capitalista.

Pero, para los que promueven la política de identidad por encima de la de clases, están en juego intereses materiales reales. Entre las preocupaciones principales de las capas más acomodadas de la clase media que hacen uso de las cuestiones de raza y género —independientemente de si ellos mismos son negros, blancos, hombres o mujeres— se encuentran los beneficios de pertenecer a este entorno social.

Las organizaciones habitacionales BME se iniciaron bajo el gobierno de Thatcher tras las revueltas de Brixton en 1981. El ya mencionado Informe de Scarman publicado en noviembre de ese año recomienda una serie de medidas, incluyendo la contratación de minorías étnicas en las fuerzas policiales y otras formas de “discriminación positiva”. Hoy día, hay setenta organizaciones habitacionales BME a nivel nacional. Sin embargo, la crisis de la vivienda es ahora peor que nunca para todas las secciones de la clase obrera.

Gulliver es el director de Human City Institute (HCI), una de las organizaciones detrás de la publicación de junio de este año de BMENational, el cuerpo representativo para los grupos habitacionales BME organizaciones. El sitio web de HCI indica, “Desde que HCI fue convertido en una beneficencia para la investigación y un centro de pensamiento en el 2008, ha realizado proyectos valorados en más de 1,5 millones de libras en efectivo y 'en especie', con ingresos de patrocinadores, fideicomisos de donaciones, organismos públicos y ventas”.

Su documento, “Raíces profundas, comunidades diversas, delicadamente al servicio: la oferta de viviendas para las personas negras y de minorías étnicas (BME)”, presume que:

“El sector de viviendas para personas negras y de minorías (BME) es un aspecto pequeño pero crucial e influyente en la composición del mercado inmobiliario en Inglaterra. Acomoda a 250 000 personas en 66 000 hogares, que representan alrededor del 3 por ciento de las viviendas sociales”. Luego agrega, “El sector ha estado activo por más de tres décadas, apoyado por gobiernos de todas las tendencias políticas...”.

El informe continúa, señalando que “El sector de viviendas BME cuenta con más de mil socios públicos, privados y del tercer sector [de organizaciones caritativas] para proporcionar viviendas, invertir en la comunidad y promover la cohesión comunitaria”. Estas asociaciones, indica, “son más comunes en Londres, donde hay 43 organizaciones habitacionales BME de todos los tamaños y que administran 20 650 hogares”.

En la actualidad, 70 asociaciones gestionan “66 000 viviendas, con una facturación anual estimada en 600 millones de libras y controlan activos valorados en alrededor de 1800 millones de libras”.

En octubre pasado, Gulliver escribió en el sitio web de 24housing, “En los próximos diez años, se puede estimar razonablemente que el total de viviendas controladas por asociaciones habitacionales BME llegue a 15 000 hogares, incluyendo propiedades compartidas, casas de arranque y alquileres sociales y asequibles. Esto vería un crecimiento de aproximadamente una cuarta parte, o de 2 a 3 por ciento cada año”.

Su control sobre estos activos significa que, para algunos, ser parte de estas asociaciones les ofrece un estilo de vida sumamente cómodo.

Las 70 asociaciones emplean directamente a 3500 personas, veinte por cada veinte casas que manejan, con aquellos en los niveles directivos obteniendo una bonita suma. Una de las 70 organizaciones, Arawak Walton, se jacta de que es “la mayor asociación habitacional independiente para personas negras y minorías étnicas (BME) en la zona noroeste, con una base de activos de alrededor de 57 millones de libras y volumen de negocios en la región de 5 millones de libras”. Con 26 personas que trabajan en su oficina, su cuenta anual que termina en marzo del 2016 muestra que dos de sus funcionarios de tiempo completo ganaron en 60 000 y 70 000 libras, mientras que otro recibió entre 90 000 y 100 000.

El sector BME ha sido apoyado por sucesivos gobiernos conservadores y laboristas por el simple hecho que hace que los trabajadores BME se enfrenten contra los trabajadores blancos en una lucha por un mercado de viviendas de calidad inferior cada vez más limitado.

Las campañas por políticas de “discriminación positiva” o “acción afirmativa” sólo refuerzan las divisiones raciales y obvian la necesaria lucha por el derecho social para todos de tener un techo. Esta demanda, a realizarse a través de una lucha en oposición a los defensores de la política racial, es precisamente la respuesta que la clase obrera necesita dar al infierno de la torre Grenfell.