El Parlamento griego aprobó nuevas medidas de austeridad el viernes de la semana pasada antes de la reunión del Eurogrupo de ministros de Finanzas el 15 de junio.

Estas se suman a una serie de medidas drásticas que se adoptaron el mes pasado, incluyendo reducciones adicionales a las pensiones de 9 a 18 por ciento, a los subsidios libres de impuestos de 8636 a 5681 euros, al seguro de desempleo y a otros beneficios. El proyecto de ley incluye medidas diseñadas para facilitar despidos masivos y la liquidación de activos públicos.

Estas medidas fueron adjuntadas a un proyecto de ley sobre regulaciones pesqueras para acelerar su aprobación en el Parlamento. Incluyen una enmienda de la legislación del mes pasado, que congelará los aumentos a las pensiones por un año más hasta finales del 2022. Esto equivale a una reducción de 250 millones de euros en pensiones, además del recorte de 500 millones de euros aprobado en mayo. Otra enmienda especifica que las negociaciones colectivas no se reanudarán automáticamente después de que el actual programa de austeridad para préstamos de la Unión Europea (UE) de 86 millones de euros termine en el 2018.

Todas estas medidas, 140 en total, son exigidas por los acreedores de Grecia como condición previa para la liberación de un paquete de 7 000 millones de euros que necesitan para pagar los pasivos en julio. La carga total de la deuda de Grecia se mantiene en torno a los 300 000 millones de euros, es decir, el 180 por ciento del PIB.

Las medidas adicionales exigidas por la UE, como el levantamiento de las restricciones administrativas a la privatización de Hellenikon, el lugar donde estaba el aeropuerto internacional de Atenas, serán adoptadas mediante una serie de decretos gubernamentales.

El ministro de Finanzas de Syriza, Euclides Tsakalotos, justificó su aprobación por vía rápida, declarando que el gobierno necesitaba contrarrestar el peligro de que “algunos de los que se oponen traten deliberadamente de convertir la reunión del Eurogrupo en una discusión sobre los requisitos previos, en vez de una discusión sobre la deuda”.

Se trata de una referencia al continuo estancamiento entre la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con respecto a la segunda evaluación del actual programa de austeridad, que debía haberse finalizado en noviembre. Esto ha vuelto a poner en cuestión la posibilidad de un incumplimiento de la deuda griega, especialmente después de que las negociaciones sobre un alivio de la deuda, al que se el gobierno alemán se opuso, fracasaran en la última reunión del Eurogrupo.

El FMI no se ha unido al actual programa de préstamos, sosteniendo que la deuda de Grecia no es sostenible a largo plazo y que requiere un “corte de pelo” a cambio de recortes aún más draconianos en el futuro. De hecho, el grueso de las medidas promulgadas el mes pasado y este viernes se basan en las demandas del FMI que pone como condición para su incorporación al programa.

De acuerdo con el acta de la reunión del Eurogrupo que se filtró a través del sitio web griego de noticias Euro2day, el jefe del FMI en Europa, Poul Thomsen, insistió: “Necesitamos algo mucho más específico [sobre el alivio de la deuda] o no podrán convencernos”.

La respuesta del ministro federal de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, fue: “No tengo un mandato [para acordar a medidas de alivio de la deuda]. Si este es el camino, entonces buena suerte. No encontraremos una solución”.

Mientras que Schäuble considera que la participación formal del FMI es políticamente necesaria para que la austeridad continúe, considera que el alivio de la deuda es especialmente perjudicial para la élite alemana, que es la principal acreedora de Grecia en la UE.

A principios de la semana pasada, el FMI suavizó su postura, con la directora del FMI, Christine Lagarde, diciéndole a la revista alemana Handelsblatt: “Si los acreedores aún no están en la etapa en la que puedan ponerse de acuerdo y respetar nuestras suposiciones, si les toma más tiempo para llegar allí, podemos reconocerlo y darles un poco más de tiempo”. Al mismo tiempo, mantuvo que “el desembolso sólo tendrá lugar una vez que el alivio de la deuda sea claramente articulado por los acreedores”.

Según los informes, Lagarde asistirá a la reunión del Eurogrupo esta semana, que se ha tomado como señal de que se llegará a un acuerdo.

La prisa de llegar a un compromiso demuestra el nerviosismo que hay en los círculos gobernantes de que la eventualidad de un impago podría desencadenar protestas y huelgas de las masas obreras en Grecia, tomando en cuenta la amplia participación en la huelga general de 24 horas de mayo. Convocada por la burocracia sindical para coincidir con la aprobación de las medidas del mes pasado, la huelga hizo que el país se paralizara.

Si bien hay diferencias entre el FMI y la UE sobre la manera de manejar la crisis de la deuda griega, expresando la creciente división entre los intereses geopolíticos de Washington y Berlín, en cuanto a intensificar la ofensiva contra la clase obrera, hay un acuerdo total.

El compromiso fue inicialmente propuesto por el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, quien le pidió al FMI “dar un gran paso y llevar el programa a la junta [del FMI]... incluso si puede desembolsarlo antes de que se resuelva la cuestión de la deuda”.

Como respuesta, Thomsen del FMI declaró, “esta es una propuesta interesante que podemos considerar”.

Tsakalotos se quejó que tal compromiso “sería el peor de todos los mundos para Grecia”, agregando que “hemos negociado un programa fuerte con el FMI bajo la condición de que viene con un plan que dice que la deuda no es sostenible, por lo que podemos pasar la página. La participación del FMI debe basarse en la afirmación de que la deuda es sostenible”. De todas maneras, Tsakalotos igual les aseguró que su gobierno sigue siendo tan fiable como siempre en aplicar los dictados de la UE y el FMI, afirmando que “tienen mi compromiso personal de que el trabajo para completar las acciones anteriores continuará”.

Esta es sólo la última evidencia del papel de Syriza como una herramienta de la élite financiera. Llegó rápidamente al poder en enero del 2015 con el apoyo de las masas a su campaña contra la austeridad. Sólo unos meses después, el partido de pseudoizquierda capituló completamente ante los acreedores de la deuda griega, firmando un nuevo paquete de rescate financiero y traicionando la oposición generalizada entre los trabajadores y jóvenes griegos a la austeridad que se vio reflejada en el referéndum de julio del 2015.

Al igual que sus antecesores de gobierno socialdemócratas y conservadores, Syriza se apoya en medios antidemocráticos en el Parlamento para acelerar las medidas de austeridad exigidas por la UE y el FMI y en las unidades de la policía antidisturbios para reprimir la oposición de los trabajadores y jóvenes.

Syriza es ahora ampliamente despreciada, alcanzando sólo un 16,5 por ciento de aprobación según una encuesta reciente. Un 40 por ciento de los griegos cree que las medidas votadas el mes pasado son las más brutales desde que se firmó el primer rescate financiero en el 2010.

El sector privado griego y las federaciones sindicales del sector público, la GSEE y ADEDY, emitieron declaraciones condenando las últimas medidas. Refiriéndose a la forma en que fueron aprobadas, ADEDY declaró, “las enmiendas de última hora han sido utilizadas en el pasado por todos los gobiernos proausteridad con el fin de evitar una reacción social. Esto no contribuyó, empero, a su longevidad, ni a la disminución de un contragolpe ni de la ira popular”.

Tal crítica busca ocultar la propia complicidad de la burocracia sindical en facilitar la aprobación de estas medidas. Desde el 2010 se han convocado innumerables huelgas generales de 24 horas, cuyo único propósito ha sido permitir que los trabajadores descarguen su ira mientras que las medidas terminan imponiéndose sin oposición.

GSEE también condenó verbalmente las últimas medidas y prometió “continuar militantemente la lucha a través de nuestros sindicatos”. No obstante, no tuvo ningún reparo en invitar al ministro de Finanzas Tsakalotos y al gobernador del Banco de Grecia y anterior ministro de Finanzas, Yiannis Stournaras, a dar una charla en un evento próximo organizado por su Instituto Laboral. Ambos son directamente responsables de la implementación de las medidas que han empobrecido dramáticamente a la clase obrera griega.