El apoyo popular a Syriza se ha desplomado. Según una encuesta realizada por Real Polls la semana pasada, Syriza ocupa el octavo lugar, con un 3,6 por ciento.
Millones de personas en diversos sectores están indignadas por el estancamiento de los salarios y los ataques a las condiciones de trabajo en medio de una creciente crisis del costo de vida, expresada en la ola de huelgas de este mes por parte de miles de trabajadores en distintas industrias.
Tanto el cambio climático como el colapso de los servicios esenciales para responder a sus efectos mortales son la consecuencia del modo de producción capitalista anarquista, que percibe la destrucción ambiental como uno de los costos de hacer negocios.
Imágenes impactantes muestran a refugiados de todas las edades durmiendo en las calles y colinas, rodeados por sus escasas pertenencias.
Las acciones del gobierno de Nueva Democracia son particularmente brutales en medio de un resurgimiento de la pandemia COVID-19, con cientos de nuevas infecciones que se anuncian cada día.
El Gobierno de Syriza ha estado en la primera línea de la represión contra los refugiados como parte de la agenda antiinmigrante de la Unión Europea.
Huelgas y protestas en Grecia son parte de una intensificación más generalizada de la lucha de clases en Europa.
Las medidas de austeridad aprobadas el 15 de enero por el parlamento griego están entre las más salvajes que hayan sido impuestas hasta ahora —que benefician a un gobierno de derechas cuyas credenciales de “izquierda radical” están hechas jirones.
No se tolerará nada que pueda prevenir que la oligarquía financiera saqueé los recursos griegos e intensifique su explotación de una fuerza laboral pauperizada.
El proyecto de ley está diseñado para facilitar despidos masivos y ventas de bienes públicos.
Las pensiones se reducirán en un 18 por ciento, afectando a unos 1,1 millones de pensionistas, alrededor del 1 por ciento del PIB.
Según informes, el gobierno griego de Grecia llegó a un acuerdo informal con la Comisión Europea (CE) para recortar las pensiones de 900.000 jubilados.
