Las redadas masivas contra inmigrantes lanzadas el domingo en Los Ángeles marcan otro paso agresivo en la guerra total de la administración Trump contra la clase trabajadora y los derechos democráticos. Estas operaciones, llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) con la asistencia de múltiples agencias federales de seguridad, han sumido a las comunidades de inmigrantes en el miedo y la incertidumbre. A medida que se revelan más detalles, se hace evidente que estas redadas no son acciones aisladas de cumplimiento de la ley, sino parte de un asalto autoritario más amplio contra la clase trabajadora en su conjunto.

Las redadas en Los Ángeles, según han confirmado múltiples fuentes, vieron que agentes de ICE recorrieran barrios enteros, atacando a personas supuestamente sin estatus migratorio legal. Informes indican que agentes federales se reunieron fuera de las viviendas en la madrugada, lo que llevó a activistas a movilizarse en respuesta. Videos circulando en redes sociales muestran a manifestantes instando a los residentes a no abrir sus puertas, recordándoles que los agentes de ICE requieren órdenes judiciales firmadas por un juez, algo que rara vez poseen.

Aún no está claro cuántas personas fueron arrestadas en la operación del domingo, pero la magnitud del operativo sugiere un número significativo. En respuesta, una coalición de 60 organizaciones, encabezadas por una agrupación llamada Unión del Barrio, ha prometido interrumpir las operaciones de detención en el sur de California. Esta coalición, conocida como la Coalición de Autodefensa Comunitaria, ha llevado a cabo tácticas de acción directa que incluyen patrullajes en vecindarios de inmigrantes, monitoreo de agentes federales y movilizaciones de respuesta rápida para evitar arrestos y detenciones.

El compromiso de la coalición con una intervención inmediata y directa refleja la gravedad de la situación. Las familias viven con el temor constante de que sus seres queridos sean arrancados de sus hogares sin previo aviso, una realidad que ha llevado a trabajadores, estudiantes, activistas y defensores legales a la acción. La Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles también ha tomado medidas para contrarrestar la desinformación y brindar asistencia legal a quienes son blanco de la represión migratoria.

Los activistas de la coalición patrullaron la ciudad el domingo en un intento por frenar la brutal ofensiva del gobierno. A pesar de estos esfuerzos, ICE, con refuerzos de agencias como la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ejecutó su misión con precisión militar.

Estas redadas responden a la demanda explícita de Trump de una política más severa de aplicación de leyes migratorias. La frustración de su administración por lo que considera niveles de deportación “débiles” llevó a la destitución abrupta del director interino de ICE, Caleb Vitello. En reuniones privadas, Trump habría reprendido a su equipo de inmigración, exigiendo acciones más agresivas. Las redadas del domingo son el resultado de esas demandas: una escalada políticamente motivada diseñada para aterrorizar a las comunidades inmigrantes y enviar un mensaje de poder sin restricciones.

Documentos gubernamentales filtrados han revelado que estas redadas fueron meticulosamente planeadas con antelación. Estos documentos confirman que este no es un operativo de cumplimiento rutinario, sino una de las mayores ofensivas represivas en la historia de Los Ángeles. El objetivo es llevar a cabo deportaciones masivas con fuerza bruta, atacando a cualquiera que se considere “presente ilegalmente” en el país.

Un funcionario federal admitió anónimamente que la operación requirió “más efectivos”, reconociendo el carácter amplio de esta represión masiva. Este enfoque militarizado subraya el uso de la aplicación de leyes migratorias por parte de la administración Trump como una herramienta de terror contra una población vulnerable. Más allá de las víctimas inmediatas, estos ataques sientan un precedente para el recrudecimiento de medidas de estado policial contra toda la clase trabajadora.

El “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan, ha alardeado abiertamente del objetivo de la administración de “erradicar” a lo que él define como migrantes “criminales”. La retórica sobre la criminalidad no es más que un pretexto para deportaciones masivas dirigidas indiscriminadamente contra inmigrantes de la clase trabajadora. La presencia de agencias como la ATF y la DEA evidencia además que esta operación no se trata solo de la aplicación de leyes migratorias, sino de la consolidación del poder autoritario.

Los Ángeles, a menudo presentado por el Partido Demócrata como una “ciudad santuario”, ofrece poca protección real para los inmigrantes. Mientras funcionarios municipales como la alcaldesa Karen Bass y el gobernador de California Gavin Newsom condenan públicamente las políticas de Trump, sus acciones cuentan otra historia. Newsom viajó recientemente a Washington, donde no hizo ningún esfuerzo real para oponerse a los ataques de la administración contra los derechos de los inmigrantes. Mientras tanto, Bass no ha hecho nada para impedir que ICE opere libremente en la ciudad y, en cambio, ha supervisado el aumento del presupuesto policial y la cooperación con las fuerzas del orden.

La hipocresía del Partido Demócrata está a la vista de todos. Mientras denuncian verbalmente las medidas fascistizantes de Trump, no logran montar ninguna oposición genuina. Las llamadas políticas de “santuario” no son más que retórica vacía y no ofrecen protección tangible mientras ICE irrumpe en las comunidades con total impunidad. La mayor preocupación de los demócratas no es defender a la clase trabajadora, sino bloquear cualquier desafío a un sistema político en colapso.

La escalada de las redadas migratorias por parte de Trump no se trata solo de deportar a personas indocumentadas; es un ensayo general para medidas represivas aún mayores. Su administración ya ha sentado las bases para una expansión sin precedentes del poder ejecutivo, incluyendo amenazas de deportar ciudadanos estadounidenses y detener inmigrantes en la Bahía de Guantánamo.

Las repetidas afirmaciones de Trump de que la ciudadanía por derecho de nacimiento “no es absoluta” exponen las consecuencias más amplias de su política migratoria. Su administración ha insinuado maniobras legales que podrían llevar incluso a ciudadanos nacidos en EE.UU. a ser deportados bajo pretextos dudosos. La erosión de estos derechos fundamentales demuestra que el verdadero objetivo de estos ataques no son solo los inmigrantes, sino toda la clase trabajadora.

A pesar del miedo propagado por estas redadas, la resistencia está creciendo. En Los Ángeles, miles de estudiantes y trabajadores han tomado las calles, bloqueado autopistas y exigido el fin de las deportaciones masivas. Estas manifestaciones destacan la creciente indignación entre amplios sectores de la población que reconocen que el ataque contra los inmigrantes es un ataque contra todos los trabajadores.

Sin embargo, este movimiento no debe ser cooptado por el Partido Demócrata, que ha demostrado ser incapaz de enfrentar la agenda de Trump de manera significativa. En su lugar, los trabajadores y estudiantes deben formar comités independientes en sus comunidades, lugares de trabajo y escuelas para organizarse contra estas redadas. Estos comités deben servir como centros de resistencia dedicados a educar, movilizarse y prepararse para futuras confrontaciones con la represión estatal.

El único camino para seguir es la construcción de un movimiento socialista dedicado a defender los derechos democráticos y desmantelar el sistema capitalista que perpetúa estos ataques. La clase trabajadora debe rechazar a ambos partidos de la élite gobernante y tomar el asunto en sus propias manos. La lucha contra las políticas migratorias fascistizantes de Trump es la lucha por un mundo libre de opresión y explotación, un mundo donde los derechos humanos no sean sacrificados en el altar del lucro y el poder.

Las redadas masivas en Los Ángeles deben ser condenadas en los términos más enérgicos. Representan una grave amenaza no solo para los inmigrantes, sino para el futuro de la democracia misma. Solo a través de la movilización masiva, la solidaridad y la lucha revolucionaria podrá la clase trabajadora derrotar esta creciente amenaza autoritaria y forjar un nuevo camino hacia un futuro prometedor.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de febrero de 2025)