Menos de 48 horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump hiciera un llamado a la limpieza étnica de Gaza desplazando a toda su población, el gobierno israelí tomó medidas para implementar la propuesta del presidente.
El ministro de defensa israelí, Israel Katz, declaró el jueves que había ordenado al ejército prepararse para poner en marcha el plan de Trump. “Doy la bienvenida a la audaz iniciativa del presidente Trump, que puede crear amplias oportunidades para aquellos en Gaza que deseen salir”.
Añadió: “He instruido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para que preparen un plan” que incluiría “opciones de salida por pasos terrestres, así como arreglos especiales para salidas por mar y aire”.
El martes, Trump declaró que la Franja de Gaza “no debería pasar por un proceso de reconstrucción y ocupación por la misma gente que ha vivido allí una existencia miserable”. Trump llamó a “otros países” a “construir diversos dominios que eventualmente serán ocupados por los 1,8 millones de palestinos que viven en Gaza”.
Los medios estadounidenses han fingido estar conmocionados e indignados por el plan de Trump, que se presenta falsamente como una idea improvisada que Trump presentó en el último minuto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y que no fue discutida por su administración ni por funcionarios israelíes.
Esta absurda presentación queda desmentida por el hecho de que múltiples funcionarios del gobierno israelí han pedido exactamente el mismo plan, utilizando exactamente el mismo lenguaje, durante más de un año.
En enero de 2024, el ministro de finanzas israelí, Bezalel Smotrich, llamó a la limpieza étnica de Gaza, declarando: “Queremos fomentar la emigración voluntaria y necesitamos encontrar países dispuestos a recibirlos [a los palestinos]”, agregando que no descartaría la “colonización de la Franja de Gaza”.
Alrededor del mismo tiempo, el ministro de seguridad nacional, Itamar Ben-Gvir, dijo a los reporteros que la guerra en Gaza representaba una “oportunidad para concentrarse en fomentar la migración de los residentes de Gaza”, calificando la medida como “una solución correcta, justa, moral y humana”.
En realidad, Trump no hizo más que afirmar abiertamente la política real del Gobierno israelí, que ha sido facilitada, financiada y armada por las administraciones de Biden, y ahora de Trump.
En respuesta al plan de Trump, el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que “cualquier desplazamiento forzado de personas equivale a limpieza étnica”.
Human Rights Watch respondió a la declaración de Trump diciendo que este plan “haría que Estados Unidos pasara de ser cómplice de crímenes de guerra a perpetrador directo de atrocidades”.
Señaló que “el derecho humanitario internacional prohíbe el desplazamiento forzado permanente de la población de un territorio ocupado. Cuando dicho desplazamiento forzado se lleva a cabo con intención criminal, constituye un crimen de guerra. Si se realiza como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, reflejando la política de un Estado, es un crimen de lesa humanidad”.
Por su parte, Trump solo redobló su postura el jueves. “La Franja de Gaza sería entregada a Estados Unidos por Israel al concluir los combates”, dijo, agregando: “Estados Unidos, trabajando con grandes equipos de desarrollo de todo el mundo, comenzaría lenta y cuidadosamente la construcción de lo que se convertiría en uno de los desarrollos más grandes y espectaculares de su tipo en la Tierra”.
Netanyahu, por su parte, reiteró su apoyo a la propuesta de Trump, asegurando que no serían necesarias tropas porque el ejército israelí aplastaría la resistencia palestina. “Ese es nuestro compromiso, nuestro trabajo, y estamos absolutamente comprometidos con ello”.
Netanyahu calificó el plan de Trump como “notable”, agregando: “¿Qué tiene de malo? Pueden irse, luego pueden regresar, pueden reubicarse y volver…”. Añadió: “Esta es la primera buena idea que he oído”.
El jueves, Trump firmó una orden ejecutiva sancionando a la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de haber “participado en acciones ilegítimas e infundadas dirigidas contra Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel”.
En reconocimiento al papel de las fuerzas armadas estadounidenses en la facilitación de los crímenes de guerra israelíes, la orden ejecutiva declara:
Las recientes acciones de la CPI contra Israel y Estados Unidos establecen un precedente peligroso, poniendo en riesgo directo al personal actual y pasado de Estados Unidos, incluidos miembros en servicio activo de las fuerzas armadas, al exponerlos a acoso, abuso y posibles arrestos.
La Casa Blanca declaró que la corte “abusó de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ex ministro de defensa Yoav Gallant”.
En mayo, el fiscal jefe de la CPI solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de defensa, Yoav Gallant.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, acusó a los líderes israelíes de presidir el “asesinato” y el “exterminio” de palestinos, como parte de un “plan común para utilizar el hambre como método de guerra y otros actos de violencia contra la población civil de Gaza como medio para… castigar colectivamente a la población civil de Gaza”.
Al anunciar los cargos, el fiscal acusó a Netanyahu y Gallant de:
los siguientes crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad: el uso del hambre contra civiles como método de guerra; causar deliberadamente gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o la salud… o el trato cruel como crimen de guerra; asesinato intencional… o asesinato como crimen de guerra; exterminio y/o asesinato… incluyendo en el contexto de muertes causadas por hambre.
Hasta la fecha, 47.583 palestinos han sido asesinados por los ataques israelíes, según cifras oficiales, y un estudio reciente publicado en The Lancet estima que la cifra real de muertos podría ser de 70.000 o más.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de febrero de 2025)