Los administradores universitarios, trabajando de la mano del Gobierno de Biden-Harris, las gobernaturas republicanas y demócratas, y la policía local, estatal y nacional, están llevando a cabo una represión sin precedentes contra los derechos democráticos de los estudiantes y todos los que buscan oponerse al genocidio israelí respaldado por EE.UU. en Gaza y la guerra de EE.UU. y la OTAN contra Rusia en Ucrania. 

En las universidades de todo el país, los estudiantes se enfrentan a un conjunto de normas de conducta que limitan las protestas, prohíben los campamentos que fueron el foco de las protestas masivas estudiantiles este año contra el genocidio en Gaza, y castigan con suspensiones y expulsiones a estudiantes por acciones anteriores como forma de intimidación.

En varias universidades, particularmente en California, los estudiantes han sido sometidos a dos o tres victimizaciones a la vez. Ha habido asistentes de las residencias estudiantiles a quienes no les permiten ingresar, privándolos de un lugar donde vivir y de un trabajo que les cubre la renta o un estipendio. Otros estudiantes perdieron acceso a sus propias computadoras o a las redes universitarias y las aulas, volviendo imposible que completen sus tareas o cumplan con los requisitos de los cursos. 

La semana pasada, la ACLU Foundation of Northern California, el Center for Protest Law & Litigation y el abogado de derechos civiles Thomas Seabaugh presentaron una demanda contra la Universidad de California en Santa Cruz, argumentando que su decisión de prohibir la entrada al campus a más de 100 estudiantes y profesores después de que fueron arrestados por protestar por el genocidio en Gaza el semestre pasado es inconstitucional.

“Nuestros clientes no se involucraron en una conducta que representara una amenaza de lesiones significativas a nadie ni a nada”, dijo Seabaugh. “Prohibirles la entrada no solo fue de mano dura, fue inconstitucional y una violación de los derechos democráticos básicos y las libertades académicas. Estamos demandando para asegurarnos de que, en el próximo año escolar, los administradores de UCSC cumplan con la ley y respeten los límites constitucionales de su poder para prohibir a los estudiantes y profesores del campus”.

Los Gobiernos estatales dirigidos por el Partido Demócrata, como los de California, Michigan y Nueva York, han sido particularmente crueles al atacar a los estudiantes que se oponen al genocidio de Gaza. En Michigan, la fiscal general Dana Nessel está presentando cargos penales contra 11 estudiantes de la Universidad de Michigan por sus acciones la primavera pasada. Siete están siendo acusados de invadir y obstruir a un oficial de policía, un delito grave con una sentencia máxima de dos años. Dos están acusados solo de allanamiento, y otros dos enfrentan cargos de delito menor como perturbar la paz.

Una de las acciones más flagrantemente antidemocráticas se tomó el lunes, 9 de septiembre, cuando la policía local de Ann Arbor, Michigan, impidió que los miembros del Partido Socialista por la Igualdad (SEP, sigla en inglés) y los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (JEIIS) informaran a los estudiantes y trabajadores universitarios sobre una reunión en el campus al día siguiente a la que se dirigiría el candidato presidencial del SEP, Joseph Kishore. 

La policía, tras las acciones provocativas de un profesor sionista, prohibió a los partidarios del SEP distribuir folletos y literatura de campaña.

Fue aún más indignante la orden emitida por la policía que prohibía a los cuatro partidarios del SEP poner un pie en el campus durante un año, bajo la amenaza de ser arrestados y procesados por allanamiento. 

El lunes, los partidarios del SEP emitieron una objeción formal a las citaciones, que dice: 

Faltan siete semanas para las elecciones presidenciales y deseamos continuar haciendo campaña por nuestro candidato en el campus. Cada día que estas prohibiciones permanecen vigentes, el peso de la violación de nuestros derechos constitucionales se hace mayor. Esta no es una dictadura de medio pelo donde la policía puede hostigar a los partidarios de los candidatos que se oponen al statu quo, y planeamos hacer valer nuestros derechos al máximo.

La oposición al creciente ataque a los derechos democráticos requiere la movilización de los sectores más amplios de la clase trabajadora. Los trabajadores deben reconocer que lo que se está haciendo hoy con los estudiantes que se oponen al genocidio de Gaza es la preparación del Estado capitalista para ataques mucho más amplios contra los derechos democráticos de la clase trabajadora en su conjunto.

Es bien sabido que el movimiento estudiantil masivo contra la guerra de la década de 1960 se convirtió en el blanco de operaciones represivas como el COINTELPRO del FBI, que espiaba y buscaba victimizar a los estudiantes activos en la campaña contra la guerra en Vietnam. Pero hay que decir que lo que ya ha ocurrido, bajo los auspicios del Gobierno de Biden-Harris y los republicanos fascistoides en el Congreso, va mucho más allá de los métodos antidemocráticos empleados entonces.

El último año escolar se ha caracterizado por una caza de brujas política y mediática de un carácter sin precedentes, con protestas contra el genocidio calificadas de “antisemitas”, mientras que los estudiantes han sido sometidos a gases lacrimógenos y de pimienta, balas de goma, porrazos y diversas formas de represalias criminales, académicas y laborales.

Varios rectores de universidades se han visto obligados a dimitir con el argumento de que supuestamente no tomaron medidas enérgicas contra las protestas “antisemitas”. Y se ha ejercido una gran presión, tanto de los donantes ricos como del Gobierno, para asegurarse de que no haya un mayor aumento de las protestas este otoño.

El carácter preventivo de esta represión es particularmente notable. La élite corporativa y su aparato de inteligencia y militar no solo está preocupada de una repetición de las protestas contra el genocidio como las del año pasado, aunque el régimen israelí todavía está llevando a cabo crímenes de guerra masivos contra el pueblo palestino.

La élite gobernante teme que la oposición a la guerra provocada por los acontecimientos en Gaza haya preparado el escenario para un movimiento de oposición mucho más amplio, dirigido contra la guerra imperialista de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania, las crecientes provocaciones militares contra Hezbolá, los hutíes e Irán en Oriente Próximo, y los preparativos de una guerra a gran escala con China en la región del Indo-Pacífico, que algunas de las principales figuras militares de Estados Unidos han predicho que podría estallar tan pronto como el próximo año.

En esta crisis creciente, el mayor temor de la oligarquía financiera es la unión de la oposición política a la guerra imperialista y las luchas de masas de la clase trabajadora en defensa de sus empleos, niveles de vida y derechos sociales como la salud, la educación y la vivienda. En particular, temen la creciente influencia del movimiento trotskista, el Partido Socialista por la Igualdad y el JEIIS, que luchan conscientemente por unir a la clase obrera y la juventud en una lucha común por el socialismo y contra la guerra imperialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de septiembre de 2024)