El fallo de la Corte Suprema el lunes en el caso Trump vs. Estados Unidos altera fundamentalmente el carácter del Gobierno norteamericano que ha existido desde la Revolución estadounidense, poniendo al presidente por encima de la ley y efectivamente transformando al “comandante en jefe” en un dictador que puede perpetrar crímenes con impunidad. 

En una opinión escrita por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, la mayoría de extrema derecha declaró que el presidente estadounidense goza de una presunta “inmunidad” por “actos oficiales” y que, por lo tanto, el expresidente Donald Trump era “inmune” ante la justicia por la mayoría de sus actos en la intentona golpista del 6 de enero de 2021. El fallo remitió el caso a un tribunal inferior para considerar si otras acciones relacionadas con el golpe de Estado, como los intentos de Trump de obligar al vicepresidente Mike Pence a introducir listas alternativas de electores en los estados que Trump perdió, cuentan como “actos oficiales”. En términos prácticos, esto significa que Trump no puede ser condenado por la insurrección del 6 de enero antes de las elecciones del 5 de noviembre.

En palabras de la jueza disidente Sonia Sotomayor, la opinión mayoritaria “se burla del principio, que es fundamental para nuestra Constitución y sistema de gobierno, de que ningún hombre está por encima de la ley”. 

Si bien la palabra “dictador” no aparece en las opiniones de la mayoría ni las disidentes, un jefe de Estado que está “por encima de la ley” se llama dictador. Esto es lo que significa tener una dictadura presidencial.

“La Corte crea efectivamente una zona fuera del alcance de la ley alrededor del presidente, alterando el statu quo que ha existido desde la Fundación”, escribió Sotomayor. “Cuando el presidente use sus poderes oficiales de cualquier manera, según el razonamiento de la mayoría, ahora estará protegido de una causa penal. ¿Ordena al Equipo Seal 6 de la Marina asesinar a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para mantenerse en el poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune.

“La relación entre el presidente y las personas a las que sirve ha cambiado irrevocablemente”, escribió Sotomayor. “En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley”.

En una disidencia separada, la jueza Ketanji Brown Jackson sugirió que el presidente ahora tiene la facultad de asesinar a funcionarios del Gobierno con impunidad. “Si bien el presidente puede tener la autoridad para destituir al fiscal general, por ejemplo”, escribió, “la pregunta aquí es si el presidente tiene la opción de destituir al fiscal general, por ejemplo, asesinándolo por envenenamiento”.

El fallo del lunes no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. En 1977, tres años después de renunciar a la Casa Blanca en desgracia, el expresidente Richard Nixon le dijo al periodista David Frost que “cuando el presidente comete el acto, eso significa que no es ilegal”. Durante décadas, esta declaración nunca fue tratada como una declaración de la jurisprudencia constitucional estadounidense, sino como una admisión del carácter criminal de Nixon. 

Para hacer una analogía histórica apropiada, es necesario hacer referencia a la jurisprudencia fascista. La ley habilitante de 1933, por ejemplo, le dio a Hitler el poder de violar unilateralmente la Constitución de Weimar, sin tener que rendir cuentas ante otras ramas del Gobierno. Del mismo modo, la mayoría de la Corte Suprema declaró el lunes que el presidente de los Estados Unidos necesita gozar de inmunidad legal para poder emprender “acciones audaces y sin vacilaciones”.

Bajo el nuevo marco legal propio de una dictadura presidencial anunciado por la Corte Suprema, Augusto Pinochet habría gozado de total inmunidad judicial por sus crímenes, siempre y cuando declarara que el asesinato en masa de opositores políticos de izquierda fuera un “acto oficial” para “combatir el terrorismo y la subversión” y “salvar al país del comunismo”.

Para usar un ejemplo más inmediato, un proyecto de ley propuesto en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en mayo por el republicano de Tennessee, Andy Ogles, autoriza la deportación de los estudiantes que se han manifestado contra el genocidio en Gaza. Según la decisión de la Corte Suprema del lunes, un presidente que llevara a cabo tal política sería inmune siempre y cuando fuere un “acto oficial”.

El fallo suprime efectivamente lo que una vez se llamó la “teoría estadounidense de gobierno”, según la cual no existe un “soberano” como un rey o un príncipe. En cambio, en palabras del juez disidente Jackson, “el pueblo es el soberano, y el Estado de Derecho constituye nuestra primera y última seguridad”. Los revolucionarios estadounidenses describieron la idea de que cualquiera podría estar por encima de la ley “tiranía” y “despotismo”. En palabras de la Declaración de Independencia, cuando una población está sujeta a tal régimen, “es su derecho, es su deber, deshacerse de tal Gobierno y proporcionar nuevos guardias para su seguridad en el futuro”.

A pesar de las opiniones de los jueces disidentes que explicaron el significado histórico monumental del fallo, gran parte de la prensa en los Estados Unidos le restó importancia el lunes. El New York Times, vocero de la cúpula del Partido Demócrata, incluso sugirió que el fallo tenía un lado positivo porque, en los tribunales inferiores, los fiscales podrán “detallar gran parte de sus pruebas contra Donald Trump ante un juez federal y el público”.

Biden dio una breve rueda de prensa el lunes por la noche para denunciar el fallo. “Cualquier presidente, incluido Donald Trump, ahora tendrá la libertad de ignorar la ley”, dijo Biden, calificando el fallo como “un principio fundamentalmente nuevo y un precedente peligroso” porque cualquier límite a los poderes del presidente ahora será “autoimpuesto solo por el presidente”. Pero en respuesta al fallo, Biden simplemente pidió que “el pueblo estadounidense emita un juicio sobre el comportamiento de Donald Trump” votando por Biden en lugar de Trump en las elecciones de 2024.

El peligro de una dictadura presidencial no se limita a la elección de Trump. Ya es la “ley suprema del país”, gracias al fallo de la Corte Suprema del lunes, y no es posible su apelación. Biden argumenta esencialmente que la población debería evitar que un dictador malévolo llegue al poder eligiendo a otro dictador, uno que asumiría los mismos poderes pero que supuestamente los ejercería de una manera más “responsable”. 

Biden no ofreció ninguna propuesta para evitar la institución de una dictadura presidencial. Al menos en 1937, el presidente Franklin D. Roosevelt amenazó con vencer la oposición de la Corte Suprema al Nuevo Trato nombrando más jueces, una medida que Biden podría haber justificado fácilmente en medio de un escándalo histórico de corrupción en la corte. 

Cinco de los seis jueces que impusieron una dictadura a los 340 millones de habitantes de los Estados Unidos fueron nombrados por presidentes que perdieron el voto popular, incluidos tres nombrados por el propio Trump (Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh). Al menos dos jueces, Samuel Alito y Clarence Thomas, están implicados en el golpe de Estado de Trump. 

Biden y los demócratas comparten la misma responsabilidad que los republicanos por la amenaza planteada por Trump, después de haber insistido en rehabilitar un “Partido Republicano fuerte” a raíz de la insurrección del 6 de enero. Desde la intentona golpista, han gobernado en una coalición efectiva con los republicanos para librar sus guerras y el genocidio en el extranjero mientras reprimen las huelgas y la disidencia en el país.

Sin embargo, el peligro de una dictadura no proviene de Trump como individuo o incluso del Partido Republicano fascista en general. Del mismo modo, el intento de golpe de Estado del 6 de enero no fue un incidente aislado, sino un episodio en un proceso prolongado y continuo. 

Este proceso ha continuado a través de Gobiernos demócratas y republicanas, incluida la intervención de la Corte Suprema en las elecciones de 2000 para robarse la elección a favor de George W. Bush, su infame fallo en el caso Bush vs. Gore, así como la afirmación de la Administración de Obama de que puede ordenar el asesinato de ciudadanos estadounidenses al asesinar a Anwar Al-Awlaki en 2011, que Barrett cita con aprobación en su opinión concurrente. 

La tendencia hacia la dictadura es inherente al sistema capitalista en la época imperialista, que se caracteriza por el dominio del capital financiero en la economía y por las guerras imperialistas por el reparto de mano de obra, mercados y materias primas. El impulso hacia la dictadura está motivado en particular por la expansión de la desigualdad social, la guerra y la necesidad, desde el punto de vista de la clase dominante, de imponer políticas fundamentalmente impopulares. 

“El capital financiero no quiere libertad, quiere dominación”, escribió el marxista austriaco Rudolf Hilferding, en un pasaje citado por Lenin en Imperialismo: fase superior del capitalismo (1916). La democracia es inconsistente con una sociedad en la que oligarcas como Elon Musk pueden recibir un paquete salarial de $45 mil millones, mientras que cientos de miles de personas están sin hogar y hambrientas.

La democracia también es incompatible con la guerra imperialista, que requiere el reclutamiento de masas de jóvenes para servir como carne de cañón, el desvío de fondos públicos de las necesidades sociales y el aplastamiento de toda oposición. Si bien la alianza de Estados Unidos y la OTAN afirma estar en guerra para defender “la libertad y la democracia” contra el “autoritarismo” de Rusia y China, es el establishment político estadounidense el que está imponiendo formas autoritarias de gobierno en el país.

La lucha contra la imposición de una dictadura presidencial requiere comprender sus raíces en las relaciones capitalistas de producción y en la división anticuada del mundo en Estados nación rivales. La fuerza social que se opondrá a una dictadura, defenderá los derechos democráticos y desafiará al sistema capitalista es la clase obrera internacional, organizada como clase, independiente de todos los partidos capitalistas y luchando por el socialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de julio de 2024)