Los chilenos acudieron el domingo a las urnas por cuarta vez en cuatro años para votar un proyecto de Constitución proempresarial, antidemocrático y autoritario cuyo marco fue elaborado por todo el espectro político parlamentario, desde el estalinista Partido Comunista y el Frente Amplio del presidente Gabriel Boric hasta los pinochetistas y las fuerzas fascistas.

Los medios de comunicación corporativos, históricamente alineados con los sectores más reaccionarios, se han empleado a fondo en un último esfuerzo por aterrorizar a la población con una ostensible ola de crímenes, para que acepte una constitución que es más extrema que la carta del general Pinochet a la que pretende sustituir.

En esencia, el único derecho que consagra la carta es el derecho de los capitalistas a la propiedad privada y a acumular beneficios de la educación, la sanidad, los servicios sociales, las pensiones, el agua y cualquier otro sector de la sociedad. Refuerza este derecho mediante el fortalecimiento del estado policial y de un ejército facultado para intervenir en los asuntos internos. Los limitados derechos existentes al aborto, a la huelga y muchos otros derechos democráticos van a ser recortados aún más.

Cabe destacar la visión política y las declaraciones del ultraderechista Partido Republicano, la fuerza política con mayor representación en el consejo constitucional elegido para enmendar el proyecto. El consejero Luis Silva es numerario del Opus Dei, la orden católica de derechas vinculada al régimen fascista del general Franco en España que tuvo discípulos entre las juntas militares de América Latina. Si Silva pudiera salirse con la suya establecería un estado teocrático, declarando recientemente que su 'modelo es Jesucristo'.

El líder de los Republicanos, otro Opus Deísta, es José Antonio Kast, hijo de un oficial nazi que huyó a Chile tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Resumen estableció en 2021 que la familia estuvo profundamente implicada en los crímenes de la Junta chilena. 'Diversos testimonios indican que dirigentes campesinos presos fueron transportados en camiones de 'Baviera', empresa fundada por la familia Kast en Paine, a campos de exterminio', denunció.

Tanto si se rechaza como si se aprueba el proyecto de Constitución, se han reforzado las tendencias políticas antidemocráticas, fascistas, oscurantistas y libertarias. Este es el resultado directo de las acciones de las fuerzas parlamentarias, sindicales y de la pseudoizquierda satélite.

Para desviar la atención de su papel crítico en la creación de estas condiciones, la 'izquierda' ha tratado de distanciarse del proyecto final en el período previo a las elecciones del 17 de diciembre. Ha llamado a votar 'no' basándose en la afirmación de que la derecha dominó los procedimientos del consejo constitucional y determinó el carácter del documento. Son demasiado modestos, subestiman su propia contribución.

El primer punto importante para destacar es que las políticas autoritarias y de estado policial implementadas bajo la coalición Apruebo Dignidad de Boric están consagradas en el proyecto de constitución, leyes como: la aplicación retroactiva de protecciones legales concedidas a los militares y Carabineros para el uso de fuerza letal; el uso de los militares en funciones de orden público, incluyendo la protección de 'infraestructuras críticas' y la protección de zonas fronterizas.

Además, aunque las enmiendas pertenecen casi exclusivamente a la derecha, el marco inicial del segundo proyecto, que consta de 12 puntos fundamentales, fue elaborado por un comité de 'expertos' elegidos a dedo por el Congreso en función de la representación de los partidos. Permanecieron intactos.

Este acuerdo, pomposamente denominado 'Acuerdo por Chile', fue propuesto por el presidente Boric y aceptado por casi todos los partidos en el Congreso el pasado diciembre, después de que el primer proyecto fuera rechazado abrumadoramente en las elecciones de septiembre del año pasado.

En mayo se realizaron otras elecciones para elegir a 50 consejeros constitucionales, en las que la coalición de centroizquierda fue aniquilada y la coalición del presidente Boric sólo obtuvo 17 escaños. Los republicanos fascistas y la derecha obtuvieron 33 de los 50 escaños, lo que les otorgó poder de veto sobre el proceso constitucional y capacidad para aprobar y modificar normas constitucionales.

La situación política actual, que presagia inmensos peligros para la clase trabajadora y la juventud, es el producto final de una campaña de cuatro años iniciada por la 'izquierda' chilena para salvar a una clase política asediada que estaba a punto de implosionar. Se enfrentaba a su mayor crisis desde la década de 1970, cuando un movimiento revolucionario internacional de la clase obrera amenazó el dominio capitalista en todas partes.

En ese momento, el capitalismo mundial se salvó gracias a la traición de los falsos dirigentes estalinistas y socialdemócratas de la clase obrera. En Chile esta traición fue consumada por los partidos Comunista y Socialista que formaban la columna vertebral del gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende. Con el apoyo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) castro-guevarista, encorsetaron a la clase obrera al Estado capitalista sembrando ilusiones en el supuesto respeto de los militares a la 'inviolabilidad' de la Constitución, incluso cuando la burguesía golpista chilena, financiada por sus patrocinadores imperialistas estadounidenses, preparaba abiertamente el golpe de Estado.

Cinco décadas después, en medio de las históricas manifestaciones anticapitalistas que sacudieron Chile como parte del estallido de las luchas de la clase obrera en todo el mundo, estas mismas fuerzas intentaron desviar a los trabajadores y jóvenes politizados y radicalizados hacia una farsa parlamentaria sin salida.

Se puso en marcha una división de trabajo política para lograr este objetivo. En noviembre de 2019, mientras los asesinos militares y Carabineros reprimían despiadadamente las protestas masivas desarmadas, Boric, el ex radical estudiantil, participó en las conversaciones de unidad nacional de la administración derechista de Piñera que condujeron a un 'Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución' firmado por todos los partidos parlamentarios excepto el Partido Comunista. La oposición fingida del PC fue para consumo público.

Poco después de sellarse el acuerdo, los sindicatos corporativistas, controlados por el Partido Comunista, desconvocaron las huelgas en apoyo de las manifestaciones masivas. Esta política de supresión de toda acción industrial continuó durante los tres años siguientes, mientras la clase dominante imponía a la clase trabajadora la carga de la crisis sanitaria del COVID-19 y el choque en la cadena de suministro de la guerra por poderes de EE.UU. y la UE contra Rusia, mediante despidos masivos, congelación salarial, recortes del gasto y un coste de la vida en alza. Cuando la supresión de la lucha de clases resultó imposible y los trabajadores rompieron su dominio, los burócratas sindicales hicieron todo lo posible para aislar las huelgas y desviar a las bases hacia actos de protesta ante el Congreso o el despacho de algún ministro.

En efecto, los sindicatos controlados por el Partido Comunista colocaron conscientemente una cuña entre la clase obrera y la juventud, que era la capa predominante en las marchas anticapitalistas. Una vez aislada, la 'izquierda' parlamentaria ayudó al gobierno derechista de Piñera (2018-2022) a reforzar el estado policial para intimidar a la juventud y criminalizar toda protesta social.

El resto del gobierno de Piñera estuvo marcado por una frenética campaña de ley y orden dirigida contra los inmigrantes y las comunidades indígenas y una mayor dependencia de las fuerzas especiales de Carabineros y los militares, todo lo cual Boric ha emulado.

Fue en este clima polarizado en el que Boric y compañía empezaron a promover a bombo y platillo el fraude de que era posible transformar Chile en un Estado social reformista que 'sepultaría el neoliberalismo' cambiando la Constitución y ganando las elecciones presidenciales de 2021.

En octubre de 2020, más del 80 por ciento de la población votó a favor de un referéndum para cambiar la constitución de Pinochet, mantenida en vigor durante 30 años desde el retorno al gobierno civil.

En las elecciones de mayo de 2021 para la convención constitucional, la derecha y los antiguos partidos de centroizquierda quedaron reducidos a un grupúsculo, mientras que la pseudoizquierda, que prometió inscribir en el proyecto de constitución los derechos a la sanidad pública, la educación pública, una pensión digna, el fin de las desigualdades sociales y la democratización del aparato estatal, obtuvo una mayoría de dos tercios.

En las elecciones presidenciales de diciembre, se lanzó una campaña sin cuartel para promover el pacto electoral Partido Comunista-Frente Amplio como el único medio de impedir la llegada al poder del candidato de los republicanos, el fascista José Antonio Kast.

En las elecciones de septiembre de 2022, cuando un abrumador 62 por ciento de la población votó en contra de la constitución 'más progresista' del mundo, Boric llevaba siete meses en el poder. En ese intervalo, la coalición gobernante estalinista-pseudoizquierda había hecho añicos todas las expectativas e ilusiones creadas entre los trabajadores, la clase media y la juventud.

Las reformas sociales que había prometido antes de las elecciones se esfumaron. Mario Marcel, ministro de Hacienda de Boric y favorito del mundo empresarial y financiero, recortó drásticamente el gasto público y subió la tasa de interés a su nivel más alto en cuatro décadas, en medio de un desempleo oficial del 8 por ciento al 9 por ciento y una tasa de inflación anual del 14 por ciento. Hubo casos de personas que se dirigieron a la vecina Argentina para abastecerse de artículos de uso cotidiano a una fracción del coste.

Sin ninguna intención de satisfacer las acuciantes necesidades de la población, el gobierno de Boric implantó una serie de leyes de estado policial y dotó a la policía de recursos y equipos para demostrar el compromiso del gobierno con la ley y el orden y su mano dura contra la delincuencia. Instituyó un estado de excepción permanente en el sur para reprimir a la población indígena mapuche y encarceló a líderes comunitarios implicados en tomas de tierras y acciones militantes bajo acusaciones falsas de terrorismo. Utilizó al ejército para detener a los refugiados que entraban en el país a través de las fronteras boliviana y peruana y comenzó a expulsar a los inmigrantes indocumentados.

No pasa una semana en la que una concentración, protesta o huelga no se encuentre con una violenta represión policial. Hace dos semanas, la UMCE fue asaltada por 200 fuerzas especiales.

Una entrevista aparecida en Bloomberg resume en pocas palabras el sentir de millones de trabajadores y amplios sectores de la clase media baja.

'Katherine Astudillo, de 28 años y madre de tres hijos, estaba ... esperanzada en las promesas de Boric de luchar contra la desigualdad y redistribuir la riqueza, pero nada de eso se ha cumplido en su ciudad: En Putaendo faltan puestos de trabajo y algunas partes aún carecen de acceso a servicios básicos como el agua potable. Astudillo dice que alquila habitaciones en su casa y trabaja como temporera de hortaliza para llegar a fin de mes. Para colmo, dice que cada vez está más preocupada por la ley y el orden. 'Me arrepiento de haber votado a Boric', dice Astudillo. 'La delincuencia va en aumento''.

Hay que sacar lecciones de la experiencia de los estalinistas y del Frente Amplio en el poder.

Haciendo balance, el World Socialist Web Site advertía el pasado marzo que 'la administración Boric ha demostrado en el espacio de un año estar entre los gobiernos más derechistas, proimperialistas y antiobreros de la llamada Marea Rosa en América Latina'.

El WSWS explicó además que su función principal era suprimir la lucha de clases y sofocar la oposición al capitalismo. Sus partes constituyentes --el Partido Comunista, el Partido Socialista-Partido por la Democracia, la propia amalgama política de Boric, el Frente Amplio-- eran todas agencias sazonadas de clase media-alta de la burguesía cuya verdadera preocupación era asegurarse para sí una mayor parte del poder político y de la riqueza derivada de la explotación del obrero.

A esto hay que añadir el papel pernicioso de las organizaciones morenistas que se profesan trotskistas, pero insisten en que la clase obrera siga subordinada a la burocracia sindical y a los estalinistas y el Frente Amplio que las controlan. Esta perspectiva es promovida por el Movimiento Internacional de los Trabajadores (MIT), de la Liga Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (LIT-CI) y el Partido de los Trabajadores Revolucionarios (PTR), de la Fracción Trotskista-Cuarta Internacional (FT-CI) dirigida por su sección argentina, ambos de los cuales han recibido recientemente una importante cobertura por parte de los medios corporativos chilenos.

En su intervención en el proceso constituyente tanto el PTR como el MIT llamaron a los sindicatos a salir de sus pellejos y llevar a cabo una lucha. En ningún momento entra en sus cálculos la construcción de un partido revolucionario, y mucho menos la lucha por el internacionalismo socialista.

'[E]s necesario que organizaciones como la CUT (confederación sindical), CDP (Colegio de Profesores) y CONFECH (confederación de estudiantes secundarios) convoquen a asambleas en todos los lugares de trabajo y estudio para establecer redes de coordinación, acciones y demandas que definitivamente no les permitan 'salirse con la suya' con una constitución como la propuesta, ni confiando en los mismos de siempre', escribió el PTR el 9 de diciembre.

El MIT exige: 'que las organizaciones de la clase obrera y la juventud, como la CUT ... y los movimientos sociales construyan un catálogo de reivindicaciones y un plan de acción para luchar por mejorar nuestras condiciones de vida. La CUT y los sindicatos aliados al gobierno deben abandonar las mesas de negociación con los ministros y priorizar la movilización de las masas de forma independiente'.

Esta subordinación de la clase obrera a los sindicatos --que no sólo se oponen orgánicamente a la revolución socialista, sino que hoy son organizaciones corporativizadas al servicio del capital-- no tiene conexión alguna con el socialismo. Por el contrario, esta perspectiva reaccionaria es la culminación de la ruptura con los principios marxistas básicos y del giro hacia estalinistas, socialdemócratas, nacionalistas pequeñoburgueses y otras fuerzas sociales no proletarias para obtener su liderazgo.

El Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) es la única organización política que pretende organizar y unificar internacionalmente a la clase obrera en la lucha contra la explotación capitalista, la pobreza y la guerra. Sus décadas de lucha en defensa de los principios marxistas y trotskistas encarnan una experiencia política colosal y los fundamentos de una perspectiva minuciosamente elaborada para armar a la clase obrera para la presente época revolucionaria.

La cuestión estratégica decisiva hoy es la construcción del CICI. Llamamos a los trabajadores, intelectuales y jóvenes con conciencia política en Chile y a nivel internacional a estudiar la perspectiva del CICI, el Partido Mundial de la Revolución Socialista, e iniciar el proceso de construcción de una sección.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de diciembre de 2023)