El World Socialist Web Site denuncia el allanamiento de un campus universitario en Santiago de Chile el pasado viernes 24 de noviembre por un gran contingente de fuerzas especiales de Carabineros y advierte que la acción, que no podría haber procedido sin un guiño del gobierno de coalición estalinista-pseudoizquierdista de Gabriel Boric, sienta un peligroso precedente para el establecimiento de un estado policial y un gobierno autoritario.

A las 2 de la tarde, aproximadamente 200 policías antidisturbios de Control del Orden Público (COP) irrumpieron en la Universidad Metropolitana de Educación (UMCE), acordonando todo el campus y agrediendo violentamente a estudiantes, personal y educadores en una operación que apesta a premeditación.

Los profesores de los departamentos de Historia y Geografía de la UMCE fueron algunos de los más afectados. En una carta abierta declararon que 'Carabineros ingresó a una de nuestras aulas donde dos académicos que impartían clases fueron empujados cuando intentaban proteger a sus alumnos. Los rociaron con gas en la cara y el cuerpo, golpearon a sus alumnos, los intimidaron, incluso lanzaron una bomba lacrimógena dentro del aula'.

En uno de los incidentes, dispararon un cilindro de gas lacrimógeno contra el cuerpo de un profesor que también fue rociado con gas pimienta mientras grababa la agresión policial.

La profesora Marcela Romero Jeldres, académica del Departamento de Formación Pedagógica y secretaria de la Facultad de Filosofía y Educación, fue detenida por la temeridad de preguntar a los policías por qué estaban dentro de su campus.

Lo que siguió es una ilustración gráfica del tipo de régimen que se está preparando contra la clase trabajadora en su conjunto. La profesora Romero fue sacada del campus, fotografiada sin consentimiento y metida en un furgón policial donde tres agentes de la COP empezaron a interrogarla sobre un incendio provocado y a insinuar que ella lo había apoyado. Le informaron de que estaba siendo detenida como persona de 'interés especial', basándose en un informe falso que la policía antidisturbios había entregado a la fiscalía.

'Pedí que me leyeran mis derechos; nadie lo hizo', recordó la profesora Romero en un artículo de opinión en Cooperativa. 'Me pasaron por un computador biométrico donde tenían hasta mi firma y fotografía. Me metieron en una celda, no me permitieron llamar por teléfono, no me leyeron mis derechos, ni los derechos que debe tener una mujer detenida, aun sabiendo que yo era ministra de fe de mi facultad'. Permaneció detenida ilegalmente durante 16 horas.

La rectora de la UMCE, Elisa Araya, condenó el flagrante ataque señalando en conferencia de prensa que 'funcionarios del Estado violentaron de manera absolutamente desproporcionada un espacio de educación superior, ejercieron violencia injustificada contra miembros de la comunidad y se llevaron detenidos a estudiantes, funcionarios e incluso profesores que impartían clases'.

'No podemos tolerar que una comunidad en su conjunto sea violentada. Frente a estos hechos queremos anunciar que ejerceremos todas las acciones legales necesarias para garantizar la seguridad de nuestra comunidad, porque creemos en la educación pública en espacios seguros y protegidos', concluyó Araya.

Marisol Durán Santis, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana también emitió una carta abierta en la que hizo el significativo señalamiento de que el ingreso forzado a la UMCE fue 'una flagrante transgresión al principio de autonomía universitaria, que es fundamental para nuestra convivencia democrática y no puede ser vulnerado bajo ninguna excusa...' Los decanos de otras 18 universidades públicas emitieron una declaración conjunta oponiéndose al ataque a la universidad.

Por el contrario, todos los medios de comunicación burgueses informaron de los extraordinarios acontecimientos centrándose casi exclusivamente y con todo lujo de detalles en el ataque sufrido por un coche patrulla estacionado cerca de la universidad, pretexto utilizado para invadir las instalaciones universitarias.

Ninguno planteó a los policías las preguntas más obvias, como por qué no se detuvo inmediatamente a los agresores —en imágenes de vídeo que circulan por las redes sociales, dos de los tres agresores sufrieron quemaduras serias y uno fue atropellado por un coche policial en marcha—. ¿Por qué fueron necesarios 200 miembros de las fuerzas especiales de Carabineros para detener a tres individuos, uno de ellos menor de 16 años? ¿Por qué se acordonó toda la universidad y se detuvo a un académico? ¿Por qué se lanzaron gases lacrimógenos a las aulas y se golpeó a los estudiantes?

Un ejemplo es el archiconservador El Mercurio, que obsequiosamente citó textualmente al general Juan Muñoz, quien afirmó que 'tras llegar al lugar, debido a un llamado de disturbios, arribó un grupo de aproximadamente 10 individuos, tres de los cuales se abalanzaron sobre el vehículo y lanzaron, cobarde y arteramente, un artefacto incendiario'.

'Los uniformados se encontraban al interior de un patrullero en la intersección con Avenida Grecia' continuó El Mercurio 'cuando al menos tres sujetos se acercaron, rociaron con líquidos acelerantes el carro policial y luego lanzaron una bomba molotov. Sin embargo, los carabineros lograron percatarse de la situación y lograron salir de entre las llamas, por lo que no hubo lesionados. Sólo el vehículo resultó seriamente dañado...'.

Plantear la pregunta es responderla: la burguesía en Chile es golpista de renombre. En 1970 recibieron millones de Washington y la CIA para orquestar una campaña de caos y hacer que las clases medias clamaran por mano dura. Aclamaron el golpe militar de 1973 y cosecharon una bonanza bajo la dictadura de 17 años.

De manera similar al período de la década de 1970 que marcó el comienzo de convulsiones revolucionarias a escala mundial, la burguesía ha estado sumida en una profunda crisis de gobierno desde 2019, cuando la mitad del país participó en manifestaciones anticapitalistas. Desde entonces ha tensado cada músculo para empujar el discurso público hacia la derecha.

No pasa un día en que los medios de comunicación burgueses no aterroricen a la población con historias lúgubres de delincuencia incontrolable, del aumento del crimen organizado dirigido por migrantes, de redes mapuches 'terroristas', etc., mientras que las fuerzas armadas, que se sumergieron hasta las rodillas en la sangre de miles de opositores políticos tras el golpe de 1973, son grotescamente ensalzadas como salvadores abnegados, patriotas y mártires.

Hasta la fecha, las escleróticas y corporativistas burocracias sindicales no han pronunciado ni una sola palabra contra lo que equivale a un ensayo general del estado policial, y mucho menos han movilizado a la clase obrera para salir en defensa de los estudiantes y profesores de la UMCE. Durante meses, desde el regreso a las clases presenciales, los estudiantes han protestado por el estado calamitoso del sistema educativo y su infraestructura ruinosa, escuelas con goteras en los tejados y aulas húmedas y mohosas, falta de libros de texto y profesores, plagas de ratas y servicios que no funcionan, sólo para ser recibidos con una violenta represión policial.

La importancia histórica de este ataque contra estudiantes y educadores no puede exagerarse.

Hace cincuenta años, el 11 de septiembre de 1973, cuando el general Augusto Pinochet, apoyado por Estados Unidos, derrocó violentamente al gobierno del Frente Popular dirigido por los estalinistas, las universidades fueron uno de los principales objetivos de las asesinas fuerzas armadas chilenas, y los jóvenes estudiantes sufrieron uno de los mayores índices de bajas. En la represión subsiguiente, la junta militar expulsó a decenas de miles de estudiantes, incluyó a académicos en listas negras y los exilió, y cerró facultades enteras consideradas 'subversivas' a medida que se privatizaba el sistema educativo y se imponía a la población el sistema de subsidios, notoriamente injusto.

Esta catástrofe fue posible gracias a las acciones políticamente criminales del presidente Salvador Allende, su Partido Socialista y el estalinista Partido Comunista chileno, que en el período previo al golpe dotaron a las instituciones militares de poderes extraordinarios y les concedieron cargos ejecutivos en su gobierno.

Sus herederos políticos en la dirección de los sindicatos y en el gobierno de coalición Apruebo Dignidad de Gabriel Boric, desde su llegada al poder en marzo de 2022, han puesto en marcha una legislación clave que faculta a los militares y a la policía para proteger 'infraestructuras críticas', para disparar a matar, al tiempo que otorga a los agentes del Estado inmunidad legal frente a la persecución. Junto con la detención masiva de una comunidad mapuche por la toma de tierras ancestrales la semana pasada, el asalto a la UMCE debe ser visto como una advertencia a la clase obrera del avanzado estado de preparación de la burguesía para la dictadura.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de diciembre de 2023)