El Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, ha puesto en efecto un acuerdo transnacional con el Gobierno de Biden para llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes desde las ciudades fronterizas. La decisión responde a lo que la ONU ha llamado una ola “sin precedentes” de migrantes y refugiados cruzando el continente para llegar a Estados Unidos.

Las imágenes de miles de trabajadores y niños cruzando junglas densas llenas de cadáveres en descomposición, enfrentando a tropas fuertemente armadas en un país tras otro, marchando en temperaturas récord en los desiertos de EE.UU. y México, subiendo a trenes en movimiento y cruzando a gatas alambre de púas e incluso nadando a través de barreras flotantes, se han vuelto parte cotidiana de las noticias y los videos virales en redes sociales.

Si bien este aumento está rompiendo récords, por años, ha habido olas migratorias cada varios meses que siguen creciendo en todo el continente. Cuando multitudes de trabajadores empujan a diario las obsoletas fronteras nacionales, surge la urgente necesidad de derribarlas todas e integrar la economía ya globalizada con base en satisfacer las necesidades humanas.

El imperialismo y sus Estados clientelares en la región, donde el ultranacionalismo fascistizante va en aumento en todas partes, son orgánicamente incapaces de ofrecer cualquier solución, ni hablar de una humanitaria.

El nuevo acuerdo, que fue anunciado la semana por el titular de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) Troy Miller, les permitirá a los agentes estadounidenses expulsar sumariamente a los migrantes a Ciudad Juárez, donde las autoridades mexicanas los deportarán en coordinación con sus países de origen.

Se colocarán controles de migración en las rutas de la principal operadora ferroviaria de México, Ferromax, que recientemente suspendió el transporte de carga en el norte del país citando “un importante aumento en el número de migrantes” que intentan subirse a los vagones, lo que está dejando a muchos heridos y muertos. Una analista advirtió a AP que esto estaba teniendo un impacto “muy importante” en el comercio.

Los alcaldes y las patrullas fronterizas de ambos lados de la frontera han advertido que llegaron a “puntos críticos”. El transitado puente comercial entre Piedras Negras, Coahuila, y Eagle Pass, Texas, ya fue cerrado para reasignar a funcionarios fronterizos a procesar migrantes.

El nuevo acuerdo desmiente aún más las pretensiones del Gobierno de Biden de que respeta las “vías legales de migración” y los derechos humanos. Sigue negando el derecho de asilo consagrado tanto en la legislación internacional como en la estadounidense, al tiempo que intenta encubrirlo con la ayuda de AMLO, cuyas fuerzas de seguridad corruptas y represivas asumen cada vez más las funciones de la patrulla fronteriza estadounidense.

La decisión de encargar a México más deportaciones se produce después de que el país ya haya deportado a 788.000 migrantes en lo que va de año. Las autoridades mexicanas fueron responsables apenas en marzo de un incendio que mató a 40 refugiados en un centro de detención en Ciudad Juárez, precisamente donde las detenciones aumentarán como parte del nuevo acuerdo.

La guerra contra los migrantes ya ha convertido la frontera entre México y Estados Unidos en la “ruta terrestre más mortal para los migrantes en todo el mundo de la que se tiene constancia”, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.

Biden también anunció la semana pasada que los venezolanos que llegaron al país a partir del 31 de julio pueden solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que facilita la obtención de permisos de trabajo. El carácter temporal del programa, sin embargo, mantiene a los trabajadores migrantes en un limbo de incertidumbre a largo plazo, mientras que los cientos de miles de migrantes más de Venezuela y otros países que huyen de condiciones similares serán excluidos arbitrariamente.

Al mismo tiempo, Biden desplegó 800 soldados que se sumarán a los 2.500 efectivos de la Guardia Nacional que ya se encuentran en la frontera sur para facilitar la represión, y la CBP amenazó el mes pasado con aumentar las expulsiones expeditas.

Mientras tanto, AMLO ha aumentado el despliegue de tropas mexicanas en las fronteras norte y sur de 8.000 a 34.000 en tres años, y miles más realizan “tareas de contención de migrantes” en el interior. En julio, las detenciones mensuales de migrantes superaron las 70.000 por primera vez en la historia.

Tras resultar elegido gracias a sus promesas de que regresaría a los militares a sus cuarteles, dado su horrible historial de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos, AMLO mantiene hoy 261.644 soldados desplegados como parte de la guerra contra los migrantes y el supuesto combate a los cárteles, cuyas operaciones y violencia son más altas que nunca. Hay más soldados entrenados para combate que policías en las calles.

La Red de Organizaciones en Defensa de los Migrantes (Redodem) concluyó en un minucioso informe publicado a principios de este mes que los soldados tratan a los migrantes “como enemigos”, lo que ha dado lugar a cientos de denuncias en materia de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, tiroteos con balas reales (se citan los asesinatos de un cubano y un guatemalteco) y numerosos casos de violaciones y abusos sexuales.

Tras las olas de protestas masivas entre 2014 y 2017 en México y un auge global de la lucha de clases, esta militarización masiva de todo el país en coordinación con el imperialismo estadounidense constituye innegablemente una preparación para reprimir las luchas obreras.

Los Gobiernos de Biden y AMLO, junto con sus homólogos de Centroamérica y Colombia, también adoptaron el mismo guion que destaca a los traficantes de personas como la principal causa del aumento. Sin embargo, el hecho es que cientos de miles de trabajadores y campesinos se enfrentan a niveles cada vez mayores de miseria, violencia y a otras innumerables consecuencias de las contradicciones cada vez más agudas del capitalismo global, en una región que sufre una desigualdad rampante y que ha sido históricamente oprimida por el imperialismo estadounidense.

Los migrantes están volviendo a salir en masa del propio México. El número de familias mexicanas detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos se ha cuadruplicado en un año en comparación con julio de 2022, y los analistas lo atribuyen al aumento de la violencia. Los migrantes venezolanos y centroamericanos señalan la pobreza generalizada, así como la violencia, los secuestros y las extorsiones de las organizaciones criminales y de seguridad mexicanas como motivo para solicitar documentos de asilo mexicanos pero solo para cruzar con mayor facilidad a la frontera estadounidense.

Desde Centroamérica, los migrantes huyen de las consecuencias de décadas de dictaduras militares y guerras de contrainsurgencia impulsadas por el imperialismo estadounidense. Se calcula que unos 6.000 migrantes cruzan diariamente el sur de México, la mitad de ellos centroamericanos.

Mientras tanto, los cruces de la mortífera jungla del Darién entre Colombia y Panamá, en ruta a Estados Unidos, se espera que alcancen un récord de 500.000 este año, comparado a menos de la mitad de esta cifra en 2022.

Se trata en su mayoría de venezolanos que huyen de una crisis humanitaria en Venezuela y de la falta de condiciones de vida seguras y estables en otros países. Más de 7 millones de venezolanos se han visto desplazados desde 2014 por el impacto combinado de la caída de los precios del petróleo, la corrupción y la mala gestión del Gobierno chavista y, sobre todo, las sanciones punitivas que forman parte de una operación estadounidense de cambio de régimen impulsada tanto bajo Gobiernos republicanos como demócratas.

Los emigrantes venezolanos han explicado que, tras pagar a guías para cruzar clandestinamente la peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá, las autoridades de Panamá, Costa Rica y Nicaragua se han dedicado sobre todo a permitir que crucen en autobuses. Sin embargo, en medio de campañas xenófobas cada vez mayores en los medios de comunicación, los Gobiernos derechistas en Panamá y Costa Rica también han respondido a las presiones de Estados Unidos anunciando un aumento de la vigilancia fronteriza y las deportaciones. Los migrantes también denuncian “repetidos abusos sexuales y extorsiones por parte de la policía guatemalteca”. Cuando llegan a México, las familias han gastado más de 1.000 dólares por persona.

“La burguesía ha conseguido convertir nuestro planeta en una inmunda prisión”, en palabras de León Trotsky. Pero esta misma crisis del capitalismo en descomposición está empujando a las masas obreras de todo el mundo a luchar, y la lucha librada por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) por la unidad internacional de estas luchas está señalando el camino a seguir para derrocar el sistema capitalista de Estados nación.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de septiembre de 2023)