El Gobierno de seudoizquierda de Chile, encabezado por el presidente Gabriel Boric, conmemoró el 11 de septiembre el 50 aniversario del sangriento golpe de Estado de 1973, respaldado por la CIA, con una ceremonia en el palacio presidencial de La Moneda. El lugar había sido bombardeado por tanques y aviones de combate el día del golpe, que derrocó al gobierno electo de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende, que murió en medio del ataque.

Asistieron a la ceremonia varios jefes de Estado latinoamericanos identificados con la llamada 'Marea Rosa', entre ellos Andrés Manuel López Obrador, de México, Gustavo Petro, de Colombia, y Luis Arce, de Bolivia. Tanto el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, como su predecesor, el ex tupamaro José Mujica, estuvieron presentes, junto con el primer ministro portugués del Partido Socialista, Antonio Costa.

Washington, que estuvo profundamente implicado en la preparación del golpe y apoyó el baño de sangre que inició, sólo envió a Christopher Dodd, el exsenador demócrata y lobista identificado con el rescate de Wall Street, que fue elegido por Biden el año pasado para servir como su 'asesor especial para las Américas.'

La ceremonia destacó por el boicot de toda la derecha chilena, cuyos representantes emitieron declaraciones justificando el golpe. Mientras tanto, un acto organizado por la Cámara Baja del Parlamento chileno para homenajear a Allende en el 50 aniversario de su muerte fue interrumpido por miembros de la UDI (Unión Demócrata Independiente), que intentaron hacer declaraciones similares justificando el derrocamiento militar encabezado por el general Augusto Pinochet. El resto de los partidos de derecha boicotearon la sesión.

En una provocadora maniobra orquestada por el Gobierno de Boric, Fuerzas Especiales de Carabineros se desplegaron el domingo 10, con motivo de la tradicional 'marcha de los caídos' al Cementerio General para conmemorar a las víctimas de los 17 años de dictadura militar en Chile.

'Los responsables de esta violencia son adversarios del Gobierno', dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, más preocupado por los tres policías heridos que por los cientos de manifestantes que trataron de defenderse tras recibir gases lacrimógenos y ser rociados con cañones de agua.

A principios de semana, el gobierno se reunió con grupos de derechos humanos para informarles de que la ruta hacia el cementerio iba a estar rodeada por un perímetro policial en el que sólo los grupos autorizados podrían entrar en el sector vallado. Resultó que el propósito del fiasco era proporcionar una sesión fotográfica para que Boric apareciera con los familiares de los ejecutados, asesinados y desaparecidos.

Para la ceremonia del 11 de septiembre se movilizaron otros 2.000 carabineros y fuerzas especiales, lo que revela hasta qué punto se ha desplazado hacia la derecha la actual administración, compuesta por el estalinista Partido Comunista, el seudoizquierdista Frente Amplio y el Partido Socialista.

La administración Boric ha acomodado cada vez más su programa a los herederos políticos del régimen de Pinochet, siendo la concepción presidencial de una 'visión compartida' el núcleo de las conmemoraciones del 50 aniversario.

Hace dos años, durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2021, el entonces candidato Boric dijo: 'Señor [expresidente Sebastián] Piñera, usted está advertido, va a ser procesado por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su mandato'. El viernes pasado Boric invitaba al expresidente derechista a La Moneda para firmar un supuesto pacto 'democrático' que comprometería a todas las partes 'a valorar y cuidar la democracia, y a respetar los derechos humanos de manera irrestricta.'

Piñera firmó, pero sólo después de poner sus propias condiciones. En concreto, exigió 'respeto a la Constitución y a las leyes, al estado de derecho, también con el respeto a los derechos humanos, condenar la violencia. Y la violencia tiene muchas caras, como la conocimos el 18 de octubre del 2019, pero también el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo...'.

Cabe recordar que Piñera, en octubre de 2019, declaró literalmente la 'guerra' a las masivas manifestaciones anticapitalistas, decretando el estado de excepción y desplegando tropas en las calles por primera vez desde la dictadura de Pinochet.

En los meses siguientes, tres docenas de personas murieron a manos de las fuerzas represivas, mientras que 3.800 fueron hospitalizadas debido a las graves heridas causadas por impactos de bala, botes de gas lacrimógeno y palizas. De los 11.389 hombres, mujeres, adolescentes y niños detenidos, 2.146 denunciaron algún tipo de violencia sexual, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y uso excesivo de la fuerza.

En 2021 Amnistía Internacional reveló que de 10.813 denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas ante la Fiscalía, sólo 14 casos habían concluido con condenas contra agentes estatales. La Defensoría de la Niñez informó que de los más de 3.470 niños y adolescentes que habían sufrido violaciones de derechos humanos sólo dos casos habían terminado en condenas.

Esto es historia antigua para Boric, quien coincidió con Piñera en que era necesario condenar la violencia en general. 'La violencia tiene que quedar fuera de las herramientas democráticas', coincidió Boric, equiparando así los legítimos esfuerzos de los millones de estudiantes y trabajadores que buscaban el fin de la extrema desigualdad social con los asesinatos en masa y las torturas llevadas a cabo por las fuerzas represivas, armadas hasta los dientes para defender el capitalismo.

En una obertura a los partidos de ultraderecha y francamente fascistas que se oponían a firmar cualquier pacto que no culpara explícitamente a la Unidad Popular del golpe, Boric dijo que 'Nosotros hasta el último momento vamos a hacer el esfuerzo para que todos, sin interpelaciones, sino por una convicción de futuro respecto del bienestar de nuestra patria, nos comprometamos en conjunto a valorar y cuidar la democracia y a respetar de manera irrestricta los DD.HH.'.

Página 12 informó que la remoción, en julio, de Patricio Fernández como asesor para los actos conmemorativos fue un punto de inflexión para la derecha que destaca el espíritu con el que Fernández pretendía impregnar la fecha.

En una entrevista televisada, el 'socialista independiente' Fernández insinuó que Pinochet y el mando militar actuaron con buenas intenciones al dar el golpe. 'la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el Golpe de Estado… pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese Golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio,' dijo. Ya había hecho declaraciones similares anteriormente.

La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, ambas dominadas por el estalinista Partido Comunista, y varios legisladores estalinistas exigieron su dimisión. Pero, como bien señaló El País, Fernández se limitó a airear lo que ha sido la línea oficial del gobierno —que incluye a los estalinistas— que efectivamente llama a coexistir con la interpretación favorable de la derecha al golpe.

No se puede exagerar el afán del gobierno por acomodarse a fuerzas políticas profundamente autoritarias y antidemocráticas. Tanto la seudoizquierda como los estalinistas forman parte del equipo 'procapitalismo', pero desempeñan funciones diferentes según una división política de tareas. Los estalinistas se erigen en guardianes de los 'derechos humanos' y critican regularmente a la derecha. Pero cuando el capitalismo se ve amenazado, todos se alinean para defenderlo.

Esto se ejemplifica gráficamente en el último proyecto de ley patrocinado por el gobierno y aprobado en ambas cámaras del Congreso, que criminaliza todas las formas de toma de tierras, incluidas las de los sin techo, las ocupaciones de escuelas por estudiantes, las ocupaciones de lugares de trabajo y fábricas y las acciones indígenas mapuches que reclaman tierras ancestrales. El proyecto de ley no sólo impone fuertes penas de cárcel, sino que concede a los propietarios el derecho a utilizar la fuerza letal en defensa de la propiedad privada.

Como ha señalado el WSWS, las ocupaciones de tierras tienen un profundo significado tanto en el campo como en los centros urbanos de Chile. Se convirtieron en uno de los puntos de confrontación revolucionaria en los años 60 y principios de los 70 precisamente por la naturaleza oligárquica y reaccionaria de la burguesía chilena y su incapacidad histórica para resolver incluso las demandas democráticas y sociales más básicas. Hoy Boric prepara justificaciones 'legales' para la represión en previsión de un estallido revolucionario sobre la cuestión fundamental de la vivienda y la tenencia de la tierra. El permanente Estado de Excepción, desplegando a los militares contra las poblaciones mapuches marginadas que reclaman tierras ancestrales, es parte de esto.

La ley antiusurpación llega tras una plétora de otras leyes de estado policial también aprobadas por los legisladores de la llamada 'izquierda', entre ellas la concesión al ejército y la policía de una licencia para matar y la concesión de inmunidad legal retroactiva contra el procesamiento. Diez Carabineros ya han sido absueltos en varios casos; ampliar enormemente el arsenal de la policía militarizada de Carabineros; ceder a los militares un mayor papel en las funciones de orden público; desplegar a los militares para proteger 'infraestructuras críticas' y permitir a las fuerzas armadas y a la policía repeler violentamente a los refugiados que intenten cruzar las fronteras peruana y boliviana.

En cuanto a la política exterior, el gobierno de Boric emitió una declaración de agradecimiento a la Administración Biden por la desclasificación el mes pasado de dos archivos de la CIA de los días 8 y 11 de septiembre, que confirman lo que todo el mundo ya sabía: que la agencia de inteligencia mantuvo a la Casa Blanca bien informada sobre los preparativos y la ejecución del golpe. El Gobierno chileno afirmó que este gesto—que deja bajo llave volúmenes de archivos mucho más incriminatorios—'promueve la búsqueda de la verdad y refuerza el compromiso de nuestra nación con los valores democráticos.'

¿Qué 'valores democráticos'? Después de todo, Chile ha sido sólo una de las docenas de naciones que siguen sufriendo la agresión del imperialismo estadounidense, incluyendo cambios de régimen, complots de asesinato, intervenciones militares, invasiones y guerras. Sin embargo, incluso antes de asumir el cargo, el ex estudiante radical Gabriel Boric estaba demostrando su buena fe y hablando en nombre de los objetivos de la política exterior de Washington contra Venezuela, Nicaragua y Cuba en la región. Desde que asumió el cargo, se ha alineado fielmente con la campaña bélica de Washington contra Rusia.

En el 50 aniversario del golpe de Estado, las masas chilenas se enfrentan a las mismas condiciones políticas y económicas fundamentales que lo originaron. Las medidas de Estado policial de Apruebo Dignidad son la preparación de un estallido de la lucha de clases y de inmensas convulsiones sociales derivadas de la profunda crisis de la economía mundial y de su impacto en Chile.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de septiembre de 2023)