Al menos 46 reclusas fueron asesinadas en la principal cárcel de mujeres en Honduras el martes, en una masacre que ha horrorizado a millones en todo el mundo.

Según las sobrevivientes y los familiares de las víctimas, temprano en la mañana, las reclusas de la mara Barrio 18 fueron permitidas por los guardias, que resultaron ilesos, a entrar en otro pabellón habitado por rivales.

Las amenazas de muerte se intensificaron por varias semanas, mientras las atacantes lograban afinar los preparativos e introducir un importante arsenal, incluyendo 18 pistolas, un rifle AR-15, dos Uzi, dos granadas, machetes y líquido inflamable hallados en la escena.

Las atacantes presuntamente dispararon y atacaron con los machetes a las reclusas para obligarlas a entrar en una celda, que procedieron a cerrar con candados nuevos y prenderle fuego. Se hallaron en el baño pilas de cuerpos quemados, algunos de los cuales podrían tomar meses en identificar, dado que las mujeres intentaron buscar refugio pero estaban completamente atrapadas. La mayoría de las víctimas murieron quemadas.

Los macabros detalles son tan impactantes como la frecuencia con la que ocurren tales incidentes, incluyendo al menos una docena de asesinatos anuales en las cárceles hondureñas cada año en los últimos seis años. El desastre más letal del mundo en una cárcel ocurrió en 2012 en la granja penal hondureña de Comayagua, donde murieron más de 360 hombres.

A pesar de los intentos contradictorios de los funcionarios de atribuirlo a “fallos humanos” y a que los guardias fueron “sometidos”, el incidente de cárcel de mujeres no pudo haber ocurrido sin la participación criminal del aparato de seguridad.

La presidenta Xiomara Castro se vio obligada a reconocer que el ataque fue “planeado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad”.

No obstante, el siguiente día, anunció 10 medidas para permitir que el mismo aparato de seguridad responda con “mano dura”. Los expertos y defensores de derechos han respondido con fuertes advertencias. Tras citar la conocida complicidad de la policía y el ejército con el crimen organizado, el investigador de la Universidad de Valencia, Joaquín Mejía tuiteó: “es una claudicación ante el poder militar que ha controlado las cárceles durante la última década y es responsable directo de su crisis actual”.

Las medidas incluyen poner indefinidamente a las fuerzas armadas en control de la seguridad de todo el país. Castro también renovará y expandirá un estado de excepción que inició en diciembre, el cual suspende los derechos democráticos y autoriza arrestos masivos sin orden judicial supuestamente para combatir el crimen organizado.

Los líderes de las organizaciones criminales serán enviados a una cárcel a las islas Cisne en el Caribe, mientras que se hizo una solicitud ambigua al poder judicial para que encuentre alternativas para las mujeres encarceladas sin condena. Una gran mayoría de las mujeres y hombres en las cárceles hondureñas no ha sido condenada por un crimen.

Castro nombró ministro de Seguridad al hasta ahora jefe de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, un policía de carrera que recibió entrenamiento en EE.UU.

Al igual que sus predecesores, Castro también entregará el control de todas las prisiones a los militares, concretamente a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), y le encargará la formación de al menos 2.000 nuevos guardias.

El actual jefe de la PMOP, Ramiro Fernando Muñoz, fue acusado en 2020 por familiares de reclusos de una de las tres prisiones militares y por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) de maltratar, torturar y negarse a suministrar los medicamentos prescritos a los presos. Un recluso, Ángelo López, fue presuntamente amenazado de muerte y golpeado hasta quedar inconsciente por tres funcionarios, entre ellos Muñoz, quien le mordió la oreja.

Y por último, en un punto ignorado en gran parte por los medios, Castro canceló las ceremonias para conmemorar el golpe militar del 28 de junio de 2009. Ese día, 200 soldados armados y enmascarados secuestraron al presidente Manuel Zelaya –marido de Castro— y lo enviaron en pijama en un avión militar a Costa Rica. El golpe fue presidido por el Gobierno de Obama-Biden y contó con la ayuda de militares estadounidenses.

Castro permaneció en la Embajada estadounidense durante el golpe y posteriormente ganó popularidad por convocar y participar en varias manifestaciones contra el golpe y por denunciar al régimen. En mayo de 2011, el propio Zelaya contribuyó a relegitimar el régimen golpista con la firma de un “Acuerdo de Reconciliación Nacional”, que le permitió regresar al país para atender sus importantes tierras y negocios. Washington se había opuesto a Zelaya por alinearse con el presidente Hugo Chávez, que ofrecía a Honduras petróleo venezolano barato.

Una de las promesas electorales más populares de Castro fue devolver a los militares a los cuarteles. También sugirió disolver la PMOP. En 2015, dijo que la unidad fue creada “para atemorizar al pueblo y perseguir a sus opositores”.

Al mismo tiempo, dio constantes garantías a la oligarquía local y al imperialismo estadounidense. Washington celebró su elección y luego solicitó la extradición de su oponente y entonces presidente Juan Orlando Hernández para que se enfrentara a cargos por trabajar para el cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares.

El narcotraficante Hernández, que fue instalado por el mismo régimen golpista en elecciones fraudulentas, no solo creó la PMOP y varias otras unidades especiales, sino que gran parte de la actual cúpula militar y policial fue ascendida bajo sus dos mandatos.

Los vínculos del Estado hondureño y la élite empresarial local con los cárteles mexicanos y colombianos se reforzaron drásticamente a medida que Estados Unidos utilizaba sus rutas de tráfico y recursos para contrabandear armas y entrenar a las milicias fascistas de las Contras en su guerra sucia contra el Gobierno sandinista, de carácter nacionalista pequeñoburgués, de Nicaragua a lo largo de la década de 1980.

Durante ese periodo, la CIA también entrenó y patrocinó escuadrones de la muerte formados por policías y soldados hondureños para secuestrar, torturar y asesinar a trabajadores, estudiantes y activistas de izquierdas. Muchos de estos escuadrones de la muerte se organizaron bajo el Batallón 3-16, que “desapareció” al menos a 184 personas.

Zelaya había nombrado a varios veteranos del Batallón 3-16 en altos cargos, entre ellos al general retirado Álvaro Romero como ministro de Seguridad y a Billy Joya como asesor de seguridad. Este último desempeñó un papel destacado en el golpe de 2009.

Del mismo modo, Castro ha mantenido a Jackeline Foglia Sandoval, una graduada de West Point que también perteneció al Batallón 3-16, como jefa del Consejo Nacional de Inversiones, un influyente enlace del Gobierno con el sector privado. Roland Valenzuela, ministro de Zelaya, acusó a Foglia de ser la “persona encargada de coordinar y operar el golpe de Estado” en 2009.

El principal objetivo de las intervenciones del imperialismo estadounidense en Honduras ha sido salvaguardar los intereses corporativos en la región y aplastar la oposición desde abajo contra la alta pobreza y desigualdad social.

El imperialismo estadounidense y sus socios de la oligarquía local han creado un infierno para la inmensa mayoría de los hondureños.

Las principales bandas hoy de El Salvador, Honduras y Guatemala –la Mara Salvatrucha y Barrio 18— se fundaron en Los Ángeles. Llegaron y prosperaron en las terribles condiciones de Centroamérica como resultado de las deportaciones masivas dirigidas contra pandilleros durante los Gobiernos de Bill Clinton y George W. Bush.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el 73 por ciento de los hondureños vive en la pobreza y la mayoría en la pobreza extrema. Las remesas enviadas por los trabajadores migrantes, que representan una cuarta parte del PIB del país, se han convertido en un salvavidas para cientos de miles de hogares, pero las olas de deportaciones bajo Obama, Trump y Biden –700.000 del millón de migrantes hondureños de la última década han sido deportados— han tenido un efecto devastador.

Mientras tanto, la Administración Biden se ha asociado con Castro para desplegar tropas con asesores estadounidenses para contener la migración y convertir el país en una prisión al aire libre.

Las políticas proempresariales han creado una situación, según la ONU, en la que el 72 por ciento de las familias con niños carecen de acceso a la asistencia social y menos de uno de cada 10 adultos mayores recibe una pensión.

En 2019, Puerto Rico, Honduras y Myanmar fueron declarados por el Índice de Riesgo Climático Global como los países o territorios más afectados por el cambio climático, que es impulsado por las emisiones de gases de efecto invernadero de las mayores corporaciones y ejércitos a nivel global. Esta clasificación se hizo incluso antes de los huracanes consecutivos Eta (categoría 4) e Iota (categoría 5) que causaron miles de millones de dólares en daños en Nicaragua y Honduras.

Las sequías agravadas por el calentamiento global y El Niño en 2015-16 hicieron que cientos de miles de personas huyeran del país al perderse las cosechas, mientras que se espera que otro Super El Niño cause estragos en 2023-24 dado que las emisiones y el calentamiento han seguido acelerándose.

Mientras el régimen golpista lanzaba una oleada de privatizaciones, recortes regulatorios y austeridad social, las fuerzas de seguridad mataron al menos a 20 manifestantes y participaron en el asesinato selectivo de activistas antigolpistas como Berta Cáceres en 2016.

Tras su creación en 2013, la PMOP aplastó las manifestaciones contra el segundo fraude electoral de Hernández en 2017, matando a 23 personas, y ha utilizado la fuerza letal contra los manifestantes en repetidas ocasiones desde entonces.

En 2019, las huelgas y revueltas masivas contra los despidos y la privatización de la salud y la educación fueron brutalmente aplastadas, dejando al menos seis muertos. El 24 de junio de ese año, la PMOP invadió la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y roció a una multitud de estudiantes con balas reales. Luego, en 2020, cuando los hondureños más pobres bloquearon las calles por todo el país para exigir ayuda económica para protegerse del COVID-19, el Gobierno volvió a responder con una represión brutal y la reapertura prematura de los centros de trabajo.

En estas condiciones de dictadura militar y devastación económica y social, el imperialismo estadounidense y la élite gobernante utilizaron a Xiomara Castro como hoja de parra democrática y de “izquierda” mientras continúan saqueando el país y preparándose para reprimir futuras explosiones sociales.

Esta maniobra fue apoyada con entusiasmo por la pseudoizquierda internacional, en particular la revista Jacobin de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA), que promovió a Castro como “un socialista” que había derrotado al “neoliberalismo y a sus brutales instigadores extranjeros” y que está “tratando de revivir la democracia.”

(Publicado originalmente en inglés el 23 de junio de 2023)