En una marcha en Bogotá el 7 de junio, el presidente pseudoizquierdista colombiano Gustavo Petro advirtió de un intento de “golpe blando” en su contra, cuando su Gobierno se enfrenta a un escándalo de corrupción, el colapso de la coalición gobernante, una caída en su popularidad y amenazas golpistas abiertas de oficiales militares retirados y grupos de oposición.

Petro dijo en su discurso que podría sufrir el mismo destino que su contraparte peruana Pedro Castillo, quien fue derrocado en diciembre en un golpe parlamentario apoyado por EE.UU. Pero añadió: “Pedro Castillo estaba solo, pero Petro no está solo: si se atreven a romper la democracia, el pueblo saldrá de cada rincón, en cada calle, en cada municipio, debajo de cada piedra, a defender con sus manos el mandato popular”. Luego, concluyó que su “Gobierno está al servicio de ustedes, hasta la muerte” y que ha “presentado las reformas que el pueblo demandó” pero que es responsabilidad del Congreso aprobarlas.

Tras una manifestación de militares retirados contra Petro el mes pasado, el expresidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas (Acore), John Marulanda, declaró que los reservistas harían todo lo posible por repetir lo ocurrido en Perú y “defenestrar” a Petro.

Luego, el 8 de junio, varios grupos derechistas de oposición exigieron la renuncia de Petro en una manifestación convocada por un empresario fascistoide, que llamó a impedir que Colombia caiga “en manos de los comunistas”.

El 7 de junio, miles de personas se manifestaron en toda Colombia contra estas amenazas y para exigir las reformas prometidas por Petro. Sin embargo, el índice de aprobación del presidente ha caído estrepitosamente en menos de un año de mandato, pasando de más del 50 por ciento en noviembre pasado al 26 por ciento justo antes del último escándalo.

Además, aunque una ligera mayoría de colombianos ve positivamente su proyecto de ley laboral, más del 60 por ciento se opone a sus propuestas generales de reforma, según una encuesta realizada en mayo por Invamer.

Con el apoyo de los sindicatos y la pseudoizquierda, Petro pudo canalizar una serie de explosiones sociales y paros generales en 2019, 2020 y 2021 contra la desigualdad social, la respuesta asesina de dejar correr el COVID-19, y la brutal represión que dejó cerca de 100 manifestantes muertos, cientos de “desaparecidos” y muchos más heridos a una victoria electoral en 2022.

Pero la mayoría de sus simpatizantes no tardó en concluir que Petro no va a afectar significativamente la riqueza y las propiedades de la élite financiera, empresarial y terrateniente. Simultáneamente, una parte de la élite gobernante ha decidido que su populismo de “izquierda”, que descansa en gran medida en la política identitaria, y sus mínimas propuestas reformistas están fracasando a la hora de sofocar la oposición social y la lucha de clases, como demuestra el desplome de su popularidad.

La manifestación del 7 de junio fue convocada por la burocracia sindical para protestar que los legisladores estén utilizando el escándalo de corrupción para desechar las reformas propuestas por Petro. Estas consisten en: 1) un proyecto de ley sanitario que promete ampliar la red de servicios primarios de salud, pero que solo servirá para otorgar nuevos subsidios a los prestadores de salud mayoritariamente privatizados; 2) un proyecto de ley de pensiones que cubriría con dinero público el enorme déficit de los fondos de pensiones privatizados, al tiempo que trasladaría a la mayoría de los pensionados al sistema público y ampliaría la cobertura (se abandonaron las promesas de campaña de entregar unos míseros 500.000 pesos o 120 dólares mensuales a todos los colombianos de tercera edad sin pensión y de garantizar una pensión digna), y 3) un proyecto de ley laboral que consagraría la jornada de 8 horas, un diferencial para los turnos nocturnos y la paridad salarial entre hombres y mujeres.

En las últimas semanas salieron a la luz revelaciones de que la jefa de Gabinete de Petro, Laura Sarabia, tenía intervenidos los teléfonos de su niñera y de que el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, amenazó con revelar financiación ilegal a la campaña de Petro. Ambos funcionarios pertenecían al círculo más cercano de Petro y fueron despedidos.

La revista derechista Semana, que ha encabezado las exposiciones, publicó una serie de audios y mensajes de texto entre Petro, Sarabia y Benedetti. El exembajador amenazó con revelar el origen presuntamente ilegal de 3,5 millones de dólares en dineros de campaña. “Nos vamos presos… Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes”, le dijo a Sarabia.

En mensajes de texto a Petro, Benedetti acusó a Sarabia de filtrar información y calumniar a Benedetti ante la prensa. Tras ser despedido, Benedetti siguió atacando amargamente a Sarabia mientras afirmaba que tenía problemas con las drogas y actuó así por “rabia y el trago”. Entonces decidió enfriar los ánimos viajando a Estambul para ver la final de fútbol europea de la Champions.

Se trataba del encargado de Petro de organizar con la Administración de Biden un acercamiento diplomático con el Gobierno venezolano. En uno de los audios a Sarabia, publicados por Semana, Benedetti se jactaba de sus “excelentes relaciones con el Departamento de Estado, pero de eso no te puedo contar, pero no es que me vaya así de espía...”.

En respuesta al escándalo, el Departamento de Estado de EE.UU. reafirmó que Biden mantiene una “excelente asociación con Colombia bajo la Administración de Petro”.

Mientras que las escuchas ilegales implicando tan a la ligera a Sarabia, de 29 años, han despertado sospechas sobre si el Gobierno está empleando este tipo de medidas de forma más generalizada, la oposición de extrema derecha está sacando partido del escándalo de forma sumamente hipócrita. Su líder político, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), espiaba con regularidad a políticos, activistas, periodistas y jueces, y los militares fueron hallados realizando escuchas telefónicas a políticos, jueces y periodistas bajo el Gobierno uribista de Iván Duque (2018-2022).

En cuanto a la financiación ilegal de campaña, el lunes se presentaron cargos contra el excandidato presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga y una ministra bajo Juan Manuel Santos vinculados a millones de dólares en dinero de campaña y sobornos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, en un escándalo de corrupción que ha implicado a toda la élite política en Colombia y en toda América Latina.

Los antiguos vínculos entre Uribe y los cárteles de la droga fueron señalados en repetidas ocasiones en cables diplomáticos estadounidenses publicados por WikiLeaks. En ellos también se reconocían las ejecuciones extrajudiciales generalizadas por parte de los militares, y la colaboración de las fuerzas armadas y de Uribe directamente con milicias paramilitares fascistas que masacraban a campesinos para apropiarse de tierras, pero Washington siguió enviando miles de millones en ayuda militar, supuestamente para combatir el narcotráfico y defender la democracia.

No obstante, el escándalo de Sarabia y Benedetti les ha ofrecido una excusa a las principales fuerzas del Congreso, incluyendo aquellas dentro de la coalición Pacto Histórico de Petro, para archivar sus reformas propuestas y describir su Gobierno como “ilegítimo”.

Mientras tanto, Petro ha intentado sacar provecho del rescate de cuatro niños indígenas que sobrevivieron 40 días solos en la Amazonía colombiana tras un accidente aéreo, intentando reparar su imagen y ofrecer un barniz progresista a las fuerzas armadas, cuyos equipos de rescate trabajaron con las comunidades indígenas. “El encuentro de fuerzas por un bien común: guardia indígena y las fuerzas militares de Colombia… este es el verdadero camino de la paz”, tuiteó Petro tras visitar a los niños en un hospital militar.

Esto siguió a un viaje a Cuba, donde firmó un cese al fuego con la guerrilla ELN (Ejército de Liberación Nacional) como parte del plan de “paz total” de Petro, incluso mientras el ejército y los paramilitares fascistas siguen masacrando a campesinos y a exguerrilleros desarmados.

Petro fue miembro del movimiento guerrillero M-19, que depuso las armas en 1990 y se convirtió en un partido burgués junto con sectores de la guerrilla estalinista que formaron la Unión Patriótica (UP). El Estado colombiano, en estrecha colaboración con las fuerzas estadounidenses, colaboró con las fuerzas paramilitares para secuestrar y asesinar a miles de militantes y dirigentes del M-19 y la UP. El mes pasado, desde prisión en Estados Unidos, el entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso reconoció que la inteligencia colombiana le había dado la orden de asesinar al propio Petro, quien fue elegido congresista en 1991.

Una de sus principales promesas electorales del año pasado fue una “reforma policial” para eliminar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), implicado en muchos asesinatos, y transferir la policía del Ministerio de Defensa a Interior. Pero el Gobierno dejó de considerarlo prioritario debido a las “dificultades” para presentarlo al Congreso.

En su lugar, el ESMAD fue simplemente rebautizado como “Unidad para el Diálogo y Mantenimiento del Orden”, y ha seguido reprimiendo protestas. En lo que va del año, según los registros oficiales, ha intervenido 2.731 veces en concentraciones y ha hecho uso de la fuerza en 211 ocasiones. El 8 de junio, en respuesta a la lesión de un agente durante los enfrentamientos con estudiantes que protestaban en la Universidad Nacional, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, exigió que la unidad “ingrese y detenga a estos criminales”, lo que habría supuesto la primera invasión policial de un campus desde 1984. Aunque la petición fue denegada, el incidente muestra el frenesí represivo que se está creando en la clase dirigente.

Petro también ha intentado recuperar popularidad criticando las políticas económicas y antiinmigrantes del imperialismo estadounidense, al tiempo que promete “afianzar” la asociación estratégica de Colombia con la OTAN.

Junto con Lula en Brasil y otros gobernantes de la llamada “marea rosa”, Petro ha promovido la renovación de acuerdos comerciales regionales como UNASUR para esquivar el dólar, pero incluso durante el auge de los precios de las materias primas en la década de los 2000, las élites gobernantes no lograron establecer ninguna “integración” real. Tales iniciativas se ven socavadas a cada paso por la competencia, el patrioterismo y el afán de atacar los salarios y las condiciones laborales en cada país y ofrecer las condiciones más rentables al capital extranjero.

Mientras tanto, la burocracia sindical y la pseudoizquierda se están dedicando a canalizar la oposición en apoyo al Gobierno falsificando su carácter de clase capitalista. Un papel particularmente criminal está siendo desempeñado por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que ha pretendido representar el “trotskismo” en Colombia desde la década de 1970, cuando fue fundado por el renegado Nahuel Moreno.

Los morenistas colombianos han apoyado el voto a Petro en repetidas ocasiones y concluyeron del estallido social que los trabajadores deben presionar a Petro para que “expropie a los expropiadores”, sugiriendo que es posible presionarlo para que dirija una revolución socialista. El PST se opuso a participar en la manifestación pro-Petro la semana pasada debido al escándalo de corrupción. En su lugar, el 7 de junio pidió a Petro que echara a Benedetti y otros funcionarios particularmente desacreditados, al tiempo que decía: “Le exigimos al Gobierno que rompa con la burguesía y que transfiera el poder a los trabajadores para avanzar hacia los cambios de fondo que se requieren”.

Como escribió Trotsky: “Ningún diablo se ha cortado voluntariamente las garras”. El aparato sindical, el PST y los demás aliados pseudoizquierdistas de Petro están trabajando conscientemente para traicionar a la clase obrera con el fin de proteger sus propias posiciones en la clase media-alta y sus lazos con la clase capitalista, la cual no hace más que prepararse para intensificar sus ataques al nivel de vida y los derechos democráticos de los trabajadores.

(Publicado originalmente en inglés el 14 de junio de 2023)