El encausamiento de Donald Trump en virtud de la Ley de Espionaje y por conspirar para retener información de los fiscales federales refleja y al mismo tiempo acelera la crisis política sin precedentes dentro de Estados Unidos.

La acusación de un expresidente por “poner en peligro la seguridad nacional” es en sí un hecho extraordinario. Es la primera vez que el Departamento de Justicia toma tal acción. Pero Trump no solo es un expresidente; es el principal candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024. El encausamiento dominará la política estadounidense por al menos un año e involucrará todas las instituciones del Gobierno, desde la Corte Suprema al Congres y los estados. La manera en que procederán las elecciones en tales circunstancias no está claro.

La decisión de inculpar a Trump va más allá de las reflexiones individuales del fiscal especial Jack Smith, quien fue nombrado en noviembre por el fiscal general Merrick Garland para que encabece las investigaciones sobre Trump, y aquellas de los 23 miembros del gran jurado en el sur de Florida. A medida que se acercan los comicios de 2024, un importante sector del Estado evidentemente quiere que la acusación contribuya a sacar a Trump de la política. Esto se ve motivado ante todo por las posturas planteadas por Trump sobre la guerra de EE.UU. y la OTAN contra Rusia en Ucrania.

Es crucial para la clase trabajadora tener un entendimiento claro de las fuerzas que impulsan el conflicto y sus implicaciones.

El encausamiento de Trump arraigado en la Ley de Espionaje carece de cualquier contenido democrático. Es una ley reaccionaria que se ha utilizado contra Eugene Debs, los Rosenberg, Daniel Ellsberg, Julian Assange y Edward Snowden. Si bien el político fascistizante y archiimperialista de Trump no es un oponente de la maquinaria de guerra, los trabajadores no tienen ningún interés en proteger los secretos de la clase gobernante y su Estado.

Es fundamental reconocer que la imputación no trata del intento de Trump de tumbar la Constitución y establecer una dictadura presidencial, culminando en el golpe fascistizante del 6 de enero de 2021. El Partido Demócrata y el Gobierno de Biden han evitado cualquier examen del golpe de Estado y las fuerzas sociales y políticas que lo llevaron a cabo, ya que procuran establecer una unidad bipartidista con los republicanos.

En medio de comentarios voluminosos en la prensa sobre la acusación, pocos discuten el contenido de los documentos que Trump tomó de la Casa Blanca, que incluyen los secretos más peligrosos y explosivos del ejército estadounidense y el aparato de inteligencia.

La acusación solo menciona el tema general de los documentos en cuestión, bajo títulos como “las capacidades militares de un país extranjero y Estados Unidos”; “las actividades y los planes militares de países extranjeros”; “los planes militares de contingencia de Estados Unidos”; “la cronología y los detalles de un ataque a un país extranjero”; y, lo que es más significativo, “las armas nucleares de Estados Unidos”.

Los documentos aparecen dentro de distintas clasificaciones, como TS (Top Secret); NF (No Foreign, solo para distribución dentro del Gobierno estadounidense); TK (Talent Keyhole, relativo a imágenes tomadas desde satélites y vuelos tripulados); y FRD (Formerly Restricted Data, utilizada para secretos nucleares).

Pocos analistas han comenzado a examinar en más detalle los posibles contenidos de los documentos a partir de sus fechas y tema general. Matt Tait escribe en Lawfare, por ejemplo, que el documento 19 en la acusación (“Documento sin fecha relativo al armamento nuclear de Estados Unidos”) está clasificado como FRD, lo que significa que ni siquiera lo puede desclasificar un presidente en el cargo, ya que se encuentra clasificado en virtud de la Ley de Energía Atómica. En cuanto a su contenido, Tait afirma que “algunos ejemplos canónicos” en esta categoría “incluyen las cantidades de los arsenales estadounidenses, la seguridad y el almacenamiento del armamento nuclear, los rendimientos de las armas nucleares y las ubicaciones de las armas nucleares estadounidenses”.

El documento 5 lleva la descripción de “relativo a las capacidades nucleares de un país extranjero” y lleva la fecha de junio de 2020. Tait concluye que ese país sin nombrar posiblemente es Rusia, dado que Rusia publicó su política de disuasión nuclear por primera vez el 2 de junio de 2020.

El documento 11 dice “Documento sin fecha relativo a los planes militares de contingencia de Estados Unidos”. Con base en los detalles de la imputación sobre las discusiones de Trump con un escritor, en las que le mostró un documento que tenía, posiblemente sea un reporte detallado sobre las opciones de guerra contra Irán.

Otros documentos posiblemente detallen las operaciones militares en Siria que involucran a Turquía, un miembro de la OTAN, así como las operaciones militares estadounidenses en Palestina contra Hezbolá y las comunicaciones con Rusia sobre la decisión de Trump de retirarse del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés) en octubre de 2018.

Trump claramente conocía las implicaciones explosivas de tales documentos cuando decidió llevárselos de la Casa Blanca. Para las agencias militares y de inteligencia, fue una vulneración intolerable de la “seguridad”, es decir del secretismo, del aparato estatal. Los documentos tratan de la conspiración permanente y en marcha del imperialismo estadounidense contra la población mundial.

Más allá de las cuestiones inmediatas de la acusación, evidentemente está relacionada con las intensas divisiones dentro de la clase dominante sobre la política exterior, en particular en relación con Rusia. Este fue siempre el foco de la oposición de los demócratas a Trump durante su presidencia y fue el tema de su primer juicio político en 2019-2020.

La Administración de Biden está absolutamente comprometida con la guerra contra Rusia en Ucrania. El inicio de la “contraofensiva” ucraniana la semana pasada es el precursor de una escalada masiva de la participación de Estados Unidos y la OTAN en la guerra. Una intervención directa de tropas de la OTAN se acerca y puede que no esté muy lejos. En estas condiciones, la clase dominante estadounidense, o al menos una parte significativa de ella, no está dispuesta a aceptar a Trump como líder de su política exterior.

En cuanto a Trump, ha respondido a la acusación declarando su propia “guerra” a sus oponentes dentro del Estado. Está dirigiendo su llamamiento a los sectores de la clase dominante que, en condiciones de creciente conflicto social dentro de Estados Unidos, apoyan el uso de la violencia política a escala masiva. “O los comunistas ganan y destruyen Estados Unidos”, declaró Trump en un arrebato fascistizante el sábado, “o nosotros destruimos a los comunistas”.

El conflicto dentro de la clase dominante es de larga data. Ahora está alcanzando una nueva etapa cualitativa ante el comienzo de una guerra mundial y el desarrollo explosivo de la lucha de clases en Estados Unidos y a escala internacional. Las instituciones estatales se están desmoronando bajo la presión de lo que el WSWS denominó a principios de año como una “masa crítica” de crisis mundiales e internas que se entrecruzan y que la clase gobernante no puede contener.

Una situación revolucionaria, explicó Lenin, surge en condiciones en las que la clase dominante no puede gobernar a la vieja usanza y la clase obrera no puede vivir como antes. Ambos factores son evidentes en la crisis actual.

(Publicado originalmente en inglés el 11 de junio de 2023)