La presentación el jueves de los 38 cargos penales federales contra el expresidente Donald Trump inicia una nueva etapa sin precedentes en la crisis del sistema político estadounidense. En una coyuntura crítica en la escalada de la guerra de EE.UU. y la OTAN contra Rusia y a siete meses de las primarias presidenciales republicanas, ha salido a la superficie un explosivo conflicto entre las dos principales facciones de la clase gobernante.

Es la primera vez en la historia estadounidense en que el Departamento de Justicia presenta cargos contra un expresidente por romper leyes federales. Incluso en 1974, en el apogeo de la crisis de Watergate, Gerald Ford sacrificó su credibilidad política y finalmente su Presidencia al conceder un indulto a Nixon y prevenir un juicio, que la clase gobernante temía que desestabilizaría el sistema político y debilitaría la posición mundial del imperialismo estadounidense.

A diferencia de las imputaciones estatales y demandas civiles contra Trump que se basan en su conducta sexual inapropiada, la acusación del Departamento de Justicia presentada el viernes tiene consecuencias sumamente mayores.

Trump fue inculpado por usurpar poderes estatales fundamentales al retener varios documentos militares clasificados sobre los planes de guerra estadounidenses para su uso personal. Detalla cómo Trump y sus compinches robaron documentos secretos durante su tiempo en la Casa Blanca y los ocultaron en la mansión de Trump de Mar-a-Lago, Florida. Incluyen transcripciones de grabaciones de audio y mensajes de texto en los que Trump y sus empleados esencialmente admitieron que sabían que su conducta era ilegal.

El nivel de detalle en la acusación indica que una sección del aparato estatal ha decidido que es hora de expulsar a Trump del escenario político de una vez por todas.

El documento concluye imputando a Trump con 38 cargos penales, incluyendo 31 cargos de violar la Ley de Espionaje, cada uno de los cuales lleva una sentencia posible de 10 años por “reunir, transmitir o perder información de defensa”. Los otros cargos afirman que Trump y su valet Waltine Nauta conspiraron, mintieron y retuvieron información durante una investigación federal sobre el manejo de los documentos clasificados. El cargo de conspiración conlleva una pena máxima de 20 años.

Desde el punto de vista de la clase trabajadora, no hay ningún bando “democrático” en este proceso judicial. Trump, un político imperialista y brutal, no es una víctima ni el oponente de la máquina de guerra, y la imputación encabezada por el Partido Demócrata solo está interesada en desafiar a Trump desde el plano más derechista posible: el de avanzar sus objetivos militares contra Rusia.

La acusación no menciona la violación de derechos democráticos por parte de Trump ni su intento de tumbar la Constitución en una intentona golpista el 6 de enero de 2021. El medio legal que se emplea, la Ley de Espionaje de 1917, es la normativa más poderosa del imperialismo estadounidense para resguardar secretos altamente confidenciales y fue empleada para inculpar a Chelsea Manning y Julian Assange.

En una breve declaración a la prensa el viernes, el fiscal especial Jack Smith resumió el carácter reaccionario de la imputación: “Los hombres y las mujeres de la comunidad de inteligencia y las fuerzas armadas dedicamos nuestras vidas a proteger nuestra nación y su pueblo”, dijo. “Nuestras leyes que velan por la Defensa nacional y su información son críticas para la protección de la seguridad de Estados Unidos y deben hacerse valer. La violación de estas leyes pone en riesgo nuestro país”.

De manera consistente con la estrategia que el Partido Demócrata ha seguido para oponerse a Trump, la acusación se basa completamente en una defensa de las prerrogativas del aparato militar y de inteligencia y presenta a Trump como un obstáculo para la política exterior del imperialismo estadounidense, a pesar de que en realidad no es un político imperialista menos despiadado que sus contrapartes demócratas, si bien tienen tácticas diferentes.

Pero la enconada riña entre ambas facciones de la burguesía está sacando a la luz cierta información crítica que permanecía oculta del público.

Por ejemplo, la imputación pone de relieve la cuestión de los documentos que Trump retenía en su mansión de Mar-a-Lago en cajas requisadas por el FBI durante una redada el 8 de agosto de 2022:

Los documentos clasificados que Trump guardaba en sus cajas incluían información sobre las capacidades de defensa y armas tanto de Estados Unidos como de otros países; los programas nucleares estadounidenses; las posibles vulnerabilidades de Estados Unidos y sus aliados a ataques militares; y los planes para posibles represalias a un ataque extranjero. La publicación no autorizada de estos documentos clasificados podría poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.

Esto elimina cualquier duda de que el Gobierno estadounidense se encuentra en una etapa avanzada de planeamiento para una guerra mundial que involucraría armas nucleares estratégicas. A espaldas de la población, en salones sin acceso público, y fuera de cualquier indagación seria de la prensa corporativa, los funcionarios militares y de inteligencia de mayor rango evalúan el impacto de un conflicto nuclear y estiman el coste en vidas humanas de las distintas opciones militares según el imperialismo estadounidense se disputa desesperadamente el dominio mundial. Esta información es “top secret” porque el éxito de los planes de guerra depende de que se mantengan fuera de la vista de la población. El hecho de que Trump considerara necesarios tales documentos indica su importancia para sus propios planes e intrigas.

Entre los documentos clasificados que supuestamente se llevó Trump se encuentran aquellos relativos a “las capacidades militares de un país extranjero y de Estados Unidos”, “las capacidades nucleares de un país extranjero”, “los ataques militares de un país extranjero”, “la planificación de contingencias militares de Estados Unidos”, “las capacidades militares regionales proyectadas de un país extranjero y de Estados Unidos”, “las opciones militares de un país extranjero y los efectos potenciales sobre los intereses de Estados Unidos” y “el armamento nuclear de Estados Unidos”.

La acusación se refiere a discusiones de alto nivel sobre ataques a varios países, enumerados en la acusación como “País A”, “País B”, etc. Se refiere de manera prominente a una grabación de audio de una conversación de julio de 2021 en la casa de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, relacionada con una disputa entre Trump y altos mandos militares, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, quien acusó a Trump de conspirar para iniciar una guerra con Irán como una forma de mantener el poder después de perder las elecciones estadounidenses de 2020. Durante la discusión grabada en Bedminster, Trump afirmó tener acceso a “planes de ataque” militares ultrasecretos en los que se esbozaban las medidas que tomaría Estados Unidos para invadir Irán (“País A”). La acusación cita la discusión en detalle:

Bueno, con Milley-uh, déjame ver eso, te voy a mostrar un ejemplo. Dijo que yo quería atacar el País A. ¿No es asombroso? Tengo una gran pila de papeles; esto acaba de surgir. Mira. Este fue él [Milley]. Me presentaron esto... esto es extraoficial, pero... me presentaron esto. Era él. Este era el Departamento de Defensa y él. ... Mira esto. Atacas y...

La acusación describe otros planes militares contra el “País B”, explicando: “En agosto o septiembre de 2021, cuando ya no era presidente, Trump se reunió en su despacho del Club Bedminster con un representante de su comité de acción política [PAC]. Durante la reunión, Trump comentó que una operación militar en curso en el País B no iba bien. Trump mostró al representante del PAC un mapa clasificado del País B y le dijo al representante del PAC que no debería estar mostrándole el mapa al representante del PAC”.

¿Cuántos planes de guerra más se han elaborado a espaldas de la población? ¿Qué otra información se oculta a la clase trabajadora tras la etiqueta de “top secret “? Cabe señalar que Trump está siendo acusado bajo la misma sección de la Ley de Espionaje que Jack Teixeira, el oficial de inteligencia de la Guardia Nacional detenido por revelar documentos clasificados relacionados con la conducta de EE.UU. en la preparación y ejecución de la guerra en Ucrania.

Trump ha respondido a la acusación denunciando a la Administración de Biden, afirmando que “esto es guerra” y que “este país se está yendo al infierno”. Apeló a sus partidarios dentro del aparato militar, diciendo que cuando él era presidente “teníamos un ejército fuerte que no era 'woke'“, e instando a los millones que votaron por él en las elecciones de 2020 a acudir en su defensa.

Dos años y medio después de intentar derribar la Constitución, Trump sigue siendo el principal candidato en las primarias republicanas, y los republicanos han manifestado casi unánimemente su oposición a la acusación. Independientemente de cómo se desarrolle el caso, la acusación provocará una escalada significativa de la crisis política interna y transformará aún más al Partido Republicano en un partido abiertamente fascista.

El Partido Demócrata, por su parte, ha tratado de estabilizar el dominio burgués intentando forjar un acuerdo bipartidista con los republicanos basado en los intereses esenciales de la clase dominante, incluido el ataque masivo a los programas sociales contenido en el acuerdo sobre el techo de la deuda. Al mismo tiempo, intenta salvaguardar la preocupación central de la administración Biden: la guerra de EE.UU. y la OTAN contra Rusia.

La acusación a la vez refleja y acelerará una crisis política masiva dentro del régimen de clase en los Estados Unidos. Además, dada la función de Estados Unidos en el capitalismo mundial, tendrá consecuencias globales.

La clase obrera no puede tomar partido en el conflicto dentro de la élite gobernante. Más bien, la tarea de la clase obrera es utilizar lo que salga a la luz en el juicio para desenmascarar a la clase dominante en su conjunto y sus conspiraciones. A medida que estallan huelgas y protestas obreras en la industria automotriz, entre los trabajadores postales, los trabajadores de UPS y en los puertos de la costa oeste, hay que sacar provecho de las profundas divisiones que han surgido en el seno de la clase dominante. Para ello es necesario que la clase obrera elabore una posición clara e independiente, negándose a tomar partido en esta crisis entre dos facciones reaccionarias del imperialismo estadounidense.

(Publicado originalmente en inglés el 10 de junio de 2023)