En los testimonios rendidos en las últimas semanas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hasta el momento 21 militares colombianos, incluyendo oficiales de alto rango, y un civil se han declarado culpables de haber cometido crímenes atroces contra la población civil en Colombia. El caso es conocido como el de los 'falsos positivos', frase que se utiliza para describir a los civiles reclutados en los pueblos más lejanos y más pobres para hacerlos pasar por guerrilleros y luego asesinarlo a tiros.

El objetivo de esta atrocidad era inflar el número de muertos para engañar al pueblo colombiano sobre el éxito de los militares en la guerra contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se basaba en concepciones retrógradas maoístas y guevaristas de la guerra campesina. Los asesinatos descritos ocurrieron entre 2002 y 2008, durante la presidencia ultraderechista de Álvaro Uribe.

El Plan Colombia y los 'falsos positivos'

Las revelaciones sobre los asesinatos a sangre fría de 6.402 jóvenes campesinos y desempleados deben entenderse en el contexto del Plan Colombia, un acuerdo firmado en 1999 entre el presidente colombiano Andrés Pastrana y el presidente estadounidense Bill Clinton para luchar contra el 'narcoterrorismo'. Entre 2000 y 2005, el Plan Colombia recibió 2.800 millones de dólares de Estados Unidos. Más tarde, el Departamento de Defensa de EE.UU. aumentó esa suma a 4.500 millones de dólares.

Además, en 2005, el gobierno de George W. Bush, tras reunirse con el presidente Uribe, solicitó al Congreso estadounidense 463 millones de dólares adicionales para el Plan Colombia, y 90 millones a través del FMI. Para entonces, Uribe y Bush se habían hecho amigos personales.

Mientras se libraba la guerra contra las guerrillas colombianas, el gobierno de EE.UU. expidió al ejército colombiano una 'certificación' en Derechos Humanos. Este 'reconocimiento' a la labor del ejecutivo de Uribe le hizo merecedor de 62 millones de dólares adicionales por parte de EE.UU. para la lucha contra el 'narcoterrorismo'.

Estos fueron los años en los que los militares colombianos llevaron a cabo los asesinatos de los 'falsos positivos'.

La semana pasada, el periódico español El País escribió: “Cuando se piensa en las víctimas y en sus deudos, resultan conmovedores los relatos de los militares sobre cómo engañaban a campesinos inermes o a jóvenes citadinos necesitados de trabajo o discapacitados, y cómo los asesinaban, los vestían de camuflado y les ponían un arma en la mano, todo para cumplir con las exigencias de sus superiores de producir bajas en combate”.

Aunque el JEP no había tomado testimonios hasta abril de 2022, este crimen impune ya se conocía internacionalmente hace un año. En febrero de 2021, France24 describió estas 'muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate', y agregó que 'la mayoría fueron realizadas entre 2006 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe, el mentor político del actual presidente Iván Duque'.

Ese mismo mes, The Guardian reveló que 'los soldados fueron recompensados por las estadísticas de muertes manipuladas con beneficios, incluyendo tiempo libre y ascensos.'

BBC NEWS también aludió a lo que el tribunal ha descrito ahora como un 'fenómeno macrocriminal': que 'alrededor de 1.500 militares estaban presuntamente involucrados'.

Las declaraciones de los primeros 21 militares que se declararon culpables

La JEP tomó el testimonio del reclutador, Alexander Carretero Díaz, el único civil imputado, quien describió cómo llevó a cabo el reclutamiento de civiles inocentes para estos asesinatos: “Soy la persona que trajo todos sus seres queridos de varias partes de Colombia, soy culpable, me declaro responsable de haber traído personas de Soacha, de Gamarra, de Bucaramanga, de Aguachica para entregárselas al Ejército para que las asesinaran”.

Continuó diciendo: “Soy responsable por haberme prestado sabiendo lo que iba a pasar con sus seres queridos, soy más responsable porque ellos mismo me dijeron que convenciera a diferentes personas, yo las engañé... No les puedo regresar a sus hijos, pero sí les puedo garantizar la verdad”.

Las voces de las madres de los 'falsos positivos”

El periódico colombiano El Universal publicó impactantes declaraciones de familiares dadas ante el JEP.

Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez, de 23 años, desaparecido el 23 de agosto de 2008 y encontrado muerto el 25 de agosto en Ocaña, Santander, exclamó: “No vengo a hablar solamente por mi hijo, vengo a hablar por miles de víctimas que hay y que hoy no están acá, pero la voz de nosotras son la voz de ellos, porque no pueden hablar, porque tienen miedo, porque los amenazan, así como hicieron con las madres de Soacha”.

Idalí Garcerá, madre cabeza de familia, habló de la desaparición de su hijo en Cundinamarca en 2008: “Yo estoy acá por una lucha desde hace 14 años para saber sobre mi hijo que desapareció en el barrio Ducales, en Soacha, el 23 de agosto del 2008. Yo he luchado mucho y solita (...) Necesito saber quiénes eran esas personas que les pedían resultados para beneficio propio, eso lo necesitamos saber todas y el país en general”.

Zoraida Muñoz, otra madre de Soacha, rogó a los testigos que aclararan con precisión lo sucedido: “Antes que me sucediera esto yo no tenía enemigos, los enemigos míos son el Ejército Nacional, (...) Ustedes no deben hacer nada con niños, ni con jóvenes, porque ya llevan una cruz maldita”.

Gloria Martínez, otra víctima de la guerra, declaró: “Toda la verdad no ha sido develada, (...) Ustedes conservan una información privilegiada de acuerdo con el cargo que tuvieron, ustedes han dicho repetitivamente que quieren que esta historia no se repita, pero les pregunto: ¿A ustedes ya les devolvieron las condecoraciones, los reconocimientos que les otorgaron en estos asesinatos?”

La masacre de inocentes: Un patrón militar continuo en Colombia

La élite capitalista de Colombia libró una sangrienta guerra civil de cinco décadas contra la guerrilla de las FARC hasta septiembre de 2016, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Las FARC entregaron las armas en 2017.

Esa lucha, y la que se libra contra la guerrilla colombiana del ELN (Ejército de Liberación Nacional), mucho más pequeña, se saldó con más de 250.000 muertos y más de 7 millones de civiles desplazados.

Es evidente que las atrocidades que eran la norma han continuado incluso después de la chirriante paz con las FARC.

Los crímenes de los 'falsos positivos' volvieron a la primera plana después de que el actual presidente de Colombia y protegido de Uribe, Iván Duque, admitiera el 28 de marzo la mala conducta militar que ahora se conoce como la 'masacre del Putumayo'.

Duque informó de lo que denominó una operación militar rutinaria en Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú, contra asaltantes armados en el marco de la ofensiva #SinTregua contra 'estructuras narcoterroristas' que se saldó con 11 muertos. Duque afirmó que los que fueron 'neutralizados', es decir, asesinados, pertenecían a grupos armados ilegales, entre ellos los disidentes de las FARC, el número relativamente pequeño de los que no aceptaron los acuerdos de paz.

Sin embargo, los testimonios de los supervivientes y las víctimas de los familiares afirman que las personas asesinadas eran civiles. Según la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), el ejército llegó vestido de negro y encapuchado a un mercado local en el que había personas recaudando fondos para las necesidades del barrio, y abrió fuego de forma indiscriminada. A continuación, los soldados manipularon los cadáveres de los civiles para que parecieran combatientes.

BBC NEWS informó de que una investigación conjunta e independiente realizada por los medios de comunicación colombianos Vorágine, El Espectador y Cambio concluyó que las fuerzas militares colombianas habían manipulado las pruebas en el lugar de los supuestos enfrentamientos antes de que pudieran llegar los investigadores. Tras la investigación, estos medios concluyeron que lo ocurrido fue una 'masacre'.

Evidentemente, la actividad militar al estilo de los 'falsos positivos' sigue siendo una práctica habitual en Colombia.

Y a pesar de los devastadores y desgarradores hechos recientemente narrados por los militares en el caso de los 'falsos positivos', el ex presidente Uribe emitió la semana pasada, con altanería, un comunicado titulado 'La Comisión de la Verdad o la mentira politiquera'. En él, Uribe afirma que los crímenes contra los civiles y campesinos pobres de Colombia son perfectamente justificables.

Un patrón más amplio de América Latina y la complicidad del imperialismo estadounidense

La naturaleza atroz y la escala de los crímenes de los 'falsos positivos' en Colombia recuerdan las crueldades cometidas por las dictaduras de Pinochet en Chile y Videla en Argentina, entre otras. Ninguno de los crímenes en estos países habría sido posible sin la complicidad y la presión directa del gobierno de Estados Unidos.

Como dijo acertadamente Philippe Nassif, director de incidencia política de Amnistía USA, 'el papel de Estados Unidos en alimentar los incesantes ciclos de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es indignante'.

Uribe sigue siendo arrogante y desafiante porque sabe que actuó en coordinación con el imperialismo estadounidense, que sigue considerando a América Latina como su 'patio trasero' para la explotación de la población y los recursos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de mayo de 2022)