El ministro de defensa colombiano, Guillermo Botero, renunció después de la publicación de un informe indicando que ocho niños fueron asesinados en un bombardeo en el departamento sureño de Caquetá, cuya ejecución y encubrimiento implican al presidente Iván Duque, así como al ejército colombiano y a su principal aliado y patrocinador, el Pentágono.

Se encontraron otros siete cuerpos, varios “tan despedazados que las pruebas técnicas [solo] permitieron decir que tenían menos de 20 años”, como lo describió el senador Roy Barreras, del derechista Partido Social de la Unidad Nacional, quien hizo públicos los informes.

Botero mintió al Congreso en septiembre al afirmar que “14 delincuentes” habían muerto en el bombardeo llevado a cabo el 29 de agosto contra una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la cual había anunciado horas antes que había tomado de nuevo las armas.

El propio Duque dijo al día siguiente: “Anoche autoricé al Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) a adelantar una operación ofensiva”, que describió como “estratégica, meticulosa, impecable y con todo el rigor; cayó ‘Gildardo Lucho’, cabecilla de esa organización”.

Según el experto en derecho penal internacional de la Universidad de Granada en España, Aníbal García, contactado por la Agencia Anadolu, “Especialmente cuando él tiene un cuerpo militar que tiene sus propias dimensiones de verificación de situaciones, se habría cometido un presunto crimen de guerra”. Los senadores de la oposición en Colombia han propuesto solicitar una investigación a la Corte Penal Internacional sobre el papel de Duque.

Sin embargo, más allá de su “propia” capacidad — como lo indicó el titular del CCOES, Jorge Arturo Salgado, en la última edición de la revista militar Diálogo — “Con los EE. UU., tenemos una relación diaria y personal. Tenemos con las fuerzas especiales del Ejército de los EE. UU. una relación permanente y constante en todos los componentes de capacidad, ya que contamos con sus hombres dentro de nuestra organización, quienes nos acompañan en todos nuestros procesos, desde los temas de doctrina, organización, entrenamiento, personal, sostenibilidad y logística”.

Y más allá de la capacidad de “verificar”, el funcionario municipal de Caquetá, Herner Evelio Carreño, había advertido en cartas fechadas en junio 20, junio 23, julio 23 y agosto 26 que la guerrilla estaba “reclutando a la fuerza a nuestros niños, niñas y adolescentes”. TeleSur confirmó posteriormente con los padres de dos de las víctimas, Ángela Gaitán de 12 años, y Diana Medina de 16 años, que habían sido reclutadas por la fuerza.

En medio de la ola de protestas masivas que azotan a Ecuador, Chile y la región, la respuesta de la clase dominante colombiana a estas revelaciones ha estado marcada por amenazas autoritarias y alarma, mientras que Washington ha permanecido en silencio. En los últimos meses, las huelgas de maestros, trabajadores de transporte y otros, y manifestaciones masivas de estudiantes e indígenas han aumentado en Colombia.

Las revelaciones de Caquetá han aumentado los llamados a la renuncia de Duque, que se ha convertido en la principal demanda en una huelga nacional anunciada para el 21 de noviembre, que las confederaciones sindicales y la coalición pseudoizquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) esperan utilizar para disipar la ira social contra la austeridad de Duque.

Una huelga nacional de maestros en septiembre y otras manifestaciones, han condenado el asesinato de cientos de activistas sociales y otros civiles por parte del Estado y las fuerzas paramilitares desde el acuerdo de “paz” de septiembre de 2016 con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En otra advertencia, el semanario Semana escribió que el 21 de noviembre podría convertirse en una “fecha trascendental” ya que “no se descarta un efecto contagio” desde Chile y Ecuador, agregando: “En el país hace muchos años no ha habido un paro nacional”.

Según la Fundación de Libertad de Prensa (FLIP), cuando un periodista le preguntó por primera vez a Duque sobre las revelaciones el miércoles, “el presidente pareció entrar en pánico” y sus guardias golpearon al periodista.

Después, Duque trató de enterrar el tema, elogiando a Botero el jueves por “asumir al cargo con tanta voluntad y tanto patriotismo que se fue ganando el respeto y cariño”, y culpó a “grupos terroristas” que reclutan “para que sean los menores que les sirvan de escudos humanos”. El nuevo ministro en funciones, el general Luis Fernando Navarro luego afirmó: “No sabíamos que había menores en el campamento”.

El sábado, Duque procedió a amenazar abiertamente a la creciente oposición, indicando que “desafortunadamente se están utilizando una serie de mentiras para convocar a un paro que tiene muchos riesgos y que los ejemplos son Chile y Ecuador”, donde se aplicaron estados de emergencia por medio de una fuerza mortal militar.

La declaración de Duque se produjo en medio de crecientes llamados a imponer censura por parte de la élite gobernante. Un editorial ese día en el diario “liberal” El Espectador denunció a Mark Zuckerberg de Facebook por tener una “actitud ambivalente” hacia la censura de las “noticias falsas”. El editorial del viernes aplaudió la renuncia de Botero, al tiempo que advirtió que “la cúpula militar persiste y sus mensajes no permiten que el país se tranquilice “y exigiendo “reconstruir la confianza entre las Fuerzas Armadas y los colombianos”.

Esta es una preocupación central para el imperialismo estadounidense, el cual ha convertido a Colombia en la punta de lanza de la presión económica y militar en la operación de cambio de régimen contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, especialmente desde el fracaso de la campaña para que facciones del ejército venezolano depusieran a Maduro e instalaran un régimen títere de Estados Unidos.

Business Insider indicó a fines del mes pasado que Estados Unidos ha estado presionando a Colombia para que compre 15 de los últimos aviones de combate F-16, pero “las restricciones presupuestarias y la falta de apoyo público para los gastos de defensa también hacen que esa compra sea menos probable”. Las revelaciones sobre Caquetá solo aumentan la oposición popular al militarismo.

Durante más de un siglo, las administraciones demócratas y republicanas por igual han amenazado y han llevado a cabo invasiones militares y golpes de Estado para imponer los dictados estadounidenses a través de regímenes militares. El descaro de la represión militar en Chile, Ecuador, Colombia, Honduras y otros lugares — para defender los niveles más altos de desigualdad en el mundo — es el resultado de todo este período de opresión y saqueo imperialistas.

En 1965, el año en el cual la Administración demócrata de Lyndon B. Johnson intensificó la guerra de Estados Unidos en Vietnam y comenzó una ocupación militar asesina de Estados Unidos en la República Dominicana, el Departamento de Defensa escribió en un documento estratégico que “para proteger la soberanía de sus naciones [los militares deben estar preparados] para destituir a los líderes gubernamentales de sus cargos cuando, a juicio de los militares, la conducta de estos líderes sea perjudicial para el bienestar de la nación”.

En ese momento, el ejército estadounidense estaba entrenando y conduciendo ejércitos y escuadrones de la muerte en toda la región, matando a miles de personas. En Colombia, los cables diplomáticos de los Estados Unidos entre 1959 y 1965 describen en detalle la formación de “equipos de cazadores/asesinos” contra trabajadores, jóvenes y campesinos radicalizados.

“El ejército [colombiano] parece acentuar la muerte, en lugar de las capturas inútiles de líderes de la violencia ... cualquiera que sea el efecto a largo plazo que tendrán estas muertes de bandidos en la situación de violencia colombiana, ciertamente estas muertes han elevado la moral del ejército”, indica un cable de la embajada de Estados Unidos del 7 de julio de 1961.

El efecto a largo plazo ha sido el conflicto armado más largo en el hemisferio occidental en el cual la gran mayoría de los 267.000 muertos y 7 millones de desplazados eran civiles. En agosto de 1997, Washington calificó a las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN como “organizaciones terroristas extranjeras” y poco después lanzó el Plan Colombia, que ha inyectado más de $10 mil millones en las fuerzas militares de Colombia. En 2009, William Brownfield, entonces embajador de Obama en Colombia, lo describió como “el ejercicio de construcción nacional más exitoso al que Estados Unidos se ha asociado quizás en los últimos 25-30 años”.

Según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, la solicitud de presupuesto de asistencia para Colombia para 2019 “reduciría los programas de recuperación postconflicto y pondría un mayor énfasis en la lucha contra la droga y la seguridad”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de noviembre de 2019)