El presidente tunecino Kaïs Saïed disolvió el parlamento la semana pasada, después de que más de la mitad de sus miembros votaran a favor de derogar los poderes draconianos que se había otorgado a sí mismo después de organizar un golpe de Estado en julio pasado.

Los poderes incluían la suspensión del parlamento, la designación de ministros y presidir las reuniones del consejo de ministros, el uso de decretos presidenciales para aprobar leyes y la disolución en febrero del Consejo Judicial Supremo que se ocupa de la independencia judicial y la asunción del control sobre la selección y promoción de los jueces.

El último movimiento de Saïed se hizo en contra de una votación que, si bien no es legalmente vinculante, es la señal más clara hasta ahora de las agudas luchas internas dentro de la élite política de Túnez, preparando el escenario para una intensificación de la crisis política y económica del país.

El año pasado destituyó al gobierno islamista del Partido Ennahda, suspendió el parlamento, despojó a los legisladores de la inmunidad parlamentaria y desplegó a los militares para proteger los edificios estatales. Esto siguió a meses de protestas por la brutalidad policial, las dificultades económicas y la gestión por parte del gobierno de la pandemia de COVID-19 que ha matado a más de 28,000 personas de los 12 millones de habitantes del país. Saïed salió en televisión para advertir que los militares no dudarían en usar la fuerza contra aquellos que se opusieran a su golpe, una clara amenaza para la clase trabajadora.

Saïed prohibió a docenas de jueces, políticos y empresarios viajar y puso a otro bajo arresto domiciliario. Cerró la Autoridad Nacional Anticorrupción y marginó a la Alta Autoridad Independiente para las Elecciones. Nombró a Najila Bouden, profesora de geofísica, para encabezar el gobierno y abolió la constitución de 2014. Saïed dijo que celebraría un referéndum en julio de este año sobre una nueva constitución que será redactada por un panel de expertos, después de un proceso de consulta pública online, que se espera que fortalezca los poderes de la presidencia. El referéndum, fijado para el 25 de julio, sería seguido por elecciones parlamentarias el 17 de diciembre.

En ese proceso online de consulta, menos del 10 por ciento de los votantes participaron en la misma, lo que indica la hostilidad generalizada hacia el presidente y sus políticas. Los dos partidos más grandes, Ennahda y el Partido Constitucional Liberal, ambos también profundamente impopulares, han rechazado los planes de Saïed para un referéndum en julio y han pedido que las elecciones se celebren dentro del período legalmente establecido de 90 días después de la disolución del parlamento.

Tras el derrocamiento en 2011 del durante mucho tiempo autócrata Zine El Abidine Ben Ali y su posterior huida a Riad, Saïed, un ex profesor de derecho y figura del establishment con puntos de vista conservadores, entró en política, convirtiéndose en presidente en 2019.

Estas acciones planeadas durante tiempo por Saïed fueron el preludio de la instauración de una dictadura presidencial, con el objetivo de mantener el control de la corrupta élite tunecina sobre el poder económico y político frente al creciente malestar entre los trabajadores y los jóvenes. Las principales potencias imperialistas emitieron declaraciones formales instándolo a respetar la constitución. La Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), el sindicato más grande, lo llamó a “garantizar la legitimidad constitucional de todas las medidas tomadas en estos tiempos difíciles”.

En los ocho meses posteriores a su golpe, la situación económica ha empeorado. El informe de la OCDE, Túnez 2022, publicado el lunes, declaró: 'Los tunecinos se enfrentan a la peor crisis en una generación, ya que el COVID-19 golpeó a una economía que ya se estaba desacelerando'. La pandemia ha provocado una grave contracción económica, en particular en los sectores del turismo y los servicios. El desempleo ha aumentado desde niveles ya altos, particularmente entre la población joven de Túnez, de la cual más de un tercio tiene entre 15 y 29 años. La pobreza va en aumento. La escasez de azúcar y arroz es generalizada.

Las finanzas públicas se han derrumbado, con algunos salarios del sector público pagándose con retraso durante los últimos meses. Esto llevó al gobierno a recurrir al Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo que requeriría la privatización de sus empresas estatales, la reducción drástica de los salarios pagados en el sector público, la imposición de nuevos impuestos y el aumento de los existentes junto a la eliminación de los subsidios al pan en condiciones de escasez generalizada de alimentos. Pero es poco probable que cualquier préstamo de este tipo, que necesitaría la participación de los principales partidos políticos y la UGTT, se acuerde antes del verano, cuando ya podría ser demasiado tarde para evitar un colapso de la moneda, el retraso o la falta de pago de los salarios estatales y la capacidad del país para importar alimentos básicos subsidiados por el Estado.

El préstamo se ve aún más amenazado por la respuesta de Túnez a la guerra provocada por Estados Unidos y la OTAN en Ucrania, ya que Saïed intenta mantener las relaciones con Rusia de las que Túnez depende para el turismo y el comercio, sin enfrentarse a los Estados Unidos y Europa, cuyo apoyo financiero y diplomático es crucial para mantener la economía a flote. Si bien Túnez votó a favor de la resolución de la Asamblea General de la ONU que denuncia la invasión rusa de Ucrania, se abstuvo de denunciar públicamente a Rusia. Al dar la bienvenida al nuevo embajador ruso en Túnez unos días después, el ministro de Relaciones Exteriores, Othman Jerandi, subrayó el deseo de fortalecer la relación entre los dos países.

Este año ha visto numerosas manifestaciones en protesta por las condiciones sociales y económicas, con el número total de manifestaciones en los ocho meses transcurridos desde el golpe de Estado de julio de Saïed superando a las que lo precedieron.

El mes pasado, 13 grupos de derechos humanos tunecinos e internacionales informaron sobre la filtración de un proyecto de ley que otorgaría a las autoridades gubernamentales enormes poderes a su total discreción para interferir con la formación, financiación, operación y libertad de expresión de las ONG y organizaciones de la sociedad civil, restableciendo muchas de las regulaciones restrictivas del régimen represivo de Ben Ali. Grupos de derechos humanos han advertido sobre la creciente represión de periodistas y activistas por parte de un presidente que prometió defender los derechos y libertades conquistados en el levantamiento de 2011.

Dando la vuelta a la realidad, Saïed ha acusado a los parlamentarios de “intento de golpe de Estado” al celebrar una reunión online “ilegal” y ha defendido su decisión de disolver el parlamento como una defensa del Estado. Según los informes, el ministro de Justicia ordenó una investigación sobre los participantes en la sesión online “por conspirar contra la seguridad del Estado”. Rached Ghannouchi, el presidente de la asamblea parlamentaria y jefe del Partido Ennahda, la fuerza más grande con una cuarta parte de los 217 escaños, dijo que la Unidad de Investigación de Crímenes Terroristas lo convocó a él y al menos a 20 legisladores de Ennahda y otros partidos para interrogarlos.

Saïed podría volver a contar con el apoyo de la UGTT. El secretario general Noureddine Taboubi ha pedido durante mucho tiempo a los políticos que dejen de lado sus diferencias y mantengan un 'diálogo nacional' antes de las elecciones, diciendo: 'Tenemos que superar la diferencia de considerar lo que sucedió el 25 de julio pasado como un golpe de Estado o no'.

Había pedido a Saïed que disolviera el parlamento y le aplaudió cuando lo hizo, afirmando que era una respuesta contra un esfuerzo destinado a 'desestabilizar el país y llevarlo a una oleada de conflictos de legitimidad'. El 1 de abril, sostuvo conversaciones con Saïed y coincidió con él en la necesidad de una 'asociación' para superar la crisis económica.

Las principales potencias han permanecido en gran medida en silencio, con la Unión Europea (UE) manteniendo los grifos financieros fluyendo para evitar el colapso del país. El mismo día en que Saïed disolvió el parlamento, la Comisión Europea anunció que prestaría a Túnez €450 millones en apoyo presupuestario este año, tras una reunión entre Saïed y el comisario de Vecindad y Ampliación de la UE, Olivér Várhelyi, en Túnez.

Los acontecimientos de los últimos 11 años desde las protestas que derrocaron al régimen de Ben Ali han demostrado que sin la clase obrera interviniendo independientemente de todos los partidos políticos y sindicatos, la élite gobernante, bajo la cobertura de un 'tecnócrata' como en Túnez, Líbano e Irak, o una figura militar como en Egipto, recurrirá a medios cada vez más represivos para mantener el dominio de la cleptocracia.

(Artículo pubiicado originalmente en inglés el 5 de abril de 2022)