A última hora de la noche del lunes, el presidente peruano, Pedro Castillo, desplegó al ejército, proclamó el estado de emergencia y declaró un toque de queda durante todo el día del martes en la capital Lima y en la vecina ciudad portuaria de Callao, mientras las protestas por el rápido aumento del coste de vida se extendían por todo el país. Más tarde el martes, cuando quedó claro que el toque de queda solo desencadenaría protestas más profundas, Castillo levantó el toque de queda.

Lo que comenzó hace ocho días como una huelga apoyada por los gremios de camioneros contra el aumento del coste del combustible ahora se ha convertido en un movimiento más amplio que involucra a los pequeños agricultores en la empobrecida región de las tierras altas centrales del país, así como a los jóvenes y trabajadores en Lima. La inflación en Perú alcanzó un máximo en 26 años el viernes, con el coste de los bienes de consumo aumentando un 1,5 por ciento con respecto al mes anterior debido a la guerra en Ucrania.

Aunque Perú se encuentra a 12.875 kilómetros de Ucrania, el aumento de los precios causado por la guerra, las sanciones de Estados Unidos y la UE contra Rusia y el colapso de las cadenas de suministro han desencadenado protestas sociales de trabajadores en todo el mundo. De manera similar, se están produciendo protestas explosivas en Sri Lanka, y se han producido grandes manifestaciones y huelgas en Sudán, Albania, Irak, Túnez, Gran Bretaña, Brasil, Turquía, Egipto, España, Estados Unidos, Canadá y otros lugares.

En un discurso a la nación durante la medianoche del lunes, Castillo, un ex líder de la huelga de maestros que ganó las elecciones en 2021 al presentarse como un candidato izquierdista, anunció una prohibición total del movimiento público en Lima y Callao y ordenó a millones de personas que se queden en sus hogares, prohibiendo que todos, excepto los miembros de sectores esenciales, salgan incluso para ir a trabajar o hacer las compras necesarias. La orden de confinamiento también prohíbe las reuniones públicas y no exime a los sitios de vacunación contra el COVID.

En su discurso anunciado apresuradamente, Castillo dijo: 'Para restablecer la paz y el orden interno, el consejo de ministros ha acordado declarar la inmovilización de la ciudadanía desde las 2:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. del martes 5 de abril'.

Ordenó a los manifestantes 'respetar la propiedad pública y privada' y dijo que el tamaño de las manifestaciones refleja el enfado por 'demandas a las que no se prestó atención durante mucho tiempo, que se vieron agravadas por la pandemia de COVID-19 y ahora por los conflictos en la situación internacional'.

La orden significa que un tercio de la población del país perderá un día de trabajo. Juan Gutiérrez, un trabajador de la confección de 45 años, dijo a Al Jazeera: '¿Sabes lo que significa perder un día? Tenemos que trabajar para comer'. El martes por la tarde, el gobierno de Castillo anunció que estaba considerando expandir el confinamiento más allá del martes e implementarlo a escala nacional. Luego, horas más tarde, Castillo canceló de manera abrupta el toque de queda, que solo aumentaba la espiral de la crisis política a medida que se hizo más claro que estaba causando un mayor enfado entre la población.

Durante el fin de semana, un acuerdo alcanzado entre el gobierno y los líderes de la industria de transporte y agrícola no pudo detener las protestas, que anteriormente se habían limitado a camioneros y taxistas. El acuerdo no solo incluyó la eliminación temporal de la mayoría de los impuestos a la gasolina, sino también recortes en los precios de los alimentos y un aumento del 10 por ciento al salario mínimo nacional, que ahora será el equivalente a $332 por mes.

El anuncio del acuerdo tuvo lugar después de que miles de personas protestaran el viernes en la ciudad de Huancayo, Junín, a unos 241 kilómetros de Lima. Los manifestantes que exigían la reducción de los precios se encontraron con una brutal represión estatal. El tamaño y la militancia de las manifestaciones en Huancayo fueron notables dado que la ciudad es un bastión del partido gobernante Perú Libre y muchos manifestantes explicaron que ellos mismos habían votado por Castillo, cuyo índice de aprobación se ha hundido a poco más de un 20%.

En la ciudad sureña de Ica, los empobrecidos trabajadores agrícolas descendieron hasta las odiadas casetas de peaje de las autopistas y las quemaron. Las escuelas en muchas regiones fueron cerradas el viernes debido a las protestas. Un total de cinco personas han muerto hasta el momento.

Los bloqueos de la mayoría de las principales carreteras continuaron el lunes, mientras que protestas espontáneas y de gran explosividad social por la escasez de alimentos tuvieron lugar por primera vez en Lima, la tercera ciudad más grande de América del Sur, con una población de 11 millones y una de las megalópolis más importantes del mundo. Se llevaron a cabo manifestaciones significativas en numerosos distritos de clase trabajadora de la ciudad mientras que videos virales muestran a personas irrumpiendo en las tiendas de comestibles en busca de comida.

En un indicativo de que el movimiento está ganando apoyo entre la clase trabajadora de los centros industriales, la principal organización sindical, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) está tratando de adelantarse al estallido de un movimiento huelguístico incontrolado anunciando una huelga general para el jueves, con manifestaciones en todo el país y una marcha hacia el palacio presidencial en Lima.

En un comunicado de prensa anunciando la convocatoria de huelga, el secretario general de la CGTP, Gerónimo López, advirtió sobre el creciente malestar social, declarando que el mismo pueblo que había apoyado a Castillo 'exige ahora el cumplimiento de las promesas de campaña, aumento del salario mínimo conforme a las necesidades de la canasta básica familiar'.

Los temores de que las protestas se extiendan aún más fueron expresados por el congresista de derecha Jorge Montoya, quien dijo a los medios el lunes que el estado de emergencia y el toque de queda eran necesarios porque masas de peruanos empobrecidos se preparaban para 'saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad, no solamente acá sino en diferentes lugares del país, pero la capital es un sitio emblemático y hay que protegerla'.

Sectores de la clase dominante peruana que desde la derecha son hostiles al gobierno de Castillo han intentado utilizar la crisis para presionar por su destitución del cargo. Dos esfuerzos parlamentarios para derrocar a Castillo han fracasado en los últimos meses. Castillo venció a su rival de derecha Keiko Fujimori, hija del exdictador Kenji Fujimori, por un margen muy estrecho en las elecciones del año pasado en medio de una campaña anticomunista histérica en la prensa corporativa. Desde que llegó al poder, Castillo ha trabajado con los bancos y el capital financiero extranjero para implementar medidas de austeridad y ha repudiado las promesas de reforma social.

Pero la prensa de derecha ha dejado claro que su frustración con Castillo se basa en su incapacidad para detener las protestas. En un editorial el martes, el diario de negocios El Comercio culpó a Castillo de denunciar a los manifestantes como provocadores pagados, una táctica que solo galvanizó el apoyo popular a las protestas y 'exacerbó la violencia en lugares como Huancayo'.

El editorial criticó al ministro de Justicia de Castillo, Félix Chero, por burlarse del impacto del toque de queda del martes en la clase trabajadora de la ciudad por temor a que desencadene protestas aún mayores. Cuando se le preguntó cómo los residentes empobrecidos de Lima encontrarán comida si se les exige que permanezcan en sus hogares, Chero dijo: “No creo que se queden sin comer porque es un día.” El Comercio avisó, “Este comentario, en otro tiempo y en otro lugar, hubiese echado leña a la Revolución Francesa.”

Existe una creciente preocupación en los medios de comunicación de los principales países imperialistas por el crecimiento de las protestas en lugares como Perú y Sri Lanka.

'El aumento de los precios amenaza a los gobiernos en todas partes', advirtió Bloomberg el martes en un artículo que hace referencia a la imposición del toque de queda en Lima. 'Si bien los ciudadanos en algunos países pueden estar de acuerdo con pagar más si eso ayuda a presionar a Rusia para que detenga la guerra, muchos otros simplemente culparán a quien esté a cargo. Ese es un riesgo para todos los líderes mundiales, sin importar lo que piensen de Putin'.

En un artículo titulado 'Las protestas por el combustible provocan un toque de queda en Lima a medida que la crisis de Ucrania afecta a América del Sur', The Guardian escribió sobre Castillo el martes: 'El maestro de escuela de una familia de campesinos ganó por poco las elecciones el año pasado con el respaldo de los pobres rurales. Ahora muchos de sus antiguos partidarios, entre ellos agricultores y trabajadores del transporte, están llevando las protestas a su segunda semana, mientras que el gobierno se esfuerza por bajar los precios'.

El New York Times también publicó un artículo de opinión el martes que afirmaba: 'Antes de la guerra, aproximadamente 811 millones de personas en todo el mundo no tenían suficiente para comer. Ese número podría aumentar enormemente en esta temporada de hambre, el tiempo entre la siembra de primavera y la cosecha de otoño cuando los alimentos a menudo se agotan. Las muchas implicaciones de la guerra son angustiantes. Las crisis alimentarias a menudo conducen a disturbios sociales, conflictos, gobiernos fallidos y migraciones masivas. Por ejemplo, algunos investigadores señalan el aumento de los precios de los alimentos como un elemento que impulso las revueltas de la Primavera Árabe en 2011.

Todo indica que la crisis económica y social en Perú se intensificará en las próximas semanas. Perú importa 1,2 millones de toneladas de fertilizantes al año, más de la mitad de los cuales provienen de Rusia. El 19 de marzo, el país declaró el estado de emergencia por la inseguridad alimentaria causada por el aumento del costo de los fertilizantes.

Las huelgas y protestas por el aumento del coste de la vida están creciendo en toda América Latina. Un movimiento huelguístico se está desarrollando en Brasil entre los maestros y otros sectores de la clase trabajadora, mientras que el gobierno argentino anunció el martes un pago en efectivo de 6.000 pesos (US $52) a los pensionistas para hacer frente al rápido aumento de los precios de los alimentos.

La tarea de los socialistas es transformar este movimiento mundial objetivo en un movimiento obrero autoconsciente contra la guerra imperialista y el sistema capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de abril de 2022)