El lunes, cuando EE.UU. registró un millón de casos de COVID-19 o tres veces más que el máximo en las olas anteriores, el índice Promedio Industrial Dow Jones cerró la jornada tras aumentar 400 puntos, alcanzando nuevas alturas.

La racha alcista continuó el martes, mientras EE.UU. cruzaba otro hito sombrío: 100.000 hospitalizaciones por la pandemia, eclipsando los niveles de la ola en el verano. Las hospitalizaciones de niños también alcanzaron un nuevo máximo.

En todo 2021, mientras 478.000 estadounidenses fallecían por la pandemia, el Dow registró 70 récords al cierre, viendo su tercer año consecutivo de incrementos anuales de dos dígitos. “Si sumas todos los máximos históricos alcanzados el año pasado”, le comentó un corredor a Yahoo! Finance, “hubo más máximos históricos nuevos que en todas las décadas de 1970 y los 2000 combinadas, esas dos décadas”.

Y, así como las muertes fueron mayores en 2021 que en 2020, también lo fueron las ganancias del mercado bursátil. El Dow subió 18 por ciento en 2021, comparado a 7 por ciento en 2020.

Dos años desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la correlación entre las infecciones masivas y los precios de las acciones ha quedado bien establecida. Los mercados caen cuando sospechan medidas para detener la propagación del COVID-19, y aumentan cuando se permite que la enfermedad se expanda sin control.

El mes pasado ofrece el ejemplo más concreto. A inicios de diciembre, los temores de que la nueva variante más transmisible ómicron condujera a cierres de emergencia en las escuelas y los negocios provocaron una caída sostenida en Wall Street.

La caída se detuvo el 21 de diciembre, cuando el presidente Biden de EE.UU. declaró en televisión nacional, antes del fin del horario de la bolsa, que su Gobierno “se asegurará de que el COVID-19 ya no cierre negocios ni escuelas”.

Desde entonces, el Dow ha dado un salto de más de 2.000 puntos, alcanzando un récord tras otro, incluso cuando los casos, las hospitalizaciones y las muertes se disparan.

La subordinación de la salud pública antes las demandas de Wall Street ha sido el aspecto más constante de la política gubernamental estadounidense desde el comienzo de la pandemia.

Durante las semanas iniciales de la propagación del COVID-19, Donald Trump buscó “minimizarla”, como lo reconoció al periodista Bob Woodward. “Todavía la minimizo porque no quiero crear un pánico”, le dijo. El “pánico” que preocupaba a Trump se refería a Wall Street. Jared Kushner, quien organizó la respuesta de la Casa Blanca a la pandemia, argumentó según el Financial Times, que “hacer pruebas a demasiada gente u ordenar demasiados ventiladores espantaría los mercados y por eso no deberíamos hacerlo”.

Pero mientras Trump “minimizaba” la pandemia, los miembros del Congreso ajustaban sus propias carteras de acciones para minimizar el impacto en su propia riqueza cuando fuera imposible seguir ocultando la verdad. Para entonces, ya habían preparado un enorme rescate en la forma de la Ley CARES de marzo de 2020.

Más de $1,4 billones de los $2,3 billones asignados por la Ley CARES consistían en rescates a negocios, en su mayoría para empresas grandes y bien conectadas. La Ley CARES también facilitó una intervención monetaria masiva por parte de la Reserva Federal de unos $4 billones. Como resultado, la balanza de activos de la Reserva Federal aumentó de $4,1 billones en febrero de 2020 a más de $8,7 billones en la actualidad. Desde la inauguración de Biden, ha añadido $1,4 billones.

Una vez que aseguraron el rescate, se planteó la demanda de poner fin a las medidas limitadas ante la ola inicial de la pandemia. Todas las medidas necesarias para combatir el COVID-19, particularmente el cierre de los negocios no esenciales y de las clases presenciales, socavaban los intereses del mercado. Con la ayuda de la prensa, crearon los relatos completamente falsos de que de alguna forma esas medidas no eran necesarias y, particularmente bajo Biden, de que las vacunas podrían detener la pandemia por sí solas.

Los resultados eran predecibles: por un lado, muertes masivas, y por otro, el enriquecimiento masivo de la oligarquía. Cientos de miles de personas han muerto y los milmillonarios en EE.UU. aumentaron su riqueza $2,1 billones desde el comienzo de la pandemia.

La respuesta a la pandemia tanto de Trump y Biden se basó en la reacción de los Gobiernos de Obama y Bush a la crisis financiera de 2008, cuando se organizaron rescates similares de Wall Street, si bien a una escala algo menor. Mientras más de 10 millones de familias perdían sus hogares, los milmillonarios estadounidenses salieron de la crisis más ricos que nunca.

Como escribieron los economistas Raphaële Chappe y Mark Blyth en Foreign Affairs a finales del año pasado, Estados Unidos ha cortado “cualquier vínculo que quedara entre los mercados financieros y la economía real”. EE.UU. ha creado “un régimen de política monetaria que ha desvinculado el destino de las élites económicas, que obtienen la mayor parte de sus ingresos de activos financieros protegidos por el Estado, del de la gente corriente, que depende de salarios bajos y precarios. Un régimen así ofrece protecciones permanentes a quienes tienen altos ingresos procedentes de activos financieros” (“Hocus Pocus?: Debating the Age of Magic Money”).

La élite gobernante de Estados Unidos sabe que, pase lo que pase, el Gobierno y la Reserva Federal se asegurarán de que no se reduzca el precio de las acciones. Pero hay otro factor en juego. Es un sucio secreto de la política estadounidense que el aumento de la esperanza de vida ha sido identificado en las dos últimas décadas como un problema importante.

En 2020, un año en el que 373.000 estadounidenses murieron a causa del COVID-19, la esperanza de vida al nacer en EE.UU. se redujo en 1,8 años, de 78,8 años a 77,0, según los datos federales de mortalidad publicados el mes pasado. Solo en 2020, la pandemia de COVID-19 eliminó todo el aumento de la esperanza de vida en EE.UU. desde 2002, es decir, todo el progreso realizado en el transcurso de un quinto de siglo.

La reducción de la esperanza de vida está produciendo cambios demográficos sustanciales, con un aumento de la proporción de la población en edad laboral en relación con los adultos mayores. El 75 por ciento de los fallecidos son personas que superan la edad de jubilación de 65 años, y el 93 por ciento son mayores de 50 años.

Desde el punto de vista de los sectores de la clase gobernante, hay un “resquicio de esperanza” en este número masivo de muertos. Los estrategas económicos, militares y políticos se han preocupado por décadas de que, a medida que la generación de “baby boomers” comenzara a jubilarse, el equilibrio entre la población en edad laboral, que genera plusvalía, y los jubilados, que no lo hacen, cambiaría, reduciendo las ganancias. Esto provocó la demanda de recortar el gasto en procedimientos médicos “costosos” y en los seguros públicos Medicare y Medicaid.

Un documento de 2013 de Anthony Cordesman, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) de Washington, presentó el aumento en la longevidad del estadounidense promedio como un problema estratégico importante para el capitalismo estadounidense.

“Estados Unidos no se enfrenta a ninguna amenaza exterior tan grave como su incapacidad para enfrentarse... al aumento del gasto federal en garantías sociales,” escribió Cordesman, afirmando que la crisis de la deuda estaba impulsada “casi exclusivamente por el aumento del gasto federal en los principales programas de atención sanitaria, la Seguridad Social y el coste de los intereses netos de la deuda”.

Un ensayo de octubre de 2020 de Michael Beckley en Foreign Affairs señalaba el inmenso papel que juega la demografía en la estrategia imperialista de EEUU. “Rusia y China pronto se enfrentarán a severas opciones entre la compra de armas para sus ejércitos y la compra de bastones para sus poblaciones mayores cada vez más grandes”, escribió, “y la historia sugiere que darán prioridad a lo segundo para evitar el malestar interno”.

La implicación de este argumento es que Estados Unidos puede proteger su lugar en el orden global priorizando la “compra de armas” sobre la “compra de bastones”. Beckley da a entender que la preocupación por los “disturbios internos” no tendrá un impacto similar en los esfuerzos de la clase gobernante estadounidense por reducir el gasto sanitario.

El esfuerzo por popularizar la reducción de la esperanza de vida quedó ejemplificado en el ensayo que el doctor Ezekiel Emanuel publicó en 2014 en The Atlantic, titulado “Por qué espero morir a los 75 años”, argumentando que “la sociedad... estará mejor si la naturaleza sigue su curso rápida y prontamente.” Emanuel fue uno de los principales artífices de la Ley de la Atención de Salud Asequible de la Administración de Obama.

Estos dos elementos han dictado la respuesta de “inmunidad colectiva” a la pandemia. Por un lado, el orden capitalista masivamente endeudado no aceptará ninguna reducción del flujo de plusvalía extraído de la clase trabajadora. Por otro lado, la reducción de la esperanza de vida significará una mayor expansión de la parte de los recursos sociales dirigida a las ganancias.

Por estas razones, Wall Street ve beneficioso que el COVID-19 se convierta en algo endémico, que circule perpetuamente en la población, que elimine a los adultos mayores y que reduzca los costes totales de la atención médica para los ancianos, así como para los enfermos crónicos de todas las edades.

Una respuesta básica a esta peste y enfermedad es identificar y eliminar la fuente de transmisión. En el caso de la pandemia, la causa inmediata es el virus que causa el mal COVID-19. Pero la causa social más profunda es el orden social y económico capitalista, que ha demostrado ser la mayor amenaza para la seguridad y el bienestar del público. Su abolición, y el cierre de Wall Street, son cuestiones vitales de salud pública.

(Publicado originalmente en inglés el 4 de enero de 2022)