En lo que ha sido calificado como 'histórico' por los medios de comunicación corporativos, los dos principales vencedores de las elecciones presidenciales del domingo en Chile son el fascista José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, con aproximadamente el 27% de los votos, y Gabriel Boric, del frente electoral seudoizquierda-estalinista Apruebo Dignidad, con el 25%. Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta del 19 de diciembre. El capital financiero internacional sigue de cerca los acontecimientos, ya que representan un microcosmos del desarrollo global de la lucha de clases. La bolsa chilena se disparó un 9,25 por ciento en la apertura del lunes al conocerse la condición de favorito de Kast.

'Los dos hombres ofrecen agendas antitéticas', comentó The Guardian. 'Kast ha centrado su campaña en los valores sociales conservadores, la seguridad y la migración, mientras que Boric propugna un futuro igualitario, feminista y ecológico para Chile. Mientras Kast se declara orgullosamente políticamente incorrecto y se opone a la igualdad matrimonial, Boric impulsa la inclusión y los valores sociales progresistas'.

La principal preocupación de los mercados financieros no es quién gane las elecciones presidenciales. Aunque es evidente que preferirían una victoria de Kast y de la extrema derecha, todos los principales candidatos a las elecciones tienen un historial probado de defensa de las relaciones de propiedad privada y de defensa del mercado capitalista:

• Kast, hijo de un oficial de la Wehrmacht que luchó en el Frente Oriental, declara sin pudor su apoyo incondicional al antiguo dictador militar fascista chileno Augusto Pinochet. Fue diputado por la ultraderechista Unión Democrática Independiente (UDI) hasta 2017, cuando se presentó como independiente a las elecciones presidenciales de ese año. Kast está estrechamente alineado con el partido fascista español Vox, con el brasileño Jair Bolsonaro y forma parte de la alianza internacional anticomunista 'Foro Madrid'.
• Boric, líder radical de los estudiantes universitarios en las protestas por la educación de 2011, ocupa desde 2014 un escaño en la Cámara Baja y, de forma infame, entabló conversaciones de unidad nacional con el actual gobierno de derechas de Sebastián Piñera en 2019 para atajar las masivas manifestaciones anticapitalistas. Boric modela su partido Convergencia Social (que forma parte de la coalición Frente Amplio) en el Podemos español, que formó un gobierno burgués con el Partido Socialista Obrero Español PSOE el año pasado. Al igual que su homólogo español, este partido de pseudoizquierda habla en nombre de las llamadas capas profesionales 'progresistas' de clase media alta, que abrazan la política de identidad. Su principal objetivo político es frustrar cualquier movilización política independiente de la clase trabajadora.
• Sebastián Sichel, del derechista Chile Podemos Más, fue uno de los ministros del gabinete de Piñera hasta principios de este año. Un relativo desconocido, intentó posar durante el ciclo electoral del año como moderado, pero ha apoyado la violenta represión militar de las protestas juveniles e indígenas-campesinas. Ahora pedirá el voto para el fascista Kast en la segunda vuelta.
• Yasna Provoste, democratacristiana, fue ministra bajo la presidencia de Michelle Bachelet e inhabilitada para ejercer el cargo en 2008 después de que un funcionario malversara millones de dólares bajo su supervisión. Desde 2013 hasta mediados de 2021, fue diputada por la norteña región minera de Atacama, cuyas faenas se mantuvieron operativas a pesar del alto número de casos de COVID-19.

Los candidatos, desde la extrema derecha hasta la pseudoizquierda, han prometido además al mundo empresarial estabilidad económica, pase lo que pase. Los socios electorales de Boric en el estalinista Partido Comunista (PC) se han esforzado por disipar cualquier temor sobre su papel: 'Creemos que hoy votar por Boric es la única manera de mantener un alto nivel de estabilidad en el país', dijo el presidente del PC, Guillermo Teillier, a la CNN. Teillier está desesperado por conseguir un escaño en el Senado.

La semana pasada, el jefe de la Confederación de la Producción y el Comercio de Chile, Juan Sutil, dijo que su reunión con los candidatos fue 'de muy alto nivel' e hizo especial hincapié en 'mucha moderación en todas las propuestas que escuchamos'.

La principal cuestión que está causando tanta consternación en los círculos capitalistas es si alguna de las fuerzas políticas contendientes será capaz de ofrecer estabilidad en un país que atraviesa una extrema polarización social e inestabilidad política.

El resultado de la primera vuelta habla por sí mismo. Sólo 7 millones de los 15 millones de electores elegibles votaron en las elecciones presidenciales de este domingo, es decir, el 46,7 por ciento. De ellos, 1,96 millones votaron por Kast (el 13 por ciento de todo el electorado con derecho a voto) y 1,8 millones por Boric (el 12,1 por ciento del electorado con derecho a voto), lo que obligó a los candidatos a realizar una segunda vuelta.

Más extraordinario aún es el continuo aniquilamiento electoral que sufre la vieja y profundamente odiada casta política que surgió en la transición del gobierno militar al civil hace tres décadas. Menos del seis por ciento del electorado habilitado emitió su voto por el candidato de Piñera, Sebastián Sichel, y sólo el 5,4 por ciento por Yasna Provoste, de la coalición de centro-izquierda, Unidad Constituyente.

Las encuestas han demostrado que el apoyo a las Fuerzas Armadas y a la policía, a los tribunales, al ejecutivo y al legislativo y a los partidos de la derecha y de la llamada izquierda ha sido de dos o incluso de un solo dígito durante tres años consecutivos. El Estado ha perdido toda credibilidad y se enfrenta a una crisis histórica de gobierno.

El cambio de las relaciones de clase en Chile ha quedado al descubierto por la política criminalmente negligente en respuesta a la pandemia del coronavirus. La violenta represión por parte del Estado de las masivas protestas anticapitalistas en 2019 y su indiferencia casual ante las muertes e infecciones masivas causadas por el virus en los últimos 18 meses han desatado la inquietud y una creciente militancia en la clase trabajadora.

En un discurso ante el Congreso en septiembre, el gobernador del Banco Central informó que la participación laboral sigue siendo hoy inferior a la media de los últimos cinco años, mientras que las empresas han encontrado entre los empleados una importante disminución de la disposición a trabajar más horas. En otro estudio, una gran parte de las empresas ha informado de que no puede cubrir las vacantes, y en algunos casos no se ha presentado ningún candidato. Además, en el último año los mineros, los trabajadores de la salud, los educadores, los trabajadores portuarios, el personal del comercio minorista y los funcionarios han realizado huelgas y protestas por las condiciones de inseguridad y los salarios de miseria, algunos de ellos desafiando a los sindicatos corporativistas y a la brutalidad policial.

Resumiendo esta crisis, la revista del imperialismo británico, The Economist, escribió el viernes pasado 'Durante la mayor parte de este siglo, Chile fue un país estable y predecible, con un crecimiento económico constante y una política moderada. Los extranjeros lo veían como una historia de éxito y un modelo para América Latina. Pero ese Chile estable desapareció hace dos años, en una explosión de protestas masivas y a veces violentas'.

El sitio de noticias de mercados Argus, con sede en Londres, comentó: 'Las polarizadas elecciones, que tienen lugar en paralelo a un controvertido proceso para reescribir la constitución de la era Pinochet, ya están alienando a los inversores nacionales e internacionales. El creciente nerviosismo sobre el futuro de un país considerado durante mucho tiempo como un bastión económico y político estable...'

La agencia de noticias Bloomberg dijo: 'Los mercados financieros han oscilado de forma salvaje en los últimos meses mientras Chile debate el futuro de un modelo económico elaborado en los años 70 y 80 por los llamados Chicago Boys, discípulos del profesor de la Universidad de Chicago Milton Friedman, que abogaban por políticas de mercado abierto, incluyendo la desregulación y la privatización.'

Cuando el multimillonario Sebastián Piñera llegó a la presidencia en 2017 con el apoyo de apenas el 25 por ciento del electorado habilitado, la polarización social causada por décadas de políticas de 'libre mercado' impuestas por los militares y los civiles ya estaba profundamente arraigado.

Ese año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que el 1 por ciento gobernante de Chile controlaba más de un cuarto de la riqueza del país, mientras que el 10 por ciento superior poseía dos tercios. Por el contrario, la mitad inferior de una población de aproximadamente 18 millones de personas representaba sólo el 2,1 por ciento de la riqueza nacional neta.

Aprovechando las inseguridades de la pequeña burguesía y el amordazamiento durante décadas de la clase obrera por parte de la pseudoizquierda parlamentaria nacional reformista y los sindicatos corporativistas, el gobierno derechista de Piñera trató de capitalizar la situación política.

Ayudado por los consorcios mediáticos que contaminaron el discurso público con informes salaces sobre las bandas de inmigrantes y el narcotráfico, Piñera adoptó el programa xenófobo y autoritario de Kast, llamando a la ley y el orden del estado policial para combatir la llamada 'delincuencia creciente', siendo duro con la 'inmigración ilegal' y haciendo frente al 'terrorismo' indígena en el sur.

Sin embargo, el tiro le salió por la culata cuando, en octubre de 2019, la violenta represión policial de las protestas estudiantiles de desobediencia civil provocó la ira masiva de la clase trabajadora, la juventud y la clase media.

Esta experiencia transformadora expresó el intento consciente de las masas de articular los agravios acumulados durante décadas: la desigualdad social arraigada, los salarios de pobreza y las pensiones de hambre, un sistema público de salud y educación paralizado, la creciente deuda de los estudiantes y los hogares, la violencia policial y militar desenfrenada, la criminalización de las protestas sociales, la supresión de las demandas indígenas, y el nepotismo, la corrupción y el chanchullo en todos los niveles del Estado.

La respuesta inmediata de Piñera fue resucitar la frase de Pinochet declarando que estaba 'en guerra con un poderoso enemigo'. Se decretó el estado de excepción y el toque de queda por primera vez desde el retorno al gobierno civil, poniendo a los asesinos militares chilenos en las calles. Los abusos contra los derechos humanos comenzaron a acumularse, con miles de personas sufriendo horribles heridas y mutilaciones y detenciones masivas que dieron lugar a casos de violación, tortura y asesinato.

Esto no hizo más que enfurecer a la población insurgente. De repente, las marchas y manifestaciones anticapitalistas estallaron en todo Chile, involucrando en un momento dado a la mitad del país y durando meses.

Fue entonces cuando el atribulado gobierno pidió ayuda a la llamada oposición —la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Progresista y el conglomerado de pseudoizquierda Frente Amplio— para organizar en noviembre de 2019 las conversaciones de unidad nacional.

Piñera respondió a una amenaza existencial desde abajo, como lo ha hecho la burguesía chilena en otros momentos críticos, apoyándose en los sindicatos corporativistas y en la 'izquierda' chilena para desorientar, desviar e inutilizar las luchas de la clase obrera, mientras reforzaba el aparato estatal represivo para utilizarlo contra las masas.

A partir de ese momento, las 'izquierdas' parlamentarias, el Frente Amplio y en particular los estalinistas, se dieron a la tarea de redirigir las explosivas luchas de las masas hacia llamamientos inofensivos para cambiar la constitución autoritaria.

Al sembrar la peligrosa ilusión de que reescribiendo la carta de la república se puede reformar la naturaleza del estado capitalista, ocultaron el hecho de que es un instrumento que sostiene la dictadura política de la clase capitalista, que, cuando se ve amenazada por la revolución, barre con el parlamento y las normas constitucionales y gobierna por la fuerza.

El progenitor de la teoría del excepcionalismo nacional —que Chile se apoya en una supuesta tradición democrática y parlamentaria y que sus instituciones y aparato represivo se ciñen a las normas constitucionales— es el PC. Ellos tienen la responsabilidad política de preparar el camino para el derrocamiento militar en 1973 del gobierno de coalición de la Unidad Popular de Salvador Allende y la violenta represión de la clase trabajadora chilena.

Hoy en día, son ellos los que promueven una permutación de esta teoría al promover la política del mal menor. Es necesario, argumentan, votar a los partidos de la oposición para evitar la llegada al poder de la derecha.

La posición de principio del WSWS en estas elecciones es que ninguno de los candidatos representa los intereses políticos de la clase obrera. Kast y la amenaza del fascismo no pueden ser derrotados en las urnas, sino sólo en la lucha por construir comités de defensa de base dedicados a proteger a la clase obrera como parte de la lucha por la revolución socialista.

Lo que hoy se necesita urgentemente es la construcción de un partido revolucionario de la clase obrera basado en los principios del internacionalismo socialista que sólo defiende el Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de noviembre de 2021)