Hasta el martes, 4.100 migrantes, la mayoría de los cuales son niños no acompañados, estaban detenidos en un centro de detención del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Donna, Texas, que solo tiene capacidad para 250 personas. Las condiciones, que han sido expuestas por una visita reciente de reporteros aprobados por la administración Biden, solo pueden describirse como un crimen contra la humanidad.

Imágenes de niños acostados uno al lado del otro debajo de mantas de aluminio con solo centímetros entre ellos se pudieron ver en un video tomado dentro del campamento. Se mantiene a los niños en ocho “grupos” que constan de 500 niños cada uno, apiñados en jaulas forradas con láminas de plástico transparentes. Las cápsulas solo miden alrededor de 297,2 metros cuadrados y están alojadas en carpas en pisos duros con algunos colchones. Como referencia, el hogar unifamiliar promedio en los Estados Unidos en 2019 era de 213,7 metros cuadrados, según la Oficina del Censo.

Los niños, que tienen 14 años o más, son procesados en un edificio de admisión, se les toman las huellas digitales, se les toman fotos y luego se los traslada a otra habitación donde se les notifica que deben comparecer ante la corte de inmigración. No se realizan pruebas de COVID-19 en los campamentos, excepto en individuos sintomáticos.

Para ilustrar las terribles condiciones en los campos, los funcionarios de prisiones quitaron todos los cordones de los zapatos a los niños detenidos para evitar autolesiones, como se practica habitualmente en las cárceles de adultos de Estados Unidos. Los defensores de los inmigrantes han dicho que no hay un acceso adecuado al jabón o la comida.

Las horribles imágenes que emergen de los campamentos instalados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México se producen después de los preparativos de la administración Biden para la escalada de deportaciones, utilizando las reglas del “Título 42” para reclamar preocupación por la salud pública y empujar a los inmigrantes al sur de la frontera. Un portavoz del DHS le dijo al sitio web Axios que el DHS está “trabajando con nuestros socios en México para aumentar su capacidad”. El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, declaró el 21 de marzo que la “frontera está cerrada”.

Las primeras imágenes del interior de los campamentos durante la administración de Biden se filtraron el 22 de marzo luego de una visita del Representante de Texas Henry Cuellar al campamento de Donna. Recientemente, la administración de Biden permitió que los periodistas ingresaran a uno de los campamentos luego de la creciente ira pública por el maltrato y la detención masiva de inmigrantes.

Cuando Chuck Todd de “Meet the Press” de NBC preguntó directamente a Mayorkas si había un bloqueo en el acceso de los medios a las instalaciones del DHS, Mayorkas lo negó y afirmó: “También estamos trabajando para brindar acceso para que el público estadounidense pueda hacerlo de una manera segura, sin poner en peligro nuestras operaciones, ver lo que está pasando. Estamos trabajando en eso”.

Más de una semana después, solo dos periodistas de Associated Press y un equipo de televisión de CBS pudieron ingresar para recorrer las instalaciones. Cuando Mayorkas habla de reporteros que “ponen en peligro” las “operaciones” del DHS, está hablando de la denuncia del encarcelamiento y deportación sistemáticos de hombres, mujeres y niños que huyen de la pobreza, la guerra y la dictadura, gran parte de lo cual es resultado directo de las operaciones del imperialismo estadounidense en los países de América del Sur y Centroamérica llevadas a cabo a través de administraciones demócratas y republicanas.

Al 31 de marzo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. tenía a 5.100 menores no acompañados, más de los 3.200 que tenía el 11 de marzo y un 25 por ciento más que en el pico de la represión de la administración Trump en 2019 contra los niños inmigrantes. Un funcionario del DHS le dijo a CNN el 9 de marzo que las instalaciones de Donna ya estaban “significativamente llenas de gente” y que "”la cantidad de niños es alarmante y preocupante y no es buena en absoluto”.

Por ley, los centros de detención solo pueden detener a niños durante 72 horas, después de lo cual deben ser transferidos a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Sin embargo, en la práctica, estas instalaciones retienen a los niños durante mucho más tiempo, en flagrante violación de la ley. La British Broadcasting Corporation (BBC) informó que al menos 5.000 niños fueron detenidos más allá de este período.

Solo en febrero, casi 100.000 inmigrantes fueron detenidos, y 70.000 fueron deportados por la administración Biden citando preocupaciones de salud por COVID-19. Dado el historial de la administración de forzar la apertura de escuelas, al igual que en el hacinamiento de los campamentos, en contra de las advertencias expresas de epidemiólogos y científicos, la afirmación de preocupación por el COVID-19 para deportar inmigrantes es descaradamente fraudulenta.

Funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han dicho que los campos de detención de migrantes pueden permanecer abiertos al 100 por ciento de su capacidad, al igual que su respaldo a la campaña de reapertura de escuelas, diciendo que pueden permanecer reabiertos “en cualquier nivel de transmisión comunitaria.” Se trata de una mentira políticamente motivada y un intento de dar un barniz científico a una política irracional y homicida. Las escuelas se han convertido en el lugar principal para los brotes confirmados, y los centros de detención ciertamente están desempeñando un papel similar en la propagación de COVID-19.

La instalación de Donna, Texas, que solía ser un cuartel para los trabajadores petroleros, se convirtió en un centro de detención de migrantes bajo la administración Trump y se desactivó después de la presión pública y las protestas. Fue reactivado recientemente por la administración Biden luego del aumento de las detenciones en la frontera.

Por cualquier medida de decencia humana, estos campos de concentración deben cerrarse y los refugiados deben recibir una vivienda adecuada para preservar la salud pública, su propio bienestar y dignidad humana.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de abril de 2021)